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Boletín núm. 21 - Destacados 2

lundi 16 mars 2015, par Manu

Iniciativas para el respeto y la defensa del agua

El 28 de julio de 2010, en un movimiento inesperado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso la Resolución sobre el derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución de la ONU 64/292). Esta resolución, copatrocinada por 74 estados, destaca la importancia del derecho a un agua potable y un saneamiento seguros y limpios, como derecho humano esencial para el disfrute completo de la vida y de todos los derechos humanos. Tras la presión ejercida por la sociedad civil y los movimientos globales de justicia por el agua, su adopción se aceleró a raíz de la institucionalización del derecho humano al agua y el saneamiento dentro de las constituciones de algunos países de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay y El Salvador.
Al menos 165 estados han firmado diversas declaraciones que reconocen el derecho al agua, entre ellos miembros del Movimiento de los Países No Alineados y el Consejo Europeo. La creación del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento fue otro paso en positivo hacia el respeto y la defensa del agua. La primera Relatora Especial, Catarina de Albuquerque, desarrolló distintas herramientas para implementar este derecho.
Los agentes estatales, la sociedad civil y las comunidades también han iniciado acciones para defender, proteger y conservar el agua como un derecho, un bien público y un bien colectivo. Un ejemplo de ello es asignar y gestionar de forma pública y comunitaria los servicios de suministro de agua, para contrarrestar la mercantilización y privatización de éste y promover opciones viables, medioambientalmente sostenibles y que favorezcan a los pobres, para las poblaciones del mundo que carecen de acceso al agua.
Entre estas acciones se encuentran las asociaciones público-públicas (PuP), las asociaciones público-comunitarias y las asociaciones comunitario-comunitarias, que son asociaciones sin ánimo de lucro y de beneficio mutuo entre operadores públicos de gestión de aguas, comunidades locales, sindicatos y otros grupos socio-económicos. Estas asociaciones democráticas tienen por objetivo “vincular a los operadores públicos de gestión de aguas y a distintos grupos, de manera no lucrativa, para fortalecer la gestión y la capacidad técnica”.
En contraposición con las asociaciones público-privadas (PPP), las PuP presenta un modo innovador y práctico de compartir los conocimientos técnicos y experiencia de los gestores públicos de aguas para difundir buenas prácticas e ideas sobre gestión de aguas, como por ejemplo garantizar el suministro de agua a comunidades urbanas empobrecidas, respetar los derechos de los trabajadores, adoptar estándares laborales fundamentales y permitir la participación de los consumidores en la determinación de precios del agua. Las PuP también piden que se proporcione el apoyo social y político necesario para esta cooperación mutua.
Otro modelo innovador es la protección de cuencas aguas arriba y aguas abajo. En Filipinas, distintas organizaciones cívicas y servicios públicos de aguas han permitido que las comunidades locales puedan gestionar y mantener fuentes de agua para las ciudades. Los servicios públicos invierten directamente en prácticas agrícolas agroecológicas y en la subsistencia de las comunidades, siguiendo la idea de que “un buen medio ambiente producirá una buena agua”. Estos modelos de protección de cuencas y de suministro de servicios de aguas son muy diversos entre sí, puesto que dependen de las condiciones concretas de cada zona en particular. Y lo que es más importante, estos modelos promueven una nueva visión de la gestión del agua [1] que restablece el agua como un bien colectivo y convierte la gobernabilidad del agua en un factor de democratización y justicia social y ecológica.
Los derechos sobre el agua (es decir, cómo usar, asignar y gestionar los recursos hídricos) afectan a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento, y también a una nueva visión de la gestión del agua. De forma global, los derechos sobre el agua se han utilizado como herramienta política para detener el acaparamiento de aguas por parte de las grandes corporaciones, así como para cuestionar la minería, la fractura hidráulica y otros instrumentos destructivos. Los grupos ciudadanos, los gobiernos locales y las comunidades afectadas se han organizado y han hecho campaña para proteger sus aguas de forma que sean potables, se utilicen para el riego y la agricultura y respeten su identidad. Entre estas acciones están, por ejemplo : la “Guerra del Agua” de Cochabamba, en 2000, que expulsó de Bolivia a Aguas del Turnari (una empresa mixta que incluía a Bechtel) ; Dow Chemical frente a Quebec y Lone Pine en Canadá, que protegen el agua frente a los pesticidas y la fractura hidráulica ; El Salvador frente a Pac Rim, y el reciente caso de Infinito Gold frente a Costa Rica ; y las comunidades de Plachimada (India) frente a Coca-Cola y Nestlé, que realizan una sobreextracción del agua y agotan las aguas subterráneas.


[1Para conocer más ejemplos, consultar la publicación de Buenaventura Dargantes, Mary Ann Manahan, Daniel Moss y V. Suresh : « Water, Commons, Water Citizenship and Water Security » (Agua, bienes colectivos, ciudadanía del agua y seguridad del agua, publicado en inglés) en http://www.focusweb.org/content/water-commons-water-citizenship-and-water-security o http://www.ourwatercommons.org/water-commons-citizenship-security.