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Boletín núm. 22 - Destacados 2

Lunes 15 de junio de 2015, por Manu

El control corporativo de los espacios políticos sobre alimentación y nutrición

Las políticas de desregulación de las últimas décadas han provocado una inmensa concentración de poder corporativo en los sistemas alimentarios globales [1] y han consolidado la influencia de las corporaciones sobre el diseño de políticas públicas, a nivel tanto nacional como internacional, desmantelando así la capacidad de las comunidades y las familias de transformar la naturaleza y los alimentos en bienestar nutricional y salud. Bajo el paraguas de las asociaciones público-privadas (APP) y de las iniciativas de múltiples interesados, las corporaciones privadas están asumiendo un papel cada vez más destacado en el diseño de políticas públicas, por lo que están asumiendo las funciones de los gobiernos electos, dinamitando el núcleo mismo de la gobernanza democrática. Esta nueva tendencia tiene graves repercusiones para la soberanía alimentaria. De hecho, las políticas e intervenciones centradas en la alimentación y la nutrición están cada vez más orientadas a la búsqueda de beneficios económicos de las empresas y sus accionistas, en lugar de centrarse en las necesidades fisiológicas y nutricionales de la población general y, más específicamente, de las comunidades afectadas por el hambre y la malnutrición, que están quedando aún más marginadas.

El Foro Económico Mundial publicó en 2010 el informe final de su iniciativa Global Redesign Initiative (GRI) [2], en la que propone una reestructuración radical de la gobernanza global, enfocada hacia una organización de múltiples partes interesadas en donde las corporaciones participen en las negociaciones y los procesos de toma de decisiones junto con los representantes gubernamentales. Aunque esto pueda sonar ilusorio, es por desgracia una realidad: las cuestiones sanitarias y de nutrición están en la primera línea de la absorción de poder que están efectuando las corporaciones de los espacios de gobernanza pública. Según la propuesta de la GRI, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sería sustituida por una "Iniciativa de reforma global de la alimentación, la agricultura y la nutrición" que funcionaría bajo una supervisión conjunta tanto estatal como no estatal.

En 2008, el Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN del nombre en inglés), el organismo de coordinación de políticas y programas sobre nutrición de la ONU, quedo prácticamente paralizado dado que aplicaba una política relativamente fuerte de asociación con el sector privado [3], y los colectivos de la sociedad civil se resistían a incluir al sector privado como interlocutor. Al mismo tiempo, los mismos agentes que habían presionado (sin éxito) a favor de la participación del sector privado en el SCN –y que posteriormente fueron los primeros en desacreditarlo y agotar todas sus vías de financiación–, comenzaron a promover una nueva iniciativa de alcance global, denominada "Scaling up Nutrition" (SUN). Al contrario que el SCN, que debe rendir cuentas a los gobiernos, la SUN abre las puertas al sector privado para que pueda implicarse a fondo en la nutrición, en consonancia con la visión de la GRI. Entre los miembros de la SUN (incluidos los de su grupo directivo) hay grandes corporaciones trasnacionales de alimentos y bebidas, así como agronegocios [4], algunos de los cuales ya han estado implicados en violaciones de derechos humanos y son conocidos por su reticencia ante las normativas en materia de salud pública.

La participación de las corporaciones privadas en la gestión pública de la alimentación y la nutrición, mediante APP como la SUN, supone una amenaza real para la soberanía alimentaria. Introduce un sesgo a favor de soluciones técnicas, artificiales y basadas en productos, como por ejemplo productos alimenticios terapéuticos y enriquecidos, cultivos genéticamente modificados y suplementos nutricionales, y desvía la atención de los determinantes sociales y las violaciones de derechos humanos que subyacen tras el hambre y la malnutrición. Además, se está haciendo oídos sordos al papel que desempeñan las corporaciones en la generación del hambre y de la desnutrición a través de campañas de marketing inadecuadas, como las de los sustitutos de leche materna o alimentos nocivos para la salud, políticas abusivas de contratación y mano de obra, acaparamiento de tierras y recursos, polución y destrucción de ecosistemas y biodiversidad, etc., y tampoco se está prestando atención a la necesidad urgente de adoptar normativas vinculantes. Lo más importante de todo, sin embargo, es que esta absorción corporativa de los espacios de gobernanza sobre alimentación y nutrición está teniendo repercusiones negativas sobre los ricos y complejos procesos socioculturales de alimentación y nutrición de comunidades individuales y familias de todo el mundo, puesto que se están fomentando unos métodos de producción insostenibles y se está agudizando el calentamiento global.

En noviembre del pasado año se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2). Durante los preparativos y durante la propia conferencia, se formó una amplia alianza entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil por la defensa de unas políticas e intervenciones en nutrición que pongan en primer lugar a las personas –en particular, a las comunidades afectadas y a los pequeños productores de alimentos– y estén basadas en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas en el marco de la soberanía alimentaria, la indivisibilidad de los derechos, y los derechos de las mujeres y los niños [5]. Esta alianza hizo un llamamiento a los estados para que pongan en marcha un mecanismo de gobernanza coherente, que permita realizar seguimientos y garantice la responsabilidad frente a las obligaciones y los compromisos de los propios estados en materia de nutrición, al tiempo que impliquen de forma significativa a la sociedad civil, y más concretamente, a los grupos afectados por cualquier forma de malnutrición. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) debe desempeñar un papel fundamental en esto, asegurándose de que las políticas de seguridad alimentaria y nutrición sean coherentes, y se le instó a que integrase por completo la nutrición en su plan de trabajo. Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil expresaron con rotundidad su oposición a que el sector privado participe en el diseño de políticas sobre alimentación y nutrición, y exigieron la adopción de fuertes salvaguardias contra conflictos de intereses para cualquier forma de relación con el sector privado.

A principios de este año, algunos actores se propusieron lograr que la SUN tuviera un papel preponderante en el CFS, ya que el organismo está analizando la función que desempeñará en el futuro para el fomento de la nutrición. En respuesta a dichas actuaciones, el grupo de trabajo sobre nutrición del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) ha exigido que se establezca un proceso participativo, transparente e informado dentro del CFS para debatir su implicación en materia de nutrición. El mes pasado, el grupo de trabajo del Programa de Trabajo Multianual (MYPOW) tomó la decisión de que la nutrición pasará a ser un importante eje de trabajo del CFS en los próximos años, y que se establecerá un grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición.

Nos encontramos en un momento crítico para que la nutrición adquiera un papel aún más sólido en el CFS, y para establecer un organismo global armonizador que garantice la coherencia entre políticas en los distintos sectores, amparando el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. No obstante, para que esto ocurra el CFS debe desarrollar salvaguardias adecuadas que protejan su espacio de diseño de políticas frente a la influencia indebida de las corporaciones. Por lo tanto, resulta fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, a través de la lente de la soberanía alimentaria, pongan sobre la mesa la dimensión del poder en los debates sobre gobernanza en materia de alimentación y nutrición, aboguen por reforzar las salvaguardias frente a conflictos de intereses en el CFS y se mantengan alerta y supervisen de cerca los pasos que se vayan dando dentro del CFS y fuera de él sobre nutrición, luchando contra la captura de este espacio vital por las corporaciones y evitando que la nutrición se desvincule aún más de la alimentación, los seres humanos y la naturaleza.


[1Véase la Declaración de Berna y EcoNexus (2013) ‘Agropolio: unas pocas corporaciones controlan la producción mundial de alimentos’ (en inglés), disponible en www.econexus.info/sites/econexus/files/Agropoly_Econexus_BerneDeclaration.pdf

[2Véase el documento "Readers’ Guide to the Global Redesign Initiative" (en inglés) de la Universidad de Massachusetts, que resume las propuestas clave del WEF, disponible en https://www.umb.edu/gri. El informe completo se puede consultar en http://www.weforum.org/issues/global-redesign-initiative

[3www.unscn.org/fi les/Core_documents/SCN_Private_Sector_Engagement_Policy_Agreed_June_2006.doc

[4Entre las compañías que participan en SUN están PepsiCo, Mars, Unilever, Syngenta y BASF; ver http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sbn-company-list/

[5Las declaraciones de la sociedad civil y los movimientos sociales antes y durante la ICN2 se pueden consultar en http://www.fian.org/news/article/detail/civil_society_and_social_movements_present_their_final_declaration_at_the_icn2/