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Boletín núm. 25 - Destacados

mardi 15 mars 2016, par Manu

Identificar los patrones : delitos y abusos de las CTN [1]

Las corporaciones transnacionales (CTN) se han convertido en actores clave de la aceleración del comercio global durante las últimas décadas, redefiniendo modos de producción y patrones de consumo, así como generando consecuencias sociales y medioambientales. Existe un número de casos, cada vez mayor, de CTN y otras empresas comerciales que están limitando a niveles muy graves el respeto de los derechos.

Estos actores de la sociedad se han visto implicados en delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, y han incumplido también derechos civiles y políticos. A pesar del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, las CTN han impedido la realización completa del derecho de las personas y las comunidades a unos alimentos y una nutrición adecuados, sobre todo para las personas más desfavorecidas y marginadas.

Amenazas y delitos de las CTN contra el derecho a los alimentos y la nutrición

Las CTN y otras empresas comerciales tienen el potencial de afectar de forma negativa a la soberanía alimentaria de los pueblos. Las industrias extractivas, los agronegocios, los programas para la compensación de las emisiones de CO2, el turismo y los megaproyectos son algunas de las principales causas del desalojo y el desplazamiento forzado de personas fuera de tierras públicas, bosques, tierras de pastoreo y rutas de movilidad, que estas personas utilizan para recopilar o producir alimentos [2]. Además de negar el acceso de las personas a los recursos productivos, las actividades corporativas también tienen un impacto negativo sobre el acceso a los recursos naturales y dañan unos ecosistemas que resultan cruciales para que las comunidades puedan alimentarse. La dispersión de agroquímicos no solo destruye los cultivos y envenena a los animales, sino que también afecta a la salud de quienes trabajan en el campo y de quienes consumen estos alimentos.

El derecho humano a unos alimentos y una nutrición adecuados se pone en peligro aún más por las prácticas laborales de las CTN, que requieren la subcontratación de mano de obra barata. Las y los trabajadores agrícolas, por ejemplo, son víctimas de formas modernas de esclavitud, trabajos forzados, impago de salarios, detenciones ilegales e inseguridad en sus condiciones laborales. Además de lo anterior, las trabajadoras rurales sufren una discriminación muy grave, con pagas desiguales, marginación social y abusos sexuales. Las y los defensores de los derechos humanos y sindicalistas que alzan la voz contra estas injusticias son criminalizados y sufren abusos físicos y psicológicos por parte de fuerzas armadas privadas, además de no poder acceder a unos procesos legales correctos.

Las prácticas comerciales de las CTN también afectan gravemente al derecho de las personas a los alimentos. El dumping de sus productos en los mercados de pequeños agricultores impide la subsistencia económica de las comunidades agrarias, que no pueden competir con los precios de los productos importados. Para mantener unos costes bajos y un alto nivel de beneficio, estos productos pueden ser inseguros y provocar enfermedades físicas y mentales en los consumidores, tales como la diabetes, la obesidad o la depresión [3]. Los sustitutos de la leche materna, altamente industrializados y con unos niveles muy altos de azúcares añadidos, son un ejemplo de estos productos nocivos.

Asimismo, el acceso a unos alimentos y una nutrición adecuados se ve perjudicado por los cárteles de fijación de precios, cárteles de compradores u otros, donde las compañías manipulan los precios agrícolas y alimentarios, lo que encarece los productos alimentarios básicos e imposibilita que innumerables familias puedan acceder a ellos [4]. Las condiciones crediticias abusivas que se imponen a los pequeños agricultores, así como la especulación con terrenos y otros recursos naturales (que provocan una volatilidad de los precios de los alimentos), contribuyen aún más al empobrecimiento y las altas tasas de suicidios entre pequeños agricultores, en países tan diversos como India, Bélgica o Francia. Por último, la complicidad de las CTN con los estados en los bloqueos alimentarios durante conflictos armados tiene consecuencias letales, ya que se impide que poblaciones enteras puedan acceder a alimentos, como ocurre con algunas comunidades de Colombia.

Los obstáculos para detener la impunidad

Desgraciadamente, las víctimas de estos delitos contra los derechos humanos a menudo quedan sin subsanaciones legales efectivas. Mientras tanto, un gran número de CTN continúan operando con amplia impunidad. Se han observado una serie de obstáculos estructurales para detener la impunidad y conseguir que se compense legalmente a las víctimas. Entre estos obstáculos está la falta de regulación, supervisión, investigación y sanción a las empresas en los países donde se producen los daños, debido a la incapacidad o la falta de voluntad de los propios estados.

Muchos estados carecen de mecanismos penales, civiles y administrativos eficaces para responsabilizar a las compañías nacionales y transnacionales por delitos y abusos contra los derechos humanos. Por otra parte, en los lugares donde estos mecanismos sí están disponibles, la aplicación de decisiones judiciales protectoras a menudo se ve perjudicada por la influencia desleal que ejercen estas corporaciones sobre las autoridades responsables de esta implementación.

Dada la reticencia de los estados de origen y los estados anfitriones a regular la actividad de las CTN y de otras empresas de tipo transnacional, y su negativa a proporcionar subsanaciones eficaces a las víctimas de los abusos corporativos de los derechos humanos, se ha impulsado la elaboración de distintos marcos reguladores internacionales. Sin embargo, estos marcos no incluyen estándares internacionales claros ni vinculantes sobre los deberes de los estados frente a los delitos y abusos de las CTN y otras compañías comerciales, y pasan por alto sus obligaciones tanto territoriales como extraterritoriales para con los derechos humanos.

Cómo están fracasando los Estados

Los estados no han sido capaces de regular, supervisar, juzgar ni ejecutar las decisiones judiciales respecto a los abusos perpetrados por las CTN con el fin de garantizar la responsabilidad de las compañías implicadas, y de permitir que las personas y las comunidades puedan acceder a subsanaciones efectivas. Los abusos de influencia y la falta de cooperación de los estados donde se encuentran las compañías matrices de las CTN impiden que los estados puedan cumplir su obligación de proteger los derechos humanos y ejecutar las decisiones judiciales de forma eficaz.

Asimismo, los estados de origen de las CTN (o aquellos donde se encuentran las entidades legales que las controlan) incumplen muy a menudo sus obligaciones extraterritoriales de proteger y respetar los derechos humanos, ejerciendo influencia en los procesos de redacción de leyes para que estas sean favorables a las inversiones de sus "compañías nacionales", que vulneran los derechos humanos fuera de sus fronteras nacionales.

Un obstáculo más a la hora de detener la impunidad y conseguir subsanaciones para las víctimas emana de la complejidad de las cadenas globales de suministro, donde la fabricación y los servicios se subcontratan a niveles distintos. Actualmente, resulta difícil determinar la responsabilidad de las distintas entidades legales implicadas en abusos de los derechos humanos, como puede ser el caso de las relaciones de tipo matriz-filiales, relaciones contractuales, relaciones de cadena de suministro o vinculación empresarial con compañías directamente implicadas en algún caso de abuso [5].

Por último, pero no por ello menos importante, la inclusión de cláusulas de arbitraje en los acuerdos de comercio e inversión, como la solución de controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) [6], ha permitido que las compañías puedan denunciar a los estados si éstos últimos deciden suspender la implementación de un acuerdo de comercio o inversión para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Los tribunales de arbitraje (mecanismos privados de justicia que excluyen la aplicación de los derechos humanos y el acceso a los sistemas de justicia tradicionales) están impidiendo que los estados cumplan sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, lo que está provocando violaciones sistemáticas de estos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y a la nutrición [7].

Dada la impunidad de las corporaciones y el hecho de que los estados estén incumpliendo su obligación de respetar los derechos humanos internacionales, la sociedad civil está reclamando con más fuerza que nunca un instrumento (tratado [8]) internacional vinculante. Un grupo de trabajo intergubernamental a nivel de las Naciones Unidas lleva desde 2014 elaborando un instrumento que regule la actividad de las CTN y otras compañías comerciales respecto a los derechos humanos. Con suerte, este instrumento obligará a los estados a regular y sancionar las actividades de las CTN y otras compañías dentro de sus territorios o en otros países en los que puedan tener jurisdicción [9]. Con un tratado así, tanto las personas defensoras de los derechos humanos como los grupos de la sociedad civil pretenden poner fin a la impunidad corporativa y garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan recibir las subsanaciones adecuadas.


[1Ana-Maria Suárez Franco y Daniel Fyfe. Este artículo se publicó por primera vez en FIAN “Right to Food Journal 2015”, vol. 10, www.fian.org/fileadmin/user_upload/Right_to_Food_Journal_2015.pdf

[2Ilustrado por casos como el de Mubende y Benet en Uganda, el Hatillo en Colombia, Guarani Kaiowá en Brazil, y Sawhoyamaya en Paraguay. Más información en www.fian.org/whatwe-do/case-work/

[3Cedeno, Marcos Arana y Xaviera Cabada. “Las políticas de nutrición, víctimas de las multinacionales y los conflictos de intereses : la epidemia de obesidad y diabetes en México” (en inglés) en Right to Food and Nutrition Watch 2015, www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2015/RtFNWatch_EN_web.pdf#page=70 Para casos de depresión relacionada con los pesticidas, consultar www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/2014/oct/pesticides-depression

[4Para más información, De Schutter, Oliver, “Especulación con los productos alimentarios y los precios de los alimentos” (en inglés), septiembre de 2010, www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/Briefing_Note_02_September_2010_EN.pdf

[5Este fue el caso del desastre de Rana Plaza en Bangladesh. Para más información, consultar www.cleanclothes.org/news/press-releases/2013/09/09/brands-failing-victims-ofbangladesh-disasters

[6Por ejemplo, en el caso del acuerdo de comercio de la Asociación Trans-Pacífico (TTP). Para más información, consultar www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2015/RtFNWatch_EN_web.pdf#page=51

[7Por ejemplo, el caso de Chevron contra la ciudadanía de Ecuador sobre la supuesta contaminación petrolera. Para más información, consultar www.business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-reecuador

[8Por ejemplo, la Alianza del tratado, formada por un grupo cada vez mayor de organizaciones pro-derechos humanos, plataformas, movimientos sociales y comunidades afectadas. Para más información, consultar www.treatymovement.com

[9Principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales, 2011, Principio 9, “Ámbito de jurisdicción”. Para más información, consultar www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/