Cuadro 1
La gobernanza de múltiples partes interesadas: cómo las corporaciones capturan la gobernanza global[1]
En 2009, el Foro Económico Mundial (FEM) reunió a un grupo de expertos de nivel internacional para formular un nuevo sistema de gobernanza global, la denominada Iniciativa de Rediseño Global (GRI, por sus siglas en inglés), un sistema de gobernanza de múltiples partes interesadas que reemplazaría parcialmente los procesos intergubernamentales de toma de decisiones.[2] El programa GRI estableció, en 2010, 40 Consejos de la Agenda Global y organismos del sector industrial, que formaron el marco del FEM para un sistema de gobernanza de este tipo.
El concepto de «múltiples partes interesadas» que utiliza el FEM significa, en primer lugar, que las estructuras de las múltiples partes interesadas no tienen por qué desempeñar funciones iguales; en segundo lugar, la corporación está en el centro del proceso; y en tercer lugar, la lista de múltiples partes interesadas del FEM son sobre todo aquellas que tienen vínculos comerciales con la corporación.
Las propuestas realizadas por el FEM respecto a una gobernanza por múltiples partes interesadas nos recuerda que debemos observar bajo una nueva luz las normas de participación en asuntos internacionales. Según mi análisis, existen cuatro opciones para frenar la tendencia hacia una gobernanza por múltiples partes interesadas, que está provocando que se actúe fuera del multilateralismo:
- Ilegalizar la participación de las CTN en la elaboración de políticas y en la implementación de programas a nivel internacional, como ocurre con el convenio del tabaco;
- Reconstruir el sistema de las Naciones Unidas, otorgando el mismo carácter obligatorio y vinculante a la toma de decisiones sobre aspectos económicos, medioambientales y sociales que a la toma de decisiones del Consejo de Seguridad;
- Reconocer legalmente el estatus de facto que poseen la sociedad civil y las CTN en la toma de decisiones globales, y diseñar una nueva institución que incorpore un equilibrio político adecuado entre estos sectores, y reemplace el sistema de la ONU existente, basado en los gobiernos;
- Los gobiernos deberían adoptar un nuevo Convenio de Viena que especifique las normas que deberían acatarse para el funcionamiento de una gobernanza de múltiples partes interesadas, de manera complementaria al multilateralismo.
Ya es hora de que un margen más amplio de grupos sociales, especialmente aquellos que se ven más afectados por la globalización, se replanteen cómo debería funcionar la gobernanza global.
Cuadro 2
Las múltiples partes interesadas: una trampa para la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos[3]
Una de las principales estrategias para potenciar una agenda agrícola pro-corporativa, que deja sin poder a los pequeños agricultores, ha sido abogar por la inclusión de múltiples partes interesadas en asuntos de alimentación y nutrición. Uno de los programas piloto que más apoyo ha recibido por esta tendencia hacia una participación de múltiples partes corporativas, y que ha sido promovido por la Iniciativa de Rediseño Global (GRI), es la Iniciativa de Rediseño de la Alimentación, la Agricultura y la Nutrición Mundiales (GFANRI), establecida en 2010.
La GFANRI ha integrado varias iniciativas, como la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN), la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la Nueva Alianza del G8 para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria (HLTF) de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y la iniciativa Scale Up Nutrition (SUN).
Estos organismos de múltiples partes interesadas defienden políticas basadas en la creencia de que liberalizar el comercio internacional puede garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición tanto a nivel nacional como internacional, sin necesidad de una gobernanza específica nacional o internacional, y sus objetivos son:
- Restringir la autoridad política de la FAO a proporcionar asistencia técnica agrícola;
- Desmantelar el Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); y
- Cerrar la Comisión Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN), el organismo de armonización de la nutrición mundial de la ONU.
Durante 2015, esta estrategia se potenció aún más: los aliados más próximos de la iniciativa SUN intentaron aumentar su visibilidad y su papel dentro del CSA, y la Secretaría General de la ONU anunció que nominaría al nuevo coordinador de la iniciativa SUN. La tendencia general ha sido la de transferir, de forma progresiva, la gobernanza de los espacios intergubernamentales a los espacios de múltiples partes interesadas, bajo la influencia (o incluso la dirección) de los intereses y la agenda del sector privado corporativo.
Los pueblos del mundo deben hacer un llamamiento a los estados para que rechacen la captura corporativa y la «lógica de las múltiples partes interesadas», ratifiquen la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, como paso fundamental para resolver cualquier tipo de desigualdad, opresión y discriminación, y democraticen las sociedades tanto a nivel nacional como internacional.
Cuadro 3
Caminando para Desmantelar el Poder Corporativo
La Campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo, Detener la Impunidad y por la Soberanía de los Pueblos fue lanzada durante la Conferencia Río+20, en 2012, por una red de más de 100 organizaciones, movimientos y comunidades afectadas de todo el mundo, en respuesta a la agenda corportativa de la ONU para profundizar la privatización, la mercantilización y la finaciarización de la Naturaleza.
La Campaña ha construído un Tratado de los Pueblos que articula las opiniones, estrategias y propuestas de una diversidad de actores sociales para el desmatelamiento del poder corporativo.
El Tratado de los Pueblos está dividido en dos secciones. La primera presenta alternativas sociales, políticas y económicas que se han implementado exitosamente para liberar las políticas y los territorios de la avaricia y el poder corporativos.
La segunda parte presenta propuestas concretas y profundas para un sistema legalmente vinculante que lleve a las CTN a la justicia por sus violaciones a los derechos humanos. Fue presentada previo al voto histórico en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG, por su sigla en inglés), ya en funcionamiento, para elaborar un Tratado de la ONU que regule a las CTN y otros negocios
El Tratado de la ONU es una oprtunidad para establecer, bajo el derecho internacional, obligaciones a las CTN respecto a todos los derechos humanos y para crear un tribunal internacional que de acceso a la justicia y a la reparación a las víctimas, que juzgue la responsabilidad de las CTN y les imponga sanciones por sus delitos ambientales. También es una oportunidad para desafiar la captura corporativa de la ONU.
Mientras las CTN sean el objeto del Tratado no estarán, como criminales, en posición de definir los instrumentos juridicos o sanciones que estarían dispuestas a aceptar, como ha sucedido con las directrices voluntarias y las herramientas de responsabilidad social corporativa, que ayudaron a definir al ser invitadas como «partes interesadas» (stakeholders) por una ONU cada vez más dominada por los intereses de dichas corporaciones.
El reconocimiento de los Derechos Campesinos – que ahora es parte del lenguage y objeto de la agenda de la ONU y que también necesita ser protegido de la captura corporativa– es una inspiración para los movimientos que trabajamos para controlar las CTN y detener su impunidad. La convergencia de ambas luchas nos da más poder para desmantelar el poder corporativo y construir la soberanía pueblos en un mundo sostenible y libre de todas forma de explotación.
[1] Este texto es un breve resumen del artículo de Harris Gleckman, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016”.
[2] Consultar también el Boletín Nyéléni n.º 22.
[3] Este texto es un breve resumen del artículo de Flavio Valente, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016″.