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Recursos naturales y soberanía alimentaria
La defensa y la lucha por nuestros derechos a la tierra, el agua, las semillas, las razas, los caladeros, los bosques, los océanos y todos los recursos naturales que necesitamos para poder alimentarnos con dignidad, tanto nosotros mismos como nuestras comunidades, están en el centro de la Soberanía Alimentaria.
Pero ¿cómo podemos defender nuestros derechos a los recursos y luchar por ellos, frente a potentes inversores nacionales y trasnacionales, regímenes injustos de comercio e inversiones, mercantilización de los recursos naturales, la descarada coopción de los estados por capital trasnacional, o frente a la militarización, la violencia y la criminalización de quienes defienden sus derechos a los recursos? ¿Cuál es el rol de la policía y de los tribunales en estos casos?
Estas preguntas no tienen una respuesta sencilla. El contexto importa, y mucho. Lo que funciona en un lugar o una situación no tiene por qué funcionar necesariamente en otras. Sin embargo, tenemos algunas ideas que pensamos que son útiles para compartirlas, reflexionar sobre ellas y continuar desarrollándolas.
La ley es uno de los medios por excelencia de ejercicio del poder. Cualquier movimiento popular que intente cambiar las relaciones de poder no podrá evitar enfrentarse a cuestiones legales para desafiar leyes, políticas y prácticas injustas e ilegítimas, así como para crear órdenes normativos y legales alternativos que resultan fundamentales para iniciar/consolidar contrapoderes. Para los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria, la cuestión no es si se deben seguir o no estrategias legales, sino qué estrategias legales seguir.
El marco de los derechos humanos desempeña aquí un papel fundamental, especialmente a la hora de cuestionar los marcos legales internacionales que no respetan a los pobres de las zonas rurales (ya se trate de regímenes comerciales, de inversión, medioambientales o de seguridad) ni defienden a las comunidades locales frente a los abusos de actores internacionales. Un derecho humano es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación por sexo, origen, raza, lugar de residencia, religión o cualquier otro estado. Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles e interrelacionados, y su objetivo es proteger la dignidad humana. Tienen su origen en las necesidades y aspiraciones de la gente corriente, expresan valores éticos y morales universales, y empoderan a cada ser humano, a sus comunidades y a sus pueblos, para ejercer sus derechos y demandas legales ante sus gobiernos y ante los de otros países. La resistencia a la opresión se encuentra en el núcleo de los derechos humanos. Los derechos humanos se dirigen de forma explícita a los desequilibrios de poder y cuestionan la legitimidad de los poderosos.
Las formas de emplear el marco de los derechos humanos son muy diversas y dependen de factores contextuales. Algunos grupos activistas y movimientos sociales emplean los derechos humanos y la legislación nacional en estrategias defensivas para proteger a sus miembros de abusos graves como la persecución, el acoso, las detenciones arbitrarias, los desahucios forzados violentos y la destrucción de cultivos, animales e infraestructuras agrícolas. En tales situaciones, recurrir a los derechos humanos o a los derechos fundamentales recogidos por las constituciones nacionales puede salvar vidas y ofrecer vías de acción que reciban el apoyo de otros sectores de la sociedad frente a la represión gubernamental.
Otros grupos y movimientos emplean los derechos humanos y constitucionales, así como políticas nacionales y leyes que apoyan estos derechos, para concienciar a sus miembros sobre sus derechos, y así poder devolverles la confianza en sí mismos, la dignidad y el convencimiento de que es legítimo resistir a la opresión. La concienciación es crucial para movilizar y organizar a las personas para que defiendan sus derechos. En otras ocasiones, una estrategia legal forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es cambiar el modo en que se presentan los conflictos sobre los recursos y cómo percibe la sociedad estos conflictos. Combinan acciones directas y acciones de desobediencia legal (como ocupar tierras o entorpecer la construcción de los así llamados «proyectos de desarrollo») junto con la presentación de casos ante tribunales o autoridades legales.
Los derechos humanos también se pueden ejercer para desafiar políticas y leyes ilegítimas como los marcos legales de muchos países que favorecen a las grandes empresas, así como para apoyar las propuestas alternativas de los pueblos sobre políticas y leyes, abriendo espacios para un diálogo político centrado en las vidas de los pueblos.
Sin duda, los tratados de derechos humanos, las constituciones nacionales, las leyes y las políticas que apoyan los derechos de las personas no son de aplicación automática. Tienen siempre que ser reclamados por los pueblos. Hasta ahora, las movilizaciones populares sobre el terreno siguen siendo la forma más importante de responsabilidad en materia de derechos humanos. Los instrumentos internacionales de «leyes blandas» sobre derechos humanos, como las Directrices sobre gobernación responsable de la tenencia de tierras, caladeros de pesca y bosques, pueden entrar en vigor cuando los movimientos sociales se las apropien, las reclamen, las supervisen y las implementen por su cuenta. Los instrumentos de «leyes blandas» pueden convertirse en herramientas poderosas para transmitir el desacuerdo y la resistencia frente a regímenes legales destructivos (como el comercio y las inversiones) y sentar las bases de un diseño de políticas alternativo.
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Iniciativas para el respeto y la defensa del agua
El 28 de julio de 2010, en un movimiento inesperado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso la Resolución sobre el derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución de la ONU 64/292). Esta resolución, copatrocinada por 74 estados, destaca la importancia del derecho a un agua potable y un saneamiento seguros y limpios, como derecho humano esencial para el disfrute completo de la vida y de todos los derechos humanos. Tras la presión ejercida por la sociedad civil y los movimientos globales de justicia por el agua, su adopción se aceleró a raíz de la institucionalización del derecho humano al agua y el saneamiento dentro de las constituciones de algunos países de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay y El Salvador.
Al menos 165 estados han firmado diversas declaraciones que reconocen el derecho al agua, entre ellos miembros del Movimiento de los Países No Alineados y el Consejo Europeo. La creación del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento fue otro paso en positivo hacia el respeto y la defensa del agua. La primera Relatora Especial, Catarina de Albuquerque, desarrolló distintas herramientas para implementar este derecho.
Los agentes estatales, la sociedad civil y las comunidades también han iniciado acciones para defender, proteger y conservar el agua como un derecho, un bien público y un bien colectivo. Un ejemplo de ello es asignar y gestionar de forma pública y comunitaria los servicios de suministro de agua, para contrarrestar la mercantilización y privatización de éste y promover opciones viables, medioambientalmente sostenibles y que favorezcan a los pobres, para las poblaciones del mundo que carecen de acceso al agua.
Entre estas acciones se encuentran las asociaciones público-públicas (PuP), las asociaciones público-comunitarias y las asociaciones comunitario-comunitarias, que son asociaciones sin ánimo de lucro y de beneficio mutuo entre operadores públicos de gestión de aguas, comunidades locales, sindicatos y otros grupos socio-económicos. Estas asociaciones democráticas tienen por objetivo «vincular a los operadores públicos de gestión de aguas y a distintos grupos, de manera no lucrativa, para fortalecer la gestión y la capacidad técnica».
En contraposición con las asociaciones público-privadas (PPP), las PuP presenta un modo innovador y práctico de compartir los conocimientos técnicos y experiencia de los gestores públicos de aguas para difundir buenas prácticas e ideas sobre gestión de aguas, como por ejemplo garantizar el suministro de agua a comunidades urbanas empobrecidas, respetar los derechos de los trabajadores, adoptar estándares laborales fundamentales y permitir la participación de los consumidores en la determinación de precios del agua. Las PuP también piden que se proporcione el apoyo social y político necesario para esta cooperación mutua.
Otro modelo innovador es la protección de cuencas aguas arriba y aguas abajo. En Filipinas, distintas organizaciones cívicas y servicios públicos de aguas han permitido que las comunidades locales puedan gestionar y mantener fuentes de agua para las ciudades. Los servicios públicos invierten directamente en prácticas agrícolas agroecológicas y en la subsistencia de las comunidades, siguiendo la idea de que «un buen medio ambiente producirá una buena agua». Estos modelos de protección de cuencas y de suministro de servicios de aguas son muy diversos entre sí, puesto que dependen de las condiciones concretas de cada zona en particular. Y lo que es más importante, estos modelos promueven una nueva visión de la gestión del agua[[Para conocer más ejemplos, consultar la publicación de Buenaventura Dargantes, Mary Ann Manahan, Daniel Moss y V. Suresh: « Water, Commons, Water Citizenship and Water Security » (Agua, bienes colectivos, ciudadanía del agua y seguridad del agua, publicado en inglés) que restablece el agua como un bien colectivo y convierte la gobernabilidad del agua en un factor de democratización y justicia social y ecológica.
Los derechos sobre el agua (es decir, cómo usar, asignar y gestionar los recursos hídricos) afectan a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento, y también a una nueva visión de la gestión del agua. De forma global, los derechos sobre el agua se han utilizado como herramienta política para detener el acaparamiento de aguas por parte de las grandes corporaciones, así como para cuestionar la minería, la fractura hidráulica y otros instrumentos destructivos. Los grupos ciudadanos, los gobiernos locales y las comunidades afectadas se han organizado y han hecho campaña para proteger sus aguas de forma que sean potables, se utilicen para el riego y la agricultura y respeten su identidad. Entre estas acciones están, por ejemplo: la «Guerra del Agua» de Cochabamba, en 2000, que expulsó de Bolivia a Aguas del Turnari (una empresa mixta que incluía a Bechtel); Dow Chemical frente a Quebec y Lone Pine en Canadá, que protegen el agua frente a los pesticidas y la fractura hidráulica; El Salvador frente a Pac Rim, y el reciente caso de Infinito Gold frente a Costa Rica; y las comunidades de Plachimada (India) frente a Coca-Cola y Nestlé, que realizan una sobreextracción del agua y agotan las aguas subterráneas.