Boletín núm. 14 – Editorial
Derechos y represión
11 campesinos y seis policías muertos, 13 campesinos y campesinas procesados y más de 50 inculpados en uno de los conflictos por la tierra más violentos de la historia reciente de Paraguay. Mujeres, niños y niñas, hombres de comunidades pesqueras a quienes se ha prohibido el acceso al Lago Victoria de Uganda reciben amenazas por parte de guardias de seguridad armados si cruzan los confines establecidos por los inversores, que afirman haber comprado el lago. Trabajadoras de grandes tiendas de alimentación en los EE. UU. son sometidas a una estrecha vigilancia, sufren acoso sexual en el trabajo y reciben sueldos muy por debajo de lo debido. Pastores que intentan sobrevivir a las consecuencias de la destrucción de su hábitat por parte de actividades mineras en Mongolia…
Estos son sólo algunos de los testimonios de violación de los derechos humanos y abusos que ha recopilado este número del Boletín Nyéléni, para demostrar el aumento de la criminalización de los movimientos sociales que defienden la soberanía alimentaria en todo el mundo.
Desconocemos las dimensiones reales de esta situación, ya que gran parte de los abusos, conflictos y violaciones de
derechos humanos que se cometen en el seno de los sistemas alimentarios actuales continúan siendo invisibles y pasando desapercibidos. No obstante, y pese a lo limitado y disperso de esta información, los organismos de supervisión de la ONU como la Relatora Especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos
han declarado que el segundo grupo más vulnerable de defensores de los derechos humanos son aquellos y aquellas que trabajan en cuestiones relativas a la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. La Organización Internacional del Trabajo también ha denunciado que la existencia de trabajos forzados y esclavitud es especialmente
alta en determinados puestos de trabajo de la cadena alimentaria: grandes plantaciones, mataderos industriales y arrastreros de pesca. El aumento de la criminalización del activismo por la soberanía alimentaria es uno de los principales peligros a los que se enfrenta el movimiento en la actualidad. Según el contexto, la criminalización puede venir fomentada, por ejemplo, por estados autoritarios que no suelen permitir que las personas se organicen de forma autónoma; por el desgaste de las instituciones y la cultura de respeto por los derechos humanos en países que
anteriormente mostraban un alto grado de protección de éstos; por agentes externos al estado, como empresas y medios de comunicación, que fomentan la aprobación de leyes que perjudiquen o incluso ilegalicen las actividades económicas desarrolladas por pastores, comunidades pesqueras, campesinos o recolectores, que impidan
el acceso de estos grupos a los recursos naturales, e incluso que desmantelen la protección de los derechos laborales y las normativas medioambientales y sanitarias.
Nuestros movimientos y organizaciones deben desarrollar estrategias y mejorarlas para hacer frente a la amenaza que supone esta criminalización en aumento.
Este Boletín recopila algunas de nuestras experiencias e iniciativas estratégicas para ello: recordamos cómo la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos colectivos a sus tierras y territorios, a sus conocimientos tradicionales, a expresar su opinión y dar su consentimiento de forma gratuita, previa e informada y a un desarrollo económico, social y cultural decidido de forma autónoma dentro de la legislación nacional e internacional, ha sido una de las precursoras dentro del movimiento de la soberanía alimentaria. Otros grupos rurales como las comunidades
campesinas y pesqueras también están reclamando que se reconozcan sus derechos particulares a los recursos naturales y a desarrollar de forma autónoma sus propios sistemas alimentarios y actividades económicas. Actualmente se está elaborando un borrador de una Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de las personas que trabajan en entornos rurales, así como unas Directrices de la FAO sobre pesca artesanal; son dos iniciativas que pretenden dar más poder a los campesinos y pescadores y establecer un marco legal que favorezca a
los pequeños productores de alimentos y el bienestar público.
También debemos reforzar nuestra alianza con el movimiento por los derechos humanos para defender los logros en este campo e ir cubriendo lagunas, y continuar desarrollando y fortaleciendo la legislación en materia de derechos humanos para que tenga primacía sobre la legislación comercial y de inversiones. Además, debemos continuar
ampliando nuestro movimiento y buscando la unidad de todos los sectores que forman nuestra alianza: defender nuestros derechos y superar con efectividad las amenazas que nos acechan no puede hacerse en solitario.
Sofia Monsalve, FIAN International
