Voces desde el campo 1

Los pescadores dicen no a la iniciativa de pesca costera

Foro Mundial de Pueblos Pesqueros (WFFP) y Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF)

La FAO, el Banco Mundial, Conservation International y otros actores lanzaron en junio de 2015 la Iniciativa de Pesca Costera (CFI, por sus siglas en inglés), un programa de gran alcance que pretende reformar las políticas pesqueras de todo el mundo. Durante un período de 4 años, se distribuirán 235 millones de dólares a una serie de proyectos en países de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.

Nosotros, como representantes de más de 20 millones de pescadores, deseamos expresar nuestra firme oposición a la CFI, que contradice directamente la implementación de las Directrices para garantizar las pesquerías sostenibles de pequeña escala (VGSSF), suscritas recientemente.[1]

El documento del programa marco (PFD)[2] de la CFI se ha desarrollado y escrito en un proceso vertical, en el que ha participado de forma exclusiva un conjunto de personas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), uno de los principales patrocinadores de la iniciativa. La CFI contraviene el principio básico de participación de las VGSSF, según el cual las comunidades pesqueras afectadas de pequeña escala deberían participar en los procesos antes de que se tome cualquier decisión. Se nos redujo al nivel de «otras partes interesadas», junto con representantes del sector privado, académicos, etc. aunque representamos al colectivo más afectado por la CFI.

En consecuencia, nos quedó claro que los programas para los países objetivo de la CFI se centran en implementar pesquerías basadas en derechos. Este enfoque no respeta los sistemas existentes de gobernanza y de administración local, y no reconoce que los problemas de las pesquerías provienen, sobre todo, de una administración o una gobernanza insuficientes, atribuyendo la ineficiencia a la falta de propiedad privada.[3] El proceso de privatización generado por las pesquerías basadas en derechos beneficia claramente a una pequeña élite, dejando desposeída a la mayoría.

La introducción de las pesquerías basadas en derechos en los países objetivo y en cualquier otro lugar colisionaría directamente con el contenido progresivo de las VGSSF, que subraya la necesidad de un enfoque que respete los derechos humanos como herramienta clave para reducir la pobreza. En este contexto, la CFI introduce políticas que dan una prioridad clara a los intereses del sector privado o a actores poco preocupados por el medio ambiente.

Por lo tanto, hemos rechazado la invitación a participar como miembros en el comité directivo de la CFI. De haber aceptado esta invitación, cuando el contenido de la CFI ya está más que definido, habríamos legitimado las políticas de pesquerías basadas en derechos, contra las que llevamos años luchando. Habría sido un duro golpe para la implementación de las VGSSF, por las que continuamos trabajando.

Voces desde el campo 2

Wilmar: no hay tierra en venta[4]

Amigos de la Tierra Estados Unidos y Nigeria

La palma aceitera es autóctona de África occidental,  y el aceite de palma, en su forma más pura, es un producto básico en la dieta de los pueblos de África occidental. Sin embargo, lo que no es autóctono y está causando estragos en la provincia tropical nigeriana de Cross River State, es la expansión a escala industrial de plantaciones de palma aceitera, por parte de la mayor comercializadora de aceite de palma del mundo, Wilmar International. Desde 2010, Wilmar ha adquirido 30.000 hectáreas de tierra para plantaciones de palma aceitera en el sudeste nigeriano, con lo que ha ampliado su banco de tierras en Nigeria a cientos de miles de hectáreas.

Nigeria es uno de los diez países africanos que han firmado la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, la estrategia de los países del G8 para movilizar la inversión extranjera de gran escala al sector agrícola de África. Como socio de la Nueva Alianza, Wilmar podrá tener «garantizada la adquisición de tierras», podrá beneficiarse de «salarios medio-bajos», y podrá recibir moratorias fiscales en un proceso diseñado para «facilitar los negocios en Nigeria». Sin embargo, la Nueva Alianza puede ser más perjudicial que positiva para los productores de alimentos de pequeña escala, ya que está aumentando el riesgo de acaparamientos de tierras, al tiempo que se están socavando los derechos sobre las tierras y la tenencia agraria.

En su informe “Explotación y promesas vanas: El acaparamiento de tierras en Nigeria por Wilmar”[5] (en inglés), Amigos de la Tierra revela que la reciente adquisición de Wilmar en Cross River State ha dejado sin recursos a los pueblos locales, y supone una amenaza para las zonas de selva protegida que albergan gran parte de la enorme biodiversidad de África. Un agricultor que se ha visto desplazado por las operaciones de Wilmar en Nigeria afirma: “Al quitarnos nuestras granjas, Wilmar está declarando nuestra muerte”.

Por lo tanto, Wilmar International y sus subsidiarias de Nigeria deberían hacer lo siguiente, entre otros aspectos:

• Detener sus planes de expansión de forma inmediata;
• Publicar todos los mapas de concesiones, las evaluaciones de impacto socio-ambiental, las políticas de contratación, y las actas de las consultas a las comunidades;
• Revisar a fondo y ajustar sus protocolos para conseguir un consentimiento libre, previo e informado que respete las prácticas recomendadas internacionales; y reiniciar un proceso de consulta abierta a todas las personas afectadas.

Por otro lado, el gobierno nigeriano debería alentar e incentivar la producción agrícola de pequeña escala, y comprometerse a un proceso de reforma de sus sistemas de tenencia agraria, que respete las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

En palabras de Amigos de la Tierra de Nigeria y el Centro de desarrollo de recursos de la selva, «Si Wilmar no mejora sus operaciones, más le valdrá hacer las maletas y marcharse».

Voces desde el campo 3

Captura corporativa de ciudades en honduras: una amenaza especial para las mujeres

Andrea Nuila e Ismael Moreno[6]

Las ciudades chárter son pequeños estados dentro de un estado: son territorios que el estado deja libres, y que se ponen en manos de un tercero. En el período legislativo de 2010-2013, el Congreso Nacional de Honduras, formado por una mayoría de juristas que apoyaron el golpe de estado de 2009, aprobaron la ley de ciudades chárter. La oposición ciudadana consideró este acto como una traición al país, y forzó al Tribunal Supremo a declarar inconstitucional esta ley en octubre de 2012. Aun así, se aprobó una nueva versión de la ley en 2013.

Para la élite política y empresarial, las ciudades chárter no son un concepto extraño. Son una forma ampliada de la industria maquiladora, que se impuso desde la década de los 90: auténticos paraísos fiscales donde se practica el tráfico de personas, con políticas que ignoran el código laboral y donde se despide a los trabajadores de forma arbitraria.

La denominada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ley de ciudades chárter) permite que partes del territorio se entreguen a uno o varios países o corporaciones transnacionales y sean administradas por ellos, con lo que se crean ciudades autónomas orientadas a facilitar la inversión privada.

Una ciudad chárter dentro del territorio de un país cuyo sistema económico, social y político ha fracasado aumentará las desigualdades y ampliará los desequilibrios hasta extremos insostenibles. En especial, las mujeres y las organizaciones feministas han alzado la voz y mostrado su preocupación por el impacto negativo que tales «zonas especiales» generarán de forma inevitable contra el cuerpo y la vida de las mujeres a nivel nacional. 

Es importante recalcar que las mujeres de Honduras ya viven en una sociedad patriarcal extremadamente violenta (donde una mujer es asesinada cada 16 horas). Esta violencia se ve reforzada por la impunidad, la criminalización de quienes defienden los derechos de las mujeres, y la discriminación institucional que sufren las mujeres. En las zonas rurales, donde se están planeando la mayoría de las ciudades chárter, existen tasas muy altas de violencia contra las mujeres, un número cada vez mayor de desahucios, así como un acceso limitado a servicios sanitarios y a recursos naturales.

Las mujeres campesinas, indígenas y afro-descendientes serán sin duda los grupos más afectados por la construcción de este tipo de ciudades. Según la líder garifuna Miriam Miranda, con la construcción de las ciudades chárter, el gobierno hondureño está poniendo en peligro el 70% del territorio garifuna (comunidades afro-descendientes).

Un estado ausente y la posibilidad de que las ciudades chárter suministren servicios públicos, decidan las normas y puedan elegir las normativas fiscales no harán sino poner a las mujeres en una situación aún más vulnerable.

Voces desde el campo 4

Desmaterialización de las semillas: el caso de “DivSeek”

La Vía Campesina[7]

Tras una semana de arduos debates en la sede de la FAO en Roma, el 9 de octubre de 2015, el Órgano Rector del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (el Tratado de semillas) se encontró entre la espada y la pared en su sexta sesión: o bien aceptaba la irregularidad de sus «arreglos sobre gobernanza» como hechos consumados, o bien se hundía en una crisis abierta. 

Par evitar una ruptura inmediata, se declaró válido lo siguiente:

• El compromiso de la Secretaría con el programa DivSeek, que organiza la biopiratería a nivel mundial. DivSeek pretende secuenciar los genomas de todas las variedades de recursos fitogenéticos almacenados en los bancos de genes, con el fin de publicar de forma electrónica información genética sobre las semillas, confiadas voluntariamente a los bancos de genes que son responsabilidad del Tratado de semillas. Esto permitirá reclamar la propiedad de todas las plantas que contengan dichas secuencias y que tengan alguna característica relacionada. Todo ello, sin incluir prohibición alguna de patentar ni compartir los beneficios, lo que vulnera las propias normas del Tratado.
• Una resolución que deja a los agricultores sin ninguna posibilidad de defenderse frente a esta violación de sus derechos, que aun así quedan estipulados en el Tratado. Las patentes sobre información genética publicadas por DivSeek prohibirán a los agricultores continuar produciendo las semillas que entregaron, desinteresadamente, a los bancos de los que es responsable el Tratado.
• La renovación del contrato de su Secretaría general, que se realizó en secreto, lo que supone una vulneración de su propio reglamento interno.

Desde la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, la industria de las semillas ha acumulado deudas astronómicas, al acceder a la enorme reserva de semillas campesinas producidas en campos de todo el mundo, sin haber compartido los beneficios obtenidos. En Omán, en 2013, el Órgano Rector del Tratado instó a la industria de las semillas a buscar una solución justa. Hasta el momento, no se ha conseguido progreso alguno. Más bien al contrario, pues con DivSeek, la industria organiza un pillaje aún mayor, al dejar que todas las semillas, de forma desmaterializada, escapen del control del Tratado y puedan patentarse sin ningún tipo de restricción.

La Vía Campesina espera una reacción potente de todos los gobiernos, que en Roma fueron testigos de estos desvíos inaceptables de los objetivos del Tratado, para que éste pueda recuperar el rumbo que le corresponde. La Vía Campesina desea que la próxima consulta sobre los derechos de los agricultores (artículo 9 del Tratado), que organiza Indonesia en 2016, dé la máxima prioridad a estos derechos, para garantizar la soberanía alimentaria frente al robo de semillas perpetrado con los derechos de propiedad de la industria.

[1] Disponible aquí.

[2] Disponible aquí.

[3] Consultar también “El acaparamiento global de los océanos” (en inglés) aquí.

[4] Basado en el resumen “Explotación y promesas vanas: el acaparamiento de tierras de Wilmar en Nigeria» (en inglés).

[5] Disponible aquí.

[6] Texto basado en “Una ciudad chárter en medio de una sociedad harapienta» (en inglés), publicado en el “Right to Food Journal 2015” de FIAN, vol. 10.

[7] Nota de prensa disponible aquí.

Cuadro 1

La gobernanza de múltiples partes interesadas: cómo las corporaciones capturan la gobernanza global[1]

En 2009, el Foro Económico Mundial (FEM) reunió a un grupo de expertos de nivel internacional para formular un nuevo sistema de gobernanza global, la denominada Iniciativa de Rediseño Global (GRI, por sus siglas en inglés), un sistema de gobernanza de múltiples partes interesadas que reemplazaría parcialmente los procesos intergubernamentales de toma de decisiones.[2] El programa GRI estableció, en 2010, 40 Consejos de la Agenda Global y organismos del sector industrial, que formaron el marco del FEM para un sistema de gobernanza de este tipo.

El concepto de «múltiples partes interesadas» que utiliza el FEM significa, en primer lugar, que las estructuras de las múltiples partes interesadas no tienen por qué desempeñar funciones iguales; en segundo lugar, la corporación está en el centro del proceso; y en tercer lugar, la lista de múltiples partes interesadas del FEM son sobre todo aquellas que tienen vínculos comerciales con la corporación.

Las propuestas realizadas por el FEM respecto a una gobernanza por múltiples partes interesadas nos recuerda que debemos observar bajo una nueva luz las normas de participación en asuntos internacionales. Según mi análisis, existen cuatro opciones para frenar la tendencia hacia una gobernanza por múltiples partes interesadas, que está provocando que se actúe fuera del multilateralismo:

1. Ilegalizar la participación de las CTN en la elaboración de políticas y en la implementación de programas a nivel internacional, como ocurre con el convenio del tabaco;
2. Reconstruir el sistema de las Naciones Unidas, otorgando el mismo carácter obligatorio y vinculante a la toma de decisiones sobre aspectos económicos, medioambientales y sociales que a la toma de decisiones del Consejo de Seguridad;
3. Reconocer legalmente el estatus de facto que poseen la sociedad civil y las CTN en la toma de decisiones globales, y diseñar una nueva institución que incorpore un equilibrio político adecuado entre estos sectores, y reemplace el sistema de la ONU existente, basado en los gobiernos;
4. Los gobiernos deberían adoptar un nuevo Convenio de Viena que especifique las normas que deberían acatarse para el funcionamiento de una gobernanza de múltiples partes interesadas, de manera complementaria al multilateralismo.

Ya es hora de que un margen más amplio de grupos sociales, especialmente aquellos que se ven más afectados por la globalización, se replanteen cómo debería funcionar la gobernanza global.

Cuadro 2

Las múltiples partes interesadas: una trampa para la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos[3]

Una de las principales estrategias para potenciar una agenda agrícola pro-corporativa, que deja sin poder a los pequeños agricultores, ha sido abogar por la inclusión de múltiples partes interesadas en asuntos de alimentación y nutrición. Uno de los programas piloto que más apoyo ha recibido por esta tendencia hacia una participación de múltiples partes corporativas, y que ha sido promovido por la Iniciativa de Rediseño Global (GRI), es la Iniciativa de Rediseño de la Alimentación, la Agricultura y la Nutrición Mundiales (GFANRI), establecida en 2010.

La GFANRI ha integrado varias iniciativas, como la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN), la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la Nueva Alianza del G8 para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria (HLTF) de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y la iniciativa Scale Up Nutrition (SUN).

Estos organismos de múltiples partes interesadas defienden políticas basadas en la creencia de que liberalizar el comercio internacional puede garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición tanto a nivel nacional como internacional, sin necesidad de una gobernanza específica nacional o internacional, y sus objetivos son:

1. Restringir la autoridad política de la FAO a proporcionar asistencia técnica agrícola;
2. Desmantelar el Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); y
3. Cerrar la Comisión Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN), el organismo de armonización de la nutrición mundial de la ONU.

Durante 2015, esta estrategia se potenció aún más: los aliados más próximos de la iniciativa SUN intentaron aumentar su visibilidad y su papel dentro del CSA, y la Secretaría General de la ONU anunció que nominaría al nuevo coordinador de la iniciativa SUN. La tendencia general ha sido la de transferir, de forma progresiva, la gobernanza de los espacios intergubernamentales a los espacios de múltiples partes interesadas, bajo la influencia (o incluso la dirección) de los intereses y la agenda del sector privado corporativo.

Los pueblos del mundo deben hacer un llamamiento a los estados para que rechacen la captura corporativa y la «lógica de las múltiples partes interesadas», ratifiquen la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, como paso fundamental para resolver cualquier tipo de desigualdad, opresión y discriminación, y democraticen las sociedades tanto a nivel nacional como internacional.

Cuadro 3

Caminando para Desmantelar el Poder Corporativo

La Campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo, Detener la Impunidad y por la Soberanía de los Pueblos fue lanzada durante la Conferencia Río+20, en 2012, por una red de más de 100 organizaciones, movimientos y comunidades afectadas de todo el mundo, en respuesta a la agenda corportativa de la ONU para profundizar la privatización, la mercantilización y la finaciarización de la Naturaleza.

La Campaña ha construído un Tratado de los Pueblos que articula las opiniones, estrategias y propuestas de una diversidad de actores sociales para el desmatelamiento del poder corporativo.

El Tratado de los Pueblos está dividido en dos secciones. La primera presenta alternativas sociales, políticas y económicas que se han implementado exitosamente para liberar las políticas y los territorios de la avaricia y el poder corporativos.

La segunda parte presenta propuestas concretas y profundas para un sistema legalmente vinculante que lleve a las CTN a la justicia por sus violaciones a los derechos humanos. Fue presentada previo al voto histórico en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG, por su sigla en inglés), ya en funcionamiento, para elaborar un Tratado de la ONU que regule a las CTN y otros negocios

El Tratado de la ONU es una oprtunidad para establecer, bajo el derecho internacional, obligaciones a las CTN respecto a todos los derechos humanos y para crear un tribunal internacional que de acceso a la justicia y a la reparación a las víctimas, que juzgue la responsabilidad de las CTN y les imponga sanciones por sus delitos ambientales. También es una oportunidad para desafiar la captura corporativa de la ONU.

Mientras las CTN sean el objeto del Tratado no estarán, como criminales, en posición de definir los instrumentos juridicos o sanciones que estarían dispuestas a aceptar, como ha sucedido con las directrices voluntarias y las herramientas de responsabilidad social corporativa, que ayudaron a definir al ser invitadas como «partes interesadas» (stakeholders) por una ONU cada vez más dominada por los intereses de dichas corporaciones.

El reconocimiento de los Derechos Campesinos – que ahora es parte del lenguage y objeto de la agenda de la ONU y que también necesita ser protegido de la captura corporativa– es una inspiración para los movimientos que trabajamos para controlar las CTN y detener su impunidad. La convergencia de ambas luchas nos da más poder para desmantelar el poder corporativo y construir la soberanía pueblos en un mundo sostenible y libre de todas forma de explotación.

[1] Este texto es un breve resumen del artículo de Harris Gleckman, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016”.

[2] Consultar también el Boletín Nyéléni n.º 22.

[3] Este texto es un breve resumen del artículo de Flavio Valente, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016″.

Identificar los patrones: delitos y abusos de las CTN[1]

Las corporaciones transnacionales (CTN) se han convertido en actores clave de la aceleración del comercio global durante las últimas décadas, redefiniendo modos de producción y patrones de consumo, así como generando consecuencias sociales y medioambientales. Existe un número de casos, cada vez mayor, de CTN y otras empresas comerciales que están limitando a niveles muy graves el respeto de los derechos. Estos actores de la sociedad se han visto implicados en delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, y han incumplido también derechos civiles y políticos. A pesar del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, las CTN han impedido la realización completa del derecho de las personas y las comunidades a unos alimentos y una nutrición adecuados, sobre todo para las personas más desfavorecidas y marginadas.

Amenazas y delitos de las CTN contra el derecho a los alimentos y la nutrición

Las CTN y otras empresas comerciales tienen el potencial de afectar de forma negativa a la soberanía alimentaria de los pueblos. Las industrias extractivas, los agronegocios, los programas para la compensación de las emisiones de CO2, el turismo y los megaproyectos son algunas de las principales causas del desalojo y el desplazamiento forzado de personas fuera de tierras públicas, bosques, tierras de pastoreo y rutas de movilidad, que estas personas utilizan para recopilar o producir alimentos.[2] Además de negar el acceso de las personas a los recursos productivos, las actividades corporativas también tienen un impacto negativo sobre el acceso a los recursos naturales y dañan unos ecosistemas que resultan cruciales para que las comunidades puedan alimentarse. La dispersión de agroquímicos no solo destruye los cultivos y envenena a los animales, sino que también afecta a la salud de quienes trabajan en el campo y de quienes consumen estos alimentos.

El derecho humano a unos alimentos y una nutrición adecuados se pone en peligro aún más por las prácticas laborales de las CTN, que requieren la subcontratación de mano de obra barata. Las y los trabajadores agrícolas, por ejemplo, son víctimas de formas modernas de esclavitud, trabajos forzados, impago de salarios, detenciones ilegales e inseguridad en sus condiciones laborales. Además de lo anterior, las trabajadoras rurales sufren una discriminación muy grave, con pagas desiguales, marginación social y abusos sexuales. Las y los defensores de los derechos humanos y  sindicalistas que alzan la voz contra estas injusticias son criminalizados y sufren abusos físicos y psicológicos por parte de fuerzas armadas privadas, además de no poder acceder a unos procesos legales correctos.

Las prácticas comerciales de las CTN también afectan gravemente al derecho de las personas a los alimentos. El dumping de sus productos en los mercados de pequeños agricultores impide la subsistencia económica de las comunidades agrarias, que no pueden competir con los precios de los productos importados. Para mantener unos costes bajos y un alto nivel de beneficio, estos productos pueden ser inseguros y provocar enfermedades físicas y mentales en los consumidores, tales como la diabetes, la obesidad o la depresión.[3] Los sustitutos de la leche materna, altamente industrializados y con unos niveles muy altos de azúcares añadidos, son un ejemplo de estos productos nocivos.

Asimismo, el acceso a unos alimentos y una nutrición adecuados se ve perjudicado por los cárteles de fijación de precios, cárteles de compradores u otros, donde las compañías manipulan los precios agrícolas y alimentarios, lo que encarece los productos alimentarios básicos e imposibilita que innumerables familias puedan acceder a ellos.[4] Las condiciones crediticias abusivas que se imponen a los pequeños agricultores, así como la especulación con terrenos y otros recursos naturales (que provocan una volatilidad de los precios de los alimentos), contribuyen aún más al empobrecimiento y las altas tasas de suicidios entre pequeños agricultores, en países tan diversos como India, Bélgica o Francia. Por último, la complicidad de las CTN con los estados en los bloqueos alimentarios durante conflictos armados tiene consecuencias letales, ya que se impide que poblaciones enteras puedan acceder a alimentos, como ocurre con algunas comunidades de Colombia.

Los obstáculos para detener la impunidad

Desgraciadamente, las víctimas de estos delitos contra los derechos humanos a menudo quedan sin subsanaciones legales efectivas. Mientras tanto, un gran número de CTN continúan operando con amplia impunidad. Se han observado una serie de obstáculos estructurales para detener la impunidad y conseguir que se compense legalmente a las víctimas. Entre estos obstáculos está la falta de regulación, supervisión, investigación y sanción a las empresas en los países donde se producen los daños, debido a la incapacidad o la falta de voluntad de los propios estados.

Muchos estados carecen de mecanismos penales, civiles y administrativos eficaces para responsabilizar a las compañías nacionales y transnacionales por delitos y abusos contra los derechos humanos. Por otra parte, en los lugares donde estos mecanismos sí están disponibles, la aplicación de decisiones judiciales protectoras a menudo se ve perjudicada por la influencia desleal que ejercen estas corporaciones sobre las autoridades responsables de esta implementación.

Dada la reticencia de los estados de origen y los estados anfitriones a regular la actividad de las CTN y de otras empresas de tipo transnacional, y su negativa a proporcionar subsanaciones eficaces a las víctimas de los abusos corporativos de los derechos humanos, se ha impulsado la elaboración de distintos marcos reguladores internacionales. Sin embargo, estos marcos no incluyen estándares internacionales claros ni vinculantes sobre los deberes de los estados frente a los delitos y abusos de las CTN y otras compañías comerciales, y pasan por alto sus obligaciones tanto territoriales como extraterritoriales para con los derechos humanos.

Cómo están fracasando los Estados

Los estados no han sido capaces de regular, supervisar, juzgar ni ejecutar las decisiones judiciales respecto a los abusos perpetrados por las CTN con el fin de garantizar la responsabilidad de las compañías implicadas, y de permitir que las personas y las comunidades puedan acceder a subsanaciones efectivas. Los abusos de influencia y la falta de cooperación de los estados donde se encuentran las compañías matrices de las CTN impiden que los estados puedan cumplir su obligación de proteger los derechos humanos y ejecutar las decisiones judiciales de forma eficaz.

Asimismo, los estados de origen de las CTN (o aquellos donde se encuentran las entidades legales que las controlan) incumplen muy a menudo sus obligaciones extraterritoriales de proteger y respetar los derechos humanos,  ejerciendo influencia en los procesos de redacción de leyes para que estas sean favorables a las inversiones de sus «compañías nacionales», que vulneran los derechos humanos fuera de sus fronteras nacionales.

Un obstáculo más a la hora de detener la impunidad y conseguir subsanaciones para las víctimas emana de la complejidad de las cadenas globales de suministro, donde la fabricación y los servicios se subcontratan a niveles distintos. Actualmente, resulta difícil determinar la responsabilidad de las distintas entidades legales implicadas en abusos de los derechos humanos, como puede ser el caso de las relaciones de tipo matriz-filiales, relaciones contractuales, relaciones de cadena de suministro o vinculación empresarial con compañías directamente implicadas en algún caso de abuso.[5]

Por último, pero no por ello menos importante, la inclusión de cláusulas de arbitraje en los acuerdos de comercio e inversión, como la solución de controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés),[6] ha permitido que las compañías puedan denunciar a los estados si éstos últimos deciden suspender la implementación de un acuerdo de comercio o inversión para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Los tribunales de arbitraje (mecanismos privados de justicia que excluyen la aplicación de los derechos humanos y el acceso a los sistemas de justicia tradicionales) están impidiendo que los estados cumplan sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, lo que está provocando violaciones sistemáticas de estos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y a la nutrición.[7]

Dada la impunidad de las corporaciones y el hecho de que los estados estén incumpliendo su obligación de respetar los derechos humanos internacionales, la sociedad civil está reclamando con más fuerza que nunca un instrumento (tratado) internacional vinculante.[8] Un grupo de trabajo intergubernamental a nivel de las Naciones Unidas lleva desde 2014 elaborando un instrumento que regule la actividad de las CTN y otras compañías comerciales respecto a los derechos humanos. Con suerte, este instrumento obligará a los estados a regular y sancionar las actividades de las CTN y otras compañías dentro de sus territorios o en otros países en los que puedan tener jurisdicción.[9] Con un tratado así, tanto las personas defensoras de los derechos humanos como los grupos de la sociedad civil pretenden poner fin a la impunidad corporativa y garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan recibir las subsanaciones adecuadas.

[1] Ana-Maria Suárez Franco y Daniel Fyfe. Este artículo se publicó por primera vez en FIAN “Right to Food Journal 2015”, vol. 10.

[2] Ilustrado por casos como el de Mubende y Benet en Uganda, el Hatillo en Colombia, Guarani Kaiowá en Brazil, y Sawhoyamaya en Paraguay. Más información aquí.

[3] Cedeno, Marcos Arana y  Xaviera Cabada. “Las políticas de nutrición, víctimas de las multinacionales y los conflictos de intereses: la epidemia de obesidad y diabetes en México” (en inglés) en Right to Food and Nutrition Watch 2015, Para casos de depresión relacionada con los pesticidas, consultar aquí.

[4] Para más información, De Schutter, Oliver, “Especulación con los productos alimentarios y los precios de los alimentos” (en inglés), septiembre de 2010.

[5] Este fue el caso del desastre de Rana Plaza en Bangladesh. Más información aquí.

[6] Por ejemplo, en el caso del acuerdo de comercio de la Asociación Trans-Pacífico (TTP). Más información aquí.

[7] Por ejemplo, el caso de Chevron contra la ciudadanía de Ecuador sobre la supuesta contaminación petrolera. Más información aquí.

[8] Por ejemplo, la Alianza del tratado, formada por un grupo cada vez mayor de organizaciones pro-derechos humanos, plataformas, movimientos sociales y comunidades afectadas. Más información aquí.

[9] Principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales, 2011, Principio 9, “Ámbito de jurisdicción”. Más información aquí.

Bloquear la gobernanza corporativa de los sistemas alimentarios

Ilustración – Daniel Pudles – www.danielpudles.co.uk

En este Boletín Nyéléni alzamos la voz contra las corporaciones transnacionales (CTN), contra el poder que están adquiriendo y contra el grave impacto que están ejerciendo en la vida de las personas. En el momento actual, en que las relaciones vuelven a ser coloniales, en que los actores privados (sobre todo las CTN) han debilitado y desdibujado el papel de los estados (especialmente en los espacios intergubernamentales para el diseño de políticas, incluida la ONU), debe descartarse con rapidez cualquier intento de establecer una gobernanza por múltiples partes interesadas.

El agua, las semillas, la tierra y otros recursos naturales esenciales se están convirtiendo, cada vez más, en elementos de negocio para un pequeño grupo de CTN. Esta “corporativización” se ha desarrollado en el contexto de iniciativas globales como la Iniciativa de Rediseño Global (Global Redesign Initiative, GRI), encabezada por el Foro Económico Mundial (FEM). Esto representa una privatización cada vez mayor de la gobernanza de los sistemas alimentarios y la nutrición de los pueblos, y las iniciativas basadas en esta «lógica» de la GRI, como Scaling-Up Nutrition (SUN), Coastal Fisheries Initiative (CFI) o la Nueva Alianza Para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África, del G8, son claramente soluciones inútiles para los pueblos.

Tales iniciativas también erosionan el papel de los estados en los espacios políticos internacionales y, en consecuencia, debilitan la soberanía de los pueblos al poner la especulación privada por encima del interés público. Esto provoca una especie de «colonialismo corporativo», donde incluso el mapeo genético de las semillas (propuesto por “DivSeek”) termina por ser una forma de despojar a las y los campesinos de sus derechos.

Además de lo anterior, la inexistencia de políticas públicas y de compromiso estatal con las obligaciones de respeto a los derechos humanos ha provocado que las CTN prosigan con sus actividades con total impunidad. Como se refleja en esta edición, los delitos cometidos por las CTN contra comunidades de Nigeria, o la privatización de ciudades en Honduras, muestran cuán urgente resulta que los estados empiecen a regular las acciones de las CTN. Por esta misma razón, la sociedad civil hace un llamamiento para crear un instrumento vinculante a nivel internacional que regule totalmente y sancione las actividades de las CTN, como primer paso para proteger y reafirmar la soberanía de los pueblos del mundo.

Junto con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, debemos trabajar para reinventar y reconstruir espacios políticos públicos a nivel local, nacional, regional e internacional. Sólo a través de una unión sólida entre estos ámbitos podrá ejercerse la soberanía de los pueblos en todo el mundo.

Sofia Monsalve, FIAN International

Gobernanza corporativa de los sistemas alimentarios, núm. 25

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