Voces desde el campo 1

Marruecos: apropiación de la soberanía alimentaria para los mercados

Ali Aznague, Red Siyada

En la región árabe, la agricultura es el centro de las políticas neoliberales que conceden generosas subvenciones financieras a los grandes inversores al tiempo que marginan a los pequeños agricultores. La Organización Mundial del Comercio, las principales instituciones donantes (como el FMI y el Banco Mundial) y los acuerdos amplios de libre comercio han agravado esta situación.

En Marruecos, la política agrícola consta de dos planes estratégicos destinados a fomentar la agricultura comercial y orientada a la exportación: “El Plan Verde (2008/2018)” y “La Generación Verde (2020/2030)”. Irónicamente, el gobierno mantiene el concepto de “soberanía alimentaria” pero lo despoja de su contenido político y social. Del mismo modo, las políticas agrícolas de la República Árabe de Egipto, como el artículo 79 de la Constitución de 2014, describen los principios de la soberanía alimentaria; sin embargo, las prácticas reales siguen una lógica de mercado en lugar del potencial emancipador de la soberanía alimentaria.

La situación en la región árabe es cada vez más difícil y compleja debido al aumento de los precios de los alimentos, el resurgimiento de las fuerzas contrarrevolucionarias y la guerra de exterminio israelí contra el pueblo palestino. Por lo tanto, es urgente construir un movimiento agrícola militante contra el hambre y la mercantilización de los alimentos, y aumentar la presión para que se adopten los principios reales de la soberanía alimentaria, no solo en palabras, sino en acciones. El lema principal de la “Red Siyada en la Región Árabe” consiste en establecer relaciones de asociación con los países del Sur Global basadas en la cooperación y en romper con la dependencia alimentaria.

Voces desde el campo 2

Política india de apoyo a los precios

Nandini Jayaram, Asociación de Agricultores del Estado de Karnataka (KRRS), India

En los años 60 India sufrió una escasez de alimentos que llevó al gobierno a adoptar medidas para impulsar la productividad agrícola. En esa época comenzó la política de apoyo a los precios, con la creación en 1965 de la Comisión de Precios Agrícolas, reconstituida posteriormente como Comisión de Costes y Precios Agrícolas (CACP por sus siglas en inglés) en marzo de 1985. Este organismo anuncia el Precio Mínimo de Apoyo (PMA) de 23 cultivos, incluidos los cereales, las legumbres, las semillas oleaginosas y los cultivos comerciales, antes de cada temporada agrícola.

El PMA actúa como red de seguridad para los agricultores, garantizando un precio justo por sus cosechas, incluso si los precios de mercado caen por debajo de un determinado umbral. También persigue incentivar la producción de cultivos clave, evitando la escasez de alimentos básicos. El gobierno adquiere cereales alimentarios al precio PMA para distribuirlos a través del Sistema de Distribución Pública, subvencionando la alimentación de millones de personas. Se trata sin duda de una política que promueve la soberanía alimentaria.

Los movimientos de agricultores exigen desde hace tiempo que la CACP revise los cálculos de costes e incluya los arrendamientos y los intereses de las tierras en propiedad y los activos fijos de capital, y los ajuste a la inflación. También queremos dotar al PMA de una garantía legal que impida las compras por debajo del precio anunciado. En la actualidad, el PMA carece de respaldo legal, lo que obliga a muchos agricultores a vender sus cosechas a precios más bajos debido a la inadecuación de los mecanismos de adquisición y a problemas de acceso al mercado.

Voces desde el campo 3

Ley de orientación agrícola de Malí

Ibrahim Sidibe, CNOP, Malí

Malí regula los mercados de forma general, y para el comercio de productos agrícolas hace recaer esta responsabilidad sobre la Ley de Orientación Agrícola (LOA) y la Política de Desarrollo Agrícola (PDA). Promulgada en 2006, la LOA abarca todas las actividades económicas de los sectores agrícola y peri-agrícola, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y la piscicultura, la acuicultura, la apicultura, la caza, la silvicultura, la recolección, la transformación, el transporte, el comercio, la distribución y otros servicios agrícolas, así como sus funciones sociales y medioambientales. Su objetivo es garantizar la soberanía alimentaria y convertirse en el motor de la economía nacional con vistas a garantizar el bienestar de las poblaciones.

La Política de Desarrollo Agrícola se basa en la responsabilidad del Estado, de las colectividades territoriales, de los profesionales de la agricultura, los agricultores y la sociedad civil. Incide en la promoción de la soberanía alimentaria, la reducción de la pobreza rural, la promoción social de las mujeres, los jóvenes y los hombres de las zonas rurales y suburbanas, los partenariados y la creación de mercados comunes dentro de las grandes entidades económicas a escala subregional, regional e internacional. Desde 2008, siguiendo la evolución de los contextos nacionales e internacionales (como la Declaración de París y las nuevas modalidades de ayuda al desarrollo), Malí y sus Socios Técnicos y Financieros se han comprometido formalmente a adoptar un enfoque sectorial para el sector agrícola. Actualmente, las ventas institucionales u organizativas no están formalizadas, y aún estamos en proceso de negociar un marco adecuado.

Voces desde el campo 4

Ley española de la cadena alimentaria

Andoni García, COAG, España

La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en España en 2013, pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria exigiendo contratos por escrito para los productores con inclusión de los precios. En febrero de 2020 la ley se modificó para incluir la exigencia legal de que los precios pagados a lo largo de la cadena alimentaria, empezando por los agricultores, cubrieran los costes de producción. Este cambio se produjo tras las protestas de las organizaciones agrícolas que exigían precios justos. En diciembre de 2021, la ley se volvió a modificar para incorporar la Directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales así como varias propuestas de COAG, con lo que se consiguieron importantes elementos reguladores dentro del marco político europeo.

Dos instrumentos clave velan por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que recoge denuncias de agricultores y otras entidades, realiza inspecciones sobre abusos en materia de precios, cuestiones contractuales y otros abusos, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que realiza estudios de precios y costes en toda la cadena de valor de cada producción agrícola y ganadera. La reforma de 2021 también prohíbe la venta a pérdidas por parte de los grandes distribuidores, garantizando que los productos no puedan venderse por debajo del precio de compra. Sin embargo, la ley se enfrenta a limitaciones por las leyes de competencia, que impiden la negociación colectiva de precios, la fijación de precios o la vinculación estricta de los estudios de costes y precios a los contratos. Además, el objetivo de la ley es proteger a cada agricultor y ganadero individualmente, no colectivamente, salvo ciertas excepciones para las cooperativas.

Voces desde el campo 5

Mercados territoriales en Colombia

Juliana Millán, RENAF, Colombia

En RENAF hemos creado una campaña para identificar los mercados territoriales de todo el país, potenciando su visibilidad y su éxito conjunto. El objetivo es comprender y compartir las múltiples formas de funcionamiento de estos diversos mercados, sus diversas formas de asociación y producción, incluida la producción tradicional que no necesita ni utiliza agroquímicos. El acceso a esta información refuerza a los miembros de RENAF y a otros pequeños productores de la región, y también ha facilitado las respuestas colectivas en red ante crisis como la del COVID-19, potenciando los mercados territoriales y permitiendo su supervivencia, y mejorando la diversidad ecológica de los alimentos.

Voces desde el campo 6

Sistema canadiense de gestión de suministros

Cathy Holtslander, Sindicato Nacional de Agricultores, Canadá

El sistema canadiense de gestión de la oferta proporciona estabilidad en los sectores de los productos lácteos, las gallinas ponedoras (huevos), los pollos de engorde, los pavos y los huevos para incubar, controlando la cantidad producida, evitando la escasez e impidiendo que las importaciones a bajo precio hagan dumping en el mercado canadiense. Una fórmula de fijación de precios transparente y basada en los costes de producción garantiza a los ganaderos unos ingresos justos. Como resultado, Canadá no experimenta grandes fluctuaciones de la oferta ni los precios – ni la necesidad de subvenciones masivas del gobierno a los agricultores.

Las explotaciones siguen teniendo un tamaño pequeño o moderado, sobre todo si se compara con el de estos productos en Estados Unidos. Dentro del marco legislativo federal se establecen las normas provinciales, y cada producto básico posee su  junta provincial de comercialización, dirigida por agricultores elegidos para ello. La gestión de la oferta permite a los agricultores invertir en equipos, formación, cría de animales, genética y gestión de la tierra de cara al futuro, al tiempo que les exige producir la cantidad adecuada de producto en el momento oportuno y cumpliendo las normas de calidad.

El sistema también aísla a los productos lácteos, los huevos y las aves de corral de las fluctuaciones del tipo de cambio y otras perturbaciones que afectan a los sectores del sistema agroalimentario orientados a la exportación y dependientes de las importaciones. También evita competir por los mercados de agricultores de otros países que suministran alimentos a sus propias poblaciones.

El sistema es objeto de ataques frecuentes de las naciones productoras de leche dependientes de la exportación (EE.UU., Europa, Nueva Zelanda, Australia, Argentina), para acceder al mercado canadiense. Dentro de Canadá, el sistema sufre los ataques de los actores empresariales, no solo para forzar que se pague a los agricultores precios por debajo del coste de producción (lo que beneficia a los fabricantes de alimentos), sino para tener una moneda de cambio para obtener concesiones para otros sectores en las negociaciones comerciales.

Algunos pequeños agricultores que comercializan directamente desearían que el sistema fuera más flexible. Para mejorar su capacidad de hacer frente a estos retos, las juntas de gestión de la oferta pueden mejorar y ampliar los mecanismos dirigidos a los nuevos participantes para facilitar el acceso a las cuotas de producción, y fomentar sistemas de producción alternativos que promuevan la renovación, la resistencia y la respuesta a los deseos de diversidad de los consumidores, así como desarrollar un “enfoque basado en tres criterios” en las fórmulas de fijación de precios de los costes de producción, para evitar la externalización de los costes medioambientales y sociales.  

Cuadro 1

Un sistema comercial cuya prioridad sean los derechos de los campesinos, la colaboración y no la competencia

En el pasado se han realizado esfuerzos para construir un sistema comercial equitativo y basado en el desarrollo. Un ejemplo notable es la Carta de La Habana, que pretendía garantizar el pleno empleo y la industrialización nacional, en el orden comercial internacional de posguerra. Trató de establecer normas globales para el comercio, la inversión, los servicios y las prácticas empresariales y laborales. Sin embargo, sufrió la presión de los lobbies empresariales y de Estados Unidos, y fue abandonada y sustituida por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que acabó convirtiéndose en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra iniciativa importante es el Sistema Mundial de Preferencias Comerciales (SMPC), establecido hace más de tres décadas por el Grupo de los 77, una coalición de países en desarrollo. El SMPC persigue impulsar el comercio entre los países en desarrollo. A finales de 2022, Brasil ratificó los compromisos contraídos en el marco del SGMC, lo que reavivó el interés internacional por el acuerdo, que ahora sólo necesita una ratificación para entrar en vigor. Sin embargo, estas iniciativas se ven a menudo limitadas por el marco neoliberal imperante, que se centra en promover el comercio de productos agroindustriales y bienes manufacturados de alta intensidad tecnológica.

Lo esencial ahora es un marco alternativo que incida en la cooperación y la colaboración en lugar de la competencia, y en la solidaridad en lugar de las sanciones. Este marco debe apoyar las economías rurales, permitir que prosperen sistemas alimentarios diversos y garantizar que los derechos de los campesinos, los pueblos indígenas, los trabajadores -tanto de las zonas rurales como urbanas- y los migrantes, ocupen un lugar central en el comercio transnacional.

Cuadro 2

Breve historia de las juntas de comercialización agraria

El desmantelamiento de las juntas públicas de comercialización ha sido uno de los principales rasgos del cambio en la política agraria, que ha pasado de un desarrollo dirigido por el Estado a otro dirigido por el mercado.

Históricamente, el historial de las juntas de comercialización ha sido desigual. Muchas de ellas eran de carácter extractivo, utilizadas por los gobiernos para exprimir los excedentes de sus poblaciones agrícolas y contener los salarios urbanos a través de la restricción de los precios de los alimentos básicos. Esto se debe al contexto geopolítico particular en el que surgieron muchas de ellas en los años sesenta y setenta, una época en la que las estrategias de desarrollo favorecían en gran medida la industrialización. Las juntas de comercialización también han sido utilizadas por regímenes corruptos y autoritarios como medio para consolidar el poder mediante la colocación de cargos políticos en sus Consejos.

A pesar de algunos de estos defectos, las juntas de comercialización desempeñaron funciones valiosas. Muchas veces fueron un instrumento importante para garantizar la distribución de alimentos básicos. Por ejemplo, la antigua agencia de comercialización de granos de México, CONASUPO (siglas de Compañía Nacional de Subsistencias Populares), ofrecía un precio de compra oficial para los granos de la canasta básica, que amortiguaba las oscilaciones del mercado internacional y la competencia subvencionada. Las juntas de comercialización siguen funcionando en varios países, sobre todo en el África subsahariana, donde se encargan de la mayor parte de la comercialización y distribución de los cultivos de exportación.

Las críticas que suelen hacerse a las juntas de comercialización también deben sopesarse con las alternativas. Los monopolios estatales en los sistemas de comercialización agrícola han sido sustituidos en gran medida por las prácticas oligopolistas de los comerciantes y minoristas multinacionales de alimentos. Por lo tanto, existe un amplio margen para reflexionar (de nuevo) sobre los puntos fuertes y débiles de las juntas públicas de comercialización.

Más información aqui.

Cuadro 3

Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa

La oleada de protestas de agricultores que ha recorrido Europa en los últimos meses, en Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Grecia, Polonia, Rumanía y Lituania, entre otros, ha puesto en marcha nuevos llamamientos a replantear el enfoque europeo de la regulación de los mercados agrícolas y alimentarios.

Aunque las políticas, preocupaciones y demandas concretas varían de un país a otro, todas estas protestas responden al extraordinario desfase entre precios y costes que los agricultores están sufriendo: en 11 países de la UE, los precios pagados a los agricultores cayeron más de un 10% entre 2022 y 2023. La precariedad económica que sufren los agricultores debe situarse en el contexto de la crisis estructural a largo plazo de la agricultura europea.

Es evidente que el marco político actual de la UE, en particular la Política Agrícola Común (PAC), no ha sido capaz de hacer frente a la magnitud del reto actual de garantizar precios justos y rentas dignas para los agricultores. Esto no siempre ha sido así. Antes, la PAC desplegaba toda una panoplia de instrumentos destinados a mantener precios relativamente altos y estables para los agricultores productores de alimentos considerados estratégicos, a fin de garantizar una producción suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de las poblaciones europeas y precios razonables para los consumidores. A partir de 1992, para cumplir los compromisos del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio, casi todos estos instrumentos fueron abandonados,  y los instrumentos de regulación del mercado fueron sustituidos por ayudas directas a la renta de los agricultores. Con el tiempo, estas ayudas se supeditaron al cumplimiento de un número cada vez mayor de normas.

¿Qué lecciones pueden extraerse de los éxitos y fracasos de las políticas de regulación de los mercados agrícolas en el pasado, en Europa y en otros lugares del mundo, para reconstruir la PAC sobre la base de la soberanía alimentaria y permitir la transición agroecológica?

Esta cuestión clave será el tema central de una conferencia pionera que se celebrará bajo el título “Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa”, organizada por la Coordinadora Europea Vía Campesina con otros socios. Programada para los días 3 y 4 de marzo de 2025 en Bruselas, la conferencia reunirá a académicos, campesinos y pequeños y medianos agricultores de toda Europa para promover la construcción conjunta del conocimiento al servicio de una nueva PAC adecuada a sus fines.

Más información sobre la conferencia aqui.

Destacado 1

Ya es hora de cambiar nuestro modo de comerciar a nivel mundial

Los movimientos sociales, entre ellos La Vía Campesina, han luchado desde su creación contra el libre comercio, en particular contra la OMC, uniendo a organizaciones campesinas de todo el mundo. Nos hemos movilizado en ciudades como Seattle, Cancún, Hong Kong, Buenos Aires y Ginebra. Estas luchas han contribuido significativamente a la crisis actual de la OMC, que se encuentra estancada desde los acuerdos de Doha de 2001.

A pesar de estas victorias, el libre comercio sigue perjudicando al campesinado mundial. El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC de 1995 sigue autorizando las agresivas políticas comerciales de Estados Unidos y la UE, al tiempo que criminaliza la regulación de los mercados y el apoyo a los pequeños productores de muchos países del Sur. Además, han proliferado los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y regionales, que: han exacerbado la destrucción de la regulación del mercado y han abierto los mercados a las importaciones agroindustriales (incluidos los cultivos transgénicos); han promovido normas más estrictas sobre la propiedad intelectual (ADPIC+), incluida la ejecución con sistemas de sanción penal a los infractores; y han consolidado el control empresarial sobre la tierra mediante el desmantelamiento de la propiedad colectiva de la tierra. Todo ello ha reforzado el control de las empresas transnacionales sobre los sistemas alimentarios y ha agravado la pobreza de los campesinos.

Desde 1995, la dependencia del comercio agrícola internacional ha ido en aumento. No obstante, hay que recordar que esta dependencia sigue siendo muy relativa, ya que sólo el 15% de la producción mundial de alimentos pasa por los mercados internacionales. Sin embargo, las demandas formuladas por los representantes de La Vía Campesina para que los gobiernos abandonen la OMC son sistemáticamente rechazadas, incluso por parte de aquellos que comparten nuestros valores. Los gobiernos consideran impensable y potencialmente desastroso romper los lazos con el comercio internacional.

En junio de 2022, durante las manifestaciones contra la OMC en Ginebra, los movimientos sociales pusieron de manifiesto la extrema fragilidad de la institución. Los países del Sur siguen protestando contra las normas comerciales injustas, en particular el Acuerdo sobre la Agricultura. Este proceso ha sido liderado por India, que defiende su modelo de regulación del mercado. En medio de intensos conflictos geopolíticos, aumentan las críticas al orden comercial dominado por Occidente. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, en Ginebra se acordó, aunque por la mínima,  mantener la OMC. la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, intenta salvar la institución con propuestas de reforma.  Sin embargo, la reforma de la OMC está condenada al fracaso por sus propias contradicciones internas, y tarde o temprano desaparecerá. Los movimientos sociales deben contribuir a su desaparición proponiendo un nuevo marco para el comercio internacional que los países puedan adoptar sin miedo al aislamiento. Esta alternativa ofrecería un sistema más equitativo en beneficio de las poblaciones mundiales.

El objetivo es crear una herramienta de debate y de negociación para los gobiernos, especialmente los del Sur, descontentos con las normas injustas de la OMC, animándoles a negociar un nuevo marco comercial internacional. Para lograrlo, este proceso y nuestras propuestas deben ser bien comprendidos y apoyados por las organizaciones campesinas y de pequeños agricultores y sus aliados. El proceso debe ser inclusivo, con un lenguaje accesible y una formación interna intensiva.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) sirve de profunda inspiración para este trabajo. Esta no solo respondió a un proceso interno dentro de La Vía Campesina para construir una herramienta apoyada por las organizaciones campesinas a nivel mundial, sino que fue un proceso diplomático con la participación de instituciones (como el Consejo de Derechos Humanos para UNDROP, la UNCTAD, la FAO y otros para el marco del comercio internacional) y de Estados (Bolivia tuvo un papel clave en UNDROP). La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó 17 años en aprobar el UNDROP. Igualmente este trabajo sobre el comercio llevará tiempo. Somos campesinos, la paciencia y la resistencia son nuestras señas de identidad, y no nos asusta el largo recorrido.

Es esencial un marco de comercio internacional basado en la soberanía alimentaria. Debemos construirlo, paso a paso desde abajo, convenciendo a los gobiernos y a las instituciones de la ONU de que ha llegado el momento de crear un comercio internacional por y para el pueblo.

Destacado 2

Mercados territoriales: Cadenas alimentarias que construyen comunidades más fuertes

Más allá del enorme poder y visibilidad de las cadenas alimentarias empresariales, los mercados de proximidad desempeñan en realidad un papel vital. Alejados de los focos empresariales, y con mucho menos apoyo y recursos, alimentan a gran parte del mundo y han demostrado ser mucho más resistentes a las crisis y las conmociones.

Un nuevo informe publicado por IPES-Food revela que los mercados y las cadenas alimentarias locales impulsan la seguridad alimentaria y la resiliencia, proporcionan alimentos nutritivos a las poblaciones más pobres, apoyan los medios de subsistencia, protegen el medio ambiente y fortalecen las comunidades. Entre los “mercados territoriales” existe una amplia gama de realidades en todo el mundo, desde mercados públicos a vendedores ambulantes, cooperativas, agricultura urbana, cocinas comunitarias, venta directa en línea y muchos más.

Aunque la agroindustria utiliza más de dos tercios de la tierra y los recursos agrícolas, y sigue pretendiendo que alimenta al mundo, los datos muestran que fuera de las cadenas empresariales se suministran enormes volúmenes de alimentos frescos, a menudo directos al consumidor: En el África subsahariana y Asia los pequeños agricultores y las explotaciones familiares producen el 80% de los alimentos, mientras que las cadenas mundiales sólo representan entre el 15% y el 20% del consumo total de alimentos. En Dhaka (Bangladesh), más de 400 mercados alimentan cada día a más de 25 millones de personas, y el 95% de los pobres urbanos de esta ciudad compran la mayor parte de sus alimentos en estos mercados de alimentos frescos. En México, los mercados al aire libre y tradicionales representan la mitad de toda la fruta y verdura que se vende al por menor: en Kenia, Zambia y Nicaragua, supera el 90%.

En contraposición con esto, hemos asistido en los últimos tiempos a la pandemia, la invasión de Ucrania, y la escalada de las crisis climáticas que conducen al caos de la cadena de suministro, la volatilidad de los precios de los alimentos, los estantes vacíos, y un aumento de los niveles de hambre. En tiempos de crisis, las cadenas alimentarias empresariales tienden a romperse, mientras que el suministro localizado de alimentos ofrece una solución mucho más adaptable y equitativa. Además, los mercados territoriales apoyan los medios de subsistencia de millones de pequeños productores y nutren culturas alimentarias sólidas y tradiciones terapéuticas diversas de forma más sostenible. Reúnen a la gente, abren espacios para la educación popular y fortalecen el tejido social. En todo el mundo está creciendo el interés por la variedad de vibrantes sistemas de aprovisionamiento de alimentos que existen más allá de las cadenas alimentarias globales y del control empresarial.

Sin embargo, los mercados territoriales están aportando estos beneficios a contracorriente de políticas y condiciones económicas desfavorables. En todo el mundo, la inversión y el apoyo gubernamental se han desviado hacia la agricultura industrial de exportación, el comercio mundial y las infraestructuras a gran escala. Mientras tanto, los mercados informales y los vendedores ambulantes carecen de servicios básicos como agua potable e instalaciones sanitarias, teniendo que afrontar normas sanitarias e higiénicas inadecuadas y orientadas a las empresas, así como al riesgo de cierres violentos y desalojos. A menudo, los mercados mayoristas se han visto privados de inversiones públicas. 

A escala global no se cubre el 70% de las necesidades de financiación de los pequeños agricultores, y en África menos del 10% tiene acceso al crédito formal. Al no disponer de instalaciones de almacenamiento adecuadas, se ven obligados a vender a precios bajos cuando hay exceso de oferta en el mercado. Los compradores institucionales, como escuelas y hospitales, carecen de capacidad de procesamiento in situ, lo que les obliga a recurrir a grandes empresas para suministrarse.

Está claro que es urgente invertir en los mercados territoriales. También existe un enorme potencial de fomento y apoyo de estos mercados por parte de los gobiernos, para que se conviertan en una piedra angular de la seguridad alimentaria, las economías vibrantes y la resiliencia climática en los próximos años.

Más información en el nuevo informe de IPES-Food : Alimentos con los pies en la tierra

Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria 

Ilustración: Marcia Miranda

El orden comercial internacional actual fue establecido con el fin de apoyar la expansión de las empresas transnacionales y mantener el control de las potencias coloniales sobre los recursos naturales del mundo.

La Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial y los acuerdos de libre comercio han sido utilizados para desmantelar las políticas nacionales que garantizaban la soberanía de los pueblos sobre los recursos nacionales y los mercados locales. Por este motivo,  esta edición del Boletín Nyéléni analiza el impacto del actual sistema de comercio mundial sobre las políticas nacionales, especialmente las que garantizan precios justos para los productores y consumidores de alimentos.

Estamos luchando por reconstruir la soberanía alimentaria, es decir, por cambiar el sistema de comercio mundial y permitir que los países desarrollen políticas que garanticen medios de vida dignos para todas las personas, en particular para los pequeños productores de alimentos. Precios mínimos de apoyo, inversiones en existencias públicas, gestión de la oferta, compra pública de alimentos, etc.: hay muchos ejemplos inspiradores de políticas públicas que aseguran unos ingresos justos a la población rural, garantizando un debate democrático, que no quede en manos de los “mercados”, sobre el modo de organizar nuestros sistemas alimentarios.

Esta edición del Boletín Nyéléni exige acabar con el modelo explotador de expansión del capital a través de los acuerdos de libre comercio. En ella se explora la urgente necesidad de romper la hegemonía del libre comercio y construir una alternativa que defienda la solidaridad, el internacionalismo y respete la diversidad, la autonomía y la soberanía alimentaria de naciones y comunidades.

La Vía Campesina, Grupo ETC,  Transnational Institute

Un nuevo marco comercial, núm. 57

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