Voces desde el campo 1

La arquitectura mundial de la deuda viola los derechos humanos

La Vía Campesina Ecuador

Actualmente, Ecuador tiene un préstamo de 8.705 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que le convierte en el cuarto país más endeudado a nivel mundial. En el 23º acuerdo entre Ecuador y el FMI se describe el préstamo como un apoyo a las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y salvaguardar la dolarización. También se pretende avanzar en un programa  de reformas estructurales.

Sin embargo, organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil han cuestionado el préstamo y alertado sobre los impactos de las medidas y condiciones impuestas por el FMI. Entre sus principales acuerdos están la eliminación de los subsidios a los combustibles, costes laborales, una nueva reforma tributaria y otras condiciones.

Reiteramos que esta arquitectura mundial de la deuda viola los derechos humanos, sumiendo en la pobreza y el endeudamiento a campesinos, pueblos indígenas y a toda la clase trabajadora. Denunciamos también la ola de criminalización, estigmatización y persecución que padecemos, intensificada por nuestra lucha y resistencia en defensa de una vida digna. Muchos dirigentes y representantes de movimientos sociales están siendo procesados y corren peligro, mientras se avecinan complejas medidas cuyo coste social será elevadísimo.

Voces desde el campo 2

El FMI y el Banco Mundial han intensificado la presión para privatizar la tierra en Sri Lanka

Anuka Vimukthi MONLAR, Sri Lanka

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo de reestructuración de la deuda con acreedores internacionales, sin discusión pública ni debate parlamentario. Este acuerdo secreto daba prioridad al pago de la deuda sobre los derechos y el bienestar de nuestro pueblo.

Durante años, a través de programas de ajuste estructural, las instituciones financieras internacionales han empujado a Sri Lanka hacia una agricultura orientada a la exportación. Estas reformas han favorecido la agroindustria y la agricultura intensiva en capital, y nos ha dejado a los campesinos y pequeños pescadores dependientes de los mercados de semillas, fertilizantes, redes y barcos, erosionando nuestra autonomía y nuestros sistemas alimentarios.

Ahora, bajo el 17º programa del FMI, la carga de la estabilización económica ha recaído sobre los más pobres. Las medidas de austeridad, entre ellas la fijación de precios de la energía con recuperación de costes, prácticamente han triplicado los costes del combustible y la electricidad, devastando los medios de vida. El aumento de los impuestos sobre equipos e insumos ha sumido a muchos campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

Hace mucho tiempo que el FMI y el Banco Mundial presionan para que se privaticen los mercados de la tierra. Con este último programa han vuelto a exigirlo, lo que hace temer un desposeimiento masivo de tierras.

Como miembro de MONLAR formo parte de un creciente movimiento de resistencia frente a estas medidas injustas. Estamos intensificando nuestra campaña e instando al gobierno a que reconozca la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos.as y trabajadores.as rurales como elementos centrales de la política agrícola y económica de Sri Lanka.

Voces desde el campo 3

El impago de la deuda de Kenia dio lugar a acuerdos de libre comercio que criminalizan a los campesinos.as

Susan Owiti, Liga de Campesinos de Kenia

La deuda pública de Kenia es ingente. En 2024 el ratio deuda/PIB del país rondaba el 68%.

Actualmente, el servicio de la deuda del gobierno keniano consume cerca del 48% del presupuesto nacional y alrededor del 55% de los ingresos del país. Esto afecta directamente a los campesinos.as, ya que los fondos destinados a apoyar los derechos de los campesinos en Kenia son desviados al servicio de la deuda.

También significa que las familias se ven obligadas a pedir prestado para sobrevivir e incluso pagar servicios que han sido privatizados. El aumento de los costes, la deuda creciente y la fuerte presión de los prestamistas están empujando a los hogares a una crisis cada vez más profunda. A medida que el Estado elimina o recorta todas las subvenciones e incentivos existentes, los agricultores, atrapados en un sistema agrícola convencional que depende de plaguicidas y fertilizantes, se endeudan aún más. A falta de planificación estatal o de apoyo a una transición agroecológica significativa, muchos campesinos quedan a merced del mercado, que les falla sistemáticamente.

El incumplimiento por parte de Kenia de sus obligaciones de servicio de la deuda condujo a la negociación de acuerdos de libre comercio que promueven leyes que criminalizan el modo de vida campesino, como la Mung Bean Bill, (que criminaliza el cultivo sin licencia del mungo, un tipo de frijol), o la Ley de Semillas y Variedades Vegetales. Otro ejemplo es la actual Asociación Estratégica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Kenia, entre cuyas condiciones estaba el levantamiento de la prohibición de los OMG.

Voces desde el campo 4

Argentina se aparta de la soberanía alimentaria

Diego Montón, Movimiento Campesino Indígena Argentino, MNCI Somos Tierra

En marzo de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una reestructuración de la deuda argentina, concediéndole ilegalmente 20.000 millones de dólares. Estos se suman a los 41.052 millones de dólares prestados en 2018.

La deuda argentina representa el 30% del total de los préstamos del FMI, lo que convierte a este país en el mayor deudor. Su deuda representa casi el 10% del producto interior bruto: es impagable. Cabe preguntarse, ¿por qué el FMI sigue prestando a Argentina? Laura Richardson, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, declaró en un acto del Atlantic Council: «América Latina es clave porque tiene agua, alimentos, petróleo y el 60% del litio del mundo.» Javier Milei promulgó un régimen de inversiones (RIGI) que otorga amplios beneficios al capital financiero, sin impuestos ni regulaciones. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, instó a los argentinos a votar para seguir en esa dirección.

Más allá de la reestructuración que conlleva cada acuerdo con el FMI, la deuda obliga a los Estados a permitir el extractivismo. La única vía que tiene hoy Argentina es organizarse y luchar para repudiar la deuda con el FMI y avanzar juntos hacia la soberanía alimentaria, la independencia económica y la justicia social.

Cuadro 1

El sistema financiero mundial dicta la liberalización del comercio: Una llamada a volver a imaginar el comercio entre países

La institucionalización del neoliberalismo se produjo con el Consenso de Washington, impuesto por el FMI y el Banco Mundial mediante préstamos condicionados. Entre sus políticas básicas estaban la liberalización del comercio, la privatización de las empresas estatales, los recortes del gasto público, la desregulación y la nueva regulación sesgada hacia las empresas. La Organización Mundial del Comercio (OMC) refuerza aún más estos principios mediante acuerdos comerciales mundiales que favorecen al capital transnacional.

La Vía Campesina (LVC) surgió como una fuerza mundial de resistencia campesina a las reformas neoliberales y a la OMC. Aunque las movilizaciones campesinas han contribuido a frenar los avances de la OMC desde 2001, su Acuerdo sobre la Agricultura de 1995 permite aún hoy que naciones poderosas como Estados Unidos,  y la UE, impulsen programas comerciales agresivos que penalizan el apoyo a los pequeños productores de alimentos. Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales han agravado aún más la pobreza rural. Estos sistemas comerciales restringen la aplicación de políticas de soberanía alimentaria por parte de los gobiernos -tanto del Norte como del Sur. Califican a la regulación de los mercados nacionales, las ayudas a los precios para los pequeños productores de alimentos y la contratación pública de «distorsionadores del comercio» , priorizando el acceso de las empresas por encima del interés público.

En los últimos dos años han estallado protestas campesinas en más de 65 países, lo que señala la necesidad de un nuevo sistema comercial. LVC está iniciando una campaña para construir un nuevo marco mundial para el comercio agrícola entre países, basado en principios de cooperación y solidaridad transnacional y que defienda la soberanía alimentaria de cada país. Es importante que los movimientos de pequeños productores de alimentos y trabajadores, y todos aquellos comprometidos con la soberanía alimentaria, se unan a este esfuerzo colectivo para construir una alternativa económica real. Para más información: www.viacampesina.org  

Cuadro 2

El papel de la financiarización como motor del acaparamiento de tierras

La financiarización desempeña un papel central en el aumento del acaparamiento de tierras y de recursos naturales a escala mundial; impulsa la concentración de la tierra y socava la capacidad de las comunidades para alimentarse a sí mismas y a otros. Desde la crisis financiera de 2008-09, la tierra se ha tratado cada vez más como un activo financiero. Alrededor de 65 millones de hectáreas han sido adquiridas en todo el mundo; entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, seguros y dotaciones han invertido alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras de cultivo. En 2018 estas entidades representaban el 45% de las inversiones totales en tierras agrícolas.

Las crisis ecológicas actuales -cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas- tienen su origen en la extracción capitalista. No obstante, los actores financieros y empresariales ahora sitúan estas crisis como oportunidades de inversión. Funciones naturales como el almacenamiento de carbono se rebautizan como «servicios ecosistémicos», se les asigna un valor económico y se comercializan. El valor estimado de estos llamados «activos naturales» es de 4.000 billones de dólares. Los mercados del carbono y la biodiversidad, en particular, han impulsado una nueva oleada de «acaparamientos verdes», y cerca del 20% de los acuerdos actuales de compraventa de tierras a gran escala están vinculados a la bioeconomía. Se prevé que los mercados de carbono por sí solos cuadrupliquen su valor en los próximos diez años, intensificando la presión sobre la tierra y despojando a las comunidades en nombre de la sostenibilidad y las pretensiones de «emisiones netas cero».

Cuadro 3

Desregulación y cambio neoliberal en la agricultura mundial

Mediante las condiciones impuestas a los préstamos y demás financiación, y el asesoramiento político, el FMI y el BM han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la financiarización, la desregulación de los mercados y la regulación favorable a las empresas en los sectores alimentario, agrícola y afines. El resultado ha sido el acaparamiento de tierras, una mayor exposición de los pequeños agricultores a la volatilidad de los precios, la concentración de los mercados y del poder financiero en manos del agronegocio y la expansión de la agricultura industrial contaminante.

Pakistán ha desregulado recientemente el sector del trigo, en línea con las condicionalidades del FMI, ha eliminado el Precio Mínimo de Apoyo y está liquidando la Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO)^[1] . En Argentina, las medidas de austeridad avaladas por el FMI han provocado despidos masivos y recortes en los servicios sociales, la desregulación del mercado alimentario y la desregulación de la Ley de Tierras Rurales. En Ecuador, la cría de camarones respaldada por el BM ha destruido los manglares y ha desplazado a las comunidades locales, poniendo de relieve los costes medioambientales y sociales de tales políticas.

Estos cambios en los marcos normativos no se limitan a los países en desarrollo, ni se imponen únicamente a través de las instituciones crediticias.

Un ejemplo ilustrativo son los Acuerdos de Blair House de 1992, acuerdos bilaterales clave sobre subvenciones agrícolas celebrados entre Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante estos acuerdos la UE puso fin a las cuotas de producción lechera. Muchos pequeños agricultores europeos se enfrentaron a una mayor competencia y a la inestabilidad de los precios. De ahí que entre 2007 y 2022 el número de pequeñas explotaciones en la UE disminuyera en un 44%, al tiempo que el número de mega-granjas aumentó en un 56%.

Los acuerdos de Blair House allanaron después el camino para el Acuerdo sobre la Agricultura^[2], el primer marco multilateral sobre comercio agrícola, que dictó los contornos de muchas negociaciones posteriores de Acuerdos de Libre Comercio de la OM- y permitió la globalización del agronegocio, marginando al campesinado. 

Las políticas de desregulación también han tenido un impacto considerable sobre el sector agrícola en Estados Unidos, en particular el desmantelamiento del modelo de precios de referencia^[3] y del sistema de gestión de la oferta basado en cuotas, que proporcionaba estabilidad a los pequeños agricultores.

La desregulación autónoma en los países ricos también ha contribuido a ampliar el poder de los mercados y actores financieros dentro de los sistemas alimentarios. Esto ha conducido al comercio especulativo, a precios récord de los alimentos, a una mayor volatilidad de los precios en todo el mundo y a la apertura de nuevos mercados para las semillas modificadas genéticamente.

Así pues está bastante claro que la ideología económica neoliberal que concede prioridad a los mercados financieros en detrimento de las personas, está profundizando la desigualdad, imponiendo medidas de austeridad que están debilitando las economías rurales y erosionando la rendición pública de cuentas. Las protestas en curso en varios países reflejan una creciente resistencia frente a la retirada del Estado de su obligación de servir a las personas, no a los mercados.

En todo caso, lo que necesitamos no es desregulación, sino más regulación del mercado para proteger los intereses de la gente.

[1] La Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO por sus siglas en inglés), entidad de propiedad estatal, compra trigo y otros cultivos básicos a precios de apoyo para garantizar un rendimiento justo a los productores de alimentos, mantener reservas estratégicas y estabilizar los precios de mercado.

[2] El Acuerdo sobre la Agricultura es un acuerdo de la OMC destinado a reformar el comercio de productos agrícolas. Se estableció durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y entró en vigor con la creación de la OMC en 1995.

[3] Conforme a los precios de referencia (parity pricing), el gobierno establecía precios de apoyo -por ejemplo, mediante precios mínimos o subvenciones- basados en el coste de los insumos y el nivel de vida de la época base, ajustados a la inflación.

Destacados 1

Implicaciones del sistema financiero mundial en la soberanía alimentaria

Una de las mayores amenazas para la soberanía alimentaria es el poder que ostenta el sistema financiero mundial sobre la economía real, los sistemas alimentarios y la gobernanza alimentaria y económica.  Desde la aparición del neoliberalismo en la década de 1980, se ha producido una expansión de los mercados financieros mundiales y el capital financiero se ha introducido en las economías nacionales y subnacionales a través de la banca, las microfinanzas y las inversiones extractivas y especulativas en sectores críticos como la alimentación, la tierra, la agricultura, el agua, la minería, la energía, la promoción inmobiliaria y la infraestructura física. Esto ha sido posible por los cambios en la reglamentación financiera y las tecnologías financieras digitales (fintech) que permiten el libre movimiento del capital entre las fronteras nacionales y a escala mundial, llegando a las comunidades por medio de aplicaciones bancarias/pagos digitales (a través de teléfonos móviles). Una amplia variedad de instrumentos financieros, desde fondos de pensiones, fondos de inversión y fondos de índice, hasta valores y derivados, han permitido a empresas y particulares obtener beneficios desproporcionados de estas inversiones, con enormes costes para la economía real, la biodiversidad, el medio ambiente, el empleo estable, el acceso a los alimentos y el clima. La globalización financiera ha permitido la especulación con los alimentos básicos y los productos agrícolas básicos -donde los operadores compran y venden contratos de futuros sobre materias primas alimentarias y/o apuestan por los precios de los futuros para obtener beneficios- aumentando la vulnerabilidad mundial frente a las crisis financieras y alimentarias recurrentes.

Las crisis financieras ocasionan graves repercusiones negativas a los pequeños proveedores.as de alimentos, los trabajadores.as y las comunidades rurales y urbanas pobres, en sus medios de vida, empleo, ingresos, soberanía alimentaria y salud, especialmente en el Sur Global. Los efectos se ven agravados por la escasez (o inexistencia) de medidas nacionales de protección social, mitigación del hambre y la malnutrición, asistencia sanitaria y alivio de la deuda, que son importantes amortiguadores frente a las crisis económicas. Durante décadas, los programas de ajuste estructural (PAE) y las medidas de austeridad elaboradas por el BM y el FMI, han atrapado a muchos países del Sur en círculos viciosos de endeudamiento, cuyos componentes básicos son la liberalización del comercio y la inversión, la privatización y la desregulación. Como contrapartida a los préstamos para mantener el funcionamiento de las economías nacionales y el acceso a los mercados mundiales de capital, el BM y el FMI siguen exigiendo recortes drásticos en las ayudas estatales para bienes y servicios esenciales, la eliminación de la protección a los trabajadores, los pequeños productores agrícolas y el medio ambiente, y reformas radicales de las políticas y normativas nacionales para ponerlas al servicio del sector empresarial y los mercados libres.

Los PAE y el neoliberalismo allanaron el camino para la financiarización de los alimentos, que conlleva una participación mucho mayor de las entidades financieras (bancos comerciales, fondos soberanos, fondos de inversión privados, empresas de gestión de activos, etc.) en los sistemas alimentarios, y en las transacciones mundiales de productos financieros vinculados con los alimentos y la tierra y otros elementos esenciales para la producción de alimentos. La crisis alimentaria de 2008 aceleró la financiarización de los alimentos, ya que los Estados se apresuraron por garantizar el suministro de alimentos, creando nuevas oportunidades de beneficio para los inversores financieros.

La financiarización y la escasa reglamentación antimonopolio han permitido a las empresas consolidar su volumen de mercado y su poder en los sistemas alimentarios mediante fusiones y adquisiciones. Las empresas más grandes atraen más inversión financiera de bancos y gestores de activos, lo que a su vez permite a estas consolidarse aún más, dando lugar a la concentración empresarial en los sistemas alimentarios.  Con mayor poder financiero y de mercado, las empresas pueden configurar la gobernanza de los sistemas alimentarios, influyendo a su favor en las políticas, normativas, leyes e investigaciones a escala nacional e internacional,  en detrimento de millones de pequeños.as proveedores de alimentos, trabajadores.as, pueblos indígenas y poblaciones rurales, periurbanas y urbanas. Una tarea urgente para los movimientos de soberanía alimentaria de todo el mundo es desarrollar medidas estratégicas, aplicables jurídicamente y ejecutivas, para hacer retroceder e impedir que las finanzas globales se infiltren en los sistemas alimentarios mundiales.

Destacados 2

¡Necesitamos un impulso mundial para la cancelación de la deuda!

En el centro de la actual crisis alimentaria mundial se encuentra un sistema comercial moldeado por políticas neoliberales, que sitúa a los beneficios por encima de las personas y favorece los intereses de países exportadores grandes y ricos. Estas políticas promueven enfoques orientados al mercado, permitiendo el dominio de la gran agroindustria a expensas de los pequeños proveedores de alimentos que han alimentado a las comunidades durante generaciones. La concentración del mercado deja a los proveedores de alimentos a pequeña escala y a los trabajadores marginados en lo social y en lo económico, y el acceso a los alimentos deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Las políticas neoliberales y dominadas por el mercado están profundamente interconectadas con la política de la deuda. Los países en desarrollo afrontan problemas económicos importantes por la concentración de los mercados agrícolas, la disminución de los ingresos y la agobiante deuda externa con acreedores públicos y privados.  Para mantener el acceso al capital internacional, los gobiernos de los países sobreendeudados se ven obligados a priorizar el reembolso de la deuda sobre el bienestar de sus ciudadanos y a promulgar políticas favorables a las empresas y al mercado, en lugar de programas que apoyen la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible.  Esto crea un círculo vicioso en el que las necesidades de las personas siguen siendo marginadas en beneficio de las obligaciones financieras con los acreedores internacionales.

Según la UNCTAD, la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó la cifra récord de 11,4 billones de dólares en 2023, y 54 naciones en desarrollo, casi la mitad en África, dedicaron un mínimo del 10% de los fondos gubernamentales al pago de los intereses de la deuda. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en sanidad o en educación.

El 3er Foro Global Nyéléni, previsto para septiembre, tendrá lugar en Sri Lanka, un país que ha padecido graves problemas económicos debido a la deuda externa. En 2022 Sri Lanka incumplió los pagos de la deuda externa, lo que dio lugar a un programa de reestructuración dirigido por el FMI. El gobierno se vio obligado a dar prioridad al pago de la deuda sobre los derechos de los ciudadanos, lo que afectó gravemente a la capacidad del país para invertir en la producción de alimentos, los medios de vida rurales y la seguridad social de su población.

Los datos actuales muestran que el 60% de los países de renta baja y el 30% de los países de renta media se enfrentan a problemas de endeudamiento, que limitan su capacidad para invertir en soberanía alimentaria y servicios sociales, agravando así el hambre y la desigualdad. El 3er Foro Nyéléni debe convertirse en un espacio donde generar resistencia y hacer campaña contra estas políticas. La deuda no es sólo una carga financiera: es un grillete que limita la capacidad de los gobiernos para dar prioridad al bienestar de sus pueblos, y un arma que permite seguir extrayendo riqueza de sociedades cuyas crisis fueron creadas, ante todo, por la deuda.

La cancelación de la deuda es esencial para romper este ciclo porque permitiría a los países dar prioridad a sus gentes y comunidades, centrándose en sistemas alimentarios agroecológicos en los que los pequeños productores de alimentos pudieran alimentar a sus comunidades en armonía con los territorios.

Destacados 3

¿Cómo obtener financiación para construir la soberanía alimentaria?   

La construcción de la soberanía alimentaria y la expansión de la agroecología requieren una infraestructura pública social, física, económica y financiera dedicada y continua. Se necesita una financiación de un tipo y un volumen adecuados y suficientes a múltiples niveles, para garantizar que los y las  pequeños proveedores de alimentos dispongan de los fondos y otros recursos (como tierra, energía y agua) necesarios para invertir en producción, transformación, almacenamiento y distribución/comercialización. Al mismo tiempo, se necesitan marcos políticos propicios para proporcionar la financiación necesaria, así como para reforzar las bases sociales, económicas y medioambientales de la soberanía alimentaria y la agroecología: la financiación no debe atrapar a los pequeños proveedores de alimentos en ciclos de endeudamiento, y las políticas deben protegerlos de la competencia de las empresas agroalimentarias.

Una medida crucial es reorientar los presupuestos multilaterales nacionales y mundiales dirigidos a la alimentación, la agricultura y el clima, alejándolos de los sistemas alimentarios industriales y empresariales y de las cadenas de valor, y dirigiéndolos hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. La eliminación de las enormes subvenciones directas e indirectas que recibe el agronegocio para la producción, las exportaciones, el transporte, la comercialización y la protección frente a las responsabilidades socioambientales liberará ingentes cantidades de dinero a varios niveles, que podrán utilizarse para financiar las infraestructuras necesarias para la soberanía alimentaria.

Al mismo tiempo, se pueden movilizar flujos de ingresos públicos a través de diversos tipos de impuestos: impuestos progresivos generales; gravar a las empresas de forma adecuada, incluyendo los beneficios de los hipermercados y las transacciones digitales; impuestos extraordinarios sobre los beneficios de la especulación con alimentos/productos básicos/tierras; impuestos sobre los alimentos basura y altamente procesados, etc. Deben cerrarse los paraísos fiscales y establecerse y aplicarse leyes contra la evasión fiscal y la corrupción, incluida la confiscación de los activos de los ricos que evaden impuestos. El dinero procedente de estas medidas puede utilizarse para subvencionar el suministro de alimentos a pequeña escala, las cooperativas de productores y consumidores, los mercados territoriales, los bancos de alimentos comunitarios, los seguros médicos comunitarios y otros servicios colectivos importantes para la soberanía alimentaria. Y lo que es más importante, pueden liberar dinero para aliviar la deuda de las comunidades rurales y urbanas pobres y facilitarles el acceso a créditos adecuados, de modo que puedan reconstruir sus capacidades económicas.

La soberanía alimentaria se basa en el derecho de las personas y las comunidades a la alimentación y a vivir una vida plena, saludable y productiva, con dignidad, justicia e igualdad, para las generaciones presentes y futuras.  Esto exige una inversión amplia y continuada por parte de los gobiernos y la sociedad para transformar los sistemas sociales, políticos y económicos, de modo que el suministro de alimentos a pequeña escala obtenga los recursos financieros que necesita con urgencia. Esto incluye medidas como la compra pública de alimentos producidos de modo agroecológico para los comedores escolares y otras necesidades alimentarias de la comunidad; la inversión pública en mercados territoriales y protección medioambiental; acabar con la especulación alimentaria, y políticas que garanticen salarios dignos y condiciones laborales seguras para los trabajadores del sistema alimentario, especialmente para las mujeres. Los sistemas financieros internacionales desregulados, que socavan la soberanía alimentaria, son los que crean y exacerban las crisis alimentarias.  Es importante que los gobiernos y las agencias multilaterales emprendan acciones como las descritas anteriormente, para proteger nuestros sistemas alimentarios y también dar señales positivas a toda la sociedad en aras de apoyar la soberanía alimentaria.

Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Ilustración: Esta ilustración fue creada por miembros del departamento artístico de Tricontinental para el dossier nº 88: El pacto con el diablo de África con el Fondo Monetario Internacional. La obra ilustra el pacto con el diablo al  que se ven obligados todos los países africanos, y los costes que supone para su soberanía financiera, industrial, agrícola y política.

El 3er Foro Global Nyéléni tendrá lugar en Sri Lanka el próximo mes de septiembre. La elección de Sri Lanka ha sido deliberada: en 2022 un levantamiento popular conocido como Aragalaya derrocó al régimen neoliberal corrupto que había sumido al país en una grave crisis de deuda y malestar social.

Sri Lanka tiene una deuda externa de 57.000 millones de dólares, de los cuales adeuda en torno al 32% a instituciones financieras multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Debe otro 28% al Club de París. Prácticamente la cuarta parte de los ingresos del gobierno se dedica a reembolsar a los acreedores extranjeros, y gran parte de esta deuda incluye condiciones que promueven la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de la tierra y los recursos naturales.

Sri Lanka no es un caso aislado. Veinte países africanos se enfrentan a problemas de sobreendeudamiento y casi la mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el reembolso de la deuda que en servicios públicos. Las instituciones financieras internacionales (IFI) han reconfigurado los presupuestos nacionales y la arquitectura financiera de tal forma que los intereses del capital financiero priman sobre el bienestar y la salud de las personas y el planeta. Es necesario un contraataque mundial para construir soberanía alimentaria y sistemas alimentarios agroecológicos resistentes.

 En un diálogo reciente auspiciado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas recalcó que no puede haber soberanía alimentaria sin soberanía financiera. Esta edición del boletín profundiza en algunas de las cuestiones principales relacionadas con este tema y en propuestas de contraataque.

Focus on the Global South y La Vía Campesina

Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, num 60

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