Cuadro 1
El sistema financiero mundial dicta la liberalización del comercio: Una llamada a volver a imaginar el comercio entre países
La institucionalización del neoliberalismo se produjo con el Consenso de Washington, impuesto por el FMI y el Banco Mundial mediante préstamos condicionados. Entre sus políticas básicas estaban la liberalización del comercio, la privatización de las empresas estatales, los recortes del gasto público, la desregulación y la nueva regulación sesgada hacia las empresas. La Organización Mundial del Comercio (OMC) refuerza aún más estos principios mediante acuerdos comerciales mundiales que favorecen al capital transnacional.
La Vía Campesina (LVC) surgió como una fuerza mundial de resistencia campesina a las reformas neoliberales y a la OMC. Aunque las movilizaciones campesinas han contribuido a frenar los avances de la OMC desde 2001, su Acuerdo sobre la Agricultura de 1995 permite aún hoy que naciones poderosas como Estados Unidos, y la UE, impulsen programas comerciales agresivos que penalizan el apoyo a los pequeños productores de alimentos. Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales han agravado aún más la pobreza rural. Estos sistemas comerciales restringen la aplicación de políticas de soberanía alimentaria por parte de los gobiernos -tanto del Norte como del Sur. Califican a la regulación de los mercados nacionales, las ayudas a los precios para los pequeños productores de alimentos y la contratación pública de «distorsionadores del comercio» , priorizando el acceso de las empresas por encima del interés público.
En los últimos dos años han estallado protestas campesinas en más de 65 países, lo que señala la necesidad de un nuevo sistema comercial. LVC está iniciando una campaña para construir un nuevo marco mundial para el comercio agrícola entre países, basado en principios de cooperación y solidaridad transnacional y que defienda la soberanía alimentaria de cada país. Es importante que los movimientos de pequeños productores de alimentos y trabajadores, y todos aquellos comprometidos con la soberanía alimentaria, se unan a este esfuerzo colectivo para construir una alternativa económica real. Para más información: www.viacampesina.org
Cuadro 2
El papel de la financiarización como motor del acaparamiento de tierras
La financiarización desempeña un papel central en el aumento del acaparamiento de tierras y de recursos naturales a escala mundial; impulsa la concentración de la tierra y socava la capacidad de las comunidades para alimentarse a sí mismas y a otros. Desde la crisis financiera de 2008-09, la tierra se ha tratado cada vez más como un activo financiero. Alrededor de 65 millones de hectáreas han sido adquiridas en todo el mundo; entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, seguros y dotaciones han invertido alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras de cultivo. En 2018 estas entidades representaban el 45% de las inversiones totales en tierras agrícolas.
Las crisis ecológicas actuales -cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas- tienen su origen en la extracción capitalista. No obstante, los actores financieros y empresariales ahora sitúan estas crisis como oportunidades de inversión. Funciones naturales como el almacenamiento de carbono se rebautizan como «servicios ecosistémicos», se les asigna un valor económico y se comercializan. El valor estimado de estos llamados «activos naturales» es de 4.000 billones de dólares. Los mercados del carbono y la biodiversidad, en particular, han impulsado una nueva oleada de «acaparamientos verdes», y cerca del 20% de los acuerdos actuales de compraventa de tierras a gran escala están vinculados a la bioeconomía. Se prevé que los mercados de carbono por sí solos cuadrupliquen su valor en los próximos diez años, intensificando la presión sobre la tierra y despojando a las comunidades en nombre de la sostenibilidad y las pretensiones de «emisiones netas cero».
Cuadro 3
Desregulación y cambio neoliberal en la agricultura mundial
Mediante las condiciones impuestas a los préstamos y demás financiación, y el asesoramiento político, el FMI y el BM han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la financiarización, la desregulación de los mercados y la regulación favorable a las empresas en los sectores alimentario, agrícola y afines. El resultado ha sido el acaparamiento de tierras, una mayor exposición de los pequeños agricultores a la volatilidad de los precios, la concentración de los mercados y del poder financiero en manos del agronegocio y la expansión de la agricultura industrial contaminante.
Pakistán ha desregulado recientemente el sector del trigo, en línea con las condicionalidades del FMI, ha eliminado el Precio Mínimo de Apoyo y está liquidando la Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO)[1] . En Argentina, las medidas de austeridad avaladas por el FMI han provocado despidos masivos y recortes en los servicios sociales, la desregulación del mercado alimentario y la desregulación de la Ley de Tierras Rurales. En Ecuador, la cría de camarones respaldada por el BM ha destruido los manglares y ha desplazado a las comunidades locales, poniendo de relieve los costes medioambientales y sociales de tales políticas.
Estos cambios en los marcos normativos no se limitan a los países en desarrollo, ni se imponen únicamente a través de las instituciones crediticias.
Un ejemplo ilustrativo son los Acuerdos de Blair House de 1992, acuerdos bilaterales clave sobre subvenciones agrícolas celebrados entre Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante estos acuerdos la UE puso fin a las cuotas de producción lechera. Muchos pequeños agricultores europeos se enfrentaron a una mayor competencia y a la inestabilidad de los precios. De ahí que entre 2007 y 2022 el número de pequeñas explotaciones en la UE disminuyera en un 44%, al tiempo que el número de mega-granjas aumentó en un 56%.
Los acuerdos de Blair House allanaron después el camino para el Acuerdo sobre la Agricultura[2], el primer marco multilateral sobre comercio agrícola, que dictó los contornos de muchas negociaciones posteriores de Acuerdos de Libre Comercio de la OM- y permitió la globalización del agronegocio, marginando al campesinado.
Las políticas de desregulación también han tenido un impacto considerable sobre el sector agrícola en Estados Unidos, en particular el desmantelamiento del modelo de precios de referencia[3] y del sistema de gestión de la oferta basado en cuotas, que proporcionaba estabilidad a los pequeños agricultores.
La desregulación autónoma en los países ricos también ha contribuido a ampliar el poder de los mercados y actores financieros dentro de los sistemas alimentarios. Esto ha conducido al comercio especulativo, a precios récord de los alimentos, a una mayor volatilidad de los precios en todo el mundo y a la apertura de nuevos mercados para las semillas modificadas genéticamente.
Así pues está bastante claro que la ideología económica neoliberal que concede prioridad a los mercados financieros en detrimento de las personas, está profundizando la desigualdad, imponiendo medidas de austeridad que están debilitando las economías rurales y erosionando la rendición pública de cuentas. Las protestas en curso en varios países reflejan una creciente resistencia frente a la retirada del Estado de su obligación de servir a las personas, no a los mercados.
En todo caso, lo que necesitamos no es desregulación, sino más regulación del mercado para proteger los intereses de la gente.
[1] La Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO por sus siglas en inglés), entidad de propiedad estatal, compra trigo y otros cultivos básicos a precios de apoyo para garantizar un rendimiento justo a los productores de alimentos, mantener reservas estratégicas y estabilizar los precios de mercado.
[2] El Acuerdo sobre la Agricultura es un acuerdo de la OMC destinado a reformar el comercio de productos agrícolas. Se estableció durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y entró en vigor con la creación de la OMC en 1995.
[3] Conforme a los precios de referencia (parity pricing), el gobierno establecía precios de apoyo -por ejemplo, mediante precios mínimos o subvenciones- basados en el coste de los insumos y el nivel de vida de la época base, ajustados a la inflación.