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Quién impulsa los TLC

Los tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos de dos o más gobiernos fuera de la organización Mundial de Comercio (OMC). Muchas élites políticas y económicas en países como EUA, o de la UE, Japón y Australia fueron más allá de la OMC alegando que no fijaba reglas globales que beneficiaran a sus corporaciones y sus objetivos geopolíticos, y que las negociaciones eran lentas. Desde iniciado el siglo, estas élites buscan acuerdos más aguerridos y vinculantes a nivel regional o bilateral. Que los países se comprometan a niveles más integrales de libertad corporativa mediante estos acuerdos paulatinos que uniforman el mercado global para que se le permita someter con más rango de acción.

No sorprende que estos acuerdos los redacten en secreto: los parlamentos solamente fijan los objetivos amplios y al público se le niegan los textos de negociación. Los cabilderos profesionales son consultados todo el proceso: que obtengan lo que quieran. Las corporaciones transnacionales y las coaliciones industriales son los grandes protagonistas en la formulación de los textos. En las etapas iniciales entre EUA y la UE para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP), las corporaciones como Cargill o Cocacola eran los interesados que le decían a los negociadores qué esperaban del acuerdo[1].

Los TLC cubren una vasto rango de asuntos —de derechos de propiedad intelectual (DPI), telecomunicaciones, energía  a sanidad alimentaria— diciendo exactamente qué pueden hacer o  no los países en vastas áreas que abren a la inversión extranjera. Los gobiernos signatarios son forzados a reformar sus leyes, con compromisos  vinculantes para no dar marcha atrás. Mediante tales acuerdos, las compañías pueden vigilar la redacción de políticas y regulaciones que puedan afectar a sus países asociados.

Los movimientos sociales luchan contra nuevos TLC:

–CETA entre Canadá y la Unión Europea (aprobado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017)

–TTIP entre EUA y la UE

–TPP entre EUS, Japón y otros 10 países (EUA se retiro pero no significa que el acuerdo esté muerto).

–AERI (RCEP) entre ASEAN, China, India, Japón, Australia, Corea y Nueva Zelanda

-TISA de servicios, entre EUA, la UE, Japón y 20 países

-EPA impuesto por la UE en África

– Acuerdos bilaterales impulsados por la UE con India, Vietnam, México, Japón, Mercosur, Chile.

Además de su poder regulatorio, todos estos tratados brindan a las corporaciones acceso a recursos naturales, mano de obra y nuevos mercados.

Aunque algunos acuerdos estén en duda desde que los nuevos gobiernos de derecha en Reino Unido o EUS prometieron reemplazarlos por nuevos acuerdos, esto no significa que desaparecerán. Se transformarán o asumirán nuevas membresías o se alentarán. Sería un error pensar que nuevos acuerdos comerciales o de inversión beneficien a campesinos, consumidores, compañías pequeñas o al ambiente. Nada cambia en la agenda de promover al uno % superior de los grandes negocios, incluidas las agroindustrias.

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ISDS, ¿qué hay en juego?

Uno de los elementos más dañinos de los tratados de libre comercio e inversión es el Arbitraje de Disputas Inversionistas-Estado (ADIE), mejor conocido como ISDS. Este mecanismo surge de tiempos coloniales, cuando los imperios poderosos querían proteger sus compañías para extraer minerales o cultivos comerciales, para lo cual crearon textos legales que evolucionaron a los tratados de inversión actuales, buscando proteger a los inversionistas de la discriminación y expropiación por parte de Estados extranjeros.

Los tratados confieren a las transnacionales (TNCs) derechos especiales para someter a los gobiernos extranjeros a un arbitraje vinculante toda vez que se sientan maltratadas. Las TNCs pueden “demandar” gobiernos cuando adopten políticas como la ley anti-tabaco o regulaciones para disminuir la polución que restringirán sus inversiones y beneficios. A compañías locales no se les confieren estos derechos: la mera amenaza de una demanda puede conducir a cambios en políticas.

Las disputas internacionales de inversión se llevan a paneles especiales de arbitraje: el Banco Mundial en Washington DC o cortes de arbitraje como La Haya. Esto les permite evadir los juzgados nacionales, invocando posibles sentencias sesgadas. Los procesos los llevan abogados privados, por lo común en secreto, y sin derecho de apelación.
Durante los últimos 15 años, las disputas ISDS se han acrecentado. En casi todos los casos, las demandas de los inversionistas son plena o parcialmente satisfechas. Los gobiernos han pagado compensaciones millonarias, o multimillonarias, en dólares: dinero de los contribuyentes que podría usarse en beneficios públicos. Es tan grande la amenaza que algunos gobiernos congelan su aceptación de los tratados mientras repiensan estrategias.

Los ISDS afectan la soberanía alimentaria de muchas formas. Le brindan a las compañías gran apalancamiento legal para derribar políticas locales que apoyen a los campesinos, los mercados locales o el ambiente. Iniciativas que combatan el cambio climático en el sector alimentario —como promover circuitos cortos al subsidiar o preferir a productores locales— pueden ser impugnados por las TNCs si sienten que les afectarán.

Canadá frenó a una empresa estadounidense de abrir una mina en Nueva Escocia por el gran daño potencial a los pescadores. La compañía demandó a Canadá en un tribunal ISDS y le ganó 100 millones de dólares de los contribuyentes.

México pagó 90 millones a Cargill por un impuesto a bebidas con alta fructuosa de maíz —edulzante vinculado a la obesidad. El impuesto ayudaría a proteger a la industria cañera nacional, que mueve cientos de miles de empleos, del flujo del jarabe subsidiado.

Los ISDS otorgan a los inversionistas extranjeros más derechos que a los locales en beneficio de sus intereses agrícolas o pesqueros. Los tratados comerciales aseguran generalmente que los inversionistas tengan acceso semejante a tierras agrícolas o sitios de pesca que los locales (“trato de nacionales”). Los ISDS otorgan a estas corporaciones instrumentos extra para garantizarse derechos que las compañías nacionales, ni los campesinos o pescadores, tienen. Algunos inversionistas nacionales establecen empresas fuera para luego invertir en casa y gozar de estas protecciones extraordinarias.

La clave para fortalecer la soberanía alimentaria en el contexto comercial nacional o regional, es que los Estados den preferencia a los productores locales y nacionales mediante subsidios y adquisiciones. Esto está generalmente prohibido por los compromisos de libre comercio (aunque lo ejerzan ampliamente los grandes actores estadounidenses y europeos). Los ISDS otorgan a corporaciones extranjeras instrumentos para garantizar que la competencia con los naciones se apoye en estas políticas y no amenace sus intereses.

[1] Corporate Europe Observatory, “TTIP: a corporate lobbying paradise”, 14 julio de 2015.