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Implicaciones del sistema financiero mundial en la soberanía alimentaria
Una de las mayores amenazas para la soberanía alimentaria es el poder que ostenta el sistema financiero mundial sobre la economía real, los sistemas alimentarios y la gobernanza alimentaria y económica. Desde la aparición del neoliberalismo en la década de 1980, se ha producido una expansión de los mercados financieros mundiales y el capital financiero se ha introducido en las economías nacionales y subnacionales a través de la banca, las microfinanzas y las inversiones extractivas y especulativas en sectores críticos como la alimentación, la tierra, la agricultura, el agua, la minería, la energía, la promoción inmobiliaria y la infraestructura física. Esto ha sido posible por los cambios en la reglamentación financiera y las tecnologías financieras digitales (fintech) que permiten el libre movimiento del capital entre las fronteras nacionales y a escala mundial, llegando a las comunidades por medio de aplicaciones bancarias/pagos digitales (a través de teléfonos móviles). Una amplia variedad de instrumentos financieros, desde fondos de pensiones, fondos de inversión y fondos de índice, hasta valores y derivados, han permitido a empresas y particulares obtener beneficios desproporcionados de estas inversiones, con enormes costes para la economía real, la biodiversidad, el medio ambiente, el empleo estable, el acceso a los alimentos y el clima. La globalización financiera ha permitido la especulación con los alimentos básicos y los productos agrícolas básicos -donde los operadores compran y venden contratos de futuros sobre materias primas alimentarias y/o apuestan por los precios de los futuros para obtener beneficios- aumentando la vulnerabilidad mundial frente a las crisis financieras y alimentarias recurrentes.
Las crisis financieras ocasionan graves repercusiones negativas a los pequeños proveedores.as de alimentos, los trabajadores.as y las comunidades rurales y urbanas pobres, en sus medios de vida, empleo, ingresos, soberanía alimentaria y salud, especialmente en el Sur Global. Los efectos se ven agravados por la escasez (o inexistencia) de medidas nacionales de protección social, mitigación del hambre y la malnutrición, asistencia sanitaria y alivio de la deuda, que son importantes amortiguadores frente a las crisis económicas. Durante décadas, los programas de ajuste estructural (PAE) y las medidas de austeridad elaboradas por el BM y el FMI, han atrapado a muchos países del Sur en círculos viciosos de endeudamiento, cuyos componentes básicos son la liberalización del comercio y la inversión, la privatización y la desregulación. Como contrapartida a los préstamos para mantener el funcionamiento de las economías nacionales y el acceso a los mercados mundiales de capital, el BM y el FMI siguen exigiendo recortes drásticos en las ayudas estatales para bienes y servicios esenciales, la eliminación de la protección a los trabajadores, los pequeños productores agrícolas y el medio ambiente, y reformas radicales de las políticas y normativas nacionales para ponerlas al servicio del sector empresarial y los mercados libres.
Los PAE y el neoliberalismo allanaron el camino para la financiarización de los alimentos, que conlleva una participación mucho mayor de las entidades financieras (bancos comerciales, fondos soberanos, fondos de inversión privados, empresas de gestión de activos, etc.) en los sistemas alimentarios, y en las transacciones mundiales de productos financieros vinculados con los alimentos y la tierra y otros elementos esenciales para la producción de alimentos. La crisis alimentaria de 2008 aceleró la financiarización de los alimentos, ya que los Estados se apresuraron por garantizar el suministro de alimentos, creando nuevas oportunidades de beneficio para los inversores financieros.
La financiarización y la escasa reglamentación antimonopolio han permitido a las empresas consolidar su volumen de mercado y su poder en los sistemas alimentarios mediante fusiones y adquisiciones. Las empresas más grandes atraen más inversión financiera de bancos y gestores de activos, lo que a su vez permite a estas consolidarse aún más, dando lugar a la concentración empresarial en los sistemas alimentarios. Con mayor poder financiero y de mercado, las empresas pueden configurar la gobernanza de los sistemas alimentarios, influyendo a su favor en las políticas, normativas, leyes e investigaciones a escala nacional e internacional, en detrimento de millones de pequeños.as proveedores de alimentos, trabajadores.as, pueblos indígenas y poblaciones rurales, periurbanas y urbanas. Una tarea urgente para los movimientos de soberanía alimentaria de todo el mundo es desarrollar medidas estratégicas, aplicables jurídicamente y ejecutivas, para hacer retroceder e impedir que las finanzas globales se infiltren en los sistemas alimentarios mundiales.
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¡Necesitamos un impulso mundial para la cancelación de la deuda!
En el centro de la actual crisis alimentaria mundial se encuentra un sistema comercial moldeado por políticas neoliberales, que sitúa a los beneficios por encima de las personas y favorece los intereses de países exportadores grandes y ricos. Estas políticas promueven enfoques orientados al mercado, permitiendo el dominio de la gran agroindustria a expensas de los pequeños proveedores de alimentos que han alimentado a las comunidades durante generaciones. La concentración del mercado deja a los proveedores de alimentos a pequeña escala y a los trabajadores marginados en lo social y en lo económico, y el acceso a los alimentos deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
Las políticas neoliberales y dominadas por el mercado están profundamente interconectadas con la política de la deuda. Los países en desarrollo afrontan problemas económicos importantes por la concentración de los mercados agrícolas, la disminución de los ingresos y la agobiante deuda externa con acreedores públicos y privados. Para mantener el acceso al capital internacional, los gobiernos de los países sobreendeudados se ven obligados a priorizar el reembolso de la deuda sobre el bienestar de sus ciudadanos y a promulgar políticas favorables a las empresas y al mercado, en lugar de programas que apoyen la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible. Esto crea un círculo vicioso en el que las necesidades de las personas siguen siendo marginadas en beneficio de las obligaciones financieras con los acreedores internacionales.
Según la UNCTAD, la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó la cifra récord de 11,4 billones de dólares en 2023, y 54 naciones en desarrollo, casi la mitad en África, dedicaron un mínimo del 10% de los fondos gubernamentales al pago de los intereses de la deuda. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en sanidad o en educación.
El 3er Foro Global Nyéléni, previsto para septiembre, tendrá lugar en Sri Lanka, un país que ha padecido graves problemas económicos debido a la deuda externa. En 2022 Sri Lanka incumplió los pagos de la deuda externa, lo que dio lugar a un programa de reestructuración dirigido por el FMI. El gobierno se vio obligado a dar prioridad al pago de la deuda sobre los derechos de los ciudadanos, lo que afectó gravemente a la capacidad del país para invertir en la producción de alimentos, los medios de vida rurales y la seguridad social de su población.
Los datos actuales muestran que el 60% de los países de renta baja y el 30% de los países de renta media se enfrentan a problemas de endeudamiento, que limitan su capacidad para invertir en soberanía alimentaria y servicios sociales, agravando así el hambre y la desigualdad. El 3er Foro Nyéléni debe convertirse en un espacio donde generar resistencia y hacer campaña contra estas políticas. La deuda no es sólo una carga financiera: es un grillete que limita la capacidad de los gobiernos para dar prioridad al bienestar de sus pueblos, y un arma que permite seguir extrayendo riqueza de sociedades cuyas crisis fueron creadas, ante todo, por la deuda.
La cancelación de la deuda es esencial para romper este ciclo porque permitiría a los países dar prioridad a sus gentes y comunidades, centrándose en sistemas alimentarios agroecológicos en los que los pequeños productores de alimentos pudieran alimentar a sus comunidades en armonía con los territorios.
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¿Cómo obtener financiación para construir la soberanía alimentaria?
La construcción de la soberanía alimentaria y la expansión de la agroecología requieren una infraestructura pública social, física, económica y financiera dedicada y continua. Se necesita una financiación de un tipo y un volumen adecuados y suficientes a múltiples niveles, para garantizar que los y las pequeños proveedores de alimentos dispongan de los fondos y otros recursos (como tierra, energía y agua) necesarios para invertir en producción, transformación, almacenamiento y distribución/comercialización. Al mismo tiempo, se necesitan marcos políticos propicios para proporcionar la financiación necesaria, así como para reforzar las bases sociales, económicas y medioambientales de la soberanía alimentaria y la agroecología: la financiación no debe atrapar a los pequeños proveedores de alimentos en ciclos de endeudamiento, y las políticas deben protegerlos de la competencia de las empresas agroalimentarias.
Una medida crucial es reorientar los presupuestos multilaterales nacionales y mundiales dirigidos a la alimentación, la agricultura y el clima, alejándolos de los sistemas alimentarios industriales y empresariales y de las cadenas de valor, y dirigiéndolos hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. La eliminación de las enormes subvenciones directas e indirectas que recibe el agronegocio para la producción, las exportaciones, el transporte, la comercialización y la protección frente a las responsabilidades socioambientales liberará ingentes cantidades de dinero a varios niveles, que podrán utilizarse para financiar las infraestructuras necesarias para la soberanía alimentaria.
Al mismo tiempo, se pueden movilizar flujos de ingresos públicos a través de diversos tipos de impuestos: impuestos progresivos generales; gravar a las empresas de forma adecuada, incluyendo los beneficios de los hipermercados y las transacciones digitales; impuestos extraordinarios sobre los beneficios de la especulación con alimentos/productos básicos/tierras; impuestos sobre los alimentos basura y altamente procesados, etc. Deben cerrarse los paraísos fiscales y establecerse y aplicarse leyes contra la evasión fiscal y la corrupción, incluida la confiscación de los activos de los ricos que evaden impuestos. El dinero procedente de estas medidas puede utilizarse para subvencionar el suministro de alimentos a pequeña escala, las cooperativas de productores y consumidores, los mercados territoriales, los bancos de alimentos comunitarios, los seguros médicos comunitarios y otros servicios colectivos importantes para la soberanía alimentaria. Y lo que es más importante, pueden liberar dinero para aliviar la deuda de las comunidades rurales y urbanas pobres y facilitarles el acceso a créditos adecuados, de modo que puedan reconstruir sus capacidades económicas.
La soberanía alimentaria se basa en el derecho de las personas y las comunidades a la alimentación y a vivir una vida plena, saludable y productiva, con dignidad, justicia e igualdad, para las generaciones presentes y futuras. Esto exige una inversión amplia y continuada por parte de los gobiernos y la sociedad para transformar los sistemas sociales, políticos y económicos, de modo que el suministro de alimentos a pequeña escala obtenga los recursos financieros que necesita con urgencia. Esto incluye medidas como la compra pública de alimentos producidos de modo agroecológico para los comedores escolares y otras necesidades alimentarias de la comunidad; la inversión pública en mercados territoriales y protección medioambiental; acabar con la especulación alimentaria, y políticas que garanticen salarios dignos y condiciones laborales seguras para los trabajadores del sistema alimentario, especialmente para las mujeres. Los sistemas financieros internacionales desregulados, que socavan la soberanía alimentaria, son los que crean y exacerban las crisis alimentarias. Es importante que los gobiernos y las agencias multilaterales emprendan acciones como las descritas anteriormente, para proteger nuestros sistemas alimentarios y también dar señales positivas a toda la sociedad en aras de apoyar la soberanía alimentaria.