Destacado 1
De Nyéléni a la Cumbre de los Pueblos: converger hacia el cambio
«No hay lucha sobre un único tema porque no vivimos vidas de un único tema». Audre Lorde
En 2025 y 2026 los movimientos sociales tenemos varias oportunidades para converger y construir alternativas sistémicas propias a las crisis inrterconectadas que afrontamos hoy en día. Estas ocasiones también suponen una oportunidad para movilizarnos contra las entidades que acaparan nuestras tierras y territorios, oprimen a nuestras comunidades y dividen a nuestros movimientos con políticas de extrema derecha: empresas transnacionales, oligarcas y sus nexos con líderes autoritarios. El 3er Foro Global Nyéléni (que tuvo lugar en septiembre), la Cumbre de los Pueblos hacia la COP 30 e CIRADR +20 agrupa a movimientos sociales que trabajan por el cambio del sistema, desde diferentes puntos de partida y diferentes realidades geográficas y políticas, pero trabajando por objetivos comunes.
En todos estos espacios la cuestión fundamental es cómo contrarrestar la escalada en el acaparamiento de recursos de las políticas neoliberales (como se señala en el artículo «Destacados 2»). La demanda de reforma agraria y de redistribución es una de las respuestas principales a esta cuestión.
El movimiento por la justicia climática lucha contra el sistema de combustibles fósiles que hace nuestro mundo inhabitable, y contamina y arrebata tierras y mares a pescadores.as y campesinos.as. Luchamos contra el complejo militar-industrial que es responsable de enormes sufrimientos, del 5% de las emisiones mundiales y de criminalizar a los defensores del medio ambiente, y absorbe billones de dinero público que deberían destinarse a servicios públicos o a financiar la lucha contra el cambio climático. Luchamos contra la financiarización de la naturaleza, que convierte una supuesta acción por el clima en otra vía para que los bancos y los fondos especulativos se beneficien de la destrucción, a la vez que despojan a los Pueblos Indígenas y rurales. Sabemos que la justicia climática no es posible sin justicia económica: reparaciones por daños históricos, alivio de la deuda. No es posible sin la reforma agraria, el conocimiento indígena y campesino y la lucha contra las grandes desigualdades. Por eso nos hermanamos con otros movimientos, como el de la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria ofrece un marco completamente distinto para organizar la producción y el consumo de alimentos. Exige la alimentación como un derecho humano, no como una mercancía, se centra en devolver el poder a las clases trabajadoras rurales y urbanas, que en su mayoría también son productoras de alimentos. Relocaliza los sistemas alimentarios y respeta y refuerza los conocimientos tradicionales. El marco (de la soberanía alimentaria) también politizó la agroecología, la ciencia, la práctica y el movimiento de la agricultura ecológica, que se ha convertido en uno de los ejemplos más garantizados de soluciones locales en todo el mundo.
En el 3erForo Nyéléni los movimientos han profundizado y ampliado el marco para lograr una transformación sistémica, por ejemplo, abordando las falsas soluciones; oponiéndose a los alimentos como arma de guerra, como podemos ver con efectos devastadores en Gaza y añadiendo aspectos cruciales de justicia económica y climática. En este momento llamamos a ampliar y fortalecer nuestras alianzas y luchas colectivas por la emancipación, la justicia, la autonomía y el derecho a la autodeterminación.
Los movimientos locales de los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as, pueblos negros, feministas, trabajadores.as, migrantes son los protagonistas cuando se trata de lograr la justicia climática y la soberanía alimentaria y la redistribución de los recursos.
La primera línea de defensa en la lucha contra los proyectos extractivos en sus tierras son los pueblos campesinos, pescadores y Pueblos Indígenas. Son los recicladores los que luchan por un mundo sin plásticos derivados del petróleo. Son las feministas de base las que han exigido economías dedicadas a la vida y el cuidado, no a la extracción. Son las comunidades de pueblos negros e indígenas las que ofrecen al mundo sus conocimientos históricos y tradicionales sobre medicina y producción de alimentos. Si se devuelve la tierra a sus manos, las verdaderas soluciones de base pueden hacerse realidad.
Históricamente, los pueblos organizados han propiciado cambios graduales a pequeña y gran escala. Hoy nos encontramos ante democracias que se desmoronan, el ascenso de poderosos oligarcas y empresas en connivencia con la clase política. Juntos, desde Nyéléni hasta la Cumbre de los Pueblos y el CIRADR +20, afrontaremos este reto con esperanza y solidaridad. Con soluciones reales y prácticas que mejoren la vida de la gente corriente.
Destacado 2
La reforma agraria y la redistribución deben estar en el centro de las políticas climáticas
Una de las estrategias más eficaces para avanzar en la justicia climática es situar la tierra y los territorios bajo el control de los pequeños.as productores.as de alimentos, los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales. La tenencia segura y equitativa de la tierra está directamente relacionada con la gestión ecológicamente racional de los recursos de los territorios, los sistemas alimentarios sostenibles, la justicia social, la paz y el bienestar. Sin políticas redistributivas, la concentración de tierras y recursos seguirá alimentando la destrucción ecológica y profundizando la desigualdad.
La desigualdad en el acceso a la tierra desempeña un papel central, aunque poco reconocido, en la triple crisis medioambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En la actualidad, sólo el 1% de las explotaciones agrícolas controlan el 70% de las tierras cultivables del mundo, mientras que la mayoría de las comunidades rurales, los Pueblos Indígenas y los pequeños proveedores de alimentos se enfrentan a la desposesión y la violencia. Esto no sólo socava sus derechos humanos, sino que también debilita su capacidad demostrada de velar por los ecosistemas. Los territorios bajo su gobernanza muestran sistemáticamente menores tasas de deforestación, mayor biodiversidad, mejor gestión del agua y mayor resiliencia climática.
Desde la crisis financiera de 2008, la tierra es tratada cada vez más como un activo financiero, lo que ha conducido a la especulación, a las adquisiciones a gran escala y al desplazamiento de comunidades. Más recientemente se ha acelerado el «acaparamiento verde» vinculado a las compensaciones por emisiones de carbono y a los mercados de biodiversidad: estos programas representan ya el 20% de las grandes transacciones de tierras. Estas iniciativas, comercializadas como soluciones climáticas, a menudo conducen a la desposesión de las comunidades y erosionan la gestión ecológica. Mientras tanto, los sistemas alimentarios industriales -dependientes de los monocultivos, los combustibles fósiles y los agroquímicos- siguen siendo los principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la degradación del suelo y el agua.
Por el contrario, los pequeños.as productores.as -que utilizan sólo el 35% de las tierras de cultivo del mundo y, sin embargo, alimentan a más de la mitad de la población mundial- practican sistemas agrícolas diversos y agroecológicos que mejoran la resiliencia y reducen las emisiones. Su contribución es indispensable para la adaptación al clima, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Sin embargo, su capacidad para seguir desempeñando este papel depende de que se aseguren sus derechos sobre la tierra, el agua y los territorios.
La cuestión de quién posee y controla la tierra es, por tanto, inseparable del reto de construir un futuro justo y sostenible. Los Estados tienen la obligación de abordar la desigualdad en la tenencia de la tierra a través de políticas redistributivas no sólo por derechos humanos, sino también por una necesidad social y ecológica. La reforma agraria puede detener y revertir el acaparamiento de tierras, frenar la desigualdad, fortalecer la conservación basada en la comunidad y permitir transiciones justas en aras de la agroecología y de sistemas alimentarios sostenibles.
Así pues, la reforma agraria y las políticas de redistribución de la tenencia deben ser pilares fundamentales de las estrategias climáticas. Su promoción mediante políticas públicas empodera a las comunidades rurales y a los Pueblos Indígenas para gobernar y gestionar ellos mismos sus territorios. En el contexto de los mercados de carbono y de biodiversidad debe ponerse el acento en las medidas para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de los campesinos y otros pequeños proveedores de alimentos, Pueblos Indígenas y comunidades rurales. En resumen, que la población y las comunidades rurales tengan el control sobre la tierra y se garanticen los derechos de tenencia existentes -en particular los derechos colectivos y consuetudinarios- sienta las bases para transiciones justas hacia modelos económicos y sociedades sostenibles y equitativos.