Voces desde el campo 1
Marruecos: apropiación de la soberanía alimentaria para los mercados
Ali Aznague, Red Siyada
En la región árabe, la agricultura es el centro de las políticas neoliberales que conceden generosas subvenciones financieras a los grandes inversores al tiempo que marginan a los pequeños agricultores. La Organización Mundial del Comercio, las principales instituciones donantes (como el FMI y el Banco Mundial) y los acuerdos amplios de libre comercio han agravado esta situación.
En Marruecos, la política agrícola consta de dos planes estratégicos destinados a fomentar la agricultura comercial y orientada a la exportación: «El Plan Verde (2008/2018)» y «La Generación Verde (2020/2030)». Irónicamente, el gobierno mantiene el concepto de «soberanía alimentaria» pero lo despoja de su contenido político y social. Del mismo modo, las políticas agrícolas de la República Árabe de Egipto, como el artículo 79 de la Constitución de 2014, describen los principios de la soberanía alimentaria; sin embargo, las prácticas reales siguen una lógica de mercado en lugar del potencial emancipador de la soberanía alimentaria.
La situación en la región árabe es cada vez más difícil y compleja debido al aumento de los precios de los alimentos, el resurgimiento de las fuerzas contrarrevolucionarias y la guerra de exterminio israelí contra el pueblo palestino. Por lo tanto, es urgente construir un movimiento agrícola militante contra el hambre y la mercantilización de los alimentos, y aumentar la presión para que se adopten los principios reales de la soberanía alimentaria, no solo en palabras, sino en acciones. El lema principal de la «Red Siyada en la Región Árabe» consiste en establecer relaciones de asociación con los países del Sur Global basadas en la cooperación y en romper con la dependencia alimentaria.
Voces desde el campo 2
Política india de apoyo a los precios
Nandini Jayaram, Asociación de Agricultores del Estado de Karnataka (KRRS), India
En los años 60 India sufrió una escasez de alimentos que llevó al gobierno a adoptar medidas para impulsar la productividad agrícola. En esa época comenzó la política de apoyo a los precios, con la creación en 1965 de la Comisión de Precios Agrícolas, reconstituida posteriormente como Comisión de Costes y Precios Agrícolas (CACP por sus siglas en inglés) en marzo de 1985. Este organismo anuncia el Precio Mínimo de Apoyo (PMA) de 23 cultivos, incluidos los cereales, las legumbres, las semillas oleaginosas y los cultivos comerciales, antes de cada temporada agrícola.
El PMA actúa como red de seguridad para los agricultores, garantizando un precio justo por sus cosechas, incluso si los precios de mercado caen por debajo de un determinado umbral. También persigue incentivar la producción de cultivos clave, evitando la escasez de alimentos básicos. El gobierno adquiere cereales alimentarios al precio PMA para distribuirlos a través del Sistema de Distribución Pública, subvencionando la alimentación de millones de personas. Se trata sin duda de una política que promueve la soberanía alimentaria.
Los movimientos de agricultores exigen desde hace tiempo que la CACP revise los cálculos de costes e incluya los arrendamientos y los intereses de las tierras en propiedad y los activos fijos de capital, y los ajuste a la inflación. También queremos dotar al PMA de una garantía legal que impida las compras por debajo del precio anunciado. En la actualidad, el PMA carece de respaldo legal, lo que obliga a muchos agricultores a vender sus cosechas a precios más bajos debido a la inadecuación de los mecanismos de adquisición y a problemas de acceso al mercado.
Voces desde el campo 3
Ley de orientación agrícola de Malí
Ibrahim Sidibe, CNOP, Malí
Malí regula los mercados de forma general, y para el comercio de productos agrícolas hace recaer esta responsabilidad sobre la Ley de Orientación Agrícola (LOA) y la Política de Desarrollo Agrícola (PDA). Promulgada en 2006, la LOA abarca todas las actividades económicas de los sectores agrícola y peri-agrícola, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y la piscicultura, la acuicultura, la apicultura, la caza, la silvicultura, la recolección, la transformación, el transporte, el comercio, la distribución y otros servicios agrícolas, así como sus funciones sociales y medioambientales. Su objetivo es garantizar la soberanía alimentaria y convertirse en el motor de la economía nacional con vistas a garantizar el bienestar de las poblaciones.
La Política de Desarrollo Agrícola se basa en la responsabilidad del Estado, de las colectividades territoriales, de los profesionales de la agricultura, los agricultores y la sociedad civil. Incide en la promoción de la soberanía alimentaria, la reducción de la pobreza rural, la promoción social de las mujeres, los jóvenes y los hombres de las zonas rurales y suburbanas, los partenariados y la creación de mercados comunes dentro de las grandes entidades económicas a escala subregional, regional e internacional. Desde 2008, siguiendo la evolución de los contextos nacionales e internacionales (como la Declaración de París y las nuevas modalidades de ayuda al desarrollo), Malí y sus Socios Técnicos y Financieros se han comprometido formalmente a adoptar un enfoque sectorial para el sector agrícola. Actualmente, las ventas institucionales u organizativas no están formalizadas, y aún estamos en proceso de negociar un marco adecuado.
Voces desde el campo 4
Ley española de la cadena alimentaria
Andoni García, COAG, España
La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en España en 2013, pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria exigiendo contratos por escrito para los productores con inclusión de los precios. En febrero de 2020 la ley se modificó para incluir la exigencia legal de que los precios pagados a lo largo de la cadena alimentaria, empezando por los agricultores, cubrieran los costes de producción. Este cambio se produjo tras las protestas de las organizaciones agrícolas que exigían precios justos. En diciembre de 2021, la ley se volvió a modificar para incorporar la Directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales así como varias propuestas de COAG, con lo que se consiguieron importantes elementos reguladores dentro del marco político europeo.
Dos instrumentos clave velan por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que recoge denuncias de agricultores y otras entidades, realiza inspecciones sobre abusos en materia de precios, cuestiones contractuales y otros abusos, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que realiza estudios de precios y costes en toda la cadena de valor de cada producción agrícola y ganadera. La reforma de 2021 también prohíbe la venta a pérdidas por parte de los grandes distribuidores, garantizando que los productos no puedan venderse por debajo del precio de compra. Sin embargo, la ley se enfrenta a limitaciones por las leyes de competencia, que impiden la negociación colectiva de precios, la fijación de precios o la vinculación estricta de los estudios de costes y precios a los contratos. Además, el objetivo de la ley es proteger a cada agricultor y ganadero individualmente, no colectivamente, salvo ciertas excepciones para las cooperativas.
Voces desde el campo 5
Mercados territoriales en Colombia
Juliana Millán, RENAF, Colombia
En RENAF hemos creado una campaña para identificar los mercados territoriales de todo el país, potenciando su visibilidad y su éxito conjunto. El objetivo es comprender y compartir las múltiples formas de funcionamiento de estos diversos mercados, sus diversas formas de asociación y producción, incluida la producción tradicional que no necesita ni utiliza agroquímicos. El acceso a esta información refuerza a los miembros de RENAF y a otros pequeños productores de la región, y también ha facilitado las respuestas colectivas en red ante crisis como la del COVID-19, potenciando los mercados territoriales y permitiendo su supervivencia, y mejorando la diversidad ecológica de los alimentos.
Voces desde el campo 6
Sistema canadiense de gestión de suministros
Cathy Holtslander, Sindicato Nacional de Agricultores, Canadá
El sistema canadiense de gestión de la oferta proporciona estabilidad en los sectores de los productos lácteos, las gallinas ponedoras (huevos), los pollos de engorde, los pavos y los huevos para incubar, controlando la cantidad producida, evitando la escasez e impidiendo que las importaciones a bajo precio hagan dumping en el mercado canadiense. Una fórmula de fijación de precios transparente y basada en los costes de producción garantiza a los ganaderos unos ingresos justos. Como resultado, Canadá no experimenta grandes fluctuaciones de la oferta ni los precios – ni la necesidad de subvenciones masivas del gobierno a los agricultores.
Las explotaciones siguen teniendo un tamaño pequeño o moderado, sobre todo si se compara con el de estos productos en Estados Unidos. Dentro del marco legislativo federal se establecen las normas provinciales, y cada producto básico posee su junta provincial de comercialización, dirigida por agricultores elegidos para ello. La gestión de la oferta permite a los agricultores invertir en equipos, formación, cría de animales, genética y gestión de la tierra de cara al futuro, al tiempo que les exige producir la cantidad adecuada de producto en el momento oportuno y cumpliendo las normas de calidad.
El sistema también aísla a los productos lácteos, los huevos y las aves de corral de las fluctuaciones del tipo de cambio y otras perturbaciones que afectan a los sectores del sistema agroalimentario orientados a la exportación y dependientes de las importaciones. También evita competir por los mercados de agricultores de otros países que suministran alimentos a sus propias poblaciones.
El sistema es objeto de ataques frecuentes de las naciones productoras de leche dependientes de la exportación (EE.UU., Europa, Nueva Zelanda, Australia, Argentina), para acceder al mercado canadiense. Dentro de Canadá, el sistema sufre los ataques de los actores empresariales, no solo para forzar que se pague a los agricultores precios por debajo del coste de producción (lo que beneficia a los fabricantes de alimentos), sino para tener una moneda de cambio para obtener concesiones para otros sectores en las negociaciones comerciales.
Algunos pequeños agricultores que comercializan directamente desearían que el sistema fuera más flexible. Para mejorar su capacidad de hacer frente a estos retos, las juntas de gestión de la oferta pueden mejorar y ampliar los mecanismos dirigidos a los nuevos participantes para facilitar el acceso a las cuotas de producción, y fomentar sistemas de producción alternativos que promuevan la renovación, la resistencia y la respuesta a los deseos de diversidad de los consumidores, así como desarrollar un “enfoque basado en tres criterios” en las fórmulas de fijación de precios de los costes de producción, para evitar la externalización de los costes medioambientales y sociales.