Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

IPEF: Negociaciones secretas sobre el futuro de la economía indo-pacífica

Mientras siguen evolucionando los acuerdos comerciales internacionales, el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) se negocia entre múltiples naciones de la región Asia-Pacífico. Liderado por Estados Unidos, sus miembros son Australia, Brunéi Darussalam, Fiyi, India, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. A pesar de sus pretensiones de cooperación económica transregional, sus críticos sostienen que el IPEF está diseñado para promover los intereses de las empresas estadounidenses y proporcionarles una vía para influir en la regulación nacional en sectores críticos como la agricultura, el trabajo, el medio ambiente, la industria manufacturera, los servicios y la tecnología digital. Un importante punto de controversia en torno al IPEF (como en otros acuerdos de comercio e inversión) son sus negociaciones secretas, que excluyen el escrutinio público y democrático, los controles y los contrapesos.

Joseph Purugganan, de Focus on the Global South, resumió las preocupaciones de la sociedad civil[1] al afirmar: «El consenso era evidente: El IPEF, aunque se promocione como un nuevo modelo para el comercio, parece estar fuertemente sesgado hacia las megacorporaciones y los gigantes tecnológicos. La falta de transparencia en sus negociaciones y las prisas por finalizarlo, agravadas por la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China en Asia-Pacífico, hacen saltar las alarmas. Se insta a los gobiernos a que reflexionen detenidamente, a que antepongan el bienestar de sus ciudadanos a las ganancias empresariales y a que se aseguren de que el IPEF, en esencia, se ajusta a las aspiraciones y los derechos de aquellos a quienes puede afectar.»

Voces del campo 2

Exclusión y discriminación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

Melissa Gómez Gil, MAELA, Colombia

En el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO se evidenció la exclusión y discriminación de las poblaciones y comunidades históricamente marginadas, como la juventud, las mujeres, las comunidades rurales. Allí se generaron espacios para el diálogo y el compartir de experiencias pero sin las herramientas y mecanismo de interpretación. Las condiciones de alojamiento y alimentación no eran las adecuadas para personas que salimos de nuestros territorios, quizás la primera vez, a un país que triplica el valor de la moneda nacional.

Sentimos como se vulneraba nuestro derecho a la alimentación ofreciéndonos sus migajas porque piensan que estamos acostumbradas a un sistema violento de desigualdad social y claramente esto replica el estado de desigualdad en el que vivimos en nuestros territorios y la xenofobia que se vive en los países de «primer mundo». Quizás la experiencia para algunas fue interesante por el simple hecho de estar en Roma o estar en la sede principal de la FAO, pero lo cierto es que para la juventud del movimiento social fue una experiencia traumática sin garantías ni condiciones dignas para participar.

Voces desde el campo 3

Tsunami digital:  Una tecnología que no se debate con los pueblos, crea exclusión y dependencia

Los siguientes testimonios se obtuvieron durante los dos años de debate, entre diversas organizaciones campesinas, indígenas, comunidades locales y de agricultores familiares, en torno a la digitalización de los sistemas alimentarios, impulsado por el «Data Work Stream» inaugurado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 2021.

La digitalización en la agricultura y la alimentación se percibe como un motor de beneficios, más que como una serie de herramientas y procesos que pueden facilitar el trabajo en el campo y beneficiar a la mayoría de los agricultores no industriales. Somos conscientes de que esta tecnología no ha sido desarrollada por los pueblos para los pueblos, sino que proviene del mundo empresarial y pretende crear dependencia y exclusión, al igual que otras innovaciones agrícolas a lo largo de la historia.  -Declaración conjunta sobre datos; Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM)  

«Ahora el agricultor se ve obligado a producir alimentos de otra manera, que no es ni convencional ni  tradicional, sino que depende de la tecnología». Moayyad Bsharad, Región LVC-MENA, trabajador de la tierra.

La selección de ciertos datos, y la ignorancia de otros, se utiliza a veces para justificar un objetivo político o lucrativo. Un ejemplo de objetivo político nos llega de los territorios palestinos ocupados de Gaza. -Declaración conjunta del CSIPM sobre datos

 «Mediante la recopilación de datos sobre los sistemas alimentarios de Gaza y su análisis por parte del ocupante que ostenta el poder, la ocupación israelí pudo calcular una media de calorías que no mata de hambre a la gente, pero hace que nunca se sienta bien alimentada. Mediante esta utilización de los alimentos como armas, basada en datos calculados con gran precisión, la ocupación israelí pretendía ejercer una presión directa sobre la población de Gaza mediante una forma de castigo colectivo para llevarla a abandonar determinadas decisiones políticas que había tomado». Mariam Mohammad, Coalición de la Sociedad Civil Libanesa / Red Árabe para la Soberanía Alimentaria


[1]  https://focusweb.org/press-release-indo-pacific-economic-framework-ipef-under-scrutiny-civil-society-raise-alarms-on-its-potential-consequences/

Cuadros

Cuadro 1

Digitalización de los sistemas alimentarios: los Grandes Datos («Big Data») no nos van a alimentar

Durante su 51ª sesión, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), realizó recomendaciones con respecto a la recopilación de datos para la seguridad alimentaria. Desde 2021, el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM por sus siglas en inglés) insistió en que la recopilación de datos no va a resolver los problemas históricos y estructurales que están en la base del hambre y la malnutrición. El CSIPM introdujo en las negociaciones aspectos como la gobernanza de la digitalización, los conflictos de intereses (ya que los principales promotores de la «recolección de datos» son los tecno-titanes del mundo), la importancia de otros sistemas de conocimiento, los impactos medioambientales de las herramientas digitales y la necesidad de evaluar la digitalización de los sistemas alimentarios.  Durante la sesión plenaria del 24 de octubre[1] Patti Naylor, miembro de la National Family Farm Coalition y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Datos del CSIPM, dijo:

Estas recomendaciones políticas se quedan cortas en muchos aspectos. No se abordan los peligros para la seguridad alimentaria y el medio ambiente en el futuro, ni tampoco la vigilancia y las violaciones de la privacidad o el control monopolístico de los procesos digitales que permiten el control empresarial del sistema alimentario mundial. El documento insiste en que los «datos» son la herramienta para lograr la seguridad alimentaria, mientras que ya se están recopilando enormes cantidades de datos que no impulsan las políticas necesarias. La extracción de datos se une a la explotación del trabajo humano y a la extracción de recursos naturales. A medida que la gravedad de los riesgos se hace más evidente, deben continuar estos debates en torno a los datos y las tecnologías digitales.

Cuadro 2

Financiación para el desarrollo: una perspectiva sistémica[2]

Las luchas por la soberanía alimentaria están totalmente vinculadas a las normas que rigen la economía mundial. No solo por el modo en que la especulación financiera y la inestabilidad afectan a los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes;  cómo el endeudamiento insostenible y los acuerdos comerciales injustos, arraigados en la dinámica colonial, han hecho a tantos países dependientes de las importaciones de alimentos y la exportación de productos básicos; o cómo la desregulación de las finanzas mundiales ha ido expulsando a los agricultores y las comunidades rurales de sus tierras a medida que eran adquiridas por actores financieros en busca de inversiones rentables.

Aquí es donde entra en juego el proceso de Financiación para el Desarrollo (FpD) de la ONU como espacio para avanzar en los cambios sistémicos que necesitamos ver con urgencia. Ese proceso es único, ya que es el único espacio democrático en el que se aborda la gobernanza económica mundial, al tiempo que siguen siendo centrales las cuestiones del cambio climático, las desigualdades y los derechos humanos.

Las raíces históricas de la Financiación para el Desarrollo se encuentran en el descontento activo de los países del Sur por los defectos estructurales del diseño de la arquitectura financiera internacional y las desigualdades que la definen.

Está cobrando impulso la cooperación internacional para hacer frente a múltiples crisis. En los últimos meses, el proceso de Financiación para el Desarrollo de la ONU ha recobrado impulso gracias a dos importantes avances: La aprobación por consenso de una resolución presentada por el Grupo Africano para un proceso intergubernamental sobre cooperación fiscal en las Naciones Unidas, y el impulso que está cobrando la cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar previsiblemente en 2025.

Los problemas de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, planteados por los países en desarrollo desde el inicio del proceso de la FpD, suponen un coste anual de cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos para los gobiernos de todo el mundo. Décadas de desregulación económica, recortes del impuesto de sociedades y vacaciones fiscales para atraer a inversores extranjeros han propiciado una fiebre mundial por la tierra y la concentración del poder empresarial en los sistemas alimentarios. Estos son recursos que podrían invertirse, por ejemplo,  en compras públicas a productores agroecológicos, o en infraestructuras rurales resilientes al clima y descentralizadas para apoyar los sistemas alimentarios locales.

La cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en 2025, podría ser un momento clave para la movilización mundial y la presión pública en favor de la justicia de la deuda. Apoyar las demandas de cancelación de la deuda y la reforma de la arquitectura de la deuda mundial también sería relevante para los movimientos de soberanía alimentaria, ya que muchos países atrapados en la deuda se han visto obligados a configurar sus economías en torno a exportaciones agroindustriales a gran escala destructivas, con el fin de ganar los dólares necesarios para el pago de la deuda.

En línea con el nuevo proceso Nyéléni y el próximo Foro Global Nyéléni, las estrategias para crear sistemas alimentarios justos y ecológicos sólo pueden reforzarse mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que exijan una transformación sistémica de la arquitectura financiera internacional.

Cuadro 3

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025

Voces de nuestros aliados

Dražen Šimleša, RIPESS Int. www.ripess.org

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS Int.) no concibe una economía social y solidaria (ESS) real y viva sin soberanía alimentaria y viceversa: nuestros destinatarios son inseparables y se apoyan mutuamente. Partimos de la posición de que hoy en día las poli-crisis están arraigadas en las reglas y el diseño del sistema económico actual. Por eso apoyamos el potencial transformador en la lucha global por un mundo mejor. El ámbito en el que es más visible este sistema económico y político obsesionado por el crecimiento y destructivo, es nuestro sector alimentario. Podemos verlo desde la posición de los pequeños agricultores y las mujeres en las zonas rurales, pasando por la situación del suelo y la biodiversidad, hasta la salud pública y la monopolización del sector alimentario. Por eso es importante trabajar en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología en aras de una economía social y solidaria. Nuestros movimientos son para nosotros como corrientes de un mismo río, como partes de un mismo ecosistema.

En la circunscripción de la economía social y solidaria ya estamos trabajando en muchos puntos de cruce y áreas que se solapan. Nuestros miembros están activos en la promoción y puesta en marcha de sistemas alimentarios territoriales, granjas/tiendas agrícolas colectivas (pequeñas cooperativas locales), producción y procesamiento de alimentos colectivos/compartidos, compras públicas territoriales, salvaguarda de los bienes comunes (tierra, agua, semillas, etc.), solidaridad entre productor y consumidor con riesgos y beneficios compartidos, y mejora general de la salud. En estos campos, entre otros, podemos ver la conexión entre la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria.

Nuestra aportación puede apreciarse destacando los programas, proyectos y actividades estrechamente relacionados mencionados más arriba.

Seguiremos trabajando en torno a la solidaridad en el seno de nuestras sociedades y en la necesaria transformación de la economía capitalista neoliberal que está poniendo en peligro al planeta, a los pequeños productores de alimentos, a las mujeres, a las minorías y a todos los demás grupos que no se rigen por el programa del beneficio-por-encima-de-todo. RIPESS Int. también puede proporcionar apoyo para la creación de capacidad y conocimiento con actividades educativas y formaciones sobre economía social y solidaria y soberanía alimentaria.


[1] https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-datos-del-mscpi-en-la-plenaria-cfs51/

[2]  Para más información, consulte el artículo de Flora Sonkin e Iolanda Fresnillo.

Destacados

Destacados 1

Alerta roja: ¡Las «SbN” y la «nature tech” (tecnología de la naturaleza) son trampas tecnológicas!

La idea de «soluciones basadas en la naturaleza» (SbN) suena positiva e inocua, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Se trata de un término muy ambiguo que se utiliza cada vez más para maquillar de verde la especulación empresarial mediante ámbitos políticos que supuestamente abordan las crisis mundiales del clima, la biodiversidad y la alimentación.

Debido a esta ambigüedad, las soluciones basadas en la naturaleza se están utilizando para promover una variedad ingente de propuestas, desde plantaciones y conservación de humedales hasta ingeniería genética de plantas y microbios del suelo.[1] Están a la orden del día los enfoques técnicos y basados en el mercado, así como el énfasis en «mejorar» la naturaleza (incluso excluyendo a los pueblos de sus tierras).

En 2022, las soluciones basadas en la naturaleza se incorporaron a una serie de acuerdos intergubernamentales, entre ellos catorce resoluciones de la quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; el Plan de Aplicación de Sharm el-Sheikh de la COP 27 de la CMNUCC; el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica; y una resolución de la COP 14 de la Convención de Ramsar sobre los Humedales.[2] Todo ello ha ido acompañado de un aluvión de propuestas empresariales de NBS:

«El número de “compromisos SbN” empresariales se ha disparado. Pero básicamente, no hay suficiente naturaleza para todos. De modo que las empresas están impulsando medios tecnológicos para «mejorar» la naturaleza, como los proyectos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS por sus siglas en inglés) y otras tecnologías de geoingeniería.» [3]

El Foro Económico Mundial (FEM) también está consolidando insidiosamente el enfoque de soluciones tecnológicas como algo fundamental para las NBS, argumentando que «las soluciones basadas en la naturaleza pueden transformarse a través de la tecnología de la naturaleza en soluciones ampliables, transparentes y fiables».[4]  Aquí el FEM está hilando una narrativa cuidadosamente redactada sobre la «tecnología de la naturaleza», que suena positiva, para promover las soluciones tecnológicas como el único camino a seguir. Esto no sólo es falso, sino que es una peligrosa distracción de las soluciones reales.

El término inglés «technofix» se entiende popularmente como una solución técnica a un problema urgente. Sin embargo, no suele ser más que un «parche» que aborda los síntomas pero no las causas profundas de un problema (porque los promotores del technofix se quedarían sin negocio).

Las soluciones tecnológicas también pueden aumentar el riesgo de impactos negativos. Por ejemplo, se han propuesto tecnologías de gestión de la radiación solar (SRM por sus siglas en inglés) para reflejar la luz solar hacia el espacio.[5] Esto podría tener repercusiones incalculables en los patrones climáticos y la producción de alimentos, pero una vez puesto en marcha podría ser difícil de detener, debido al riesgo de «frente de choque de terminación» con una rápida aceleración del cambio climático que dificultaría enormemente la adaptación,[6] incluso para los productores de alimentos.

Es alarmante que el programa de soluciones tecnológicas esté ganando terreno tan rápidamente, dada la gravedad de sus posibles consecuencias. Esto puede ser porque se considera al desarrollo tecnológico como políticamente neutral y siempre progresista -aunque no sea así[7] – y en parte porque se confía imprudentemente en que los actores empresariales van a proporcionar tecnologías para el bien público. Estos desequilibrios de poder rara vez se revelan o se contrarrestan.

Los miembros de la sociedad civil debemos cuestionar y desacreditar colectivamente el uso de soluciones tecnológicas en todos los foros políticos.

Destacados 2

El sistema mundial de comercio e inversión: formalizar el robo y la destrucción

El sistema mundial de comercio e inversión se basa en una historia de extractivismo y explotación de la naturaleza, la mano de obra y la riqueza por parte de empresas procedentes en gran medida del Norte, aunque cada vez más también del Sur. Con raíces en la era colonial, este sistema es una poderosa fuerza política y económica que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos, subvierte el multilateralismo democrático y pone en peligro el planeta.  La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 marcó un antes y un después en la arquitectura del comercio mundial, y muchos gobiernos la elogiaron por establecer un sistema de comercio multilateral basado en normas. Sin embargo, las normas de la OMC han favorecido los intereses económicos de los países ricos, y el acceso al mercado se situó con firmeza en el centro de todas las negociaciones. Sus numerosos acuerdos sobre agricultura (AoA), derechos de propiedad intelectual (Acuerdo sobre los ADPIC), industria (negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas – NAMA), normas sanitarias y de seguridad (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF), servicios (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS), inversión, contratación pública, facilitación del comercio, pesca, comercio electrónico y servicios medioambientales, están diseñados para garantizar el control de las empresas sobre los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana mediante la liberalización progresiva del comercio.

En las dos últimas décadas, ha acompañado a la OMC un nuevo género de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y asociaciones económicas que pueden ser bilaterales, plurilaterales, regionales y transregionales, por ejemplo, el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) y, más recientemente, el Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF por sus siglas en inglés). Estos acuerdos son más ambiciosos que la OMC en la medida en que permiten a las empresas extranjeras operar en los mercados nacionales, protegen la propiedad intelectual, a los inversores y modelan la normativa nacional. Las disposiciones ADPIC plus de los ALC permiten a las empresas farmacéuticas ser propietarias de los datos sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos, ampliar de facto los periodos de sus patentes y crear monopolios farmacéuticos, y retrasar considerablemente la producción y comercialización de medicamentos genéricos. También exigen a los países participantes que se adhieran y sigan las normas de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que favorecen a las empresas agroalimentarias y biotecnológicas.

Una de las disposiciones más peligrosas de estos acuerdos es la protección de los derechos de los inversores a través de los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), mediante los cuales los inversores pueden demandar a los gobiernos por las políticas públicas, las leyes y las normativas que limitan sus operaciones y beneficios, incluida, por ejemplo, la legislación fiscal, laboral, medioambiental y contra la contaminación. Los arbitrajes ISDS suponen enormes costes para los contribuyentes en concepto de honorarios de abogados, comparecencias ante los tribunales y pagos por daños, y disuaden a los gobiernos de regular en defensa del interés público.

La OMC y los TLC son facetas de la globalización impulsada por las empresas, y ponen las oportunidades de lucro de las empresas por delante de los derechos y capacidades de los pequeños productores de alimentos, los trabajadores, los pueblos indígenas y las personas. Sustituyen a los convenios multilaterales sobre derechos humanos, medio ambiente y biodiversidad, y distorsionan los conceptos de sostenibilidad, inclusión y rendición de cuentas. Los fallos estructurales de este modelo y su régimen de gobernanza son evidentes en las crisis alimentarias, financieras y de salud pública recurrentes, el colapso de las cadenas de suministro, la desposesión de los pequeños productores de alimentos y la aceleración del cambio climático. Las negociaciones se caracterizan por las asimetrías de poder entre los países, los acuerdos opacos entre bastidores y la coacción disfrazada de consenso. Hay que desmantelar este sistema e integrar la gobernanza del comercio y la inversión en los principios de soberanía alimentaria, derechos de los pueblos, dignidad, solidaridad y respeto por la naturaleza.

Destacados 3

La hidra de las mil cabezas: Cómo las empresas privatizan la toma de decisiones internacional

El poder empresarial, la industrialización de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, y la concentración del mercado en los sistemas alimentarios, siguen aumentando. Para mantener y aumentar el poder empresarialha sido fundamentalla usurpación de puestos en la mesa de toma de decisiones de diversas instituciones públicas internacionales. ¿Cómo aumentan las empresas su influencia en los organismos de la ONU responsables de cuestiones importantes relacionadas con la soberanía alimentaria?

– El 70% del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) procede de contribuciones voluntarias, incluidas las de organizaciones filantrópicas y empresariales. La FAO no revela cuánto dinero recibe del sector empresarial.

– La FAO ha intensificado su colaboración con el sector empresarial en su marco estratégico para 2022-2031. Además de con Crop-Life International, ha firmado acuerdos con la Asociación Internacional de Fertilizantes, Google y Unilever, entre otros. Fuente.

– Coca-Cola fue uno de los patrocinadores de la COP 28 sobre el clima celebrada en Sharm El Sheikh (Egipto). El director ejecutivo de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), es el responsable de supervisar la última ronda de negociaciones mundiales sobre el clima como presidente de la COP28, organizada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Fuente: aquí y aquí.

– Crop-Life International participa en grupos de expertos técnicos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Asociaciones empresariales como el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial, que agrupan a las principales empresas agroalimentarias, han establecido coaliciones para promover soluciones sostenibles que protegen los intereses de las empresas pero no hacen nada por el medio ambiente. Entre los ejemplos están los mecanismos de compensación (como «Sin pérdida neta», «Ganancia neta», «Naturaleza positiva» y «Soluciones basadas en la naturaleza»), la autoinformación, la autorregulación y la autocertificación. Fuente.

Otra forma de aumentar la influencia empresarial en las instituciones de la ONU es cambiar la forma de elaborar las políticas. En lugar de basarse en procesos intergubernamentales de negociación con reglas del juego claras, están proliferando iniciativas multilaterales de múltiples formas y con resultados políticos informales y una fuerte presencia de redes favorables a las empresas.

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021, convocada por el Secretario General de la ONU, ha sido la mayor de estas iniciativas hasta la fecha. A pesar de no contar con un plan de acción acordado por los gobiernos, se creó una estructura paralela a las instituciones existentes, (como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU):  el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios,  con sede en la FAO y liderado conjuntamente por: el Secretario General Adjunto de la ONU; los directores de las agencias con sede en Roma (la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA); la OMS; el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este centro tiene asignado más del doble del presupuesto del CSA, mientras que este último sigue con dificultades de financiación. Los gobiernos nacionales no forman parte de la estructura de gobierno de este Centro. En otras palabras, quien decide de facto qué políticas promover es una burocracia de la ONU favorable a las empresas.

El Foro Mundial de la Alimentación(WFF por sus siglas en inglés) de la FAOes un evento de envergadura cuyo fin es poner en contacto a inversores y países. Se organiza en torno a tres pilares principales: el Foro Mundial de la Juventud, el Foro de la Ciencia y la Innovación y el Foro de Inversión Mano de la Mano. Proporciona una gran plataforma para que los agentes empresariales promuevan sus soluciones empresariales. (Véase el recuadro de lecturas complementarias).

Democratizar la toma de decisiones en torno a los sistemas alimentarios es la esencia del movimiento por la soberanía alimentaria. Debemos contrarrestar la apropiación empresarial de las Naciones Unidas. Partiendo de nuestra visión sobre la soberanía alimentaria y popular y los derechos humanos, debemos seguir desarrollando nuestras propuestas y estrategias para una gobernanza alimentaria mundial inclusiva y la democratización de las Naciones Unidas en un sentido más amplio.


[1] https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/geoingenieria_en_las_negociaciones_sobre_el_clima.pdf

[2] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en

[3]  Cita de la declaración colectiva ¡No a las soluciones los despojos basados en la naturaleza!

[4]  https://www.weforum.org/agenda/2022/12/nature-based-solutions-are-essential-for-tackling-the-climate-and-biodiversity-crises/

[5]  https://es.geoengineeringmonitor.org/cat/radiacion-solar/

[6]  https://www.geoengineeringmonitor.org/2022/03/high-risk-geoengineering-technologies-wont-reverse-climate-breakdown/

[7] https://etcgroup.org/es/content/la-politica-de-la-tecnologia

[8] https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-datos-del-mscpi-en-la-plenaria-cfs51/

[9]  https://focusweb.org/press-release-indo-pacific-economic-framework-ipef-under-scrutiny-civil-society-raise-alarms-on-its-potential-consequences/

Boletín núm. 54 – Editorial

Cómo las plataformas multilaterales y otras plataformas internacionales afectan a la soberanía alimentaria 

 Ilustración: Andrea Medina para el Grupo ETC, facebook.com/andreammedinagraphic/

Para muchos gobiernos y responsables políticos, los alimentos ya no se consideran un derecho sino una mercancía. La gobernanza alimentaria mundial sirve cada vez más a los intereses empresariales, mediante acuerdos favorables al mercado y a las empresas que se han normalizado en un amplio abanico de instituciones multilaterales. Se comercia con los medios de vida de las personas y la naturaleza a través de acuerdos económicos y financieros que benefician a las empresas y a las élites de distintos sectores y países, pero que amenazan las condiciones necesarias para la soberanía alimentaria de los pueblos. Esta amenaza se ve ahora agravada por los enfoques basados en soluciones tecnológicas empresariales a las crisis del cambio climático y la biodiversidad.

En este número del boletín Nyéléni, describimos el modo en que las tendencias de las plataformas multilaterales y otras plataformas internacionales están repercutiendo en la soberanía alimentaria, que será decisivo para el futuro de la alimentación y la autodeterminación de los pueblos. Desgranamos los diferentes procesos en los que se están perpetuando intercambios injustos y promoviendo conceptos opacos.

 Mientras los foros de comercio e inversión siguen promoviendo los sistemas alimentarios industriales y las cadenas de suministro mundiales, proliferan las llamadas «soluciones basadas en la naturaleza» (NBS, por sus siglas en inglés), que ocultan nuevas formas de mercantilizar la naturaleza, los territorios y los medios de vida.  Cuando a cambio de una remuneración monetaria se asigna a la tierra, el suelo, el agua, los bosques y la biodiversidad una tarea imposible, como es compensar la contaminación causada por industrias de otros lugares,  se abre un nuevo frente de cercamiento de los bienes comunes, que se hace posible,  se mide y se controla con las nuevas tecnologías. Todas estas situaciones se caracterizan por la apropiación empresarial de los programas políticos y económicos, extendiéndose e incrustándose en las instituciones multilaterales a través del multilateralismo. Un buen ejemplo de ello es la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021 y la posterior creación de un Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de la ONU, que pretende apropiarse del proceso de debates sobre gobernanza alimentaria.  El debate en torno a los datos sobre seguridad alimentaria y nutrición en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es un ejemplo más, impulsado nada menos que por la Fundación Bill y Melinda Gates.  Está claro que debemos movilizarnos colectivamente y resistir en una escala aún mayor y más coordinada que nunca para hacer frente a estas tendencias y revertirlas en toda una serie de foros multilaterales y de «negociación». 

Grupo ETC, FIAN Internacional, Focus on the Global South