Destacados 1
La digitalización, la agroindustria y el movimiento pastoralista
Uno de los principales efectos de la globalización es la pérdida de control local, regional y nacional sobre la toma de decisiones económicas y políticas, un poder que se ha trasladado a manos de actores globalizados. Al mismo tiempo vemos cómo el capital financiero global está cada vez más escondido y clandestino. Dentro de esta misma dinámica de globalización, los factores que afectan a los sistemas alimentarios, tales como la gestión del territorio, la regulación de precios o las normativas fitosanitarias, están siendo determinados cada vez más por actores internacionales. Este proceso de dislocación del poder soberano tiene muchos efectos sobre la ganadería extensiva y el pastoreo.
Los proyectos extractivistas, la privatización de la tierra o la demarcación de áreas naturales excluyendo a comunidades locales, son algunos de los principales problemas para los pequeños productores de alimentos ya que los despojan de sus territorios.
Paralelamente, existe un impulso por parte del mercado de generar economías de escala: macrogranjas con miles de cabezas de animales, y una gran concentración en la cadena alimentaria en ganadería porcina y avícola. Este modelo de ganadería explota a personas, animales y entorno, transformando la labor de cuidado de la ganadería a pequeña escala, bajo la lógica industrial. La robotización avanza a pasos agigantados: máquinas de ordeño, de alimentación, de limpieza de establos…, todo ello para aumentar el volumen de producción, mientras los precios de productos como la leche o los corderos son cada vez menores e insumos como el pienso, suben. Esta imposición del capitalismo de “crece o muere” acaba con el sector lácteo y la ganadería familiar, y sólo unos pocos pueden sobrevivir.
Organizaciones como el Foro Económico Mundial (FEM) o el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, que representan intereses corporativos, tienen cada vez más fuerza en la ONU. Esto quiere decir que nos enfrentamos a un escenario donde la gobernanza pública mundial está siendo privatizada. Prueba de ello es como el FEM ha influido en la ONU en tanto que sponsor oficial del Foro de Sistemas Alimentarios de la ONU o UNFFS lo cual ha suscitado el rechazo y boicot por parte de los movimientos de productores del alimento.
Adicionalmente, este poder excesivo que el capital financiero ejerce sobre la economía real se está profundizando con la digitalización. En el ámbito de la alimentación, la digitalización repercute en la gestión del territorio y el manejo de recursos naturales. Las aplicaciones geo-satelitales cada vez tienen un rol más importante en la toma de decisiones. Los nuevos Eco-Esquemas de la PAC obligarán a que cada rebaño tenga GPS en un 30% de los animales. Anteriormente la UE también quiso imponer chips identificativos para cada animal. Estos procesos tienen toda una serie de consecuencias negativas para las organizaciones vinculadas a la soberanía, ya que las excluyen de la toma de decisiones. Cuestiones de manejo territorial pasan a ser digitalizadas mientras, en las zonas rurales, la conectividad es muy precaria. Las implicaciones que tiene este cambio de la matriz tecnológica se unen además a la brecha digital y problemas de financiación.
La gobernanza misma de la digitalización es privada, no existe un organismo dedicado a regular este nuevo campo de disputa. El movimiento de soberanía alimentaria está creando alianzas con movimientos que trabajan sobre el tema tecnológico, ya que en el presente y futuro próximo, este es uno de los terrenos donde tenemos que hacer valer nuestros derechos y nuestra soberanía. Sin duda faltan todavía muchos mecanismos y estructuras de democratización. Luchamos por una estructura tecnológica pública internacional.
No basta con ejercer la soberanía a nivel local o nacional, sino que hay que organizarse para actuar también globalmente, con una estrategia política que busca la participación en Instituciones públicas internacionales para democratizar estos espacios y poder influir en ellas. Este proceso permitiría hacer frente a los desafíos de la globalización y la acumulación desaforada de riqueza.
Destacados 2
Ambientalismo y pastoreo, una aparente contraposición
En septiembre de este año se celebró en Marsella el congreso de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), una poderosa organización que reúne a las principales ONGs de conservación del medio ambiente. Ese mismo mes, indígenas y productores de diferentes lugares del mundo se reunían bajo el lema “Nuestra tierra, nuestra naturaleza, por la descolonización de la conservación de la naturaleza”, representando una reinterpretación alternativa de cómo y por quién se lleva a cabo la custodia del entorno. La UICN no ha estado libre de cuestionamiento. Al igual que organizaciones centrales a la misma, como WWF o Sierra Club, que han sido acusadas de prácticas abusivas sobre pueblos indígenas, y de racismo.
Hace unos años WAMIP denunciaba como en un informe de la propia UICN sobre medidas para “ proteger la naturaleza “en la región de Ngorongoro ( Tanzania) , se aconsejaba “ retirar las comunidades pastoriles del lugar”. En pocos días el ejercito desalojaba de forma violenta a miles de personas del entorno que pastorearon durante milenios, para dejar paso a nuevos hoteles y safaris turísticos.
El modelo de conservación con más poder económico y predominante en el imaginario colectivo es la conservación fortaleza. Este modelo se basa en la creencia errónea y racista de que la mejor manera de proteger la biodiversidad es a través de la creación de áreas protegidas donde se suprima la influencia humana. Su filosofía es que las poblaciones indígenas empeoran la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental, a pesar de la falta de evidencia científica e histórica y las amplias pruebas en contra.
Este modelo es defendido por algunas ONG internacionales y transnacionales como WWF, WCS o African Parks, se está extendiendo a nivel mundial, y apuntala el argumentario para la creación de parques naturales sin tener en cuenta el conocimiento y experiencia de pastoras/es y ciudadanía rural.
Los orígenes del modelo de conservación fortaleza son coloniales y racistas. Desde 1970 se han creado más de 1900 parques o áreas protegidas, la mayoría de los cuales se encuentran en el Sur Global. Actualmente, se está impulsando desde cumbres como el Congreso de la UICN el llamado 30×30, un plan para convertir el 30% del planeta en Áreas Protegidas.
Desde un posicionamiento crítico dentro del ambientalismo se denuncia y lucha activamente contra estas falsas medidas que lejos de presentar soluciones ante la situación actual de urgencia climática y social, reproducen los intereses del sistema económico imperante, basado en la explotación de recursos finitos de un planeta ya hace tiempo colapsado que, como demuestran la evidencia científica y experiencia humana, no solo es insostenible sino que es culpable directo del caos climático y la injusticia social derivada.
Las únicas soluciones sostenibles, justas y reales no responden a intereses capitalistas, coloniales y racistas. Las soluciones reales ante el caos climático dependen de la humanidad, de nuestra característica diversidad y particularmente de los pueblos indígenas y otras comunidades locales y su derecho a la tierra; dado que son diversos pueblos indígenas quienes protegen en sus territorios el 80% de las zonas más biodiversas del planeta.
Necesitamos un modelo de conservación de la naturaleza que coloque los cuidados, la diversidad y los derechos humanos en el centro, y confronte las verdaderas causas del caos climático: el sobreconsumo y la explotación de recursos liderados por el norte global y su industria mayoritariamente.