Voces desde el campo 1
Los pescadores dicen no a la iniciativa de pesca costera
Foro Mundial de Pueblos Pesqueros (WFFP) y Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF)
La FAO, el Banco Mundial, Conservation International y otros actores lanzaron en junio de 2015 la Iniciativa de Pesca Costera (CFI, por sus siglas en inglés), un programa de gran alcance que pretende reformar las políticas pesqueras de todo el mundo. Durante un período de 4 años, se distribuirán 235 millones de dólares a una serie de proyectos en países de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.
Nosotros, como representantes de más de 20 millones de pescadores, deseamos expresar nuestra firme oposición a la CFI, que contradice directamente la implementación de las Directrices para garantizar las pesquerías sostenibles de pequeña escala (VGSSF), suscritas recientemente.[1]
El documento del programa marco (PFD)[2] de la CFI se ha desarrollado y escrito en un proceso vertical, en el que ha participado de forma exclusiva un conjunto de personas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), uno de los principales patrocinadores de la iniciativa. La CFI contraviene el principio básico de participación de las VGSSF, según el cual las comunidades pesqueras afectadas de pequeña escala deberían participar en los procesos antes de que se tome cualquier decisión. Se nos redujo al nivel de “otras partes interesadas”, junto con representantes del sector privado, académicos, etc. aunque representamos al colectivo más afectado por la CFI.
En consecuencia, nos quedó claro que los programas para los países objetivo de la CFI se centran en implementar pesquerías basadas en derechos. Este enfoque no respeta los sistemas existentes de gobernanza y de administración local, y no reconoce que los problemas de las pesquerías provienen, sobre todo, de una administración o una gobernanza insuficientes, atribuyendo la ineficiencia a la falta de propiedad privada.[3] El proceso de privatización generado por las pesquerías basadas en derechos beneficia claramente a una pequeña élite, dejando desposeída a la mayoría.
La introducción de las pesquerías basadas en derechos en los países objetivo y en cualquier otro lugar colisionaría directamente con el contenido progresivo de las VGSSF, que subraya la necesidad de un enfoque que respete los derechos humanos como herramienta clave para reducir la pobreza. En este contexto, la CFI introduce políticas que dan una prioridad clara a los intereses del sector privado o a actores poco preocupados por el medio ambiente.
Por lo tanto, hemos rechazado la invitación a participar como miembros en el comité directivo de la CFI. De haber aceptado esta invitación, cuando el contenido de la CFI ya está más que definido, habríamos legitimado las políticas de pesquerías basadas en derechos, contra las que llevamos años luchando. Habría sido un duro golpe para la implementación de las VGSSF, por las que continuamos trabajando.
Voces desde el campo 2
Wilmar: no hay tierra en venta[4]
Amigos de la Tierra Estados Unidos y Nigeria
La palma aceitera es autóctona de África occidental, y el aceite de palma, en su forma más pura, es un producto básico en la dieta de los pueblos de África occidental. Sin embargo, lo que no es autóctono y está causando estragos en la provincia tropical nigeriana de Cross River State, es la expansión a escala industrial de plantaciones de palma aceitera, por parte de la mayor comercializadora de aceite de palma del mundo, Wilmar International. Desde 2010, Wilmar ha adquirido 30.000 hectáreas de tierra para plantaciones de palma aceitera en el sudeste nigeriano, con lo que ha ampliado su banco de tierras en Nigeria a cientos de miles de hectáreas.
Nigeria es uno de los diez países africanos que han firmado la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, la estrategia de los países del G8 para movilizar la inversión extranjera de gran escala al sector agrícola de África. Como socio de la Nueva Alianza, Wilmar podrá tener “garantizada la adquisición de tierras”, podrá beneficiarse de “salarios medio-bajos”, y podrá recibir moratorias fiscales en un proceso diseñado para “facilitar los negocios en Nigeria”. Sin embargo, la Nueva Alianza puede ser más perjudicial que positiva para los productores de alimentos de pequeña escala, ya que está aumentando el riesgo de acaparamientos de tierras, al tiempo que se están socavando los derechos sobre las tierras y la tenencia agraria.
En su informe “Explotación y promesas vanas: El acaparamiento de tierras en Nigeria por Wilmar”[5] (en inglés), Amigos de la Tierra revela que la reciente adquisición de Wilmar en Cross River State ha dejado sin recursos a los pueblos locales, y supone una amenaza para las zonas de selva protegida que albergan gran parte de la enorme biodiversidad de África. Un agricultor que se ha visto desplazado por las operaciones de Wilmar en Nigeria afirma: “Al quitarnos nuestras granjas, Wilmar está declarando nuestra muerte”.
Por lo tanto, Wilmar International y sus subsidiarias de Nigeria deberían hacer lo siguiente, entre otros aspectos:
- Detener sus planes de expansión de forma inmediata;
- Publicar todos los mapas de concesiones, las evaluaciones de impacto socio-ambiental, las políticas de contratación, y las actas de las consultas a las comunidades;
- Revisar a fondo y ajustar sus protocolos para conseguir un consentimiento libre, previo e informado que respete las prácticas recomendadas internacionales; y reiniciar un proceso de consulta abierta a todas las personas afectadas.
Por otro lado, el gobierno nigeriano debería alentar e incentivar la producción agrícola de pequeña escala, y comprometerse a un proceso de reforma de sus sistemas de tenencia agraria, que respete las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
En palabras de Amigos de la Tierra de Nigeria y el Centro de desarrollo de recursos de la selva, “Si Wilmar no mejora sus operaciones, más le valdrá hacer las maletas y marcharse”.
Voces desde el campo 3
Captura corporativa de ciudades en honduras: una amenaza especial para las mujeres
Andrea Nuila e Ismael Moreno[6]
Las ciudades chárter son pequeños estados dentro de un estado: son territorios que el estado deja libres, y que se ponen en manos de un tercero. En el período legislativo de 2010-2013, el Congreso Nacional de Honduras, formado por una mayoría de juristas que apoyaron el golpe de estado de 2009, aprobaron la ley de ciudades chárter. La oposición ciudadana consideró este acto como una traición al país, y forzó al Tribunal Supremo a declarar inconstitucional esta ley en octubre de 2012. Aun así, se aprobó una nueva versión de la ley en 2013.
Para la élite política y empresarial, las ciudades chárter no son un concepto extraño. Son una forma ampliada de la industria maquiladora, que se impuso desde la década de los 90: auténticos paraísos fiscales donde se practica el tráfico de personas, con políticas que ignoran el código laboral y donde se despide a los trabajadores de forma arbitraria.
La denominada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ley de ciudades chárter) permite que partes del territorio se entreguen a uno o varios países o corporaciones transnacionales y sean administradas por ellos, con lo que se crean ciudades autónomas orientadas a facilitar la inversión privada.
Una ciudad chárter dentro del territorio de un país cuyo sistema económico, social y político ha fracasado aumentará las desigualdades y ampliará los desequilibrios hasta extremos insostenibles. En especial, las mujeres y las organizaciones feministas han alzado la voz y mostrado su preocupación por el impacto negativo que tales “zonas especiales” generarán de forma inevitable contra el cuerpo y la vida de las mujeres a nivel nacional.
Es importante recalcar que las mujeres de Honduras ya viven en una sociedad patriarcal extremadamente violenta (donde una mujer es asesinada cada 16 horas). Esta violencia se ve reforzada por la impunidad, la criminalización de quienes defienden los derechos de las mujeres, y la discriminación institucional que sufren las mujeres. En las zonas rurales, donde se están planeando la mayoría de las ciudades chárter, existen tasas muy altas de violencia contra las mujeres, un número cada vez mayor de desahucios, así como un acceso limitado a servicios sanitarios y a recursos naturales.
Las mujeres campesinas, indígenas y afro-descendientes serán sin duda los grupos más afectados por la construcción de este tipo de ciudades. Según la líder garifuna Miriam Miranda, con la construcción de las ciudades chárter, el gobierno hondureño está poniendo en peligro el 70% del territorio garifuna (comunidades afro-descendientes).
Un estado ausente y la posibilidad de que las ciudades chárter suministren servicios públicos, decidan las normas y puedan elegir las normativas fiscales no harán sino poner a las mujeres en una situación aún más vulnerable.
Voces desde el campo 4
Desmaterialización de las semillas: el caso de “DivSeek”
La Vía Campesina[7]
Tras una semana de arduos debates en la sede de la FAO en Roma, el 9 de octubre de 2015, el Órgano Rector del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (el Tratado de semillas) se encontró entre la espada y la pared en su sexta sesión: o bien aceptaba la irregularidad de sus “arreglos sobre gobernanza” como hechos consumados, o bien se hundía en una crisis abierta.
Par evitar una ruptura inmediata, se declaró válido lo siguiente:
- El compromiso de la Secretaría con el programa DivSeek, que organiza la biopiratería a nivel mundial. DivSeek pretende secuenciar los genomas de todas las variedades de recursos fitogenéticos almacenados en los bancos de genes, con el fin de publicar de forma electrónica información genética sobre las semillas, confiadas voluntariamente a los bancos de genes que son responsabilidad del Tratado de semillas. Esto permitirá reclamar la propiedad de todas las plantas que contengan dichas secuencias y que tengan alguna característica relacionada. Todo ello, sin incluir prohibición alguna de patentar ni compartir los beneficios, lo que vulnera las propias normas del Tratado.
- Una resolución que deja a los agricultores sin ninguna posibilidad de defenderse frente a esta violación de sus derechos, que aun así quedan estipulados en el Tratado. Las patentes sobre información genética publicadas por DivSeek prohibirán a los agricultores continuar produciendo las semillas que entregaron, desinteresadamente, a los bancos de los que es responsable el Tratado.
- La renovación del contrato de su Secretaría general, que se realizó en secreto, lo que supone una vulneración de su propio reglamento interno.
Desde la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, la industria de las semillas ha acumulado deudas astronómicas, al acceder a la enorme reserva de semillas campesinas producidas en campos de todo el mundo, sin haber compartido los beneficios obtenidos. En Omán, en 2013, el Órgano Rector del Tratado instó a la industria de las semillas a buscar una solución justa. Hasta el momento, no se ha conseguido progreso alguno. Más bien al contrario, pues con DivSeek, la industria organiza un pillaje aún mayor, al dejar que todas las semillas, de forma desmaterializada, escapen del control del Tratado y puedan patentarse sin ningún tipo de restricción.
La Vía Campesina espera una reacción potente de todos los gobiernos, que en Roma fueron testigos de estos desvíos inaceptables de los objetivos del Tratado, para que éste pueda recuperar el rumbo que le corresponde. La Vía Campesina desea que la próxima consulta sobre los derechos de los agricultores (artículo 9 del Tratado), que organiza Indonesia en 2016, dé la máxima prioridad a estos derechos, para garantizar la soberanía alimentaria frente al robo de semillas perpetrado con los derechos de propiedad de la industria.
[1] Disponible aquí.
[2] Disponible aquí.
[3] Consultar también “El acaparamiento global de los océanos” (en inglés) aquí.
[4] Basado en el resumen “Explotación y promesas vanas: el acaparamiento de tierras de Wilmar en Nigeria” (en inglés).
[6] Texto basado en “Una ciudad chárter en medio de una sociedad harapienta” (en inglés), publicado en el “Right to Food Journal 2015” de FIAN, vol. 10.
[7] Nota de prensa disponible aquí.