Cuadro 1
Soluciones transformadoras a las crisis alimentarias sistémicas mundiales
En 2022, una consulta popular mundial sobre las repercusiones de la crisis alimentaria, y las propuestas desde la base, mostraron la realidad que viven los pequeños productores y las comunidades de todo el mundo que afrontan y lideran las respuestas a la crisis alimentaria[1]. Las conclusiones fueron contundentes:
A causa de la pobreza, de los precios abusivos de las grandes empresas y de que es el mercado el que rige el suministro de alimentos, y a pesar de la disponibilidad de alimentos, estos siguieron siendo inasequibles para millones de personas. Han persistido los conflictos, las guerras y la violencia de Estado, y los alimentos se utilizan como arma geopolítica. Los países y las poblaciones que tienen menos responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero son los que más han sufrido los efectos del cambio climático, con fenómenos meteorológicos extremos y cosechas fracasadas que han conducido a la pérdida de los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y los pequeños productores de alimentos. Persisten las desigualdades de género, por lo que las mujeres y las personas LGBTQI corren mayores riesgos en tiempos de crisis y escasez. Las desigualdades múltiples suelen combinar la discriminación basada en clase, privilegios sociales, raza/etnia, casta, género, ocupación, religión y edad. El sistema alimentario neoliberal, movido por el beneficio empresarial, contribuye a muchos de estos problemas y además es inadecuado para resolverlos.
En cambio, las comunidades de base de pequeños productores y ciudadanos de diversos grupos marginados, ignoradas en gran medida por el Estado en sus respuestas a la crisis, se han unido para aportar sus propias soluciones. Sobre la base de la práctica, se articularon varias demandas. En general, las respuestas políticas deben basarse en un enfoque integral de los derechos humanos, que reconozca la capacidad de acción de los más afectados, como titulares de derechos, y la responsabilidad de los gobiernos como garantes de derechos.
Estos movimientos exigen que, a corto plazo, el suministro de ayuda alimentaria de emergencia apoye los sistemas, las culturas y las iniciativas alimentarias locales. No debe convertirse en otra vía para que las grandes empresas distribuyan productos ultraprocesados. Los pequeños productores deben disponer de insumos a escala nacional, como semillas autóctonas y biofertilizantes, para poder alimentar a sus comunidades. Es necesario y urgente que los enormes beneficios de las grandes empresas y la riqueza extrema tributen, de modo que puedan financiarse las políticas sociales.
A medio plazo, los movimientos exigen una normativa que ponga fin a la especulación alimentaria y refuerce las competencias de las autoridades reguladoras de los mercados y las finanzas. Reclaman el fin de la deuda ilegítima, destacando la necesidad de reestructurar y cancelar las deudas privadas y públicas de los países en desarrollo. Es fundamental una moratoria sobre el uso y la transformación de materias primas agrícolas para fines no alimentarios, como los agrocombustibles.
A largo plazo, debemos romper la dependencia de las importaciones de alimentos y apoyar el aprovisionamiento doméstico de alimentos, transformar los sistemas alimentarios mediante la agroecología e implantar la soberanía alimentaria. Esto requiere sistemas de gobernanza que garanticen los derechos humanos y el multilateralismo democrático.
En la práctica, esto exige medidas para limitar el poder corporativo. El comercio y la inversión deben reorientarse para que estén al servicio de las personas y a las sociedades, no de las grandes empresas. Hay que poner fin a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y desmantelar los acuerdos existentes de la OMC.
También hay infinidad de medidas positivas que pueden encaminarnos hacia estos objetivos a largo plazo, por ejemplo: la utilización eficaz de la contratación pública y las reservas alimentarias; la creación de mercados territoriales; la reactivación de los cultivos y razas autóctonos; la reforma agraria integral y popular y el compromiso de aplicar la declaración de la ONU sobre el derecho de los campesinos y la población de las zonas rurales y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En general, necesitamos un mayor control democrático de los sistemas alimentarios a todos los niveles.
Cuadro 2
Nuestro futuro es público
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de más de cien países, procedentes de movimientos de base, organizaciones de defensa, de derechos humanos y de desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en diciembre de 2022 en Santiago de Chile, y de modo virtual, para debatir sobre el papel fundamental de los servicios públicos para nuestro futuro[2] . Cientos de organizaciones del sector de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y la sanidad hasta los cuidados, la energía, la alimentación, la vivienda, el agua, el transporte y la protección social, se reunieron para abordar los efectos perjudiciales de la comercialización de los servicios públicos, reclamar el control público democrático y volver a imaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que trabaje para las personas y el planeta.
Por primera vez desde que se inició este proceso hace unos cinco años, la alimentación ha formado parte de esta conversación. Puesto que la alimentación no es un servicio público, en este diálogo sectorial exploramos las conexiones entre los servicios públicos, así como las políticas públicas necesarias para hacer realidad el derecho a la alimentación. Asimismo, nuestro diálogo trató sobre lo que queremos decir cuando reclamamos lo público y cómo democratizar la economía a través del fortalecimiento de la transición agroecológica.
En nuestras conclusiones destacamos que la alimentación es tan esencial para nuestra supervivencia y bienestar, que debe estar en el centro de las políticas y servicios públicos. La alimentación está indisolublemente unida a la salud, los cuidados, la educación, el trabajo, el transporte, el agua, el clima, la agencia política y la democracia participativa. La alimentación debe ser priorizada como un derecho humano, en el marco de una comprensión integral, compleja e interdependiente de los derechos humanos, donde es esencial incluir los derechos de todos los pequeños productores de alimentos, trabajadores y mujeres, incluyendo los derechos colectivos y el derecho a la soberanía alimentaria. Los sistemas alimentarios son el vehículo para la reproducción continuada de los ciclos de la vida, haciendo que la salud humana sea indivisible de los sólidos cimientos ecológicos de la Madre Tierra.
Se ha lanzado un llamamiento fuerte a la unión entre sectores, regiones y movimientos para formular estrategias comunes y nuevas alianzas para hacer realidad la soberanía alimentaria, la transición a la agroecología en todo el mundo y garantizar que se respeten los derechos de todos los actores implicados en los sistemas alimentarios. En particular, hablamos del papel de la reforma agraria en las transiciones agroecológicas, de la importancia de la dimensión del cuidado en los sistemas alimentarios, del papel de la compra pública de alimentos para las instituciones públicas (escuelas, hospitales, prisiones, etc.) y de la necesidad de reforzar y coordinar mejor nuestras campañas actuales contra los agrotóxicos.
[1] Más información e informe completo aquí.
[2] Leer «Nuestro futuro es público: Declaración de Santiago por los Servicios Públicos»