Cuadro 1
El pescado que nunca llega al plato
«A lo largo de la costa de África Occidental, más de medio millón de toneladas de peces pelágicos, que podrían alimentar a más de 33 millones de personas… son extraídos del océano para ser convertidos en harina y aceite de pescado…». – Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación[1]
Tal y como ha señalado el Relator Especial de las Naciones Unidas, no es la falta de alimentos lo que causa el hambre; no es un problema de producción. Mas bien es consecuencia de un sistema alimentario en el que las empresas mundiales productoras de piensos agravan la inseguridad alimentaria al procesar peces salvajes en forma de harina y aceite de pescado[2]. En 2024, más de 18 millones de toneladas de peces capturados en estado salvaje —equivalentes al 23 % del total de las capturas marinas— se transformaron en harina y aceite de pescado. Perú y Chile concentran la mayor parte de la producción mundial, aunque esta es vulnerable a El Niño.
Aunque es difícil obtener datos precisos de todos los países y regiones, se estima que únicamente en India, un millón de toneladas de pescado salvaje acabó en sus 50 fábricas de procesamiento de pescado en 2018[3]. Hay alrededor de 450 fábricas más, repartidas por 62 países[4],que representan casi todo el resto. En cambio, una parte significativa de este pescado, o prácticamente todo, podría utilizarse como alimento para las personas, en lugar de alimentar un sistema globalizado en el que las anchoas capturadas en una parte del mundo se echan de comer a los camarones de otra, con el único fin de ser procesados y vendidos a consumidores de ingresos medios o altos en otros lugares.
Cuadro 2
Algas y geoingeniería marina
Del mismo modo que el mecanismo REDD+ («reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de bosques») propició que las empresas se apropiaran de los bosques de los pueblos indígenas con el pretexto de la compensación de emisiones de carbono, los contaminadores planean ahora convertir el océano en un casino del carbono, utilizando el cultivo a gran escala de algas como forma de acuicultura, combinado con tecnologías de geoingeniería marina para generar créditos de carbono.
La geoingeniería designa las tecnologías no ensayadas y de alto riesgo orientadas presuntamente a frenar o revertir el calentamiento global. Las tecnologías de geoingeniería marina son una amenaza peligrosa para la integridad de los océanos, al alterar la biogeoquímica del océano y afectar de forma irreversible a las comunidades y los ecosistemas marinos. Hay técnicas como la fertilización oceánica (añadir nutrientes, tales como minerales y biomasa), el aumento de la alcalinidad oceánica (vertido de grandes cantidades de minerales para reducir la acidificación) y el blanqueo de nubes marinas (rociar agua de mar para «aclarar» las nubes). Las técnicas empleadas en la acuicultura de algas incluyen hundir biomasa y el afloramiento artificial (colocar tuberías en las profundidades del océano y bombear agua fría hacia la superficie) para inducir el crecimiento de las algas.
Los ecosistemas de algas marinas naturales y gestionados de forma tradicional se encuentran entre los espacios más biodiversos y productivos de la naturaleza. Los pueblos indígenas y las comunidades costeras y pesqueras han rechazado los monocultivos industriales de algas debido a los riesgos que entrañan para la cultura, la economía, el medio ambiente y los derechos humanos. Aquí, la acuicultura se une a la geoingeniería, al acaparamiento de los océanos y a la destrucción de los medios de vida de los pueblos pescadores. La acuicultura de algas combina falsas soluciones que amenazan los medios de vida, al tiempo que reduce el valor incalculable de nuestros océanos a unidades comercializables, maximizadas para obtener beneficios en el falso negocio de «salvar el planeta».
Cuadro 3
La defensa de los bienes comunes es una causa feminista
La acuicultura industrial es una forma de extractivismo impulsada por motivaciones orientadas al mercado, como obtener el máximo posible de ganancias a costa de sobrepasar los límites ecológicos. Los métodos de la acuicultura industrial se basan en gran medida en la producción masiva y el tratamiento químico de las masas de agua, generando grandes cantidades de residuos. Las pescadoras y los pescadores locales se ven privadas/os de su derecho a la soberanía alimentaria a medida que el poder empresarial mercantiliza la pesca.
La Marcha Mundial de las Mujeres defiende la vida por encima de las ganancias y protege los bienes comunes en aras de la sostenibilidad de la vida. Los océanos y los medios acuáticos también son bienes comunes, por eso defender los océanos como bienes comunes es una causa feminista. Como Marcha Mundial de las Mujeres, colocamos en el centro de nuestro movimiento nuestra lucha contra las empresas transnacionales. En nuestra lucha por defender la vida por encima de las ganancias, nos rebelamos contra la acuicultura industrial y nos solidarizamos con las pescadoras.
El trabajo de las mujeres en la pesca
El capitalismo sigue sin reconocer el trabajo de las mujeres. Así, al igual que en la acuicultura industrial, las pescadoras se enfrentan a obstáculos legales y sociales. Aunque las pescadoras trabajan muchas horas y aportan una gran parte de los ingresos de la familia del pescador, su trabajo sigue sin ser reconocido. Las pescadoras son percibidas como trabajadoras auxiliares. A diferencia de los pescadores con licencia, las pescadoras, cuyo trabajo no se reconoce[5], no pueden acceder al crédito institucional ni a las prestaciones de la seguridad social.
Incluso en los lugares donde se reconoce a las pescadoras, estas tampoco forman parte del proceso de elaboración de políticas, lo que limita su capacidad para impulsar cambios.
Cuadro 4
Chile en venta: el avance de la industria salmonera
La dictadura de Pinochet abrió el camino para la industria salmonera en Chile. Hoy, el país es el segundo productor mundial de salmón industrial: se procesan millones de toneladas cada año y se exportan a las grandes economías. Se comercializa como alimento «sustentable», a pesar de la evidencia del uso intensivo de antibióticos y otros químicos, así como de la introducción de especies exóticas, responsables de la destrucción de ecosistemas lacustres, ríos y mares interiores.
El Estado permite concesiones en áreas protegidas en el sur de Chile sin respetar que éstas son parte de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO. Marcela Ramos, integrante de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas (AMIPA), es defensora del territorio de Chiloé[6] donde la industria salmonera ha contaminado el agua por décadas. Ahora la industria crece a los salmones juveniles en lagos de agua dulce, los llevan a concesiones en áreas protegidas en Patagonia para que lleguen a la adultez, y luego los devuelven a Chiloé para ser procesados. Grupos como AMIPA busca visibilizar los conflictos y el mal cuidado del ambiente, y construye propuestas de soluciones para la comunidad.
A parte de causar contaminación ambiental, la industria salmonera se ha tomado la vida de muchas personas que han trabajado en las condiciones laborales precarias que caracterizan a la industria: Entre 2003 y 2026 ha habido 93 fallecimientos. La Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal ha ayudado a exponer los peligros que enfrentan los trabajadores en esta industria, especialmente los buzos que limpian las redes de las piscinas de acuicultura.
En el 2010 el gobierno pasó la Ley de Privatización del Mar. Esta ley protege a la industria salmonera sobre la pesca artesanal, permitiendo a la industria privatizar las concesiones otorgadas por el estado, usándolas para solicitar créditos a la banca privada, resultando en la privatización de gran parte del mar. Todo esto genera conflictos entre la gente y el gobierno.
El Werkén (portavoz) Francisco Vera Millaquén vive en Pargua, a pocos metros de fábricas de alimento para salmones. La expansión de esta industria ha generado conflictos entre familias: quienes trabajan en ella no quieren perder su empleo, mientras otros defienden su tierra y su forma de vida como pescadoras y pescadores.
La comunidad del Werkén Francisco lleva años denunciando la corrupción y la influencia de la industria salmonera sobre las decisiones del Estado. Hoy, esto se refleja en los intentos de modificar la Ley Lafkenche[7], que protege los derechos de las comunidades costeras y su soberanía alimentaria.
Cuadro 5
La acuicultura industrial y la salud pública: un programa urgente de justicia socioambiental
La acuicultura industrial se promueve cada vez más como una solución a la inseguridad alimentaria mundial y como un componente clave de la «transformación azul». Sin embargo, su rápida expansión plantea importantes problemas de salud pública que aún no se han analizado lo suficiente.
El Movimiento por la Salud de los Pueblos defiende el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, saludable y asequible, producida mediante medios de vida dignos y sistemas alimentarios que minimicen el daño a las personas, las comunidades y el medio ambiente. Esta perspectiva basada en derechos subraya la necesidad de evaluar la acuicultura no solo por su potencial de producción, sino también por sus repercusiones en la salud, la equidad y la sostenibilidad ecológica.
Los sistemas de acuicultura intensiva suelen recurrir a antibióticos, plaguicidas, desinfectantes y otros insumos químicos para maximizar la producción. Estas prácticas pueden exponer a las trabajadoras y trabajadores a sustancias peligrosas, contribuir a la contaminación de las masas de agua circundantes y dar lugar, potencialmente, a la presencia de residuos químicos en los productos alimenticios acuáticos. El uso rutinario de antibióticos también suscita preocupación por la resistencia a los antimicrobianos, uno de los principales retos para la salud pública mundial.
Las consideraciones de salud pública van más allá de la exposición a sustancias químicas. La acuicultura industrial puede contribuir al deterioro de la calidad del agua, a la pérdida de biodiversidad y a la sustitución de especies autóctonas, con implicaciones para la salud de los ecosistemas, la nutrición y la seguridad alimentaria. La expansión de la producción industrial también se ha asociado con el desplazamiento de comunidades pesqueras de pequeña escala y la erosión de los medios de vida tradicionales, lo que afecta a los determinantes sociales más amplios de la salud.
A pesar del rápido crecimiento del sector de la acuicultura intensiva, siguen existiendo importantes carencias en la investigación en materia de salud laboral, exposición de los consumidores, calidad nutricional, contaminación del medio ambiente y efectos acumulativos sobre la salud de estos sistemas.
Mientras los gobiernos e instituciones internacionales continúan promoviendo la expansión de la acuicultura, la investigación independiente e interdisciplinar debe ir a la par. Las evidencias en materia de salud pública deben servir de base para las políticas, junto con los objetivos de producción y económicos. Hacemos un llamamiento a los investigadores, los profesionales de la salud, los responsables políticos y los movimientos sociales para que colaboren en la creación de una base de evidencias más sólida y garanticen que los futuros sistemas alimentarios acuáticos promuevan la salud, la sostenibilidad medioambiental, los derechos humanos y la soberanía alimentaria.
Cuadro 6
Nyéléni, solidaridad y filantropía
El Proceso Nyéléni, una expresión internacionalista de los movimientos sociales surgió por necesidad. Lo mismo ocurrió con el nuevo marco de «Filantropía Solidaria» puesto en marcha el año pasado por Grassroots International junto con varios movimientos sociales globales. Este marco, o vía de acción, establece nuevos parámetros sobre cómo debe funcionar la filantropía para proteger la autonomía financiera de los movimientos sociales.
El 3er Foro Global Nyéléni sirvió de punto de partida para establecer la «Filantropía Solidaria» como una estrategia colectiva entre las personas del ámbito filantrópico y las organizaciones de base. Después de décadas trabajando de forma aislada, los aliados y aliadas vieron en el 3er Foro Global una oportunidad para afrontar juntos un reto clave para la sostenibilidad del Proceso Nyéléni: la influencia de la filantropía en los movimientos sociales y cómo ésta frenaba a las comunidades que supuestamente debían recibir apoyo de los financiadores.
Como modelo filantrópico, la Filantropía Solidaria aboga por:
● Reflexionar sobre nuestra relación con la riqueza. Entender de dónde viene el dinero nos ayuda a comprender adónde debe ir.
● Alinear la concesión de subvenciones con los objetivos de autonomía financiera de los movimientos. Las subvenciones deben ajustarse a las prioridades de los movimientos, y no al revés.
● Ir más allá de la financiación para alcanzar una alianza profunda. Las relaciones deben basarse en el aprendizaje y la confianza. Los/las financiadores/as deben alzar la voz cuando los movimientos sean objeto de ataques.
● Invertir en infraestructuras que sustenten a los movimientos. Las infraestructuras físicas, la justicia lingüística, las comunicaciones seguras, el cuidado colectivo y otros aspectos son esenciales para impulsar los movimientos sociales a largo plazo.
● Organizar a las personas en el ámbito de la filantropía en sinergia con las prioridades de los movimientos sociales. La solidaridad se desarrolla a través de las relaciones y la acción compartida. Al igual que los pescadores y las pescadoras aprenden de las aguas que les sustentan, practicamos la solidaridad interactuando activamente entre nosotros y nosotras.
El proceso organizativo que está detrás de este modelo busca cuestionar la institución de la filantropía. La riqueza acumulada en manos de unos pocos debe volver a las comunidades de las que procede. El 3er Foro Global Nyéléni fue una oportunidad para que los movimientos y las entidades financiadoras aliadas construyeran juntos una praxis compartida basada en la solidaridad y el internacionalismo.
[1] Fakhri, M. (2024). La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático – Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.
[2] FAO. Roma. 2026. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2026 –Transformación azul: de la visión a la repercusión.
[3] Scholtens, J., Karuppiah, S., & Jyotishi, A. (2020).(en inglés) A Twisted Trajectory. Samudra Report, 83, 38-42.
[4] Lauren A. Shea et al. (en inglés) Spatial distribution of fishmeal and fish oil factories around the globe.
[5] En la economía pesquera, las mujeres trabajan 17 horas al día y aportan el 48 % de los ingresos de las familias pescadoras. Video.
[6] Chiloé es el nombre de un archipiélago y de su isla más grande.
[7] Aprobada en 2008 tras diez años de trabajo colectivo, la ley reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios sobre sus espacios costeros tradicionales mediante la creación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).