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Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales
Introducción
Los campesinos y las personas viviendo en áreas rurales, como los pescadores a pequeña escala, pastores y trabajadores rurales, todavía representan casi la mitad de la población mundial. La gran mayoría de ellos tiene que hacer frente a violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos: sufren desproporcionadamente hambre y malnutrición, cada vez se les desposee más de sus tierras, de las extensiones de agua, de las industrias pesqueras, de los bosques, de las semillas, y se les aliena de sus recursos de supervivencia. No pueden mantener y desarrollar sus economías locales y ganar un sueldo que les permita vivir con dignidad. A menudo se les detiene, acosa y criminaliza arbitrariamente, e incluso se les mata por defender sus derechos. Además, las mujeres rurales, quellevan a cabo una cantidad desproporcionada de trabajo no retribuido, a menudo se ven discriminadas a la hora de acceder a los recursos naturales y productivos, a los servicios financieros, a la información, al empleo y a la protección social, y todavía se enfrentan a la violencia que se encarna de numerosas maneras.
El movimiento campesino internacional La Via Campesina (LVC) aboga por el reconocimiento de los derechos de los campesinos dentro del sistema internacional de derechos humanos desde 2001. Tras ocho años de debate interno, LVC presentó en 2009 su propia declaración sobre los derechos de los campesinos – mujeres y hombres– en la que expresaba sucintamente sus aspiraciones y reivindicaciones. Poco después, en 2010, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a su Comité Asesor que elaborase un estudio sobre las maneras y medios para promover los derechos de los campesinos y otras personas trabajando en zonas rurales [Informe definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (sobre la promoción de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales), UN doc. A/HRC/19/75, 24 de febrero de 2012.]. El estudio recomienda “(a) implementar mejor las normas internacionales existentes, (b) abordar los vacíos en la normativa en derecho internacional humanitario, y (c) elaborar un instrumento legal sobre los derechos de las personas que trabajan en zonas rurales” (Párrafo 63). En septiembre de 2012, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que establecía un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar el borrador de una Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas trabajando en zonas rurales.
La importancia de la declaración
El anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, declaró que hay “cuatro razones principales para adoptar un nuevo instrumento internacional para los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales: se necesita en derecho internacional; mejorará la lucha contra el hambre; es una manera de proteger las explotaciones agrícolas familiares de pequeña escala frente a las grandes explotaciones agro-industriales; y aumentará el acceso a los medios de producción en zonas rurales”.También subrayó que “la adopción de una declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas trabajando en zonas rurales aumentará la visibilidad de los derechos que ya reconoce actualmente el derecho internacional, y ayudará a reconocer nuevos derechos, como los derechos a la tierra, a las semillas y a la compensación por las pérdidas debidas a los subsidios alimentarios que se da a los agricultores en otros países”.
Movilización en favor de los derechos de los campesinos, pescadores artesanales, pastores y otros habitantes de las zonas rurales.
En países como Indonesia o Colombia, los campesinos han sufrido históricamente una profunda y arraigada discriminación y omnipresente violencia. El llamamiento para que se reconozcan los derechos de los campesinos ha podido captar la atención de la gente sobre el terreno en estos países y ha sido vital para ayudarles a hacer valer sus derechos. También ha fortalecido su capacidad de organización y movilización al igual que sus iniciativas a favor de políticas y leyes que protegen y promueven sus derechos. En años recientes se han adoptado en Indonesia varias leyes y políticas que tratan específicamente la situación de los campesinos.. Las movilizaciones y demandas de los campesinos y habitantes rurales han estado en primer plano en Colombia después de décadas de desastroso abandono.
El camino a seguir
El grupo de trabajo intergubernamental que está elaborando el proyecto de declaración mantuvo su cuarta Sesión en mayo de 2017 [Ver la declaración conjunta de La Vía Campesina con el World Forum of Fisher People, el Internacional Indian Treaty Council, la Internacional Union of Food Workers y otras organizaciones de la sociedad civil sobre los resultados de la sesión]. Aparte de la importancia de contar con una declaración de Naciones Unidas que afirma los derechos de los campesinos y otros habitantes rurales, el proceso de redacción posee el potencial intrínseco de convertirse en un vehículo para:
• Profundizar el diálogo y la alianza entre distintos sectores y grupos de personas rurales; y
• Sensibilizar y contribuir a capacitar y a generar movimiento.
El reconocimiento de los derechos de la población rural va más allá del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Puede demandarse a otros organismos de Naciones Unidas y de modo más importante a las autoridades locales, nacionales y regionales. Es tarea de todos los individuos, grupos y organizaciones unirse a esta lucha a sus propias creativas maneras.
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El derecho a resistir
Treinta y cinco agricultores filipinos, entre ellos 10 mujeres, -se arriesgan a una pena de prisión como consecuencia de 19 denuncias por robo interpuestas contra ellos en 2016 por propietarios de una gran finca cocotera. La finca cocotera es un foco de tensión agraria para la distribución de la tierra dentro del programa Filipino de reforma agraria. Ahora los agricultores tienen que recaudar más de 22.000 dólares USA de fianza para conseguir la libertad condicional. La pobreza y un reciente tifón que destruyó sus cultivos, les impiden conseguir esa suma, lo que ha llevado a muchos de ellos a esconderse, con el consiguiente abandono escolar de sus niños el curso próximo. La criminalización es uno de los medios utilizados por los propietarios de tierras y los intereses empresariales para acosar a los campesinos sin tierra y las comunidades rurales, y utilizando el sistema jurídico para oponerse a las reformas agrarias que amenazan sus monopolios de control y propiedad de las tierras. Casos similares pueden observarse en otros países del sur, donde las instituciones y estructuras de la Justicia se están convirtiendo en instrumentos de represión, y los procedimientos judiciales están manipulados por los que poseen en poder económico y político.
La violencia que acompaña a las luchas de los pueblos en favor de la soberanía alimentaria se ha convertido en algo tremendamente frecuente en todo el mundo. Esta adopta la forma de amenazas, , intimidación, fuerza física y abuso de poder por parte de las agencies del Estado, las élites y los actores no estatales. Desde Camboya a Brasil, las comunidades rurales que defienden sus tierras, agua, bosques, recursos, modos de vida y sus derechos están cada vez más en peligro de sufrir violencia por parte de extractivistas y políticas/proyectos destructivos, a menudo en el nombre del “desarrollo”. Las mujeres, los jóvenes y los niños son especialmente vulnerables. La incapacidad sistemática de llevar a los autores de violaciones de los derechos humanos ante la justicia profundiza la cultura de impunidad y constituye una negación de los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación.
Aunque la violencia, el abuso de poder y la impunidad no sean nada nuevo en la mayor parte del mundo rural, la violación de los derechos de los pueblos y la criminalización de quienes los defienden han crecido a niveles alarmantes en las últimas décadas [Ver el Boletín Nyeleni núm. 14 Derechos y Represión y el volumen III núm. 4 de la Newsletter de agosto de 2016]. Esto puede atribuirse al potente nexo entre los intereses políticos y empresariales, leyes represivas y un modelo de desarrollo que criminaliza a los que se oponen al acaparamiento de tierras, la deforestación, la minería, los embalses, y las injusticias socioeconómicas. Las comunidades locales y los movimientos de los pueblos que están poniendo en práctica y construyendo la soberanía alimentaria son blancos de primer orden, puesto que la soberanía alimentaria desafía directamente las narrativas de crecimiento económico y desarrollo que se basan en inversiones a gran escala, agricultura y sistemas alimentarios industriales, privatización y extractivismo. Un modo práctico y eficaz de menoscabar la soberanía alimentaria es neutralizar a los que la defienden. La violencia legal y física se han convertido en las armas favoritas para silenciar la disidencia y la oposición por parte de empresas, élites y de muchos gobiernos, impidiendo con ello que las personas puedan imaginar otros mundos diferentes del paradigma económico dominante.
No obstante, las comunidades y los movimientos populares en todo el mundo se están organizando para acabar con la criminalización de los pequeños productores de alimentos y con al impunidad de los principales responsables en el sector público y empresarial, incluso en países donde los espacios para una genuina democracia están retrocediendo o son inexistentes, como por ejemplo India, Pakistán, Filipinas, Camboya, Tailandia, Ecuador, Brasil, etc. Estas luchas persiguen defender la dignidad humana y la naturaleza, proteger los derechos y libertades fundamentales, y conseguir que las instituciones, estructuras, y los que ostentan el poder, rindan cuentas. El compromiso inquebrantable de los movimientos populares de defender la soberanía alimentaria pone de manifiesto la importancia de fortalecer y defender alternativas al neoliberalismo y al poder de las grandes empresas, así como de articular el bienestar y el progreso desde las perspectivas de aquellos que han sido víctimas de las diversas formas de injusticia, especialmente las mujeres.