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El derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas sólo puede alcanzarse por completo dentro del marco de la soberanía alimentaria
No existe nada más básico para cualquier ser humano que la acción de respirar, comer y beber. Estas son actividades fundamentales que se encargan de proporcionar a nuestro cuerpo el agua, los nutrientes y el oxígeno que necesita, que están presentes en los alimentos que comemos y bebemos, así como en el aire que respiramos. Sin ellos no podemos crecer, nos debilitamos, enfermamos y morimos. Las luchas de los pueblos contra la explotación, la discriminación, el hambre y la malnutrición conquistaron el derecho humano a una alimentación y una nutrición adecuadas para todos, entre otros derechos, dentro del contexto de la soberanía alimentaria y de los pueblos.
Alimentarse y alimentar a nuestras familias y a los demás son acciones que reflejan del modo más profundo posible la riqueza y la complejidad de la vida humana en sociedad. Las formas en que nos alimentamos provienen de nuestra propia naturaleza, aunque también son productos de la historia, de las luchas y de las vidas de nuestros antepasados. Son un reflejo de la disponibilidad de los alimentos y del agua en nuestro entorno local, de las relaciones de poder, así como de las capacidades económicas y físicas para acceder a la comida.
Los debates sobre la alimentación son inseparables de los debates sobre la nutrición y la salud en el contexto de los derechos de las mujeres y la soberanía alimentaria. Estos debates deberían aludir a la diversidad, la cantidad, la composición nutricional, la calidad y el tipo de producción de los alimentos; quién produce qué, cómo y dónde, y quién toma estas decisiones; el acceso a los recursos productivos y el control de éstos, así como el acceso físico y económico a los alimentos y al agua; los métodos de preparación; la información sobre la diversidad y la distribución nutricional equilibrada que se recomienda para las dietas; la definición de hábitos alimentarios saludables, y el riesgo de consumir productos tales como alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y alimentos genéticamente modificados, entre otros.
Asimismo, definir qué es una dieta adecuada no puede limitarse a una ración nutricionalmente equilibrada compuesta de alimentos básicos. La alimentación y la nutrición suponen la creatividad, el amor, el cuidado, la socialización, la cultura y la espiritualidad. Por lo tanto, una dieta adecuada es aquella que engloba todas estas dimensiones y que contribuye al desarrollo de seres humanos sanos, conscientes de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos de su país y del mundo, así como de sus responsabilidades medioambientales y de la calidad de vida de sus descendientes.
Para el ser humano, alimentarse es mucho más que el acto instintivo de cazar y recolectar, que nace exclusivamente del hambre. Va mucho más allá de la mera ingesta de nutrientes presentes en la naturaleza, que pasan a nuestra digestión y se transforman en cuerpo y en vida. A lo largo de su evolución, la especie humana ha desarrollado intrincadas relaciones con los procesos alimentarios, convirtiéndolos en profundos rituales que vinculan al ser humano con la propia naturaleza, y que van impregnados de las características culturales de cada comunidad y cada familia. Cuando comemos platos típicos de nuestra infancia y nuestra cultura con amigos y familiares, las personas nos sentimos renovadas en nuestra dignidad humana, afianzamos nuestra identidad, y muchos otros aspectos a otros niveles que van más allá del mero fortalecimiento de la salud física y mental.
El desarrollo de todos los seres humanos depende del apoyo de los padres, los familiares, la comunidad y la sociedad desde el momento en que nos conciben. Este apoyo se manifiesta por medio de la comida, el amor, el cariño, los cuidados, la estimulación, la educación y la seguridad, entre otros. Resulta imposible separar el valor individualizado de cada uno de estos factores. Las prácticas óptimas de alimentación para bebés y niños pequeños, como la lactancia exclusiva hasta los seis meses de edad y la continuación de la lactancia hasta los dos años o más, junto con una introducción oportuna de alimentos complementarios adecuados, son esenciales e incorporan todos estos elementos. En este sentido, resulta fundamental reforzar la responsabilidad colectiva, en primer lugar a nivel de estado, para garantizar a las mujeres en período de lactancia unas condiciones adecuadas que les permitan amamantar a sus hijos de forma óptima, sin que ello suponga imponerles cargas adicionales. En un entorno facilitador con dichas características, se protegen y se respetan los derechos de las mujeres y los niños, y la lactancia puede ejercerse como un primer acto de soberanía alimentaria.
Para impulsar la soberanía alimentaria, de forma que pueda ejercerse por completo el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas para todos, es necesario hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres. El impacto de la violencia estructural contra las mujeres y niñas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en cuanto a la nutrición tanto de ellas mismas como de sus hijos, han sido invisibilizados por la perspectiva hegemónica de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los casos de malnutrición entre mujeres y niños pueden atribuirse, principalmente, a la omnipresente discriminación por motivos de género en cuanto al acceso a la educación y la información, la carga desproporcionada de responsabilidades domésticas, el matrimonio infantil y los embarazos adolescentes. Las familias, y sobre todo las madres –como principales encargadas del cuidado de los demás– también son el blanco de campañas de marketing malintencionado de alimentos poco saludables, como pueden ser los sustitutos de la leche materna o los alimentos con altos contenidos en grasa y en azúcares; en consecuencia, reciben mensajes inadecuados y confusos sobre el mejor modo de alimentar a sus familias. Por último, las políticas y los programas de seguridad alimentaria no resuelven estos problemas estructurales de forma eficaz, y en nombre del “fomento de la igualdad de género” acaban ejerciendo aún más presión sobre las mujeres, al asignarles responsabilidades adicionales que, no obstante, deberían compartirse de forma colectiva.
Esta concepción holística de la alimentación y la nutrición nos lleva a entender que el hambre y las distintas formas de malnutrición no son procesos “naturales”, sino que son, en realidad, el resultado de la exclusión y explotación social y económica, principalmente en cuanto a lo siguiente:
1. El acaparamiento de tierras y de otros recursos naturales, así como del conocimiento humano y de las prácticas, la mano de obra, la capacidad productiva y reproductiva y los modos de vida.
2. Los salarios bajos y poco igualitarios, las malas condiciones laborales y otras violaciones de los derechos de los trabajadores.
3. La expansión indiscriminada (y el respaldo público) del modelo de producción del agronegocio, que reduce la diversidad y la calidad de los alimentos y envenena el suelo, el agua, a los trabajadores, a las comunidades agrarias y fomenta el calentamiento global.
4. La acumulación de tierras y riquezas en manos de unos pocos.
5. La violencia estructural contra mujeres y niñas, incluidas la violación de su derecho a la educación, la limitación de su autonomía y el control sobre sus vidas y cuerpos.
6. Las prácticas de marketing no reguladas que fomentan el consumo de productos alimentarios procesados como sustitutos de la leche materna, productos genéticamente modificados, productos nutracéuticos, suplementos nutricionales y productos alimenticios enriquecidos, así como su distribución, que es cada vez mayor.
Las luchas para defender el derecho humano a la alimentación y a la nutrición no sólo pretenden satisfacer el hambre y las necesidades nutricionales, sino nutrirnos a nosotros mismos y a los demás, familia, amigos e incluso extraños, para afianzarnos en nosotros mismos e influir los unos en los otros como seres humanos en nuestras dimensiones física, intelectual, psicológica y espiritual. No en vano todas las festividades familiares y comunitarias, así como numerosos rituales espirituales, implican actos de preparación y comunión con la comida. Al hacerlo, nos afianzamos en nuestra identidad y diversidad cultural, en el contexto de la universalidad del ser humano, y alcanzamos nuestra soberanía alimentaria.
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El control corporativo de los espacios políticos sobre alimentación y nutrición
Las políticas de desregulación de las últimas décadas han provocado una inmensa concentración de poder corporativo en los sistemas alimentarios globales [Véase la Declaración de Berna y EcoNexus (2013) ‘Agropolio: unas pocas corporaciones controlan la producción mundial de alimentos’ (en inglés)] y han consolidado la influencia de las corporaciones sobre el diseño de políticas públicas, a nivel tanto nacional como internacional, desmantelando así la capacidad de las comunidades y las familias de transformar la naturaleza y los alimentos en bienestar nutricional y salud. Bajo el paraguas de las asociaciones público-privadas (APP) y de las iniciativas de múltiples interesados, las corporaciones privadas están asumiendo un papel cada vez más destacado en el diseño de políticas públicas, por lo que están asumiendo las funciones de los gobiernos electos, dinamitando el núcleo mismo de la gobernanza democrática. Esta nueva tendencia tiene graves repercusiones para la soberanía alimentaria. De hecho, las políticas e intervenciones centradas en la alimentación y la nutrición están cada vez más orientadas a la búsqueda de beneficios económicos de las empresas y sus accionistas, en lugar de centrarse en las necesidades fisiológicas y nutricionales de la población general y, más específicamente, de las comunidades afectadas por el hambre y la malnutrición, que están quedando aún más marginadas.
El Foro Económico Mundial publicó en 2010 el informe final de su iniciativa Global Redesign Initiative (GRI) [Véase el documento “Readers’ Guide to the Global Redesign Initiative” (en inglés) de la Universidad de Massachusetts, que resume las propuestas clave del WEF], en la que propone una reestructuración radical de la gobernanza global, enfocada hacia una organización de múltiples partes interesadas en donde las corporaciones participen en las negociaciones y los procesos de toma de decisiones junto con los representantes gubernamentales. Aunque esto pueda sonar ilusorio, es por desgracia una realidad: las cuestiones sanitarias y de nutrición están en la primera línea de la absorción de poder que están efectuando las corporaciones de los espacios de gobernanza pública. Según la propuesta de la GRI, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sería sustituida por una “Iniciativa de reforma global de la alimentación, la agricultura y la nutrición” que funcionaría bajo una supervisión conjunta tanto estatal como no estatal.
En 2008, el Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN del nombre en inglés), el organismo de coordinación de políticas y programas sobre nutrición de la ONU, quedo prácticamente paralizado dado que aplicaba una política relativamente fuerte de asociación con el sector privado, y los colectivos de la sociedad civil se resistían a incluir al sector privado como interlocutor. Al mismo tiempo, los mismos agentes que habían presionado (sin éxito) a favor de la participación del sector privado en el SCN –y que posteriormente fueron los primeros en desacreditarlo y agotar todas sus vías de financiación–, comenzaron a promover una nueva iniciativa de alcance global, denominada “Scaling up Nutrition” (SUN). Al contrario que el SCN, que debe rendir cuentas a los gobiernos, la SUN abre las puertas al sector privado para que pueda implicarse a fondo en la nutrición, en consonancia con la visión de la GRI. Entre los miembros de la SUN (incluidos los de su grupo directivo) hay grandes corporaciones trasnacionales de alimentos y bebidas, así como agronegocios [Entre las compañías que participan en SUN están PepsiCo, Mars, Unilever, Syngenta y BASF], algunos de los cuales ya han estado implicados en violaciones de derechos humanos y son conocidos por su reticencia ante las normativas en materia de salud pública.
La participación de las corporaciones privadas en la gestión pública de la alimentación y la nutrición, mediante APP como la SUN, supone una amenaza real para la soberanía alimentaria. Introduce un sesgo a favor de soluciones técnicas, artificiales y basadas en productos, como por ejemplo productos alimenticios terapéuticos y enriquecidos, cultivos genéticamente modificados y suplementos nutricionales, y desvía la atención de los determinantes sociales y las violaciones de derechos humanos que subyacen tras el hambre y la malnutrición. Además, se está haciendo oídos sordos al papel que desempeñan las corporaciones en la generación del hambre y de la desnutrición a través de campañas de marketing inadecuadas, como las de los sustitutos de leche materna o alimentos nocivos para la salud, políticas abusivas de contratación y mano de obra, acaparamiento de tierras y recursos, polución y destrucción de ecosistemas y biodiversidad, etc., y tampoco se está prestando atención a la necesidad urgente de adoptar normativas vinculantes. Lo más importante de todo, sin embargo, es que esta absorción corporativa de los espacios de gobernanza sobre alimentación y nutrición está teniendo repercusiones negativas sobre los ricos y complejos procesos socioculturales de alimentación y nutrición de comunidades individuales y familias de todo el mundo, puesto que se están fomentando unos métodos de producción insostenibles y se está agudizando el calentamiento global.
En noviembre del pasado año se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2). Durante los preparativos y durante la propia conferencia, se formó una amplia alianza entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil por la defensa de unas políticas e intervenciones en nutrición que pongan en primer lugar a las personas –en particular, a las comunidades afectadas y a los pequeños productores de alimentos– y estén basadas en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas en el marco de la soberanía alimentaria, la indivisibilidad de los derechos, y los derechos de las mujeres y los niños [Las declaraciones de la sociedad civil y los movimientos sociales antes y durante la ICN2]. Esta alianza hizo un llamamiento a los estados para que pongan en marcha un mecanismo de gobernanza coherente, que permita realizar seguimientos y garantice la responsabilidad frente a las obligaciones y los compromisos de los propios estados en materia de nutrición, al tiempo que impliquen de forma significativa a la sociedad civil, y más concretamente, a los grupos afectados por cualquier forma de malnutrición. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) debe desempeñar un papel fundamental en esto, asegurándose de que las políticas de seguridad alimentaria y nutrición sean coherentes, y se le instó a que integrase por completo la nutrición en su plan de trabajo. Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil expresaron con rotundidad su oposición a que el sector privado participe en el diseño de políticas sobre alimentación y nutrición, y exigieron la adopción de fuertes salvaguardias contra conflictos de intereses para cualquier forma de relación con el sector privado.
A principios de este año, algunos actores se propusieron lograr que la SUN tuviera un papel preponderante en el CFS, ya que el organismo está analizando la función que desempeñará en el futuro para el fomento de la nutrición. En respuesta a dichas actuaciones, el grupo de trabajo sobre nutrición del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) ha exigido que se establezca un proceso participativo, transparente e informado dentro del CFS para debatir su implicación en materia de nutrición. El mes pasado, el grupo de trabajo del Programa de Trabajo Multianual (MYPOW) tomó la decisión de que la nutrición pasará a ser un importante eje de trabajo del CFS en los próximos años, y que se establecerá un grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición.
Nos encontramos en un momento crítico para que la nutrición adquiera un papel aún más sólido en el CFS, y para establecer un organismo global armonizador que garantice la coherencia entre políticas en los distintos sectores, amparando el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. No obstante, para que esto ocurra el CFS debe desarrollar salvaguardias adecuadas que protejan su espacio de diseño de políticas frente a la influencia indebida de las corporaciones. Por lo tanto, resulta fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, a través de la lente de la soberanía alimentaria, pongan sobre la mesa la dimensión del poder en los debates sobre gobernanza en materia de alimentación y nutrición, aboguen por reforzar las salvaguardias frente a conflictos de intereses en el CFS y se mantengan alerta y supervisen de cerca los pasos que se vayan dando dentro del CFS y fuera de él sobre nutrición, luchando contra la captura de este espacio vital por las corporaciones y evitando que la nutrición se desvincule aún más de la alimentación, los seres humanos y la naturaleza.