Los boletines Nyéléni en español

El Boletín internacional Nyéléni es la voz del movimiento internacional por la Soberanía Alimentaria. Su objetivo principal es reforzar las bases del movimiento, proporcionando material accesible sobre temas clave y creando un espacio para que las personas y las organizaciones que participan en la lucha intercambien sus experiencias y compartan información.

Voces desde el campo

Boletín núm. 61 – Anclados en la resistencia: territorios hacia la justicia climática

Voces desde el campo 1

Timbulsloko: Un pueblo que se hunde en el mar

Susan Herawati, KIARA, Indonesia

Timbulsloko es un pueblo costero del norte de Java, situado en una de las regiones de Indonesia que se están hundiendo con mayor rapidez. La intrusión del agua del mar se registró por primera vez en 1990, marcando el inicio de una dramática transformación del paisaje y los medios de vida del pueblo. En 1995, la subida del nivel del mar era constante, y entre 2002 y 2016 aumentó una media de 18 centímetros al año. Acompañada del hundimiento de la tierra, esta subida ha dejado gran parte de Timbulsloko permanentemente bajo el agua. Más de 100 hectáreas de tierra y entre 400 y 1.300 metros de costa ya han desaparecido, junto con muchas viviendas.

No se trata simplemente de un desastre natural. La expansión industrial ha agravado la crisis. Tras la colada de lodo de Lapindo, que desplazó a las industrias de Java Oriental en 2006, éstas se trasladaron a Java Central, atraídas por los menores riesgos medioambientales y costes laborales. Demak, el distrito donde se encuentra Timbulsloko, se convirtió rápidamente en un centro industrial, lo cual, junto a la ampliación del puerto de Tanjung Mas, empeoró la situación. La industria extrae enormes cantidades de agua subterránea, lo que hace que la tierra se hunda aún más rápido. Esto ha hecho que las inundaciones se hayan vuelto insoportables, y Timbulsloko va desapareciendo año tras año.

Este lento desastre ha transformado el modo de vida de los habitantes. En los años sesenta, la costa estaba cubierta de arrozales, cocoteros, árboles frutales y granjas de hortalizas. Las familias se alimentaban de arroz, maíz y legumbres, y la agricultura era el sostén tanto de la dieta como de los ingresos. Pero cuando el mar se tragó la tierra fértil, la agricultura se hizo imposible. Los residentes se vieron obligados a pasar de la agricultura a la cría de camarones y chanos, y ahora la mayoría depende exclusivamente de la pesca, a menudo en condiciones precarias.

Las consecuencias son graves. La caída de los ingresos y la inseguridad alimentaria han abocado a las familias a luchar por sobrevivir. Lo que fue una próspera comunidad agrícola se encuentra ahora en la primera línea de la crisis climática, atrapada entre la subida del nivel del mar y unas políticas de desarrollo insostenibles que siguen hundiéndola aún más.

Voces desde el campo 2

La autogestión comunitaria de la tierra como vía hacia la justicia climática y de género

Massa Koné, UACDDDD, Malí

En Mali, la lucha por la tierra ha sido durante mucho tiempo una lucha por la dignidad. Durante décadas, las comunidades rurales, las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil -lideradas por la Unión de Asociaciones y Coordinaciones de Asociaciones para el Desarrollo y la Defensa de los Derechos de los Desfavorecidos (UACDDDD por sus siglas en inglés)- presionaron para que se reconocieran sus derechos. Su persistencia dio frutos en 2017, cuando Mali adoptó una histórica Ley de Tierras Agrarias (LFA), seguida de un decreto de aplicación en 2018.

Por primera vez, se reconocieron legalmente los derechos consuetudinarios de tenencia de las comunidades rurales, creando un nuevo marco en el sistema de gobernanza de la tierra de Mali que protege el control de las comunidades sobre sus recursos. Un elemento central de este sistema son las Comisiones de Tierras Rurales, o COFOV (Commissions Foncières Villageoises).

Las COFOV son más que estructuras jurídicas: son espacios de democracia de base. En regiones amenazadas por la agroindustria y los proyectos extractivos, devuelven el poder de decisión a las comunidades, que establecen colectivamente las normas de uso, gestión y transferencia de tierras. Las mujeres, históricamente excluidas, asumen ahora funciones de liderazgo, transmiten conocimientos y salvaguardan la soberanía alimentaria. Su presencia reafirma que la justicia de la tierra y la justicia de género son inseparables.

Hasta la fecha, la UACDDDD ha apoyado la creación de COFOV en más de 380 pueblos mediante un proceso participativo de diez etapas basado en la legislación nacional y en décadas de lucha. Este enfoque da prioridad a las mujeres y los jóvenes, garantizando así una gobernanza de la tierra inclusiva, equitativa y pacífica. Es importante destacar que los COFOV no sólo defienden el acceso equitativo a la tierra, sino también la gestión colectiva de los territorios basada en la agroecología campesina.

Mientras el mundo se prepara para la COP 30, la experiencia de Malí ofrece una lección vital: la justicia climática no surgirá de promesas de arriba abajo, sino de comunidades que gobiernen sus territorios como bienes comunes. Los COFOV demuestran que es posible una transformación profunda si se capacita a las comunidades para gobernar sus tierras como un bien común, para el futuro de todos y todas.

Voces desde el campo 3

El poder sanador de la agroecología

Angie Belem Ruiz, Galaxias-UNICAM SURI, Argentina

Las galaxias de refugio agroecológico son granjas gestionadas colectivamente en Argentina, creadas en tierras recuperadas del agronegocio. Lanzadas en 2018 por UNICAM SURI, la universidad campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC), ofrecen refugio, sanación y trabajo digno a jóvenes, mujeres, personas de género diverso y migrantes que se enfrentan a la exclusión, la violencia o la adicción.

Llegué a las Galaxias cuando me condenaron a prisión por formar parte de un grupo de jóvenes que tenían problemas de adicción a las drogas en una villa miseria a las afueras de La Matanza, Buenos Aires. El tribunal me condenó a cinco años. En el juicio, un coordinador de las Galaxias le pidió al juez que me dejara cumplir mi condena en una de sus comunidades, trabajando la tierra en lugar de estar encerrada. Para mi sorpresa, el juez accedió, permitiéndome no solo vivir y trabajar allí, sino también tener a mis dos hijas menores conmigo.

Empecé aprendiendo a criar cabras con la Mabel, una campesina que me enseñó a ordeñar, garantizar la higiene, enfriar la leche y hacer queso. Más tarde, me ocupé de las gallinas ponedoras: alimentarlas, darles de beber, pastar y limpiar su gallinero. Hoy, en Galaxia La Dorotea, cuido ovejas y comparto responsabilidades con otros jóvenes.

Gracias a este trabajo, mi vida se transformó. Producir alimentos saludables y vivir en comunidad se convirtió en una terapia y una educación. Pasé de ser reclusa a ser coordinador, con responsabilidades organizativas y administrativas.

La agroecología me curó. Me devolvió la dignidad, profundizó mi vínculo con mis hijas y me mostró que la cooperación y la vida en contacto con la tierra pueden convertir la desesperación en esperanza. Para mí, las Galaxias son más que un refugio: son un camino hacia la libertad, al tiempo que curan a la Madre Tierra y construyen sistemas alimentarios justos y sostenibles.

Voces desde el campo 4

Dar poder a la gente

Movimiento de personas afectadas por las presas (MAB), Brasil

Durante los dos últimos años consecutivos, la Amazonia brasileña ha sufrido las peores sequías de su historia. Grandes ríos como el Madeira, en Rondônia, el mayor afluente del río Amazonas, que alcanza una profundidad de más de 20 metros, bajó a menos de 25 centímetros en 2024. A lo largo de este periodo, las comunidades tradicionales y ribereñas (en portugués; ribeirinhas) han visto comprometida su producción alimentaria y pesquera, así como su acceso a la sanidad, la educación y otros derechos.

La intensificación de la crisis climática y, en consecuencia, de los fenómenos extremos se ha producido a un ritmo más rápido que la respuesta estatal a la misma. Por ello, sin dejar de presionar a los gobiernos, las poblaciones afectadas organizadas en el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de la región empezaron a organizar sus propias medidas de adaptación, basadas en el principio de atender primero las necesidades de la gente y en un formato colectivo.

En Rondônia, como resultado de la lucha por la justicia climática, los afectados han logrado la construcción de más de 800 sistemas, redes de captación, filtración, almacenamiento y distribución de agua, construidos por la gente en un esfuerzo colectivo.

Las poblaciones que históricamente han contribuido menos al calentamiento global y protegen nuestros bosques no sólo son ahora las que pagan el precio más alto, sino que también tienen que desarrollar soluciones sin contar con las mismas condiciones. La respuesta a la crisis que vivimos pasa por dar poder a la gente y transformar la sociedad y el desarrollo desde la base. ¡Agua para la vida!

Cuadros

Boletín núm. 61 – Anclados en la resistencia: territorios hacia la justicia climática

Cuadro 1

Hacia la CIRADR +20 para avanzar en la soberanía alimentaria y la justicia climática

La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) se celebrará en Colombia en febrero de 2026, tras el llamamiento de las organizaciones locales de campesinos.as, Pueblos Indígenas, pastores.as, pescadores.as artesanales y comunidades rurales. Colombia, uno de los pocos países que avanzan en la reforma agraria, se ofreció para acoger este evento mundial.

La CIRADR+20 llega en un momento crítico, en el que el acaparamiento de tierras, la especulación, la desigualdad y la destrucción ecológica siguen desplazando a millones de personas y agravando el hambre y la pobreza. Para las comunidades rurales, la tierra y los territorios son la base de la vida, la cultura, la dignidad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, esta conferencia no es sólo un foro político:  es un espacio para exigir justicia, desafiar al poder empresarial y presionar por un cambio sistémico basado en los derechos de las personas.

La primera CIRADR en 2006 fue histórica, ya que abrió un espacio para los gobiernos y para los movimientos sociales, que organizaron el foro «Tierra, Territorio y Dignidad». Allanó el camino para importantes logros como las Directrices de Tenencia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP por sus siglas en inglés), que afianzaron el reconocimiento de la tierra como un derecho humano. Sin embargo, a pesar de las victorias obtenidas en algunos países, su aplicación ha sido limitada.

Veinte años después, y a la luz de las múltiples crisis a las que se enfrenta el mundo, las organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala esperan que la CIRADR+20 algo más: que haga frente a la concentración de la tierra, garantice los derechos colectivos y consuetudinarios, avance en la reforma agraria redistributiva, garantice la justicia de género y generacional, y defienda los territorios como espacios de resistencia, esperanza y transformación.

Cuadro 2

Ecologizar a través de los datos, pero los datos no pueden ser ecológicos

Mientras los movimientos por la justicia alimentaria, agraria y climática quieren sincronizar sus luchas hacia el cambio de sistema, los mercados de carbono prosperan con herramientas y procesos digitales: encontrar información, hacer cálculos, programar una actividad productiva, transmitir información a través de los mares o automatizar los viveros -entre otros-, aparecen como algo exento de problemas, preciso y limpio.

Con arreglo al nuevo orden digital mundial, las explotaciones agrícolas pequeñas y micro, los bosques comunitarios e incluso los patios de los hogares campesinos pueden entrar en los mercados de carbono, ya que su capacidad de secuestro de CO₂ puede calcularse y subastarse.

Las mediciones por satélite, la agricultura de precisión con sensores en campos y bosques, el aumento de la conectividad, el uso generalizado de teléfonos inteligentes y tabletas, la modelización con inteligencia artificial, el aumento de la robotización y la automatización en las fábricas… son algunos de los despliegues que las empresas esperan ampliar como parte de sus esfuerzos para compensar sus emisiones. Esto se combinaría con el pago de créditos de carbono, bonos verdes y azules, bonos climáticos y otros instrumentos financieros que se debatirán en la COP30.

El impulso que la digitalización está dando a los mercados de carbono debe denunciarse como la estafa que es, una pescadilla que se muerde la cola. Las tecnologías digitales nunca podrán ser limpias porque dependen de los combustibles fósiles para alimentar los centros de datos y los gadgets, y requieren del extractivismo más agresivo para obtener sus materiales.

¿Veremos a las grandes empresas de tecnología digital en la COP30 intentando atraer a la gente con compensaciones, mientras ofrecen sus herramientas para medir emisiones especulativas?

Cuadro 3

Reforma agraria, agroecología y lucha por la justicia climática

La crisis climática a la que nos enfrentamos hoy tiene sus raíces en una larga historia de desposesión -en la que nuestros pueblos han sido expulsados de sus territorios- y colonización cuya herencia continúa hoy en día en y el control empresarial de nuestros sistemas alimentarios.

El modelo de agricultura industrial, que antepone los beneficios a las personas y la naturaleza, ha destruido sistemáticamente la biodiversidad, contaminado el planeta y agravando la crisis climática. Cada año lo vemos en los fenómenos meteorológicos extremos, y las consecuencias más graves recaen sobre quienes trabajan la tierra, pescan en las aguas y cultivan alimentos para nuestras comunidades.

Para hacer frente a este sistema alimentario destructivo dirigido por las empresas es necesario un cambio fundamental en la forma en que nos relacionamos con la tierra, el agua, los bienes comunes y los territorios, y cómo se comparte el control sobre ellos.

Por lo tanto, para los campesinos.as, los Pueblos Indígenas, los pescadores.as, los pastores.as y todos los pequeños.as productores.as de alimentos y trabajadores.as de la tierra, la lucha por la reforma agraria es fundamental para la lucha más amplia por la justicia climática. Esto se debe a que, sencillamente, si los pueblos no tienen el control sobre la tierra, el agua, las semillas y los territorios, no se puede practicar la agroecología, la práctica que sana la tierra y sostiene a las comunidades.

Por lo tanto, la reforma agraria integral implica algo más que redistribuir la tierra. Se trata de recuperar los bienes comunes necesarios para construir territorios de cuidado y economías basadas en la solidaridad.

Esto debe ocurrir a través de la participación democrática de quienes producen y consumen alimentos. La reforma agraria que reclaman movimientos sociales como La Vía Campesina es, por tanto, una lucha por las condiciones materiales que permitan a los pequeños productores vivir con dignidad y cultivar alimentos en armonía con la naturaleza, a través de la agroecología.

¿Por qué la agroecología? La agroecología campesina rechaza la dependencia de insumos químicos y semillas corporativas. En cambio, nutre la biodiversidad, conserva el suelo y el agua, y reconstruye los ecosistemas perdidos o dañados. Es un modelo de producción, una visión política y una forma de vida basada en el respeto a la Madre Tierra y el bienestar colectivo de todos y todas.

Al combinar biodiversidad, salud del suelo, conservación del agua y conocimientos locales, la agroecología campesina construye sistemas alimentarios resistentes que almacenan carbono en los suelos y la vegetación. Estas explotaciones absorben una cantidad significativa de carbono, ayudando a reducir el CO₂ atmosférico. La cubierta arbórea, la diversidad de cultivos y el equilibrio ecológico revitalizan el suelo, restauran el paisaje y evitan la erosión, al tiempo que regulan los climas locales, mantienen la humedad, evitan la erosión y enfrían la tierra tanto a escala local como mundial. Aplicada a la pesca y el pastoreo, la agroecología protege los ecosistemas acuáticos, preserva la biodiversidad y garantiza un acceso justo a los recursos. Los pastores utilizan la movilidad y el pastoreo rotativo para evitar la desertificación y mantener la fertilidad del suelo.

Por tanto, para poder desmantelar el sistema alimentario corporativo y lograr una verdadera justicia social, económica y climática, la lucha por la reforma agraria y la agroecología deben avanzar codo con codo.

Destacados

Boletín núm. 61 – Anclados en la resistencia: territorios hacia la justicia climática

Destacado 1

De Nyéléni a la Cumbre de los Pueblos: converger hacia el cambio

«No hay lucha sobre un único tema porque no vivimos vidas de un único tema». Audre Lorde

En 2025 y 2026 los movimientos sociales tenemos varias oportunidades para converger y construir alternativas sistémicas propias a las crisis inrterconectadas que afrontamos hoy en día. Estas ocasiones también suponen una oportunidad para movilizarnos contra las entidades que acaparan nuestras tierras y territorios, oprimen a nuestras comunidades y dividen a nuestros movimientos con políticas de extrema derecha: empresas transnacionales, oligarcas y sus nexos con líderes autoritarios.  El 3er Foro Global Nyéléni (que tuvo lugar en septiembre), la Cumbre de los Pueblos hacia la COP 30 e CIRADR +20 agrupa a movimientos sociales que trabajan por el cambio del sistema, desde diferentes puntos de partida y diferentes realidades geográficas y políticas, pero trabajando por objetivos comunes.

En todos estos espacios la cuestión fundamental es cómo contrarrestar la escalada en el acaparamiento de recursos de las políticas neoliberales (como se señala en el artículo «Destacados 2»). La demanda de reforma agraria y de redistribución es una de las respuestas principales a esta cuestión.

El movimiento por la justicia climática lucha contra el sistema de combustibles fósiles que hace nuestro mundo inhabitable, y contamina y arrebata tierras y mares a pescadores.as y campesinos.as. Luchamos contra el complejo militar-industrial que es responsable de enormes sufrimientos, del 5% de las emisiones mundiales y de criminalizar a los defensores del medio ambiente, y absorbe billones de dinero público que deberían destinarse a servicios públicos o a financiar la lucha contra el cambio climático. Luchamos contra la financiarización de la naturaleza, que convierte una supuesta acción por el clima en otra vía para que los bancos y los fondos especulativos se beneficien de la destrucción, a la vez que despojan a los Pueblos Indígenas y rurales. Sabemos que la justicia climática no es posible sin justicia económica: reparaciones por daños históricos, alivio de la deuda. No es posible sin la reforma agraria, el conocimiento indígena y campesino y la lucha contra las grandes desigualdades. Por eso nos hermanamos con otros movimientos, como el de la soberanía alimentaria. 

La soberanía alimentaria ofrece un marco completamente distinto para organizar la producción y el consumo de alimentos. Exige la alimentación como un derecho humano, no como una mercancía, se centra en devolver el poder a las clases trabajadoras rurales y urbanas, que en su mayoría también son productoras de alimentos. Relocaliza los sistemas alimentarios y respeta y refuerza los conocimientos tradicionales. El marco (de la soberanía alimentaria) también politizó la agroecología, la ciencia, la práctica y el movimiento de la agricultura ecológica, que se ha convertido en uno de los ejemplos más garantizados de soluciones locales en todo el mundo.

En el 3erForo Nyéléni los movimientos han profundizado y ampliado el marco para lograr una transformación sistémica, por ejemplo, abordando las falsas soluciones; oponiéndose a los alimentos como arma de guerra, como podemos ver con efectos devastadores en Gaza y añadiendo aspectos cruciales de justicia económica y climática. En este momento llamamos a ampliar y fortalecer nuestras alianzas y luchas colectivas por la emancipación, la justicia, la autonomía y el derecho a la autodeterminación.  

Los movimientos locales de los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as, pueblos negros, feministas, trabajadores.as, migrantes son los protagonistas cuando se trata de lograr la justicia climática y la soberanía alimentaria y la redistribución de los recursos.

La primera línea de defensa en la lucha contra los proyectos extractivos en sus tierras son los pueblos campesinos, pescadores y Pueblos Indígenas. Son los recicladores los que luchan por un mundo sin plásticos derivados del petróleo. Son las feministas de base las que han exigido economías dedicadas a la vida y el cuidado, no a la extracción. Son las comunidades de pueblos negros e indígenas las que ofrecen al mundo sus conocimientos históricos y tradicionales sobre medicina y producción de alimentos. Si se devuelve la tierra a sus manos, las verdaderas soluciones de base pueden hacerse realidad.

Históricamente, los pueblos organizados han propiciado cambios graduales a pequeña y gran escala. Hoy nos encontramos ante democracias que se desmoronan, el ascenso de poderosos oligarcas y empresas en connivencia con la clase política. Juntos, desde Nyéléni hasta la Cumbre de los Pueblos y el CIRADR +20, afrontaremos este reto con esperanza y solidaridad. Con soluciones reales y prácticas que mejoren la vida de la gente corriente.

Destacado 2

La reforma agraria y la redistribución deben estar en el centro de las políticas climáticas

Una de las estrategias más eficaces para avanzar en la justicia climática es situar la tierra y los territorios bajo el control de los pequeños.as productores.as de alimentos, los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales. La tenencia segura y equitativa de la tierra está directamente relacionada con la gestión ecológicamente racional de los recursos de los territorios, los sistemas alimentarios sostenibles, la justicia social, la paz y el bienestar. Sin políticas redistributivas, la concentración de tierras y recursos seguirá alimentando la destrucción ecológica y profundizando la desigualdad.

La desigualdad en el acceso a la tierra desempeña un papel central, aunque poco reconocido, en la triple crisis medioambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En la actualidad, sólo el 1% de las explotaciones agrícolas controlan el 70% de las tierras cultivables del mundo, mientras que la mayoría de las comunidades rurales, los Pueblos Indígenas y los pequeños proveedores de alimentos se enfrentan a la desposesión y la violencia. Esto no sólo socava sus derechos humanos, sino que también debilita su capacidad demostrada de velar por los ecosistemas. Los territorios bajo su gobernanza muestran sistemáticamente menores tasas de deforestación, mayor biodiversidad, mejor gestión del agua y mayor resiliencia climática.

Desde la crisis financiera de 2008, la tierra es tratada cada vez más como un activo financiero, lo que ha conducido a la especulación, a las adquisiciones a gran escala y al desplazamiento de comunidades. Más recientemente se ha acelerado el «acaparamiento verde» vinculado a las compensaciones por emisiones de carbono y a los mercados de biodiversidad: estos programas representan ya el 20% de las grandes transacciones de tierras. Estas iniciativas, comercializadas como soluciones climáticas, a menudo conducen a la desposesión de las comunidades y erosionan la gestión ecológica. Mientras tanto, los sistemas alimentarios industriales -dependientes de los monocultivos, los combustibles fósiles y los agroquímicos- siguen siendo los principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la degradación del suelo y el agua.

Por el contrario, los pequeños.as productores.as -que utilizan sólo el 35% de las tierras de cultivo del mundo y, sin embargo, alimentan a más de la mitad de la población mundial- practican sistemas agrícolas diversos y agroecológicos que mejoran la resiliencia y reducen las emisiones. Su contribución es indispensable para la adaptación al clima, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Sin embargo, su capacidad para seguir desempeñando este papel depende de que se aseguren sus derechos sobre la tierra, el agua y los territorios.

La cuestión de quién posee y controla la tierra es, por tanto, inseparable del reto de construir un futuro justo y sostenible. Los Estados tienen la obligación de abordar la desigualdad en la tenencia de la tierra a través de políticas redistributivas no sólo por derechos humanos, sino también por una necesidad social y ecológica. La reforma agraria puede detener y revertir el acaparamiento de tierras, frenar la desigualdad, fortalecer la conservación basada en la comunidad y permitir transiciones justas en aras de la agroecología y de sistemas alimentarios sostenibles.

Así pues, la reforma agraria y las políticas de redistribución de la tenencia deben ser pilares fundamentales de las estrategias climáticas. Su promoción mediante políticas públicas empodera a las comunidades rurales y a los Pueblos Indígenas para gobernar y gestionar ellos mismos sus territorios. En el contexto de los mercados de carbono y de biodiversidad debe ponerse el acento en las medidas para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de los campesinos y otros pequeños proveedores de alimentos, Pueblos Indígenas y comunidades rurales. En resumen, que la población y las comunidades rurales tengan el control sobre la tierra y se garanticen los derechos de tenencia existentes -en particular los derechos colectivos y consuetudinarios- sienta las bases para transiciones justas hacia modelos económicos y sociedades sostenibles y equitativos.

Boletín núm. 61 – Editorial

Boletín núm. 61 – Anclados en la resistencia: territorios hacia la justicia climática

Anclados en la resistencia: territorios hacia la justicia climática

Ilustración creada para el 3er Foro Global Nyéléni – Cultivar o morir, Chardonnoir. Campesinos.as se alzan como gigantes, con sus manos y sus cosechas como escudo y espada. Defienden la tierra, protegen la vida y recuperan la soberanía, haciendo de los cultivos un acto de rebelión, de resiliencia y de esperanza.

Para los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as artesanales, pastores.as, habitantes de los bosques, trabajadores.as y demás comunidades rurales, la tierra, las aguas, los bosques y los ecosistemas constituyen la base de la vida. Los Pueblos Indígenas entienden sus territorios como el hábitat total que ocupan o utilizan, donde se arraigan la cultura, la identidad y los medios de vida. Más allá de la producción de alimentos, estos territorios sostienen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas esenciales. Sin embargo, la tierra y los bienes naturales son objeto de profundas disputas y su distribución desigual refleja la discriminación estructural y las injusticias históricas. A lo largo de los siglos, los procesos de restricción en el uso de los recursos comunes, de colonialismo y de desposesión han concentrado el control en manos de actores poderosos, reforzando la opresión y la exclusión.

En la actualidad, la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental -impulsadas por economías neoliberales arraigadas en la financiarización, el patriarcado y el colonialismo- intensifican estas luchas. El acceso de las comunidades a la tierra y los territorios, así como su uso y control, siguen siendo esenciales para avanzar en las transformaciones sistémicas previstas por el movimiento por la soberanía alimentaria. Los territorios son lugares de resistencia contra los proyectos extractivos que ponen en peligro la salud, los medios de vida y los ecosistemas, pero también espacios donde las comunidades construyen alternativas basadas en la agroecología. Estos modelos promueven la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia social, climática, medioambiental, de género e intergeneracional.

Mientras los movimientos sociales se movilizan hacia la COP 30 del Clima y la 2ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, esta edición del Boletín Nyéléni subraya el carácter central de la tierra y los territorios en la configuración de futuros justos y sostenibles.

FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Grupo ETC, La Vía Campesina

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Anclados en la resistencia, núm. 61

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Voces desde el campo

Boletín núm. 60 - Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Voces desde el campo 1

La arquitectura mundial de la deuda viola los derechos humanos

La Vía Campesina Ecuador

Actualmente, Ecuador tiene un préstamo de 8.705 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que le convierte en el cuarto país más endeudado a nivel mundial. En el 23º acuerdo entre Ecuador y el FMI se describe el préstamo como un apoyo a las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y salvaguardar la dolarización. También se pretende avanzar en un programa  de reformas estructurales.

Sin embargo, organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil han cuestionado el préstamo y alertado sobre los impactos de las medidas y condiciones impuestas por el FMI. Entre sus principales acuerdos están la eliminación de los subsidios a los combustibles, costes laborales, una nueva reforma tributaria y otras condiciones.

Reiteramos que esta arquitectura mundial de la deuda viola los derechos humanos, sumiendo en la pobreza y el endeudamiento a campesinos, pueblos indígenas y a toda la clase trabajadora. Denunciamos también la ola de criminalización, estigmatización y persecución que padecemos, intensificada por nuestra lucha y resistencia en defensa de una vida digna. Muchos dirigentes y representantes de movimientos sociales están siendo procesados y corren peligro, mientras se avecinan complejas medidas cuyo coste social será elevadísimo.

Voces desde el campo 2

El FMI y el Banco Mundial han intensificado la presión para privatizar la tierra en Sri Lanka

Anuka Vimukthi MONLAR, Sri Lanka

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo de reestructuración de la deuda con acreedores internacionales, sin discusión pública ni debate parlamentario. Este acuerdo secreto daba prioridad al pago de la deuda sobre los derechos y el bienestar de nuestro pueblo.

Durante años, a través de programas de ajuste estructural, las instituciones financieras internacionales han empujado a Sri Lanka hacia una agricultura orientada a la exportación. Estas reformas han favorecido la agroindustria y la agricultura intensiva en capital, y nos ha dejado a los campesinos y pequeños pescadores dependientes de los mercados de semillas, fertilizantes, redes y barcos, erosionando nuestra autonomía y nuestros sistemas alimentarios.

Ahora, bajo el 17º programa del FMI, la carga de la estabilización económica ha recaído sobre los más pobres. Las medidas de austeridad, entre ellas la fijación de precios de la energía con recuperación de costes, prácticamente han triplicado los costes del combustible y la electricidad, devastando los medios de vida. El aumento de los impuestos sobre equipos e insumos ha sumido a muchos campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

Hace mucho tiempo que el FMI y el Banco Mundial presionan para que se privaticen los mercados de la tierra. Con este último programa han vuelto a exigirlo, lo que hace temer un desposeimiento masivo de tierras.

Como miembro de MONLAR formo parte de un creciente movimiento de resistencia frente a estas medidas injustas. Estamos intensificando nuestra campaña e instando al gobierno a que reconozca la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos.as y trabajadores.as rurales como elementos centrales de la política agrícola y económica de Sri Lanka.

Voces desde el campo 3

El impago de la deuda de Kenia dio lugar a acuerdos de libre comercio que criminalizan a los campesinos.as

Susan Owiti, Liga de Campesinos de Kenia

La deuda pública de Kenia es ingente. En 2024 el ratio deuda/PIB del país rondaba el 68%.

Actualmente, el servicio de la deuda del gobierno keniano consume cerca del 48% del presupuesto nacional y alrededor del 55% de los ingresos del país. Esto afecta directamente a los campesinos.as, ya que los fondos destinados a apoyar los derechos de los campesinos en Kenia son desviados al servicio de la deuda.

También significa que las familias se ven obligadas a pedir prestado para sobrevivir e incluso pagar servicios que han sido privatizados. El aumento de los costes, la deuda creciente y la fuerte presión de los prestamistas están empujando a los hogares a una crisis cada vez más profunda. A medida que el Estado elimina o recorta todas las subvenciones e incentivos existentes, los agricultores, atrapados en un sistema agrícola convencional que depende de plaguicidas y fertilizantes, se endeudan aún más. A falta de planificación estatal o de apoyo a una transición agroecológica significativa, muchos campesinos quedan a merced del mercado, que les falla sistemáticamente.

El incumplimiento por parte de Kenia de sus obligaciones de servicio de la deuda condujo a la negociación de acuerdos de libre comercio que promueven leyes que criminalizan el modo de vida campesino, como la Mung Bean Bill, (que criminaliza el cultivo sin licencia del mungo, un tipo de frijol), o la Ley de Semillas y Variedades Vegetales. Otro ejemplo es la actual Asociación Estratégica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Kenia, entre cuyas condiciones estaba el levantamiento de la prohibición de los OMG.

Voces desde el campo 4

Argentina se aparta de la soberanía alimentaria

Diego Montón, Movimiento Campesino Indígena Argentino, MNCI Somos Tierra

En marzo de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una reestructuración de la deuda argentina, concediéndole ilegalmente 20.000 millones de dólares. Estos se suman a los 41.052 millones de dólares prestados en 2018.

La deuda argentina representa el 30% del total de los préstamos del FMI, lo que convierte a este país en el mayor deudor. Su deuda representa casi el 10% del producto interior bruto: es impagable. Cabe preguntarse, ¿por qué el FMI sigue prestando a Argentina? Laura Richardson, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, declaró en un acto del Atlantic Council: «América Latina es clave porque tiene agua, alimentos, petróleo y el 60% del litio del mundo.» Javier Milei promulgó un régimen de inversiones (RIGI) que otorga amplios beneficios al capital financiero, sin impuestos ni regulaciones. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, instó a los argentinos a votar para seguir en esa dirección.

Más allá de la reestructuración que conlleva cada acuerdo con el FMI, la deuda obliga a los Estados a permitir el extractivismo. La única vía que tiene hoy Argentina es organizarse y luchar para repudiar la deuda con el FMI y avanzar juntos hacia la soberanía alimentaria, la independencia económica y la justicia social.

Cuadros

Boletín núm. 60 - Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Cuadro 1

El sistema financiero mundial dicta la liberalización del comercio: Una llamada a volver a imaginar el comercio entre países

La institucionalización del neoliberalismo se produjo con el Consenso de Washington, impuesto por el FMI y el Banco Mundial mediante préstamos condicionados. Entre sus políticas básicas estaban la liberalización del comercio, la privatización de las empresas estatales, los recortes del gasto público, la desregulación y la nueva regulación sesgada hacia las empresas. La Organización Mundial del Comercio (OMC) refuerza aún más estos principios mediante acuerdos comerciales mundiales que favorecen al capital transnacional.

La Vía Campesina (LVC) surgió como una fuerza mundial de resistencia campesina a las reformas neoliberales y a la OMC. Aunque las movilizaciones campesinas han contribuido a frenar los avances de la OMC desde 2001, su Acuerdo sobre la Agricultura de 1995 permite aún hoy que naciones poderosas como Estados Unidos,  y la UE, impulsen programas comerciales agresivos que penalizan el apoyo a los pequeños productores de alimentos. Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales han agravado aún más la pobreza rural. Estos sistemas comerciales restringen la aplicación de políticas de soberanía alimentaria por parte de los gobiernos -tanto del Norte como del Sur. Califican a la regulación de los mercados nacionales, las ayudas a los precios para los pequeños productores de alimentos y la contratación pública de «distorsionadores del comercio» , priorizando el acceso de las empresas por encima del interés público.

En los últimos dos años han estallado protestas campesinas en más de 65 países, lo que señala la necesidad de un nuevo sistema comercial. LVC está iniciando una campaña para construir un nuevo marco mundial para el comercio agrícola entre países, basado en principios de cooperación y solidaridad transnacional y que defienda la soberanía alimentaria de cada país. Es importante que los movimientos de pequeños productores de alimentos y trabajadores, y todos aquellos comprometidos con la soberanía alimentaria, se unan a este esfuerzo colectivo para construir una alternativa económica real. Para más información: www.viacampesina.org  

Cuadro 2

El papel de la financiarización como motor del acaparamiento de tierras

La financiarización desempeña un papel central en el aumento del acaparamiento de tierras y de recursos naturales a escala mundial; impulsa la concentración de la tierra y socava la capacidad de las comunidades para alimentarse a sí mismas y a otros. Desde la crisis financiera de 2008-09, la tierra se ha tratado cada vez más como un activo financiero. Alrededor de 65 millones de hectáreas han sido adquiridas en todo el mundo; entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, seguros y dotaciones han invertido alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras de cultivo. En 2018 estas entidades representaban el 45% de las inversiones totales en tierras agrícolas.

Las crisis ecológicas actuales -cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas- tienen su origen en la extracción capitalista. No obstante, los actores financieros y empresariales ahora sitúan estas crisis como oportunidades de inversión. Funciones naturales como el almacenamiento de carbono se rebautizan como «servicios ecosistémicos», se les asigna un valor económico y se comercializan. El valor estimado de estos llamados «activos naturales» es de 4.000 billones de dólares. Los mercados del carbono y la biodiversidad, en particular, han impulsado una nueva oleada de «acaparamientos verdes», y cerca del 20% de los acuerdos actuales de compraventa de tierras a gran escala están vinculados a la bioeconomía. Se prevé que los mercados de carbono por sí solos cuadrupliquen su valor en los próximos diez años, intensificando la presión sobre la tierra y despojando a las comunidades en nombre de la sostenibilidad y las pretensiones de «emisiones netas cero».

Cuadro 3

Desregulación y cambio neoliberal en la agricultura mundial

Mediante las condiciones impuestas a los préstamos y demás financiación, y el asesoramiento político, el FMI y el BM han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la financiarización, la desregulación de los mercados y la regulación favorable a las empresas en los sectores alimentario, agrícola y afines. El resultado ha sido el acaparamiento de tierras, una mayor exposición de los pequeños agricultores a la volatilidad de los precios, la concentración de los mercados y del poder financiero en manos del agronegocio y la expansión de la agricultura industrial contaminante.

Pakistán ha desregulado recientemente el sector del trigo, en línea con las condicionalidades del FMI, ha eliminado el Precio Mínimo de Apoyo y está liquidando la Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO)[1] . En Argentina, las medidas de austeridad avaladas por el FMI han provocado despidos masivos y recortes en los servicios sociales, la desregulación del mercado alimentario y la desregulación de la Ley de Tierras Rurales. En Ecuador, la cría de camarones respaldada por el BM ha destruido los manglares y ha desplazado a las comunidades locales, poniendo de relieve los costes medioambientales y sociales de tales políticas.

Estos cambios en los marcos normativos no se limitan a los países en desarrollo, ni se imponen únicamente a través de las instituciones crediticias.

Un ejemplo ilustrativo son los Acuerdos de Blair House de 1992, acuerdos bilaterales clave sobre subvenciones agrícolas celebrados entre Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante estos acuerdos la UE puso fin a las cuotas de producción lechera. Muchos pequeños agricultores europeos se enfrentaron a una mayor competencia y a la inestabilidad de los precios. De ahí que entre 2007 y 2022 el número de pequeñas explotaciones en la UE disminuyera en un 44%, al tiempo que el número de mega-granjas aumentó en un 56%.

Los acuerdos de Blair House allanaron después el camino para el Acuerdo sobre la Agricultura[2], el primer marco multilateral sobre comercio agrícola, que dictó los contornos de muchas negociaciones posteriores de Acuerdos de Libre Comercio de la OM- y permitió la globalización del agronegocio, marginando al campesinado. 

Las políticas de desregulación también han tenido un impacto considerable sobre el sector agrícola en Estados Unidos, en particular el desmantelamiento del modelo de precios de referencia[3] y del sistema de gestión de la oferta basado en cuotas, que proporcionaba estabilidad a los pequeños agricultores.

La desregulación autónoma en los países ricos también ha contribuido a ampliar el poder de los mercados y actores financieros dentro de los sistemas alimentarios. Esto ha conducido al comercio especulativo, a precios récord de los alimentos, a una mayor volatilidad de los precios en todo el mundo y a la apertura de nuevos mercados para las semillas modificadas genéticamente.

Así pues está bastante claro que la ideología económica neoliberal que concede prioridad a los mercados financieros en detrimento de las personas, está profundizando la desigualdad, imponiendo medidas de austeridad que están debilitando las economías rurales y erosionando la rendición pública de cuentas. Las protestas en curso en varios países reflejan una creciente resistencia frente a la retirada del Estado de su obligación de servir a las personas, no a los mercados.

En todo caso, lo que necesitamos no es desregulación, sino más regulación del mercado para proteger los intereses de la gente.

[1] La Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán (PASSCO por sus siglas en inglés), entidad de propiedad estatal, compra trigo y otros cultivos básicos a precios de apoyo para garantizar un rendimiento justo a los productores de alimentos, mantener reservas estratégicas y estabilizar los precios de mercado.

[2] El Acuerdo sobre la Agricultura es un acuerdo de la OMC destinado a reformar el comercio de productos agrícolas. Se estableció durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y entró en vigor con la creación de la OMC en 1995.

[3] Conforme a los precios de referencia (parity pricing), el gobierno establecía precios de apoyo -por ejemplo, mediante precios mínimos o subvenciones- basados en el coste de los insumos y el nivel de vida de la época base, ajustados a la inflación.

Destacados

Boletín núm. 60 - Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Destacados 1

Implicaciones del sistema financiero mundial en la soberanía alimentaria

Una de las mayores amenazas para la soberanía alimentaria es el poder que ostenta el sistema financiero mundial sobre la economía real, los sistemas alimentarios y la gobernanza alimentaria y económica.  Desde la aparición del neoliberalismo en la década de 1980, se ha producido una expansión de los mercados financieros mundiales y el capital financiero se ha introducido en las economías nacionales y subnacionales a través de la banca, las microfinanzas y las inversiones extractivas y especulativas en sectores críticos como la alimentación, la tierra, la agricultura, el agua, la minería, la energía, la promoción inmobiliaria y la infraestructura física. Esto ha sido posible por los cambios en la reglamentación financiera y las tecnologías financieras digitales (fintech) que permiten el libre movimiento del capital entre las fronteras nacionales y a escala mundial, llegando a las comunidades por medio de aplicaciones bancarias/pagos digitales (a través de teléfonos móviles). Una amplia variedad de instrumentos financieros, desde fondos de pensiones, fondos de inversión y fondos de índice, hasta valores y derivados, han permitido a empresas y particulares obtener beneficios desproporcionados de estas inversiones, con enormes costes para la economía real, la biodiversidad, el medio ambiente, el empleo estable, el acceso a los alimentos y el clima. La globalización financiera ha permitido la especulación con los alimentos básicos y los productos agrícolas básicos -donde los operadores compran y venden contratos de futuros sobre materias primas alimentarias y/o apuestan por los precios de los futuros para obtener beneficios- aumentando la vulnerabilidad mundial frente a las crisis financieras y alimentarias recurrentes.

Las crisis financieras ocasionan graves repercusiones negativas a los pequeños proveedores.as de alimentos, los trabajadores.as y las comunidades rurales y urbanas pobres, en sus medios de vida, empleo, ingresos, soberanía alimentaria y salud, especialmente en el Sur Global. Los efectos se ven agravados por la escasez (o inexistencia) de medidas nacionales de protección social, mitigación del hambre y la malnutrición, asistencia sanitaria y alivio de la deuda, que son importantes amortiguadores frente a las crisis económicas. Durante décadas, los programas de ajuste estructural (PAE) y las medidas de austeridad elaboradas por el BM y el FMI, han atrapado a muchos países del Sur en círculos viciosos de endeudamiento, cuyos componentes básicos son la liberalización del comercio y la inversión, la privatización y la desregulación. Como contrapartida a los préstamos para mantener el funcionamiento de las economías nacionales y el acceso a los mercados mundiales de capital, el BM y el FMI siguen exigiendo recortes drásticos en las ayudas estatales para bienes y servicios esenciales, la eliminación de la protección a los trabajadores, los pequeños productores agrícolas y el medio ambiente, y reformas radicales de las políticas y normativas nacionales para ponerlas al servicio del sector empresarial y los mercados libres.

Los PAE y el neoliberalismo allanaron el camino para la financiarización de los alimentos, que conlleva una participación mucho mayor de las entidades financieras (bancos comerciales, fondos soberanos, fondos de inversión privados, empresas de gestión de activos, etc.) en los sistemas alimentarios, y en las transacciones mundiales de productos financieros vinculados con los alimentos y la tierra y otros elementos esenciales para la producción de alimentos. La crisis alimentaria de 2008 aceleró la financiarización de los alimentos, ya que los Estados se apresuraron por garantizar el suministro de alimentos, creando nuevas oportunidades de beneficio para los inversores financieros.

La financiarización y la escasa reglamentación antimonopolio han permitido a las empresas consolidar su volumen de mercado y su poder en los sistemas alimentarios mediante fusiones y adquisiciones. Las empresas más grandes atraen más inversión financiera de bancos y gestores de activos, lo que a su vez permite a estas consolidarse aún más, dando lugar a la concentración empresarial en los sistemas alimentarios.  Con mayor poder financiero y de mercado, las empresas pueden configurar la gobernanza de los sistemas alimentarios, influyendo a su favor en las políticas, normativas, leyes e investigaciones a escala nacional e internacional,  en detrimento de millones de pequeños.as proveedores de alimentos, trabajadores.as, pueblos indígenas y poblaciones rurales, periurbanas y urbanas. Una tarea urgente para los movimientos de soberanía alimentaria de todo el mundo es desarrollar medidas estratégicas, aplicables jurídicamente y ejecutivas, para hacer retroceder e impedir que las finanzas globales se infiltren en los sistemas alimentarios mundiales.

Destacados 2

¡Necesitamos un impulso mundial para la cancelación de la deuda!

En el centro de la actual crisis alimentaria mundial se encuentra un sistema comercial moldeado por políticas neoliberales, que sitúa a los beneficios por encima de las personas y favorece los intereses de países exportadores grandes y ricos. Estas políticas promueven enfoques orientados al mercado, permitiendo el dominio de la gran agroindustria a expensas de los pequeños proveedores de alimentos que han alimentado a las comunidades durante generaciones. La concentración del mercado deja a los proveedores de alimentos a pequeña escala y a los trabajadores marginados en lo social y en lo económico, y el acceso a los alimentos deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Las políticas neoliberales y dominadas por el mercado están profundamente interconectadas con la política de la deuda. Los países en desarrollo afrontan problemas económicos importantes por la concentración de los mercados agrícolas, la disminución de los ingresos y la agobiante deuda externa con acreedores públicos y privados.  Para mantener el acceso al capital internacional, los gobiernos de los países sobreendeudados se ven obligados a priorizar el reembolso de la deuda sobre el bienestar de sus ciudadanos y a promulgar políticas favorables a las empresas y al mercado, en lugar de programas que apoyen la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible.  Esto crea un círculo vicioso en el que las necesidades de las personas siguen siendo marginadas en beneficio de las obligaciones financieras con los acreedores internacionales.

Según la UNCTAD, la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó la cifra récord de 11,4 billones de dólares en 2023, y 54 naciones en desarrollo, casi la mitad en África, dedicaron un mínimo del 10% de los fondos gubernamentales al pago de los intereses de la deuda. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en sanidad o en educación.

El 3er Foro Global Nyéléni, previsto para septiembre, tendrá lugar en Sri Lanka, un país que ha padecido graves problemas económicos debido a la deuda externa. En 2022 Sri Lanka incumplió los pagos de la deuda externa, lo que dio lugar a un programa de reestructuración dirigido por el FMI. El gobierno se vio obligado a dar prioridad al pago de la deuda sobre los derechos de los ciudadanos, lo que afectó gravemente a la capacidad del país para invertir en la producción de alimentos, los medios de vida rurales y la seguridad social de su población.

Los datos actuales muestran que el 60% de los países de renta baja y el 30% de los países de renta media se enfrentan a problemas de endeudamiento, que limitan su capacidad para invertir en soberanía alimentaria y servicios sociales, agravando así el hambre y la desigualdad. El 3er Foro Nyéléni debe convertirse en un espacio donde generar resistencia y hacer campaña contra estas políticas. La deuda no es sólo una carga financiera: es un grillete que limita la capacidad de los gobiernos para dar prioridad al bienestar de sus pueblos, y un arma que permite seguir extrayendo riqueza de sociedades cuyas crisis fueron creadas, ante todo, por la deuda.

La cancelación de la deuda es esencial para romper este ciclo porque permitiría a los países dar prioridad a sus gentes y comunidades, centrándose en sistemas alimentarios agroecológicos en los que los pequeños productores de alimentos pudieran alimentar a sus comunidades en armonía con los territorios.

Destacados 3

¿Cómo obtener financiación para construir la soberanía alimentaria?   

La construcción de la soberanía alimentaria y la expansión de la agroecología requieren una infraestructura pública social, física, económica y financiera dedicada y continua. Se necesita una financiación de un tipo y un volumen adecuados y suficientes a múltiples niveles, para garantizar que los y las  pequeños proveedores de alimentos dispongan de los fondos y otros recursos (como tierra, energía y agua) necesarios para invertir en producción, transformación, almacenamiento y distribución/comercialización. Al mismo tiempo, se necesitan marcos políticos propicios para proporcionar la financiación necesaria, así como para reforzar las bases sociales, económicas y medioambientales de la soberanía alimentaria y la agroecología: la financiación no debe atrapar a los pequeños proveedores de alimentos en ciclos de endeudamiento, y las políticas deben protegerlos de la competencia de las empresas agroalimentarias.

Una medida crucial es reorientar los presupuestos multilaterales nacionales y mundiales dirigidos a la alimentación, la agricultura y el clima, alejándolos de los sistemas alimentarios industriales y empresariales y de las cadenas de valor, y dirigiéndolos hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. La eliminación de las enormes subvenciones directas e indirectas que recibe el agronegocio para la producción, las exportaciones, el transporte, la comercialización y la protección frente a las responsabilidades socioambientales liberará ingentes cantidades de dinero a varios niveles, que podrán utilizarse para financiar las infraestructuras necesarias para la soberanía alimentaria.

Al mismo tiempo, se pueden movilizar flujos de ingresos públicos a través de diversos tipos de impuestos: impuestos progresivos generales; gravar a las empresas de forma adecuada, incluyendo los beneficios de los hipermercados y las transacciones digitales; impuestos extraordinarios sobre los beneficios de la especulación con alimentos/productos básicos/tierras; impuestos sobre los alimentos basura y altamente procesados, etc. Deben cerrarse los paraísos fiscales y establecerse y aplicarse leyes contra la evasión fiscal y la corrupción, incluida la confiscación de los activos de los ricos que evaden impuestos. El dinero procedente de estas medidas puede utilizarse para subvencionar el suministro de alimentos a pequeña escala, las cooperativas de productores y consumidores, los mercados territoriales, los bancos de alimentos comunitarios, los seguros médicos comunitarios y otros servicios colectivos importantes para la soberanía alimentaria. Y lo que es más importante, pueden liberar dinero para aliviar la deuda de las comunidades rurales y urbanas pobres y facilitarles el acceso a créditos adecuados, de modo que puedan reconstruir sus capacidades económicas.

La soberanía alimentaria se basa en el derecho de las personas y las comunidades a la alimentación y a vivir una vida plena, saludable y productiva, con dignidad, justicia e igualdad, para las generaciones presentes y futuras.  Esto exige una inversión amplia y continuada por parte de los gobiernos y la sociedad para transformar los sistemas sociales, políticos y económicos, de modo que el suministro de alimentos a pequeña escala obtenga los recursos financieros que necesita con urgencia. Esto incluye medidas como la compra pública de alimentos producidos de modo agroecológico para los comedores escolares y otras necesidades alimentarias de la comunidad; la inversión pública en mercados territoriales y protección medioambiental; acabar con la especulación alimentaria, y políticas que garanticen salarios dignos y condiciones laborales seguras para los trabajadores del sistema alimentario, especialmente para las mujeres. Los sistemas financieros internacionales desregulados, que socavan la soberanía alimentaria, son los que crean y exacerban las crisis alimentarias.  Es importante que los gobiernos y las agencias multilaterales emprendan acciones como las descritas anteriormente, para proteger nuestros sistemas alimentarios y también dar señales positivas a toda la sociedad en aras de apoyar la soberanía alimentaria.

Boletín núm. 60 – Editorial

Boletín núm. 60 - Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, construir la soberanía alimentaria

Ilustración: Esta ilustración fue creada por miembros del departamento artístico de Tricontinental para el dossier nº 88: El pacto con el diablo de África con el Fondo Monetario Internacional. La obra ilustra el pacto con el diablo al  que se ven obligados todos los países africanos, y los costes que supone para su soberanía financiera, industrial, agrícola y política.

El 3er Foro Global Nyéléni tendrá lugar en Sri Lanka el próximo mes de septiembre. La elección de Sri Lanka ha sido deliberada: en 2022 un levantamiento popular conocido como Aragalaya derrocó al régimen neoliberal corrupto que había sumido al país en una grave crisis de deuda y malestar social.

Sri Lanka tiene una deuda externa de 57.000 millones de dólares, de los cuales adeuda en torno al 32% a instituciones financieras multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Debe otro 28% al Club de París. Prácticamente la cuarta parte de los ingresos del gobierno se dedica a reembolsar a los acreedores extranjeros, y gran parte de esta deuda incluye condiciones que promueven la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de la tierra y los recursos naturales.

Sri Lanka no es un caso aislado. Veinte países africanos se enfrentan a problemas de sobreendeudamiento y casi la mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el reembolso de la deuda que en servicios públicos. Las instituciones financieras internacionales (IFI) han reconfigurado los presupuestos nacionales y la arquitectura financiera de tal forma que los intereses del capital financiero priman sobre el bienestar y la salud de las personas y el planeta. Es necesario un contraataque mundial para construir soberanía alimentaria y sistemas alimentarios agroecológicos resistentes.

 En un diálogo reciente auspiciado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas recalcó que no puede haber soberanía alimentaria sin soberanía financiera. Esta edición del boletín profundiza en algunas de las cuestiones principales relacionadas con este tema y en propuestas de contraataque.

Focus on the Global South y La Vía Campesina

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Resistir a la amenaza del sistema financiero mundial, num 60

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Voces desde el campo

Boletín núm. 59 - Oleadas de resistencia: las comunidades pesqueras en defensa de la soberanía alimentaria

Voces desde el campo 1

Los pueblos indígenas y el derecho de pesca consagrado en los tratados

Rochelle Diver y el Jefe Gary Harrison, Indian Treaty Council (Consejo Internacional de Tratados Indios) (CITI) y Grupo de Trabajo de Pesca del CIP, Región de los Grandes Lagos y Alaska respectivamente

El derecho de pesca de los pueblos indígenas se consagró en Estados Unidos y Canadá por medio de los tratados “Nation to Nation” firmados entre los gobiernos coloniales y los pueblos indígenas. Sin embargo, en Alaska, la pesca de arrastre industrial ha aniquilado las poblaciones de salmón, acabando con los ecosistemas que los Pueblos Indígenas han protegido desde hace más de 25.000 años. La colonización reemplazó a la administración sostenible por codicia, pisoteando los derechos de pesca y destruyendo la naturaleza. Los arrastreros diezman los hábitats, matan salmones de forma indiscriminada y llevan a ríos enteros a la extinción, todo ello por el lucro. Esto es genocidio ecológico.

Además, la minería y las centrales de carbón están contaminando los peces con mercurio y otras sustancias químicas y, a la vez, están contaminando a nuestra gente. El 10% de los bebés que nacen en la región de los Grandes Lagos sufren pre-contaminación por mercurio. ¿De qué sirve el derecho a pescar si el pescado es perjudicial para nuestra gente y las generaciones futuras? Los impactos intergeneracionales del mercurio y los eternos productos químicos presentes en nuestros lagos no solo son físicos sino también culturales. Los impactos del mercurio sobre el desarrollo dificultan la capacidad de nuestros hijos de conservar nuestras lenguas, historias y tradiciones.

Apoyar los derechos indígenas es apoyar los derechos humanos y la pesca a pequeña escala. ¡Únase a nosotros en nuestra lucha por un sistema alimentario libre de tóxicos!

Voces desde el campo 2

Los pescadores y las pescadoras de Gaza: un modelo en la lucha por la soberanía alimentaria y la liberación

Saad Ziada, Union of Agricultural Work Committees (Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas) (UAWC), Palestina

El sector pesquero de Gaza ha sido totalmente destruido: hablamos de equipos, barcos, almacenes, todo. Antes del 7 de octubre los pescadores ya vivían en condiciones extremadamente precarias como consecuencia del bloqueo, que afectaba al acceso al mar, a los materiales entrantes y a las oportunidades de exportación. Ahora sus medios de subsistencia han sido destruidos y sus vidas y estilos de vida corren serio peligro de desaparecer. Los pescadores que intentaban pescar cerca de la costa en dispositivos flotantes improvisados para evitar morir de hambre han sido asesinados.

Desde el alto el fuego, muchas familias han regresado a sus barrios, pero no han encontrado nada. Solo hemos podido encontrar una embarcación motorizada que sobrevivió a toda la destrucción. Sin embargo, los pescadores se mantienen firmes y están deseosos de reconstruir sus medios de subsistencia, aunque el alto el fuego no ha cumplido sus promesas en cuanto a la entrada de combustible, equipos y otros materiales básicos para reanudar la vida. Incluso las redes son difíciles de conseguir, lo que nos deja pocas opciones para relanzar el sector pesquero. Pero estamos librando una lucha por la existencia, una lucha por la soberanía alimentaria y contra la supresión cultural. Como no podemos hacerlo solos, hacemos un llamamiento al Foro Mundial de Pueblos Pescadores, al Comité Internacional de Planificación (CIP) y a sus miembros, para que exijan la rendición de cuentas por los crímenes cometidos y nos apoyen en la reconstrucción de un sector pesquero de importancia cultural que sirva de modelo en la lucha por la soberanía alimentaria y la liberación.

Voces desde el campo 3

De la abundancia de pescado a la lucha por el sustento: La resiliencia en las comunidades pesqueras de Uganda

Namaganda Rehema, FIAN Uganda y Margaret Nakato, Katosi Women Development Trust

Los antaño prósperos lagos de Uganda se han convertido en lugares de control militarizado. Actualmente los soldados dominan las aguas donde antes los pescadores artesanales trabajaban libremente para mantener sus medios de subsistencia. Los pescadores se esfuerzan por cumplir las nuevas y severas normas pesqueras de 2017, aplicadas con brutalidad por la Unidad de Protección de la Pesca del ejército.

Los militares detienen rutinariamente a los pescadores, destruyen sus barcos y confiscan sus aparejos, actos que perturban a las familias, los mercados y el delicado entramado de los sistemas alimentarios locales. Las mujeres, que procesan el pescado y lo venden, se llevan la peor parte. El pescado ha pasado de ser una fuerza unificadora a un símbolo de desintegración. Lo que fue una fuente abundante y vital de proteínas ahora escasea.

En medio de la penuria, las comunidades pesqueras están respondiendo con acciones colectivas. Han lanzado cartas de petición, han celebrado numerosas reuniones con los responsables políticos y han implicado a los medios de comunicación para sacar a la luz sus luchas, lo que ha dado lugar a avances significativos, como cambios en la ley de pesca. Su lucha es más que una lucha por los recursos; es una lucha por mantener a sus familias, sus comunidades y su cultura.

Frente a la continua militarización, se mantienen firmes en su apuesta por la soberanía alimentaria, negándose a que sus derechos se vean eclipsados. Porque en sus manos está el poder no sólo de pescar, sino de forjar el futuro del lago al que desde hace mucho tiempo llaman hogar. La suya es una lucha por la dignidad, la justicia y el derecho de toda comunidad a proveer sus propios alimentos.

Voces desde el campo 4

Transformación basada en raíces comunitarias   

Claudia Pineda, FIAN Honduras

Honduras es un país centroamericano biodiverso y con comunidades forjadas en la lucha por la sobrevivencia, particularmente en zonas costeras del Golfo de Fonseca. Allí miles de familias que dependen de las especies marinas para la pesca y camaricultura artesanal, sufren por la destrucción de su ecosistema. Son víctimas de la transformación rápida y negativa de su territorio a consecuencia de la contaminación del entorno y de la deforestación de sus bosques de manglar por prácticas de la agroindustria y camaricultura.

Estas comunidades son testigos de cómo estas prácticas basadas en la visión instrumental de la naturaleza tienen efectos socio ambientales, con la reducción y pérdida de medios de vida, y el aumento de la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos. Ambas situaciones desencadenan la migración y pobreza extrema.

El acceso a la alimentación es uno de los grandes impulsores del desplazamiento interno y la emigración, principalmente a Estados Unidos y España. Este fenómeno deja a las familias con problemas sociales relacionados con cambios en la estructura poblacional, la desintegración familiar y la pérdida de fuerza laboral, por mencionar algunos.

Sin embargo, se multiplican las resistencias ante este modelo; y cada vez más las comunidades pesqueras reclaman el derecho a participar en la definición y control de los sistemas alimentarios. Es así como desde el 2024 se inició la construcción de un modelo de gestión comunitario de sus bienes naturales, basado en saberes y prácticas locales.

Voces desde el campo 5

La invasión de la tilapia Sarotherodon melanotheron: Un gran desastre ecológico en Tailandia

Red de ciudadanos tailandeses afectados por la invasión de la tilapia Sarotherodon melanotheron (19 provincias)

La invasión de la tilapia Sarotherodon melanotheron comenzó en Tailandia en 2010, cuando Charoen Pokphand Foods (CPF) importó la especie de Ghana para criarla en su granja en Samut Songkhram. En un año, esta especie invasora se había extendido a canales públicos y estanques de acuicultura, así como a las provincias cercanas. La especie desbancó agresivamente a la vida acuática autóctona, acabando con camarones, peces, cangrejos y moluscos, lo que provocó pérdidas masivas a los pequeños acuicultores y pescadores costeros. Muchos sufrieron deudas, pérdida de tierras, e incluso llegaron al suicidio.

En 2017, las comunidades afectadas presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revelando el incumplimiento por parte de la CPF de las medidas de protección de la biodiversidad. En 2024, la invasión se había extendido a 19 provincias, amenazando la biodiversidad del lago Songkhla y a los países vecinos. Los ecologistas lo calificaron como «uno de los peores desastres ecológicos de Tailandia».

El 13 de enero de 2025, las comunidades afectadas protestaron ante la sede de CPF, exigiendo compensaciones y la restauración del ecosistema. «Este grave problema tiene su origen en las grandes empresas. Exigimos que los criminales medioambientales rindan cuentas y que el Estado aplique leyes estrictas de bioseguridad para salvaguardar la soberanía alimentaria», declaró el Sr. Walop Khunjeng, pescador de Samut Songkhram.

La CPF aún no ha asumido su responsabilidad y en su lugar ha demandado a Biothai, una organización que ha sacado a la luz la crisis. Los expertos advierten de que la piscicultura de sistema abierto puede llegar a ser inviable, lo que obligaría a los pequeños piscicultores a dedicarse a los sistemas cerrados controlados por las empresas de la CPF.

Cuadros

Boletín núm. 59 - Oleadas de resistencia: las comunidades pesqueras en defensa de la soberanía alimentaria

Cuadro 1

Movilización en el Subcomité de Acuicultura

El mes de abril marca un momento crucial para el Grupo de Trabajo sobre Pesca del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC FWG por sus siglas en inglés), cuando nos movilizamos en Antalya, Turquía, para participar como observadores en el Subcomité de Acuicultura, órgano subsidiario del Comité de Pesca (COFI) de la FAO. Este foro político sirve de plataforma para dar forma a las políticas de acuicultura y a las estrategias de desarrollo. La Mesa está presidida por Turquía y participan en ella representantes de Indonesia, México, Senegal y Estados Unidos. Este espacio exige nuestra atención e incidencia política para contrarrestar la presión para ampliar la acuicultura alineada con la hoja de ruta de la Transformación Azul de la FAO, una amenaza para los pescadores a pequeña escala y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas.

La acuicultura industrial alimenta el acaparamiento de tierras y recursos, desplaza a las comunidades pesqueras y las despoja de sus derechos consuetudinarios y sus medios de vida, al tiempo que acelera la destrucción medioambiental. Este modelo dirigido por las grandes empresas beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, profundizando las desigualdades y socavando nuestra supervivencia.

El Grupo de Trabajo sobre Pesca del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria demanda un cambio hacia un enfoque basado en los derechos humanos que eleve a los pescadores y pescadoras artesanales como guardianes esenciales de la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Instamos a los gobiernos a que apliquen las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (Directrices PPE) y rechacen los programas impulsados por el mercado. La lucha por la soberanía alimentaria y el papel central de los pescadores a pequeña escala y los pueblos indígenas deben ser la prioridad en estos debates globales.

Cuadro 2

En homenaje a Budi Laksana

Budi Laksana, secretario general de Serikat Nelayan Indonesia (SNI) y miembro destacado del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), falleció el 28 de noviembre de 2024 en Brasilia. Había viajado a Brasil para participar con sus compañeros en la 8ª Asamblea General del WFFP, donde encarnó la lucha de la próxima generación por la soberanía alimentaria, antes de sucumbir a un repentino ataque de trombosis.

Budi Laksana desempeñó un papel destacado en la formulación de las Directrices de la ONU para la pesca artesanal, aprobadas por la FAO en 2014, y trabajó incansablemente para su aplicación en Indonesia y más allá. Bajo su liderazgo, la SNI luchó para proteger los territorios y el modo de vida de los pescadores tradicionales frente a los intereses oligárquicos. Siempre estuvo al frente de las marchas y campañas de protesta, denunciando las políticas oligárquicas del gobierno indonesio desde el camión de los altavoces ante las masas.

Originario de una familia de pescadores tradicionales de cangrejos, se opuso firmemente a la acuicultura corporativa y a la pesca industrial, al ver cómo destruían no sólo los medios de subsistencia, sino culturas alimentarias enteras y economías locales. Su visión de los pueblos pescadores se basaba en los principios del derecho soberano sobre los sistemas alimentarios, el conocimiento intergeneracional y la custodia medioambiental. En sus últimos días en la asamblea del WFFP en Brasilia, su espíritu positivo, su camaradería y sus apasionados discursos sobre la soberanía alimentaria infundieron energía y solidaridad entre los más de cien delegados de comunidades de pescadores de cincuenta países.

Budi Laksana defendió el liderazgo de las mujeres, ayudando a poner en marcha la cooperativa de pescadoras Nyimas Kumambang, dirigida por mujeres. Como defensor incondicional de la soberanía alimentaria, situó a las mujeres y su papel en primera línea de toda la cadena de valor de la pesca. Como señaló una dirigente de pescadores que le acompañó en sus últimos días, él «luchó y se negó a someterse a un sistema codicioso y empobrecedor de las pescadoras».

Budi Laksana era un hombre de familia, y deja atrás a su querida esposa y a sus tres hijos de cinco, diez y doce años.

Nuestros pensamientos están con su familia y sus camaradas más cercanos. El espíritu de Budi Laksana seguirá siempre aportando inspiración y fuerza a la lucha de los pueblos pescadores por la soberanía alimentaria.

Camarada Budi Laksana, que tu legado perdure. Rest in power.

Cuadro 3

Para leer, escuchar, mirar y compartir