Los boletines Nyéléni en español

El Boletín internacional Nyéléni es la voz del movimiento internacional por la Soberanía Alimentaria. Su objetivo principal es reforzar las bases del movimiento, proporcionando material accesible sobre temas clave y creando un espacio para que las personas y las organizaciones que participan en la lucha intercambien sus experiencias y compartan información.

Voces desde el campo

Boletín núm. 57 – Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria

Voces desde el campo 1

Marruecos: apropiación de la soberanía alimentaria para los mercados

Ali Aznague, Red Siyada

En la región árabe, la agricultura es el centro de las políticas neoliberales que conceden generosas subvenciones financieras a los grandes inversores al tiempo que marginan a los pequeños agricultores. La Organización Mundial del Comercio, las principales instituciones donantes (como el FMI y el Banco Mundial) y los acuerdos amplios de libre comercio han agravado esta situación.

En Marruecos, la política agrícola consta de dos planes estratégicos destinados a fomentar la agricultura comercial y orientada a la exportación: «El Plan Verde (2008/2018)» y «La Generación Verde (2020/2030)». Irónicamente, el gobierno mantiene el concepto de «soberanía alimentaria» pero lo despoja de su contenido político y social. Del mismo modo, las políticas agrícolas de la República Árabe de Egipto, como el artículo 79 de la Constitución de 2014, describen los principios de la soberanía alimentaria; sin embargo, las prácticas reales siguen una lógica de mercado en lugar del potencial emancipador de la soberanía alimentaria.

La situación en la región árabe es cada vez más difícil y compleja debido al aumento de los precios de los alimentos, el resurgimiento de las fuerzas contrarrevolucionarias y la guerra de exterminio israelí contra el pueblo palestino. Por lo tanto, es urgente construir un movimiento agrícola militante contra el hambre y la mercantilización de los alimentos, y aumentar la presión para que se adopten los principios reales de la soberanía alimentaria, no solo en palabras, sino en acciones. El lema principal de la «Red Siyada en la Región Árabe» consiste en establecer relaciones de asociación con los países del Sur Global basadas en la cooperación y en romper con la dependencia alimentaria.

Voces desde el campo 2

Política india de apoyo a los precios

Nandini Jayaram, Asociación de Agricultores del Estado de Karnataka (KRRS), India

En los años 60 India sufrió una escasez de alimentos que llevó al gobierno a adoptar medidas para impulsar la productividad agrícola. En esa época comenzó la política de apoyo a los precios, con la creación en 1965 de la Comisión de Precios Agrícolas, reconstituida posteriormente como Comisión de Costes y Precios Agrícolas (CACP por sus siglas en inglés) en marzo de 1985. Este organismo anuncia el Precio Mínimo de Apoyo (PMA) de 23 cultivos, incluidos los cereales, las legumbres, las semillas oleaginosas y los cultivos comerciales, antes de cada temporada agrícola.

El PMA actúa como red de seguridad para los agricultores, garantizando un precio justo por sus cosechas, incluso si los precios de mercado caen por debajo de un determinado umbral. También persigue incentivar la producción de cultivos clave, evitando la escasez de alimentos básicos. El gobierno adquiere cereales alimentarios al precio PMA para distribuirlos a través del Sistema de Distribución Pública, subvencionando la alimentación de millones de personas. Se trata sin duda de una política que promueve la soberanía alimentaria.

Los movimientos de agricultores exigen desde hace tiempo que la CACP revise los cálculos de costes e incluya los arrendamientos y los intereses de las tierras en propiedad y los activos fijos de capital, y los ajuste a la inflación. También queremos dotar al PMA de una garantía legal que impida las compras por debajo del precio anunciado. En la actualidad, el PMA carece de respaldo legal, lo que obliga a muchos agricultores a vender sus cosechas a precios más bajos debido a la inadecuación de los mecanismos de adquisición y a problemas de acceso al mercado.

Voces desde el campo 3

Ley de orientación agrícola de Malí

Ibrahim Sidibe, CNOP, Malí

Malí regula los mercados de forma general, y para el comercio de productos agrícolas hace recaer esta responsabilidad sobre la Ley de Orientación Agrícola (LOA) y la Política de Desarrollo Agrícola (PDA). Promulgada en 2006, la LOA abarca todas las actividades económicas de los sectores agrícola y peri-agrícola, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y la piscicultura, la acuicultura, la apicultura, la caza, la silvicultura, la recolección, la transformación, el transporte, el comercio, la distribución y otros servicios agrícolas, así como sus funciones sociales y medioambientales. Su objetivo es garantizar la soberanía alimentaria y convertirse en el motor de la economía nacional con vistas a garantizar el bienestar de las poblaciones.

La Política de Desarrollo Agrícola se basa en la responsabilidad del Estado, de las colectividades territoriales, de los profesionales de la agricultura, los agricultores y la sociedad civil. Incide en la promoción de la soberanía alimentaria, la reducción de la pobreza rural, la promoción social de las mujeres, los jóvenes y los hombres de las zonas rurales y suburbanas, los partenariados y la creación de mercados comunes dentro de las grandes entidades económicas a escala subregional, regional e internacional. Desde 2008, siguiendo la evolución de los contextos nacionales e internacionales (como la Declaración de París y las nuevas modalidades de ayuda al desarrollo), Malí y sus Socios Técnicos y Financieros se han comprometido formalmente a adoptar un enfoque sectorial para el sector agrícola. Actualmente, las ventas institucionales u organizativas no están formalizadas, y aún estamos en proceso de negociar un marco adecuado.

Voces desde el campo 4

Ley española de la cadena alimentaria

Andoni García, COAG, España

La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en España en 2013, pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria exigiendo contratos por escrito para los productores con inclusión de los precios. En febrero de 2020 la ley se modificó para incluir la exigencia legal de que los precios pagados a lo largo de la cadena alimentaria, empezando por los agricultores, cubrieran los costes de producción. Este cambio se produjo tras las protestas de las organizaciones agrícolas que exigían precios justos. En diciembre de 2021, la ley se volvió a modificar para incorporar la Directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales así como varias propuestas de COAG, con lo que se consiguieron importantes elementos reguladores dentro del marco político europeo.

Dos instrumentos clave velan por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que recoge denuncias de agricultores y otras entidades, realiza inspecciones sobre abusos en materia de precios, cuestiones contractuales y otros abusos, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que realiza estudios de precios y costes en toda la cadena de valor de cada producción agrícola y ganadera. La reforma de 2021 también prohíbe la venta a pérdidas por parte de los grandes distribuidores, garantizando que los productos no puedan venderse por debajo del precio de compra. Sin embargo, la ley se enfrenta a limitaciones por las leyes de competencia, que impiden la negociación colectiva de precios, la fijación de precios o la vinculación estricta de los estudios de costes y precios a los contratos. Además, el objetivo de la ley es proteger a cada agricultor y ganadero individualmente, no colectivamente, salvo ciertas excepciones para las cooperativas.

Voces desde el campo 5

Mercados territoriales en Colombia

Juliana Millán, RENAF, Colombia

En RENAF hemos creado una campaña para identificar los mercados territoriales de todo el país, potenciando su visibilidad y su éxito conjunto. El objetivo es comprender y compartir las múltiples formas de funcionamiento de estos diversos mercados, sus diversas formas de asociación y producción, incluida la producción tradicional que no necesita ni utiliza agroquímicos. El acceso a esta información refuerza a los miembros de RENAF y a otros pequeños productores de la región, y también ha facilitado las respuestas colectivas en red ante crisis como la del COVID-19, potenciando los mercados territoriales y permitiendo su supervivencia, y mejorando la diversidad ecológica de los alimentos.

Voces desde el campo 6

Sistema canadiense de gestión de suministros

Cathy Holtslander, Sindicato Nacional de Agricultores, Canadá

El sistema canadiense de gestión de la oferta proporciona estabilidad en los sectores de los productos lácteos, las gallinas ponedoras (huevos), los pollos de engorde, los pavos y los huevos para incubar, controlando la cantidad producida, evitando la escasez e impidiendo que las importaciones a bajo precio hagan dumping en el mercado canadiense. Una fórmula de fijación de precios transparente y basada en los costes de producción garantiza a los ganaderos unos ingresos justos. Como resultado, Canadá no experimenta grandes fluctuaciones de la oferta ni los precios – ni la necesidad de subvenciones masivas del gobierno a los agricultores.

Las explotaciones siguen teniendo un tamaño pequeño o moderado, sobre todo si se compara con el de estos productos en Estados Unidos. Dentro del marco legislativo federal se establecen las normas provinciales, y cada producto básico posee su  junta provincial de comercialización, dirigida por agricultores elegidos para ello. La gestión de la oferta permite a los agricultores invertir en equipos, formación, cría de animales, genética y gestión de la tierra de cara al futuro, al tiempo que les exige producir la cantidad adecuada de producto en el momento oportuno y cumpliendo las normas de calidad.

El sistema también aísla a los productos lácteos, los huevos y las aves de corral de las fluctuaciones del tipo de cambio y otras perturbaciones que afectan a los sectores del sistema agroalimentario orientados a la exportación y dependientes de las importaciones. También evita competir por los mercados de agricultores de otros países que suministran alimentos a sus propias poblaciones.

El sistema es objeto de ataques frecuentes de las naciones productoras de leche dependientes de la exportación (EE.UU., Europa, Nueva Zelanda, Australia, Argentina), para acceder al mercado canadiense. Dentro de Canadá, el sistema sufre los ataques de los actores empresariales, no solo para forzar que se pague a los agricultores precios por debajo del coste de producción (lo que beneficia a los fabricantes de alimentos), sino para tener una moneda de cambio para obtener concesiones para otros sectores en las negociaciones comerciales.

Algunos pequeños agricultores que comercializan directamente desearían que el sistema fuera más flexible. Para mejorar su capacidad de hacer frente a estos retos, las juntas de gestión de la oferta pueden mejorar y ampliar los mecanismos dirigidos a los nuevos participantes para facilitar el acceso a las cuotas de producción, y fomentar sistemas de producción alternativos que promuevan la renovación, la resistencia y la respuesta a los deseos de diversidad de los consumidores, así como desarrollar un “enfoque basado en tres criterios” en las fórmulas de fijación de precios de los costes de producción, para evitar la externalización de los costes medioambientales y sociales.  

Cuadros

Boletín núm. 57 – Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria

Cuadro 1

Un sistema comercial cuya prioridad sean los derechos de los campesinos, la colaboración y no la competencia

En el pasado se han realizado esfuerzos para construir un sistema comercial equitativo y basado en el desarrollo. Un ejemplo notable es la Carta de La Habana, que pretendía garantizar el pleno empleo y la industrialización nacional, en el orden comercial internacional de posguerra. Trató de establecer normas globales para el comercio, la inversión, los servicios y las prácticas empresariales y laborales. Sin embargo, sufrió la presión de los lobbies empresariales y de Estados Unidos, y fue abandonada y sustituida por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que acabó convirtiéndose en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra iniciativa importante es el Sistema Mundial de Preferencias Comerciales (SMPC), establecido hace más de tres décadas por el Grupo de los 77, una coalición de países en desarrollo. El SMPC persigue impulsar el comercio entre los países en desarrollo. A finales de 2022, Brasil ratificó los compromisos contraídos en el marco del SGMC, lo que reavivó el interés internacional por el acuerdo, que ahora sólo necesita una ratificación para entrar en vigor. Sin embargo, estas iniciativas se ven a menudo limitadas por el marco neoliberal imperante, que se centra en promover el comercio de productos agroindustriales y bienes manufacturados de alta intensidad tecnológica.

Lo esencial ahora es un marco alternativo que incida en la cooperación y la colaboración en lugar de la competencia, y en la solidaridad en lugar de las sanciones. Este marco debe apoyar las economías rurales, permitir que prosperen sistemas alimentarios diversos y garantizar que los derechos de los campesinos, los pueblos indígenas, los trabajadores -tanto de las zonas rurales como urbanas- y los migrantes, ocupen un lugar central en el comercio transnacional.

Cuadro 2

Breve historia de las juntas de comercialización agraria

El desmantelamiento de las juntas públicas de comercialización ha sido uno de los principales rasgos del cambio en la política agraria, que ha pasado de un desarrollo dirigido por el Estado a otro dirigido por el mercado.

Históricamente, el historial de las juntas de comercialización ha sido desigual. Muchas de ellas eran de carácter extractivo, utilizadas por los gobiernos para exprimir los excedentes de sus poblaciones agrícolas y contener los salarios urbanos a través de la restricción de los precios de los alimentos básicos. Esto se debe al contexto geopolítico particular en el que surgieron muchas de ellas en los años sesenta y setenta, una época en la que las estrategias de desarrollo favorecían en gran medida la industrialización. Las juntas de comercialización también han sido utilizadas por regímenes corruptos y autoritarios como medio para consolidar el poder mediante la colocación de cargos políticos en sus Consejos.

A pesar de algunos de estos defectos, las juntas de comercialización desempeñaron funciones valiosas. Muchas veces fueron un instrumento importante para garantizar la distribución de alimentos básicos. Por ejemplo, la antigua agencia de comercialización de granos de México, CONASUPO (siglas de Compañía Nacional de Subsistencias Populares), ofrecía un precio de compra oficial para los granos de la canasta básica, que amortiguaba las oscilaciones del mercado internacional y la competencia subvencionada. Las juntas de comercialización siguen funcionando en varios países, sobre todo en el África subsahariana, donde se encargan de la mayor parte de la comercialización y distribución de los cultivos de exportación.

Las críticas que suelen hacerse a las juntas de comercialización también deben sopesarse con las alternativas. Los monopolios estatales en los sistemas de comercialización agrícola han sido sustituidos en gran medida por las prácticas oligopolistas de los comerciantes y minoristas multinacionales de alimentos. Por lo tanto, existe un amplio margen para reflexionar (de nuevo) sobre los puntos fuertes y débiles de las juntas públicas de comercialización.

Más información aqui.

Cuadro 3

Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa

La oleada de protestas de agricultores que ha recorrido Europa en los últimos meses, en Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Grecia, Polonia, Rumanía y Lituania, entre otros, ha puesto en marcha nuevos llamamientos a replantear el enfoque europeo de la regulación de los mercados agrícolas y alimentarios.

Aunque las políticas, preocupaciones y demandas concretas varían de un país a otro, todas estas protestas responden al extraordinario desfase entre precios y costes que los agricultores están sufriendo: en 11 países de la UE, los precios pagados a los agricultores cayeron más de un 10% entre 2022 y 2023. La precariedad económica que sufren los agricultores debe situarse en el contexto de la crisis estructural a largo plazo de la agricultura europea.

Es evidente que el marco político actual de la UE, en particular la Política Agrícola Común (PAC), no ha sido capaz de hacer frente a la magnitud del reto actual de garantizar precios justos y rentas dignas para los agricultores. Esto no siempre ha sido así. Antes, la PAC desplegaba toda una panoplia de instrumentos destinados a mantener precios relativamente altos y estables para los agricultores productores de alimentos considerados estratégicos, a fin de garantizar una producción suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de las poblaciones europeas y precios razonables para los consumidores. A partir de 1992, para cumplir los compromisos del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio, casi todos estos instrumentos fueron abandonados,  y los instrumentos de regulación del mercado fueron sustituidos por ayudas directas a la renta de los agricultores. Con el tiempo, estas ayudas se supeditaron al cumplimiento de un número cada vez mayor de normas.

¿Qué lecciones pueden extraerse de los éxitos y fracasos de las políticas de regulación de los mercados agrícolas en el pasado, en Europa y en otros lugares del mundo, para reconstruir la PAC sobre la base de la soberanía alimentaria y permitir la transición agroecológica?

Esta cuestión clave será el tema central de una conferencia pionera que se celebrará bajo el título «Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa», organizada por la Coordinadora Europea Vía Campesina con otros socios. Programada para los días 3 y 4 de marzo de 2025 en Bruselas, la conferencia reunirá a académicos, campesinos y pequeños y medianos agricultores de toda Europa para promover la construcción conjunta del conocimiento al servicio de una nueva PAC adecuada a sus fines.

Más información sobre la conferencia aqui.

Destacados

Boletín núm. 57 – Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria

Destacado 1

Ya es hora de cambiar nuestro modo de comerciar a nivel mundial

Los movimientos sociales, entre ellos La Vía Campesina, han luchado desde su creación contra el libre comercio, en particular contra la OMC, uniendo a organizaciones campesinas de todo el mundo. Nos hemos movilizado en ciudades como Seattle, Cancún, Hong Kong, Buenos Aires y Ginebra. Estas luchas han contribuido significativamente a la crisis actual de la OMC, que se encuentra estancada desde los acuerdos de Doha de 2001.

A pesar de estas victorias, el libre comercio sigue perjudicando al campesinado mundial. El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC de 1995 sigue autorizando las agresivas políticas comerciales de Estados Unidos y la UE, al tiempo que criminaliza la regulación de los mercados y el apoyo a los pequeños productores de muchos países del Sur. Además, han proliferado los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y regionales, que: han exacerbado la destrucción de la regulación del mercado y han abierto los mercados a las importaciones agroindustriales (incluidos los cultivos transgénicos); han promovido normas más estrictas sobre la propiedad intelectual (ADPIC+), incluida la ejecución con sistemas de sanción penal a los infractores; y han consolidado el control empresarial sobre la tierra mediante el desmantelamiento de la propiedad colectiva de la tierra. Todo ello ha reforzado el control de las empresas transnacionales sobre los sistemas alimentarios y ha agravado la pobreza de los campesinos.

Desde 1995, la dependencia del comercio agrícola internacional ha ido en aumento. No obstante, hay que recordar que esta dependencia sigue siendo muy relativa, ya que sólo el 15% de la producción mundial de alimentos pasa por los mercados internacionales. Sin embargo, las demandas formuladas por los representantes de La Vía Campesina para que los gobiernos abandonen la OMC son sistemáticamente rechazadas, incluso por parte de aquellos que comparten nuestros valores. Los gobiernos consideran impensable y potencialmente desastroso romper los lazos con el comercio internacional.

En junio de 2022, durante las manifestaciones contra la OMC en Ginebra, los movimientos sociales pusieron de manifiesto la extrema fragilidad de la institución. Los países del Sur siguen protestando contra las normas comerciales injustas, en particular el Acuerdo sobre la Agricultura. Este proceso ha sido liderado por India, que defiende su modelo de regulación del mercado. En medio de intensos conflictos geopolíticos, aumentan las críticas al orden comercial dominado por Occidente. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, en Ginebra se acordó, aunque por la mínima,  mantener la OMC. la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, intenta salvar la institución con propuestas de reforma.  Sin embargo, la reforma de la OMC está condenada al fracaso por sus propias contradicciones internas, y tarde o temprano desaparecerá. Los movimientos sociales deben contribuir a su desaparición proponiendo un nuevo marco para el comercio internacional que los países puedan adoptar sin miedo al aislamiento. Esta alternativa ofrecería un sistema más equitativo en beneficio de las poblaciones mundiales.

El objetivo es crear una herramienta de debate y de negociación para los gobiernos, especialmente los del Sur, descontentos con las normas injustas de la OMC, animándoles a negociar un nuevo marco comercial internacional. Para lograrlo, este proceso y nuestras propuestas deben ser bien comprendidos y apoyados por las organizaciones campesinas y de pequeños agricultores y sus aliados. El proceso debe ser inclusivo, con un lenguaje accesible y una formación interna intensiva.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) sirve de profunda inspiración para este trabajo. Esta no solo respondió a un proceso interno dentro de La Vía Campesina para construir una herramienta apoyada por las organizaciones campesinas a nivel mundial, sino que fue un proceso diplomático con la participación de instituciones (como el Consejo de Derechos Humanos para UNDROP, la UNCTAD, la FAO y otros para el marco del comercio internacional) y de Estados (Bolivia tuvo un papel clave en UNDROP). La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó 17 años en aprobar el UNDROP. Igualmente este trabajo sobre el comercio llevará tiempo. Somos campesinos, la paciencia y la resistencia son nuestras señas de identidad, y no nos asusta el largo recorrido.

Es esencial un marco de comercio internacional basado en la soberanía alimentaria. Debemos construirlo, paso a paso desde abajo, convenciendo a los gobiernos y a las instituciones de la ONU de que ha llegado el momento de crear un comercio internacional por y para el pueblo.

Destacado 2

Mercados territoriales: Cadenas alimentarias que construyen comunidades más fuertes

Más allá del enorme poder y visibilidad de las cadenas alimentarias empresariales, los mercados de proximidad desempeñan en realidad un papel vital. Alejados de los focos empresariales, y con mucho menos apoyo y recursos, alimentan a gran parte del mundo y han demostrado ser mucho más resistentes a las crisis y las conmociones.

Un nuevo informe publicado por IPES-Food revela que los mercados y las cadenas alimentarias locales impulsan la seguridad alimentaria y la resiliencia, proporcionan alimentos nutritivos a las poblaciones más pobres, apoyan los medios de subsistencia, protegen el medio ambiente y fortalecen las comunidades. Entre los «mercados territoriales» existe una amplia gama de realidades en todo el mundo, desde mercados públicos a vendedores ambulantes, cooperativas, agricultura urbana, cocinas comunitarias, venta directa en línea y muchos más.

Aunque la agroindustria utiliza más de dos tercios de la tierra y los recursos agrícolas, y sigue pretendiendo que alimenta al mundo, los datos muestran que fuera de las cadenas empresariales se suministran enormes volúmenes de alimentos frescos, a menudo directos al consumidor: En el África subsahariana y Asia los pequeños agricultores y las explotaciones familiares producen el 80% de los alimentos, mientras que las cadenas mundiales sólo representan entre el 15% y el 20% del consumo total de alimentos. En Dhaka (Bangladesh), más de 400 mercados alimentan cada día a más de 25 millones de personas, y el 95% de los pobres urbanos de esta ciudad compran la mayor parte de sus alimentos en estos mercados de alimentos frescos. En México, los mercados al aire libre y tradicionales representan la mitad de toda la fruta y verdura que se vende al por menor: en Kenia, Zambia y Nicaragua, supera el 90%.

En contraposición con esto, hemos asistido en los últimos tiempos a la pandemia, la invasión de Ucrania, y la escalada de las crisis climáticas que conducen al caos de la cadena de suministro, la volatilidad de los precios de los alimentos, los estantes vacíos, y un aumento de los niveles de hambre. En tiempos de crisis, las cadenas alimentarias empresariales tienden a romperse, mientras que el suministro localizado de alimentos ofrece una solución mucho más adaptable y equitativa. Además, los mercados territoriales apoyan los medios de subsistencia de millones de pequeños productores y nutren culturas alimentarias sólidas y tradiciones terapéuticas diversas de forma más sostenible. Reúnen a la gente, abren espacios para la educación popular y fortalecen el tejido social. En todo el mundo está creciendo el interés por la variedad de vibrantes sistemas de aprovisionamiento de alimentos que existen más allá de las cadenas alimentarias globales y del control empresarial.

Sin embargo, los mercados territoriales están aportando estos beneficios a contracorriente de políticas y condiciones económicas desfavorables. En todo el mundo, la inversión y el apoyo gubernamental se han desviado hacia la agricultura industrial de exportación, el comercio mundial y las infraestructuras a gran escala. Mientras tanto, los mercados informales y los vendedores ambulantes carecen de servicios básicos como agua potable e instalaciones sanitarias, teniendo que afrontar normas sanitarias e higiénicas inadecuadas y orientadas a las empresas, así como al riesgo de cierres violentos y desalojos. A menudo, los mercados mayoristas se han visto privados de inversiones públicas. 

A escala global no se cubre el 70% de las necesidades de financiación de los pequeños agricultores, y en África menos del 10% tiene acceso al crédito formal. Al no disponer de instalaciones de almacenamiento adecuadas, se ven obligados a vender a precios bajos cuando hay exceso de oferta en el mercado. Los compradores institucionales, como escuelas y hospitales, carecen de capacidad de procesamiento in situ, lo que les obliga a recurrir a grandes empresas para suministrarse.

Está claro que es urgente invertir en los mercados territoriales. También existe un enorme potencial de fomento y apoyo de estos mercados por parte de los gobiernos, para que se conviertan en una piedra angular de la seguridad alimentaria, las economías vibrantes y la resiliencia climática en los próximos años.

Más información en el nuevo informe de IPES-Food : Alimentos con los pies en la tierra

Boletín núm. 57 – Editorial

Boletín núm. 57 – Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria

Un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria 

Ilustración: Marcia Miranda

El orden comercial internacional actual fue establecido con el fin de apoyar la expansión de las empresas transnacionales y mantener el control de las potencias coloniales sobre los recursos naturales del mundo.

La Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial y los acuerdos de libre comercio han sido utilizados para desmantelar las políticas nacionales que garantizaban la soberanía de los pueblos sobre los recursos nacionales y los mercados locales. Por este motivo,  esta edición del Boletín Nyéléni analiza el impacto del actual sistema de comercio mundial sobre las políticas nacionales, especialmente las que garantizan precios justos para los productores y consumidores de alimentos.

Estamos luchando por reconstruir la soberanía alimentaria, es decir, por cambiar el sistema de comercio mundial y permitir que los países desarrollen políticas que garanticen medios de vida dignos para todas las personas, en particular para los pequeños productores de alimentos. Precios mínimos de apoyo, inversiones en existencias públicas, gestión de la oferta, compra pública de alimentos, etc.: hay muchos ejemplos inspiradores de políticas públicas que aseguran unos ingresos justos a la población rural, garantizando un debate democrático, que no quede en manos de los «mercados», sobre el modo de organizar nuestros sistemas alimentarios.

Esta edición del Boletín Nyéléni exige acabar con el modelo explotador de expansión del capital a través de los acuerdos de libre comercio. En ella se explora la urgente necesidad de romper la hegemonía del libre comercio y construir una alternativa que defienda la solidaridad, el internacionalismo y respete la diversidad, la autonomía y la soberanía alimentaria de naciones y comunidades.

La Vía Campesina, Grupo ETC,  Transnational Institute

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Un nuevo marco comercial, núm. 57

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Voces desde el campo

Boletín núm. 56 – Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl

Voces desde el campo 1

Herman Kumara, Coordinador Nacional, NAFSO; Secretario General, del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP)

La crisis climática se está utilizando como una oportunidad para que los intereses creados propaguen falsas soluciones como el carbono azul, las llamadas «soluciones basadas en la naturaleza», los diques, la agenda 30×30, los canjes de deuda por océanos y otros. Con estas falsas soluciones, los agricultores, pescadores, pueblos indígenas y campesinos se ven desplazados de sus tierras, masas de agua y bosques originales, desposeídos de sus derechos consuetudinarios de tenencia, y se enfrentan a la perturbación de su pacífica convivencia con la naturaleza.  Reclamamos cautela contra la adopción de soluciones climáticas ineficaces como 30×30, los créditos de carbono, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la Planificación Espacial Marina (PEM).

En su lugar, la atención debería centrarse en restaurar los legítimos derechos de tenencia tradicionales, consuetudinarios o indígenas de las comunidades pesqueras y redistribuir tales derechos allí donde hayan sido vulnerados. Los pescadores se encuentran entre los grupos más vulnerables durante las tempestades y ciclones y entre las víctimas de la crisis climática, ya que a menudo trabajan en aguas abiertas y están expuestos a los elementos. Es importante que el Estado proporcione sistemas de alerta temprana más accesibles y operaciones de búsqueda y rescate para garantizar la seguridad de los pescadores durante estos fenómenos. Los Estados deben dar prioridad a las soluciones climáticas centradas en la comunidad y basadas en los conocimientos y prácticas ecológicas tradicionales de las comunidades de pescadores a pequeña escala, en lugar de enfoques tecnocráticos y basados en el mercado como los diques,  el carbono azul y las soluciones de créditos de carbono para la conservación. El WFFP está luchando contra esta tendencia mediante el fortalecimiento de las campañas que buscan educar y advertir a los responsables políticos y a las comunidades contra las falsas soluciones y, en su lugar, presionar por soluciones reales que se desarrollen en consulta con las comunidades afectadas.

Voces desde el campo 2

Presentación de Tom Goldtooth IEN ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, abril de 2024

El año pasado solicitamos una sesión especial [del foro permanente de los pueblos indígenas de la ONU] para abordar las falsas soluciones climáticas, la economía verde y sus impactos sobre los pueblos indígenas. Esta petición incluía una moratoria sobre todas las actividades relacionadas con las falsas soluciones hasta que los pueblos indígenas afectados, desde el sur hasta el norte, puedan investigar a fondo los impactos y hacer las demandas oportunas…

Llevo colaborando con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde 1998. Nuestra red ha recopilado más de 20 años de pruebas irrefutables que demuestran que los mercados de carbono, la fijación de precios y los mecanismos de compensación del carbono no reducen las emisiones en origen.

Los mercados de carbono proporcionan el resquicio legal del que muchos de ustedes nos han hablado. Proporcionan un resquicio que la industria de los combustibles fósiles necesita para continuar con la extracción, la combustión y con una economía extractiva fósil que está destrozando la armonía de la madre tierra y del padre cielo. Hace tiempo que deberíamos haber exigido una moratoria permanente sobre las falsas soluciones que se están negociando en el artículo 6 del acuerdo [climático] de París. La CMNUCC tiene como objetivo finalizar estas negociaciones este año, después de 2 décadas en las que los contaminadores se han beneficiado causando violaciones de los derechos humanos, acaparamiento de tierras, divisiones y explotando a los Pueblos indígenas a través de los mercados de carbono y REDD plus«.

Vea todo el evento aquí.

Voces desde el campo 3

Extracto de la Declaración del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria en la COP 15 (Conferencia de las Partes) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, diciembre de 2022

[…] Esta es la primera COP sobre biodiversidad desde que se ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP), y los productores de alimentos a pequeña escala deberían ser respetados como titulares de derechos haciendo referencia a la UNDROP y a la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) conjuntamente en el nuevo Marco Global de Biodiversidad y en el CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica). Cada vez que los gobernantes no respetan los derechos humanos y colectivos de los mejores custodios de la biodiversidad, incumplen su deber de proteger la biodiversidad.

Nos sentamos en estas reuniones como gente de la tierra, para la tierra, escuchando los llamados debates sobre la tierra y la vida, preguntándonos qué ocurrirá si seguís separando a la gente de la naturaleza con falsas soluciones. ¿Qué es la Naturaleza para cada uno de los aquí presentes?

Algunos proponen la DSI (Información de Secuencia Digital) para salvar la biodiversidad, como si se pudiera desmaterializar a nuestra Madre y recomponerla con la esperanza de que funcione mejor. Convertir la naturaleza en capital es cualquier cosa menos «vivir en armonía con la naturaleza». Las «soluciones basadas en la naturaleza» que se debaten aquí y en la COP sobre el clima ponen a la naturaleza en un libro de contabilidad y luego la venden a los contaminadores a expensas de la biodiversidad, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, los pequeños productores de alimentos y las comunidades locales.

Nos sentamos en estas salas para ser testigos de la codicia de un puñado de grandes países exportadores y sus empresas, que pretenden destruir 30 años de acuerdos multilaterales. Es fácil entender por qué los más poderosos y los menos responsables prefieren fijar objetivos hacia un supuesto «mundo positivo para la naturaleza» antes que hablar de la Madre Tierra. No hace falta encerrar la tierra lejos de sus cuidadosos custodios, como se propone en el objetivo 30×30, sino protegerla de la codicia empresarial y estatal […].

Cuadros

Boletín núm. 56 – Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl

Cuadro 1

La Iniciativa africana de mercados de carbono

La Iniciativa Africana de Mercados de Carbono (ACMI) pretende «ayudar a dar forma y aprovechar el potencial de los mercados de carbono en África». Su comité directivo presume de lo más granado entre los partidarios de los combustibles fósiles, las grandes empresas tecnológicas y la agroindustria, como la Fundación Gates, que promueve la agricultura industrial y los transgénicos en África, y el Fondo Bezos para la Tierra de la multinacional Amazon. La ACMI afirma que «con unos créditos de carbono valorados en unos 2.000 millones de dólares en todo el mundo y con un potencial de crecimiento de 5 a 50 veces para 2030, los mercados de carbono de alta integridad podrían proporcionar importantes beneficios a la población africana y ser una fuente fundamental de financiación climática para el continente». Sin embargo, reconocen que «existe un gran escepticismo ante la posibilidad de que los créditos se utilicen para el lavado verde, una excusa para seguir contaminando» y que «algunas personas se preguntan si los créditos de carbono, en particular los grandes proyectos de uso de la tierra, están provocando que los africanos pierdan sus tierras para facilitar que los países ricos sigan contaminando, lo que hace temer una forma de recolonización en África».

A pesar de estas sorprendentes confesiones y de la falta de respuestas reales, la ACMI sigue adelante con su intento de ampliar y fomentar la aceptación de los mercados de carbono en todo el continente. Sin embargo, esta presión va en contra del principio de responsabilidad y justicia históricas, que exige que la financiación de la lucha contra el cambio climático se financie con fondos públicos de los gobiernos de los países desarrollados y no refuerce la espiral de la deuda en África.

Cuadro 2

Acaparamiento de tierras de la economía verde   

Para 2030, Shell pretende compensar 120 megatoneladas (Mt) de emisiones al año, lo que representa aproximadamente el 85% de las emisiones anuales de CO2 de todos los ciudadanos y empresas de los Países Bajos. En agosto de 2022, Shell participaba o había participado en 30 proyectos de compensación «basados en la naturaleza», en 17 países. Un análisis de la trayectoria de Shell hacia el objetivo de 1,5 grados muestra que es esencialmente la misma que su trayectoria hacia los 2 grados, pero con un plan añadido de «ampliar extensamente las soluciones basadas en la naturaleza», concretamente plantando árboles en una «superficie cercana a la de Brasil». Cuando Shell planta árboles, a menudo sólo planta una especie. Suelen ser eucaliptos de crecimiento rápido, que pueden dañar la biodiversidad de la zona circundante. Se necesita mucha tierra para compensar las emisiones de Shell. La tierra que eligen suele estar situada en el Sur global. Para ello, se utilizan tierras (agrícolas) pertenecientes a comunidades locales, lo que puede provocar violaciones de los derechos humanos y escasez de alimentos.

Más información aquí y aquí.

Cuadro 3

¿Qué es la agricultura del carbono y por qué es una solución falsa? 

La agricultura del carbono es un sistema de compensación por el que se paga a los agricultores para que capturen carbono con el fin de compensar las emisiones de carbono de una empresa, un país o un particular. Los sistemas de agricultura del carbono consisten en pagar a los agricultores para que apliquen prácticas agrícolas «climáticamente inteligentes» que supuestamente aumentan la cantidad de carbono almacenado en sus explotaciones. El cambio de prácticas se utiliza para verificar la creación de créditos de carbono que se venden a empresas o gobiernos a través de los «mercados de carbono». Aunque los compradores siguen emitiendo gases de efecto invernadero, afirman haber «compensado» esas emisiones. La demanda de compensaciones va en aumento: 82 países y el 44% de las 2000 mayores empresas del mundo se han comprometido a «cero emisiones netas». La mayoría de los sistemas de agricultura de carbono se basan en el carbono almacenado en los árboles mediante la agrosilvicultura y las plantaciones forestales, pero cada vez hay más sistemas de «cultivo de carbono en el suelo».

Las compensaciones de carbono del suelo son peligrosas para la justicia climática y la soberanía alimentaria porque…

Las compensaciones de carbono en el suelo aumentan el afianzamiento de semillas y productos agroquímicos insostenibles controlados por las empresas. Los sistemas a menudo fomentan o exigen prácticas agrícolas específicas que dependen de semillas y productos agroquímicos patentados, como el uso de plagicidas esoecíficos para controlar las malas hierbas en lugar de la labranza. Los algoritmos y la maquinaria agrícola digital necesarios para obtener créditos de carbono pueden requerir variedades de cultivos y prácticas específicas para funcionar.

Las compensaciones de carbono del suelo son una excusa para acaparar datos, aumentando el poder de las corporaciones alimentarias y tecnológicas que controlan las plataformas digitales que supervisan y comercializan los créditos de carbono del suelo.

Los regímenes de carbono en el suelo impulsan la consolidación y mecanización de las explotaciones, lo que supone una ventaja para las explotaciones más grandes, que pueden adoptar más fácilmente la tecnología y las prácticas y, además, generar grandes cantidades de créditos de carbono.

Los regímenes de agricultura de carbono aceleran la pérdida de conocimientos agrícolas tradicionales al enseñar que las prácticas tradicionales degradan el suelo y al encerrar a los agricultores en contratos que exigen prácticas «climáticamente inteligentes».

No todo el carbono es igual. El supuesto «carbono es carbono» que subyace a las compensaciones ignora la violencia, las consecuencias para la salud y los daños económicos y socioecológicos creados localmente en torno a las minas, la extracción de combustibles fósiles y las granjas industriales. Además, el carbono biológico del suelo no puede compensar la liberación de carbono fósil.

Los sistemas de compensación desvían la atención de las soluciones reales y desplazan las subvenciones públicas de la agroecología a la agricultura del carbono.

Cuadro 4

Hundir algas para arreglar el clima: una nueva oleada de falsas soluciones

Mientras la Tierra arde, los inversores siguen encontrando formas nuevas y cada vez más inverosímiles de aumentar los beneficios sin reducir las emisiones de carbono. Los océanos están ahora en la línea de fuego: una nueva industria de algas -o «macroalgas»- está invadiendo costas y mares al amparo del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. A mediados de 2023 había más de 1.300 empresas dedicadas a las algas marinas comerciales, incluidas más de 200 empresas de nueva creación.

La nueva gran promesa lucrativa de la llamada «revolución de las algas» es vender créditos de carbono, fingiendo que las algas industriales capturan carbono. Aunque todavía no existe un mercado formal de carbono para el cultivo de algas, empresas industriales como Canopy Blue, The Seaweed Company y Running Tide ya están vendiendo compensaciones de carbono a empresas en el mercado voluntario.

Sin embargo, sus promesas no se cumplen. En primer lugar, las algas no capturan mucho carbono. Una vez hechas las cuentas, parece que los ecosistemas industriales de algas son en realidad emisores netos de CO2. Por tanto, el aumento de las superficies de algas industriales podría provocar más CO2 en la atmósfera, no menos.

En segundo lugar, el desarrollo de monocultivos marinos y el uso de insumos químicos podrían causar daños a los ecosistemas existentes que capturan carbono de forma natural y proporcionan medios de vida a las comunidades locales. Los riesgos potenciales de las plantaciones de algas incluyen la sombra sobre el lecho marino, las praderas marinas y las algas naturales, la alteración de las corrientes oceánicas locales, la contaminación de la diversidad genética y el robo de nutrientes vitales al plancton, afectando no sólo a los ecosistemas marinos sino también a los medios de vida costeros.

Por último, los financieros del carbono se sienten atraídos por el océano por su enorme tamaño, presentado como una inmensa mina de oro sin explotar. Pero los océanos no están vacíos. Las granjas industriales de algas tendrían que ocupar una parte importante de las costas mundiales, lo que privaría a las comunidades locales de sus derechos a vivir y trabajar en todas esas zonas costeras.

En tierra, la expansión de los monocultivos lleva décadas destruyendo los bosques y a sus habitantes. Si no ponemos fin urgentemente a la llamada «revolución de las algas», las plantaciones industriales de algas seguirán el mismo curso, destruyendo los ecosistemas marinos y marginando aún más a las comunidades costeras.

Para saber más, puede leer «El espejismo de las algas. El cultivo industrial de algas no enfría el clima y daña la naturaleza».

Cuadro 5

El proceso Nyéléni, hacia un foro mundial de la soberanía alimentaria 2025

Voces de nuestros aliados

Mariam Mayet, Centro Africano para la Biodiversidad, acbio.org.za

Del 10 al 11 de junio de 2023, representé al Centro Africano para la Biodiversidad (ACB), como parte del movimiento mundial por la soberanía alimentaria, en una reunión de activistas de movimientos sociales convocada por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria en Roma, Italia.

El principal objetivo de mi participación fue contribuir a la construcción de nuevas estrategias para transformar el sistema global hacia la justicia económica, social, de género, racial, climática y medioambiental, para informar y co-crear el Proceso Nyéléni. Se mantuvieron intensos debates sobre la necesidad de abordar y generar conjuntamente discursos en las intersecciones de las crisis de la biodiversidad, el cambio climático, la agricultura y los sistemas alimentarios, especialmente en el Sur Global, y de reforzar las alternativas al capitalismo, que nos está llevando a todos hacia el ecocidio.

Reflexionamos sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19,  que en particular ha acelerado los procesos de desintegración del proyecto capitalista a través de: el fuerte aumento de la desigualdad en todo el mundo; la decadencia económica, la precariedad y la vulnerabilidad; el autoritarismo y el fascismo; el racismo; el feminicidio; y el conflicto y el malestar social. Nos comprometemos con el Proceso Nyéléni por ser fundamental para apoyar la resistencia activa contra la invasión extractivista/capitalista, que se basará en el análisis crítico y la reflexión continuos, y en la deconstrucción y el cuestionamiento de las narrativas empresariales y falsas sobre la transformación.

Entendemos perfectamente que el capitalismo, aunque agonizante, está de hecho redoblando la extracción y la desposesión -buscando voraz y constantemente nuevas fronteras que explotar-, especialmente en África, rica en recursos biológicos y minerales. La reunión de Roma representó un importante punto de partida para el Proceso Nyéléni, que se considera una oportunidad para fortalecer y apoyar espacios democráticos y progresistas arraigados en organizaciones y redes democráticas de masas, que impulsen la transformación sistémica del sistema alimentario mundial.

Destacados

Boletín núm. 56 – Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl

Destacados 1

Hay que acabar con la narrativa de la «economía verde”

Los tiempos que vivimos son tiempos de lucha de la Madre Tierra por mantener la vida ante el capitalismo financiarizado. Un sistema en el que nuestra Tierra y toda la vida que hay en ella -en el subsuelo, en bosques y mares, así como el cuidado y la salud en nuestros hogares y comunidades- se está convirtiendo en mercancía para el beneficio de las empresas transnacionales y la industria financiera.[1] Esta lógica está impregnando las tres convenciones de «Río» de las Naciones Unidas que se establecieron para frenar la amenaza existencial que suponen para la humanidad el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación.

Los movimientos de justicia reclaman desde hace tiempo que los países históricamente industrializados y las clases adineradas dentro de ellos, como principales responsables de la crisis climática, proporcionen los recursos necesarios para ayudar a resolverla. La financiación es una parte crucial de la exigencia de reparación y pago de la deuda climática. Sin embargo, a pesar de que la investigación ha demostrado que se necesitan billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático, la financiación real, pública y democrática movilizada no llega a los 100.000 millones de dólares americanos. En su lugar ha entrado en escena la financiación privada depredadora con una serie de nuevos y confusos instrumentos financieros como los pagos por servicios ecosistémicos, los bancos de carbono, los créditos de carbono, las compensaciones basadas en la naturaleza y los canjes de deuda por naturaleza. Algunos bancos esperan que el mercado voluntario del carbono, en el que los agentes financieros pueden comprar, vender, comerciar y especular con el carbono, alcance el billón de dólares en 2027, lo que reportará ingentes beneficios a los inversores.

Mientras tanto, el nuevo marco mundial para la biodiversidad ha reclamado la movilización de 200.000 millones de dólares de financiación para la biodiversidad de aquí a 2030, y algunos abogan por los mercados de compensación de biodiversidad. Igual que la actual financiación del clima basada en el mercado, se basarán en una «financiación mixta» en la que el dinero público se utiliza para » reducir el riesgo» de las inversiones (garantizar unos beneficios «adecuados» a los agentes financieros privados). Nuevos mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza permiten a los países vender de hecho sus territorios protegidos a los bancos y a la gran industria de la conservación a cambio de una reestructuración de la deuda. Se les denomina «innovadores», pero la única innovación es extraer más beneficios de un planeta moribundo cuando las inversiones en industrias extractivas están siendo cuestionadas, y entregar el control de cada vez más territorios terrestres y oceánicos a inversores financieros privados sin supervisión democrática. Iniciativas como el compromiso 30X30 de la ONU, de conservar el 30% de la superficie de la Tierra para 2030[2], se están aplicando de modos que impulsan la desposesión de las comunidades y crean nuevas formas de especulación empresarial.

La normalización y expansión de estos planteamientos, que muchos consideran beneficiosos, plantea un serio peligro para las personas y el planeta.

  • Primero: el sector financiero busca, por encima de todo la rentabilidad de las inversiones. Esto implica en muchos casos la expulsion de las comunidades locales de sus tierras, caladeros y territorios para destinarlos a lucrativos proyectos de carbono y conservación. Algunas veces las prácticas tradicionales de los pueblos locales que almacenan carbono y protegen la biodiversidad son monetizadas, y la mayor parte de los beneficios que se generan van a parar a manos de los inversores. A menudo se recurre a la violencia para imponer el despojo: procedente de milicias privadas de conservación o de policías y ejércitos de Estados que se alían con los especuladores de las empresas transnacionales.
  • Esto refuerza el poder y el alcance de los mismos actores responsables de la destrucción de la Tierra y de las injusticias contra los derechos humanos a través de sus enormes y continuas inversiones en minería, agronegocio y combustibles fósiles. Fomenta la idea de que estas empresas pueden seguir obteniendo beneficios mientras alegan «salvar» el planeta. No hace nada para detener la crisis de control empresarial, extracción, beneficios y consumo excesivo que está impulsando las crisis.
  • Al cambiar la narrativa hacia la «economía verde», la aleja de las disposiciones vinculantes y los cambios políticos por los que nuestros movimientos han estado luchando, que son necesarios para detener el caos climático y el colapso de la biodiversidad. Al promover una falsa narrative de “triple win” que favorece a todos (pesonas, planeta, rentabilidad) despolitiza las cuestiones del acceso democrático y el control de la tierra, el agua, los recursos y los territorios al promover una falsa narrativa de «triple ganancia» (personas, planeta, beneficios), que nos impide preguntarnos quién está pagando el precio y quién está cosechando los beneficios de estas intervenciones.

Debemos frenar el auge del nuevo complejo financiero-empresarial-verde. Los pueblos que viven en, con y de la tierra y los territorios, las comunidades del Sur global y las clases trabajadoras de todo el mundo han soportado el coste de nuestro destructivo sistema económico capitalista/neoliberal actual. Para evitar que esto se repita, deben tener poder y control en la transición. Concretamente, esto significa que debemos exigir el fin de la deuda, el cumplimiento de las promesas de financiación pública para el clima y la biodiversidad, el pleno respeto de los derechos humanos de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas, y que la reparación se lleve a cabo a través de canales populares y democráticos.

Destacados 2

Hacer frente a la «financiación azul”

En la última década, las estrategias internacionales de conservación de los océanos han cambiado radicalmente. Cada vez más, los proyectos de conservación se basan en obtener beneficios a través de los mercados financieros y, por tanto, su objetivo es proporcionar a los inversores rendimientos lucrativos. Muchos se refieren a esto como la «financiación azul», que cuenta con un creciente apoyo internacional, y se considera un modo forma fundamental de salvar un imaginado déficit de financiación para salvar la biodiversidad marina. Lo que puede entenderse como la financiarización de la conservación ha dado lugar a los llamados instrumentos financieros innovadores, como los bonos azules y los canjes de deuda por océano.

Los bonos azules se basan en una serie anterior de los llamados bonos «verdes» o «sociales». La premisa básica es captar capital en el mercado internacional de bonos, pero con la condición de que el dinero se gaste en resultados verdes y/o prosociales. La pregunta obvia es quién define lo que es verde y social, y quién comprueba que el dinero se ha gastado en intervenciones verdes y sociales. Esta cuestión es muy controvertida. En 2018, con ayuda del Banco Mundial, el Gobierno de las Seychelles emitió el primer bono azul del mundo. Se describió como un bono destinado a apoyar la conservación de los océanos y el desarrollo de la economía azul. En realidad, es un ejemplo de lo que se conoce como «financiación mixta», en la que los fondos públicos (es decir, la ayuda al desarrollo) se utilizan para facilitar las inversiones del sector privado.

Un canje de deuda consiste básicamente en que un acreedor (la organización que ha prestado dinero al gobierno de un país en desarrollo) acepte renunciar a una parte de lo que se le adeuda. El ahorro que esto supone para el país en desarrollo se destina a la conservación. Esto parece sencillo. Sin embargo, los mecanismos pueden ser muy complejos y cada canje de deuda por naturaleza es único en su estructura.

Se considera que la financiación azul está empezando. Sin embargo, ya hay organizaciones de conservación estadounidenses, encabezadas por The Nature Conservancy, que han refinanciado más de 2.500 millones de dólares de canjes de deuda por océanos en sólo cinco países. También se está buscando un bono azul para la Iniciativa de la Gran Muralla Azul de la ONU.

A pesar del apoyo internacional a la financiación azúl, que está estrechamente alineada con las aspiraciones globales del objetivo de biodiversidad 30×30, hay varias razones por las que los bonos azules y los canjes de deuda plantean riesgos para los pequeños productores de alimentos. Pueden ser transacciones financieras opacas que manipulan las deudas de los países del Sur, dando lugar a una transferencia de riqueza y poder a organizaciones conservacionistas estadounidenses que no rinden cuentas, y que ahora trabajan en estrecha colaboración con empresas de inversión y el sector bancario. Afianzan aún más la visión temeraria de que salvar la naturaleza debe producir beneficios interminables para el sector privado.

La falta de financiación no es la causa principal de las crisis climática y de biodiversidad, que son crisis de opulencia y de especulación a corto plazo,  problemas existenciales impulsados por unos mercados financieros mundiales escasamente regulados. Así pues, las soluciones duraderas que promuevan los medios de vida y la soberanía alimentaria deben surgir del cambio político y cultural, no de la manipulación de la deuda.

Más información sobre financiación azul aquí.

[1] I. Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático II. El convenio sobre la diversidad biológica III. La convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación.

[2] Un ejemplo en Destacados 2, Boletín núm. 46.

Boletín núm. 56 – Editorial

Boletín núm. 56 – Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl

Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl  

Ilustración: Luisa Rivera, www.luisarivera.cl

La movilización de grandes cantidades de financiación privada para suplir la falta de financiación pública se está convirtiendo en un objetivo nuevo en los debates sobre la financiación del clima y la biodiversidad. Pero este empuje implica niveles alarmantes de mercantilización y financiarización de la naturaleza, provoca un nuevo acaparamiento territorial y socava la justicia medioambiental. Los créditos de carbono, los mercados de compensación de biodiversidad, los canjes de deuda por naturaleza, y demás mecanismos de «economía verde» no sólo son erróneos, sino peligrosos.

Esta edición explora algunos de los mecanismos variados y desconcertantes que financiarizan océanos, suelos, algas y bosques, y cuya deficiencia fundamental es un enfoque que da prioridad al beneficio sobre una verdadera gestión medioambiental, y a los dividendos para los inversores, a menudo en detrimento de las comunidades locales. Estos mecanismos conducen con frecuencia al desposeimiento de los pueblos indígenas y los pequeños productores, que se ven obligados a abandonar sus tierras y mares para dejar paso a lucrativos proyectos de conservación. Los beneficios prometidos por estos mecanismos financieros rara vez llegan a quienes soportan la peor parte de sus impactos.

Los testimonios recogidos aquí muestran claramente el contraataque de los movimientos de los pueblos indígenas, pescadores, campesinos, -en las diversas plataformas de la ONU y en sus propios territorios. Nuestros movimientos exigen financiación pública para el clima y la biodiversidad, condonación de la deuda, reparación, respeto por los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas y otras comunidades, y una verdadera rendición de cuentas y regulación de las empresas transnacionales que se han beneficiado durante mucho tiempo de la explotación medioambiental.

Sabemos que la fantasía de la ideología neoliberal y sus fracasos han quedado al descubierto. Por eso debemos luchar colectivamente contra su proliferación en la naturaleza y en nuestros territorios.

Amigos de la Terra Internacional, ETC Group, Transnational Institute

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Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl, núm. 56

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Voces desde el campo

Boletín núm. 55 – Alimentos ultraprocesados, una "dieta corporativa"

Voces desde el campo

El corredor afroalimentario en el norte del Cauca, Colombia

Julio Cesar Rodriguez Castrillon, Corporación Colombia Joven, Norte del Cauca, Villa Rica Cauca

El corredor afroalimentario es una apuesta social comunitaria que se ha generado desde la articulación de varias organizaciones, con el enfoque de promover y fortalecer una dinámica organizativa alternativa para llegar a la soberanía alimentaria y el disfrute del derecho humano a la alimentación. Este sueño lo siento muy esperanzador ya que desde estas acciones se le devuelve la dignidad a las personas agricultoras y a su vez es una estrategia para que el trabajo del campesinado afronortecaucano, que es parte fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales, sea visibilizado y reconocido. Estoy convencido que el norte del Cauca debe redirigir su modelo de desarrollo actual, enfocado en los monocultivos como la caña de azúcar que se usa en las bebidas ultra-procesadas, hacia el fortalecimiento y la conservación de la finca tradicional y econativa, la conservación de las semillas criollas y nativas, el fomento de la economía solidaria y la creación de circuitos cortos de comercialización. El mercado afroalimentario sea una de las mejores estrategias para que las personas agricultoras sin necesidad de intermediarios vendan sus productos a precios justos, al tiempo que las comunidades disfruten de una alimentación saludable en base de alimentos reales y las tradiciones culinarias afrocolombianas. Creo que la labor de las organizaciones sociales es fundamental para que esta apuesta de vida sea también vista como una estrategia de dar solución al proyecto de hambre cero del gobierno nacional, incidiendo así en reclamar los espacios adecuados a través de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025    

Voces de nuestros aliados

Stefano De Angelis, Federación Sindical Mundial (FSM), www.wftucentral.org

En 2016, la FSM participó en el proceso Nyéléni Europa. De hecho, creemos que los aspectos importantes de la alimentación y la nutrición deberían incluir a los trabajadores, que a menudo participan directamente tanto en la recolección como en la transformación de los productos agrícolas.El sindicato también trata a diario con un gran número de trabajadores que compran alimentos de bajo coste debido a sus bajos salarios, sin ser conscientes del perjuicio que se causan a sí mismos y a los pequeños productores de alimentos. Esto demuestra la importancia de una mayor implicación e intercambio de conocimientos con los trabajadores (y las asociaciones de consumidores) sobre la cuestión de la producción de buenos alimentos y el respeto por la naturaleza.La batalla por la soberanía alimentaria debe articularse en un frente unido que coordine a agricultores, trabajadores y consumidores. Esto es vital para superar rápidamente las particularidades de cada lucha que nos separan y debilitan frente a un enemigo infinitamente más fuerte.

A nivel europeo, el desarrollo del movimiento por la Soberanía Alimentaria debe pasar de un enfoque más académico y de investigación a la construcción de una plataforma capaz de formular demandas que puedan ser planteadas tanto a nivel europeo como regional. Dicho esto, somos conscientes de que una plataforma de este tipo requiere mucha coordinación y recursos.Los logros en el ámbito de los derechos se consiguen generalmente a través de batallas locales y de un trabajo directo de incidencia con los responsables de la toma de decisiones. Por eso sería útil organizar más asambleas, iniciativas callejeras y acciones sobre temas polémicos como el reparto injusto de las subvenciones, el peligro de los nuevos transgénicos, los elevados costes a los que se enfrentan los pequeños productores, etc. El sindicato, si se le anima a ello, puede ayudar en estos temas.

Cuadros

Boletín núm. 55 – Alimentos ultraprocesados, una "dieta corporativa"

Cuadro 1

¿Qué son los productos «alimentarios» ultraprocesados?  

Los «alimentos» o más bien «productos comestibles» ultraprocesados -comúnmente conocidos como «comida basura»- son fórmulas industriales a base de sustancias derivadas de alimentos naturales y aditivos, que hacen estos productos más apetecibles y mejoran su vida útil. Suelen tener un alto contenido en azúcares libres, almidones refinados, grasas saturadas y grasas trans, y sodio. La cantidad excesiva de estos denominados «ingredientes críticos», combinada con un contenido en nutrientes típicamente bajo («calorías vacías») y la adición de aditivos, como colorantes, emulgentes y potenciadores del sabor, hacen que los productos ultraprocesados sean perjudiciales para nuestra salud.  Al mismo tiempo, las características sensoriales que presentan estos productos (que pueden llegar a producir adicción) y sus escasas cualidades saciantes (debido a la eliminación de fibras), combinadas con un envasado colorido y un marketing agresivo, desencadenan un consumo excesivo de estos productos – y un desplazamiento paralelo de los alimentos reales en nuestras dietas.  

NOVA es un sistema de clasificación que se ha desarrollado para agrupar los distintos alimentos y ayudar a distinguir los productos comestibles ultraprocesados de los alimentos reales, incluidos los procesados.

Grupo 1 – Alimentos no procesados o mínimamente procesados: Se trata de alimentos naturales, como frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, leche y carne, sin alterar o mínimamente procesados, por ejemplo, pelados, cortados, triturados, secados, congelados, cocinados, pasteurizados o fermentados sin alcohol. No se añade sal, azúcar, aceites ni otros aditivos.

Grupo 2 – Ingredientes culinarios procesados: Obtenidos directamente de los alimentos del grupo 1 o de la naturaleza, son sustancias utilizadas para cocinar y condimentar las comidas. Incluyen azúcar, sal, aceites y grasas. 

Grupo 3 – Alimentos procesados: Estos productos alimenticios se elaboran añadiendo ingredientes culinarios (alimentos del grupo 2) a alimentos naturales o mínimamente procesados (alimentos del grupo 1) con el objetivo de hacerlos más duraderos y agradables. Algunos ejemplos son los quesos frescos, los panes recién horneados y las verduras y legumbres embotelladas/en conserva (en agua salada/marinada).

Grupo 4 – Productos ultraprocesados: Se trata de formulaciones industriales de sustancias comestibles derivadas de alimentos de bajo coste del grupo 1 y otras sustancias orgánicas. Entre ellos se encuentran ingredientes que no se encuentran en cocinas normales (es decir, de uso puramente industrial), como aislados de proteínas, así como aditivos cosméticos, como colorantes y aromatizantes, que dan al producto un aspecto y un sabor más apetecibles. Los productos se someten a múltiples etapas de transformación en las que intervienen diferentes industrias, de ahí que sean «ultraprocesados». Algunos ejemplos son las patatas fritas envasadas y otros aperitivos dulces o salados, chocolates, helados, caramelos, bebidas azucaradas, cereales de desayuno azucarados y aromatizados, sopas instantáneas y platos preparados de pasta y carne.

Referencias:  Global Food Research Program, 2023. Ultra-processed foods: a global threat to public health. (Alimentos ultraprocesados: una amenaza mundial para la salud pública)

Monteiro et al. 2019. Ultra-processed foods: What they are and how to identify them (Alimentos ultraprocesados: qué son y cómo identificarlos), en Public Health Nutrition.

Cuadro 2

Abastecimiento directo de pequeños productores de alimentos para programas de ayuda alimentaria en EE.UU.

En los últimos años, en Estados Unidos han aumentado los programas que conectan las explotaciones agrícolas locales con aliados en la ayuda alimentaria, como bancos de alimentos, despensas y esfuerzos de base para combatir el hambre. Estas iniciativas son conocidas como Farm to Food Assistance (F2FA), y ofrecen una estrategia prometedora para abordar, con alimentos reales en lugar de ultraprocesados, la inseguridad alimentaria de los 44 millones de estadounidenses que la sufren. También desempeñan un papel en la revitalización de las economías alimentarias locales y regionales, que son fundamentales para un sistema alimentario equitativo y dirigido por la comunidad. La Encuesta “Nacional  Farm to Food Assistance”[1] realizada en 2022 por el Wallace Center destaca el impacto positivo de estos programas en los agricultores y las comunidades.

A pesar de estas iniciativas F2FA, sigue siendo necesario replantear el modo de abordar la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza en Estados Unidos.  Con todo, son esfuerzos de transición que desafían el dominio del sistema alimentario industrial empresarial a través de la redistribución de fondos públicos. Por ejemplo, el Programa de Acuerdos Cooperativos de Asistencia para la Compra Local de Alimentos (LFPA por sus siglas en inglés) del USDA fomenta los partenariados entre agencias estatales, gobiernos tribales, bancos de alimentos, despensas y agricultores para abastecer y distribuir alimentos, beneficiando a productores locales socialmente desfavorecidos y a comunidades desatendidas con un presupuesto de 900 millones de dólares.

Iowa y Nuevo México[2] destacan en el programa LFPA por sus enfoques fuertemente colaborativos, estratégicos y centrados en la equidad. En su primer año, estos 2 Estados consiguieron cerca de 4 millones de dólares en nuevas ventas para los agricultores, lo que les permitió proporcionar alimentos nutritivos a las comunidades necesitadas.

Cuadro 3

Proteínas cultivadas en laboratorio

Las proteínas cultivadas en laboratorio suponen una amenaza directa para la soberanía alimentaria. Es un mercado nuevo dirigido a proteger los intereses financieros de las corporaciones y cimentar una concentración de poder aún mayor. Además, estos alimentos ultraprocesados y a menudo modificados genéticamente tienen enormes impactos económicos, sociales, medioambientales y culturales. Esta tecnología no debería beneficiarse de fondos públicos. Los responsables políticos deben apoyar más bien al sector agrícola, para garantizar la existencia de numerosos agricultores en las tierras. Las instituciones de la UE deben garantizar una evaluación exhaustiva e independiente de las consecuencias potencialmente destructivas de las proteínas cultivadas en laboratorio, antes de permitir que acaben en los platos de la gente. Descubra lo que está en juego tanto para los agricultores como para los ciudadanos en el vídeo de ECVC sobre las proteínas de laboratorio y la hoja informativa que lo acompaña:

Video, Hoja informativa, página web de ECVC.

Cuadro 4

Ley de desperdicio alimentario y el derecho a la alimentación en España

Estar en una situación de exclusión social supone hoy en día ver limitada tu capacidad de elección incluso en tus hábitos alimentarios. La población en general está condicionada por múltiples factores, pero quienes se encuentran en situación de pobreza viven diariamente la falta de perspectiva de derechos en el acceso a la alimentación. Un derecho básico como el alimento se subordina a múltiples condicionantes, condicionantes que serán necesarios para acceder a una canasta de productos considerados “básicos” que lejos de nutrir estómagos, lo que hace es seguir alimentando los intereses de las multinacionales y seguir alimentando un sistema alimentario desigual que coloca en el centro el mercado y no las necesidades y derechos de todas las personas.

Un ejemplo más de todo esto es que en el España se está tramitando una ley para el desperdicio alimentario que hará oficial el vínculo entre personas empobrecidas y restos de comida. Esta ley obligará a que todo producto sobrante sea consumido de forma prioritaria por personas en situación de vulnerabilidad. Esto sería algo positivo si incluyeran diferenciar los productos por su valor nutricional y pusieran en el centro la salud de estas personas, pero en lugar de esto, colocan el foco en resolver el problema del desperdicio alimentario de las grandes empresas, sin reducirlo realmente, sitúan a las personas empobrecidas como objeto y limitan cualquier posibilidad de elección en su alimentación.

Además, en esta nueva fórmula, sostenida por fondos públicos, la atención no será gestionada por entidades públicas, sino que será gestionada por Cruz Roja, una entidad privada, materializando así la privatización de la ayuda social, al menos en lo que se refiere a la parte alimentaria. La ayuda se gestionará a través de tarjetas digitales para realizar compras en grandes supermercados, compras limitadas únicamente a ciertos productos que serán decididos por la gran superficie cuando ya pasen a ser considerados “desperdicio”.

Frente a todo esto, ya hay iniciativas organizadas desde la población para poder apoyar con alimentos sanos y agroecológicos a las más vulnerables. Desde la perspectiva de Alimentación Sostenida por la Comunidad, personas productoras y consumidoras están organizando grupos de apoyo para poder sostener una alimentación sana para las personas en situación de pobreza. Esto da esperanza, pero también produce tristeza porque de nuevo un derecho básico como la alimentación no será sostenido desde la responsabilidad de las instituciones.

Cuadro 5

Desafíos de la alimentación: Lucha contra la dieta corporativa en América Latina

En las últimas décadas, hemos sido testigos de la consolidación de un sistema agroalimentario que perpetua la pobreza y las desigualdades, favorece los intereses económicos de grandes industrias y debilita los ecosistemas, y que, en lugar de favorecer una alimentación real, ha propiciado la disminución de la biodiversidad y la imposición de la dieta corporativa. Este régimen, basado en el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU), ha desencadenado un preocupante incremento de casos de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT). Datos recientes revelan que desde 1975, la obesidad ha experimentado un aumento de casi el triple y actualmente es responsable de 4 millones de muertes al año a nivel mundial. En la Región de las Américas, las ENT causan 5,5 millones de fallecimientos anuales, equivalente al 80% de todas las muertes. Cada año, 2,2 millones de personas entre los 30 y los 69 años de edad en la región mueren prematuramente debido a estas enfermedades.

En este contexto, donde la realización del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) y la Soberanía Alimentaria (SOBAL) se ha visto constantemente vulnerada, la sociedad civil ha liderado luchas que buscan regular la extendida disponibilidad de los PCBU y su consecuente aumento desmedido en el consumo que ha desplazado los patrones de alimentación tradicionales donde prevalecían los alimentos reales, con mínimo procesamiento y las preparaciones caseras. La lucha por regular esta industria incluye la implementación de etiquetados claros de advertencia sobre los contenidos nocivos para la salud y la aplicación de impuestos sobre los PCBU – avances normativos que han sido recomendados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, estas iniciativas enfrentan una feroz interferencia por parte de las corporaciones de la industria alimentaria, que buscan por encima de cualquier otro objetivo proteger sus intereses comerciales. Como resultado, a menudo distorsionan o bloquean medidas regulatorias destinadas a proteger la salud pública y promover una alimentación adecuada. La lucha por un sistema alimentario más justo y saludable se encuentra así en un constante enfrentamiento entre los esfuerzos de la sociedad civil y los intereses comerciales que perpetúan un modelo insostenible y perjudicial para la salud humana y planetaria.

Para saber más sobre las luchas contra la dieta corporativa en AL véase: Alianza por la salud alimentaria (México), FIAN Colombia, Proyecto Squatters y Colectivo Duda (Argentina).

Cuadro 6

Lucha contra el aumento de los productos alimentarios ultraprocesados en India

India es conocida por ser el país mundial de la diabetes: uno de cada cuatro adultos es diabético o prediabético y uno de cada cuatro es obeso. El consumo de comida basura aumenta exponencialmente, lo que hace que las dietas sean poco saludables y es un factor importante en esta epidemia. Aunque el Gobierno de India ha establecido normativas sobre publicidad y etiquetado para hacer frente a la agresiva comercialización de este tipo de alimentos, estas son ineficaces por su propio diseño. En este contexto, un grupo de reflexión independiente sobre salud pública, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), analizó los anuncios y cuestionó a los famosos que los promocionaban. Recopiló todas las pruebas científicas y las difundió por toda India. En 2022 el Gobierno de la India hizo público un diseño de política que puntuaba con estrellas en la parte frontal de los paquetes de comida basura, que indicaban que los alimentos preenvasados podían ser desde «menos sanos» hasta «más sanos». Los habitantes de la India enviaron miles de cartas exigiendo que, en lugar de estrellas, se colocaran etiquetas de advertencia en la parte delantera de los paquetes.  De este modo, la gente podría identificar más fácilmente los productos alimentarios poco saludables por su alto contenido en azúcar/sal o grasas. NAPi también movilizó a varias organizaciones de la sociedad civil y académicas para que emitieran una declaración de posición, exigiendo una etiqueta de advertencia en los envases de los alimentos con alto contenido en azúcar/sal o grasas. Los medios de comunicación apoyaron sin reservas esta labor. Los grupos de la sociedad civil también presentaron varias denuncias ante la autoridad de protección del consumidor. En 2023, la NAPi lanzó el informe «The Junk Push» (El empuje de la comida basura), que ponía de relieve la agresividad con que se anuncia la comida basura. Hubo artículos de opinión de expertos en los diarios y reseñas en revistas especializadas.

#EndTheJunkPush, más información: https://www.napiindia.in/

[1] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2023/12/2023-Wallace-Center-F2FA-Infographic_Final.pdf

[2] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/Iowa-LFPA-Spotlight.pdf y https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/New-Mexico-LFPA-Spotlight.pdf