Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

Herman Kumara, Coordinador Nacional, NAFSO; Secretario General, del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP)

La crisis climática se está utilizando como una oportunidad para que los intereses creados propaguen falsas soluciones como el carbono azul, las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, los diques, la agenda 30×30, los canjes de deuda por océanos y otros. Con estas falsas soluciones, los agricultores, pescadores, pueblos indígenas y campesinos se ven desplazados de sus tierras, masas de agua y bosques originales, desposeídos de sus derechos consuetudinarios de tenencia, y se enfrentan a la perturbación de su pacífica convivencia con la naturaleza.  Reclamamos cautela contra la adopción de soluciones climáticas ineficaces como 30×30, los créditos de carbono, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la Planificación Espacial Marina (PEM).

En su lugar, la atención debería centrarse en restaurar los legítimos derechos de tenencia tradicionales, consuetudinarios o indígenas de las comunidades pesqueras y redistribuir tales derechos allí donde hayan sido vulnerados. Los pescadores se encuentran entre los grupos más vulnerables durante las tempestades y ciclones y entre las víctimas de la crisis climática, ya que a menudo trabajan en aguas abiertas y están expuestos a los elementos. Es importante que el Estado proporcione sistemas de alerta temprana más accesibles y operaciones de búsqueda y rescate para garantizar la seguridad de los pescadores durante estos fenómenos. Los Estados deben dar prioridad a las soluciones climáticas centradas en la comunidad y basadas en los conocimientos y prácticas ecológicas tradicionales de las comunidades de pescadores a pequeña escala, en lugar de enfoques tecnocráticos y basados en el mercado como los diques,  el carbono azul y las soluciones de créditos de carbono para la conservación. El WFFP está luchando contra esta tendencia mediante el fortalecimiento de las campañas que buscan educar y advertir a los responsables políticos y a las comunidades contra las falsas soluciones y, en su lugar, presionar por soluciones reales que se desarrollen en consulta con las comunidades afectadas.

Voces desde el campo 2

Presentación de Tom Goldtooth IEN ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, abril de 2024

El año pasado solicitamos una sesión especial [del foro permanente de los pueblos indígenas de la ONU] para abordar las falsas soluciones climáticas, la economía verde y sus impactos sobre los pueblos indígenas. Esta petición incluía una moratoria sobre todas las actividades relacionadas con las falsas soluciones hasta que los pueblos indígenas afectados, desde el sur hasta el norte, puedan investigar a fondo los impactos y hacer las demandas oportunas…

Llevo colaborando con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde 1998. Nuestra red ha recopilado más de 20 años de pruebas irrefutables que demuestran que los mercados de carbono, la fijación de precios y los mecanismos de compensación del carbono no reducen las emisiones en origen.

Los mercados de carbono proporcionan el resquicio legal del que muchos de ustedes nos han hablado. Proporcionan un resquicio que la industria de los combustibles fósiles necesita para continuar con la extracción, la combustión y con una economía extractiva fósil que está destrozando la armonía de la madre tierra y del padre cielo. Hace tiempo que deberíamos haber exigido una moratoria permanente sobre las falsas soluciones que se están negociando en el artículo 6 del acuerdo [climático] de París. La CMNUCC tiene como objetivo finalizar estas negociaciones este año, después de 2 décadas en las que los contaminadores se han beneficiado causando violaciones de los derechos humanos, acaparamiento de tierras, divisiones y explotando a los Pueblos indígenas a través de los mercados de carbono y REDD plus“.

Vea todo el evento aquí.

Voces desde el campo 3

Extracto de la Declaración del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria en la COP 15 (Conferencia de las Partes) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, diciembre de 2022

[…] Esta es la primera COP sobre biodiversidad desde que se ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP), y los productores de alimentos a pequeña escala deberían ser respetados como titulares de derechos haciendo referencia a la UNDROP y a la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) conjuntamente en el nuevo Marco Global de Biodiversidad y en el CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica). Cada vez que los gobernantes no respetan los derechos humanos y colectivos de los mejores custodios de la biodiversidad, incumplen su deber de proteger la biodiversidad.

Nos sentamos en estas reuniones como gente de la tierra, para la tierra, escuchando los llamados debates sobre la tierra y la vida, preguntándonos qué ocurrirá si seguís separando a la gente de la naturaleza con falsas soluciones. ¿Qué es la Naturaleza para cada uno de los aquí presentes?

Algunos proponen la DSI (Información de Secuencia Digital) para salvar la biodiversidad, como si se pudiera desmaterializar a nuestra Madre y recomponerla con la esperanza de que funcione mejor. Convertir la naturaleza en capital es cualquier cosa menos “vivir en armonía con la naturaleza”. Las “soluciones basadas en la naturaleza” que se debaten aquí y en la COP sobre el clima ponen a la naturaleza en un libro de contabilidad y luego la venden a los contaminadores a expensas de la biodiversidad, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, los pequeños productores de alimentos y las comunidades locales.

Nos sentamos en estas salas para ser testigos de la codicia de un puñado de grandes países exportadores y sus empresas, que pretenden destruir 30 años de acuerdos multilaterales. Es fácil entender por qué los más poderosos y los menos responsables prefieren fijar objetivos hacia un supuesto “mundo positivo para la naturaleza” antes que hablar de la Madre Tierra. No hace falta encerrar la tierra lejos de sus cuidadosos custodios, como se propone en el objetivo 30×30, sino protegerla de la codicia empresarial y estatal […].

Cuadros

Cuadro 1

La Iniciativa africana de mercados de carbono

La Iniciativa Africana de Mercados de Carbono (ACMI) pretende “ayudar a dar forma y aprovechar el potencial de los mercados de carbono en África”. Su comité directivo presume de lo más granado entre los partidarios de los combustibles fósiles, las grandes empresas tecnológicas y la agroindustria, como la Fundación Gates, que promueve la agricultura industrial y los transgénicos en África, y el Fondo Bezos para la Tierra de la multinacional Amazon. La ACMI afirma que “con unos créditos de carbono valorados en unos 2.000 millones de dólares en todo el mundo y con un potencial de crecimiento de 5 a 50 veces para 2030, los mercados de carbono de alta integridad podrían proporcionar importantes beneficios a la población africana y ser una fuente fundamental de financiación climática para el continente”. Sin embargo, reconocen que “existe un gran escepticismo ante la posibilidad de que los créditos se utilicen para el lavado verde, una excusa para seguir contaminando” y que “algunas personas se preguntan si los créditos de carbono, en particular los grandes proyectos de uso de la tierra, están provocando que los africanos pierdan sus tierras para facilitar que los países ricos sigan contaminando, lo que hace temer una forma de recolonización en África”.

A pesar de estas sorprendentes confesiones y de la falta de respuestas reales, la ACMI sigue adelante con su intento de ampliar y fomentar la aceptación de los mercados de carbono en todo el continente. Sin embargo, esta presión va en contra del principio de responsabilidad y justicia históricas, que exige que la financiación de la lucha contra el cambio climático se financie con fondos públicos de los gobiernos de los países desarrollados y no refuerce la espiral de la deuda en África.

Cuadro 2

Acaparamiento de tierras de la economía verde   

Para 2030, Shell pretende compensar 120 megatoneladas (Mt) de emisiones al año, lo que representa aproximadamente el 85% de las emisiones anuales de CO2 de todos los ciudadanos y empresas de los Países Bajos. En agosto de 2022, Shell participaba o había participado en 30 proyectos de compensación “basados en la naturaleza”, en 17 países. Un análisis de la trayectoria de Shell hacia el objetivo de 1,5 grados muestra que es esencialmente la misma que su trayectoria hacia los 2 grados, pero con un plan añadido de “ampliar extensamente las soluciones basadas en la naturaleza”, concretamente plantando árboles en una “superficie cercana a la de Brasil”. Cuando Shell planta árboles, a menudo sólo planta una especie. Suelen ser eucaliptos de crecimiento rápido, que pueden dañar la biodiversidad de la zona circundante. Se necesita mucha tierra para compensar las emisiones de Shell. La tierra que eligen suele estar situada en el Sur global. Para ello, se utilizan tierras (agrícolas) pertenecientes a comunidades locales, lo que puede provocar violaciones de los derechos humanos y escasez de alimentos.

Más información aquí y aquí.

Cuadro 3

¿Qué es la agricultura del carbono y por qué es una solución falsa? 

La agricultura del carbono es un sistema de compensación por el que se paga a los agricultores para que capturen carbono con el fin de compensar las emisiones de carbono de una empresa, un país o un particular. Los sistemas de agricultura del carbono consisten en pagar a los agricultores para que apliquen prácticas agrícolas “climáticamente inteligentes” que supuestamente aumentan la cantidad de carbono almacenado en sus explotaciones. El cambio de prácticas se utiliza para verificar la creación de créditos de carbono que se venden a empresas o gobiernos a través de los “mercados de carbono”. Aunque los compradores siguen emitiendo gases de efecto invernadero, afirman haber “compensado” esas emisiones. La demanda de compensaciones va en aumento: 82 países y el 44% de las 2000 mayores empresas del mundo se han comprometido a “cero emisiones netas”. La mayoría de los sistemas de agricultura de carbono se basan en el carbono almacenado en los árboles mediante la agrosilvicultura y las plantaciones forestales, pero cada vez hay más sistemas de “cultivo de carbono en el suelo”.

Las compensaciones de carbono del suelo son peligrosas para la justicia climática y la soberanía alimentaria porque…

Las compensaciones de carbono en el suelo aumentan el afianzamiento de semillas y productos agroquímicos insostenibles controlados por las empresas. Los sistemas a menudo fomentan o exigen prácticas agrícolas específicas que dependen de semillas y productos agroquímicos patentados, como el uso de plagicidas esoecíficos para controlar las malas hierbas en lugar de la labranza. Los algoritmos y la maquinaria agrícola digital necesarios para obtener créditos de carbono pueden requerir variedades de cultivos y prácticas específicas para funcionar.

Las compensaciones de carbono del suelo son una excusa para acaparar datos, aumentando el poder de las corporaciones alimentarias y tecnológicas que controlan las plataformas digitales que supervisan y comercializan los créditos de carbono del suelo.

Los regímenes de carbono en el suelo impulsan la consolidación y mecanización de las explotaciones, lo que supone una ventaja para las explotaciones más grandes, que pueden adoptar más fácilmente la tecnología y las prácticas y, además, generar grandes cantidades de créditos de carbono.

Los regímenes de agricultura de carbono aceleran la pérdida de conocimientos agrícolas tradicionales al enseñar que las prácticas tradicionales degradan el suelo y al encerrar a los agricultores en contratos que exigen prácticas “climáticamente inteligentes”.

No todo el carbono es igual. El supuesto “carbono es carbono” que subyace a las compensaciones ignora la violencia, las consecuencias para la salud y los daños económicos y socioecológicos creados localmente en torno a las minas, la extracción de combustibles fósiles y las granjas industriales. Además, el carbono biológico del suelo no puede compensar la liberación de carbono fósil.

Los sistemas de compensación desvían la atención de las soluciones reales y desplazan las subvenciones públicas de la agroecología a la agricultura del carbono.

Cuadro 4

Hundir algas para arreglar el clima: una nueva oleada de falsas soluciones

Mientras la Tierra arde, los inversores siguen encontrando formas nuevas y cada vez más inverosímiles de aumentar los beneficios sin reducir las emisiones de carbono. Los océanos están ahora en la línea de fuego: una nueva industria de algas -o “macroalgas”- está invadiendo costas y mares al amparo del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. A mediados de 2023 había más de 1.300 empresas dedicadas a las algas marinas comerciales, incluidas más de 200 empresas de nueva creación.

La nueva gran promesa lucrativa de la llamada “revolución de las algas” es vender créditos de carbono, fingiendo que las algas industriales capturan carbono. Aunque todavía no existe un mercado formal de carbono para el cultivo de algas, empresas industriales como Canopy Blue, The Seaweed Company y Running Tide ya están vendiendo compensaciones de carbono a empresas en el mercado voluntario.

Sin embargo, sus promesas no se cumplen. En primer lugar, las algas no capturan mucho carbono. Una vez hechas las cuentas, parece que los ecosistemas industriales de algas son en realidad emisores netos de CO2. Por tanto, el aumento de las superficies de algas industriales podría provocar más CO2 en la atmósfera, no menos.

En segundo lugar, el desarrollo de monocultivos marinos y el uso de insumos químicos podrían causar daños a los ecosistemas existentes que capturan carbono de forma natural y proporcionan medios de vida a las comunidades locales. Los riesgos potenciales de las plantaciones de algas incluyen la sombra sobre el lecho marino, las praderas marinas y las algas naturales, la alteración de las corrientes oceánicas locales, la contaminación de la diversidad genética y el robo de nutrientes vitales al plancton, afectando no sólo a los ecosistemas marinos sino también a los medios de vida costeros.

Por último, los financieros del carbono se sienten atraídos por el océano por su enorme tamaño, presentado como una inmensa mina de oro sin explotar. Pero los océanos no están vacíos. Las granjas industriales de algas tendrían que ocupar una parte importante de las costas mundiales, lo que privaría a las comunidades locales de sus derechos a vivir y trabajar en todas esas zonas costeras.

En tierra, la expansión de los monocultivos lleva décadas destruyendo los bosques y a sus habitantes. Si no ponemos fin urgentemente a la llamada “revolución de las algas”, las plantaciones industriales de algas seguirán el mismo curso, destruyendo los ecosistemas marinos y marginando aún más a las comunidades costeras.

Para saber más, puede leer “El espejismo de las algas. El cultivo industrial de algas no enfría el clima y daña la naturaleza”.

Cuadro 5

El proceso Nyéléni, hacia un foro mundial de la soberanía alimentaria 2025

Voces de nuestros aliados

Mariam Mayet, Centro Africano para la Biodiversidad, acbio.org.za

Del 10 al 11 de junio de 2023, representé al Centro Africano para la Biodiversidad (ACB), como parte del movimiento mundial por la soberanía alimentaria, en una reunión de activistas de movimientos sociales convocada por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria en Roma, Italia.

El principal objetivo de mi participación fue contribuir a la construcción de nuevas estrategias para transformar el sistema global hacia la justicia económica, social, de género, racial, climática y medioambiental, para informar y co-crear el Proceso Nyéléni. Se mantuvieron intensos debates sobre la necesidad de abordar y generar conjuntamente discursos en las intersecciones de las crisis de la biodiversidad, el cambio climático, la agricultura y los sistemas alimentarios, especialmente en el Sur Global, y de reforzar las alternativas al capitalismo, que nos está llevando a todos hacia el ecocidio.

Reflexionamos sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19,  que en particular ha acelerado los procesos de desintegración del proyecto capitalista a través de: el fuerte aumento de la desigualdad en todo el mundo; la decadencia económica, la precariedad y la vulnerabilidad; el autoritarismo y el fascismo; el racismo; el feminicidio; y el conflicto y el malestar social. Nos comprometemos con el Proceso Nyéléni por ser fundamental para apoyar la resistencia activa contra la invasión extractivista/capitalista, que se basará en el análisis crítico y la reflexión continuos, y en la deconstrucción y el cuestionamiento de las narrativas empresariales y falsas sobre la transformación.

Entendemos perfectamente que el capitalismo, aunque agonizante, está de hecho redoblando la extracción y la desposesión -buscando voraz y constantemente nuevas fronteras que explotar-, especialmente en África, rica en recursos biológicos y minerales. La reunión de Roma representó un importante punto de partida para el Proceso Nyéléni, que se considera una oportunidad para fortalecer y apoyar espacios democráticos y progresistas arraigados en organizaciones y redes democráticas de masas, que impulsen la transformación sistémica del sistema alimentario mundial.

Destacados

Destacados 1

Hay que acabar con la narrativa de la “economía verde”

Los tiempos que vivimos son tiempos de lucha de la Madre Tierra por mantener la vida ante el capitalismo financiarizado. Un sistema en el que nuestra Tierra y toda la vida que hay en ella -en el subsuelo, en bosques y mares, así como el cuidado y la salud en nuestros hogares y comunidades- se está convirtiendo en mercancía para el beneficio de las empresas transnacionales y la industria financiera.[1] Esta lógica está impregnando las tres convenciones de “Río” de las Naciones Unidas que se establecieron para frenar la amenaza existencial que suponen para la humanidad el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación.

Los movimientos de justicia reclaman desde hace tiempo que los países históricamente industrializados y las clases adineradas dentro de ellos, como principales responsables de la crisis climática, proporcionen los recursos necesarios para ayudar a resolverla. La financiación es una parte crucial de la exigencia de reparación y pago de la deuda climática. Sin embargo, a pesar de que la investigación ha demostrado que se necesitan billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático, la financiación real, pública y democrática movilizada no llega a los 100.000 millones de dólares americanos. En su lugar ha entrado en escena la financiación privada depredadora con una serie de nuevos y confusos instrumentos financieros como los pagos por servicios ecosistémicos, los bancos de carbono, los créditos de carbono, las compensaciones basadas en la naturaleza y los canjes de deuda por naturaleza. Algunos bancos esperan que el mercado voluntario del carbono, en el que los agentes financieros pueden comprar, vender, comerciar y especular con el carbono, alcance el billón de dólares en 2027, lo que reportará ingentes beneficios a los inversores.

Mientras tanto, el nuevo marco mundial para la biodiversidad ha reclamado la movilización de 200.000 millones de dólares de financiación para la biodiversidad de aquí a 2030, y algunos abogan por los mercados de compensación de biodiversidad. Igual que la actual financiación del clima basada en el mercado, se basarán en una “financiación mixta” en la que el dinero público se utiliza para ” reducir el riesgo” de las inversiones (garantizar unos beneficios “adecuados” a los agentes financieros privados). Nuevos mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza permiten a los países vender de hecho sus territorios protegidos a los bancos y a la gran industria de la conservación a cambio de una reestructuración de la deuda. Se les denomina “innovadores”, pero la única innovación es extraer más beneficios de un planeta moribundo cuando las inversiones en industrias extractivas están siendo cuestionadas, y entregar el control de cada vez más territorios terrestres y oceánicos a inversores financieros privados sin supervisión democrática. Iniciativas como el compromiso 30X30 de la ONU, de conservar el 30% de la superficie de la Tierra para 2030[2], se están aplicando de modos que impulsan la desposesión de las comunidades y crean nuevas formas de especulación empresarial.

La normalización y expansión de estos planteamientos, que muchos consideran beneficiosos, plantea un serio peligro para las personas y el planeta.

  • Primero: el sector financiero busca, por encima de todo la rentabilidad de las inversiones. Esto implica en muchos casos la expulsion de las comunidades locales de sus tierras, caladeros y territorios para destinarlos a lucrativos proyectos de carbono y conservación. Algunas veces las prácticas tradicionales de los pueblos locales que almacenan carbono y protegen la biodiversidad son monetizadas, y la mayor parte de los beneficios que se generan van a parar a manos de los inversores. A menudo se recurre a la violencia para imponer el despojo: procedente de milicias privadas de conservación o de policías y ejércitos de Estados que se alían con los especuladores de las empresas transnacionales.
  • Esto refuerza el poder y el alcance de los mismos actores responsables de la destrucción de la Tierra y de las injusticias contra los derechos humanos a través de sus enormes y continuas inversiones en minería, agronegocio y combustibles fósiles. Fomenta la idea de que estas empresas pueden seguir obteniendo beneficios mientras alegan “salvar” el planeta. No hace nada para detener la crisis de control empresarial, extracción, beneficios y consumo excesivo que está impulsando las crisis.
  • Al cambiar la narrativa hacia la “economía verde”, la aleja de las disposiciones vinculantes y los cambios políticos por los que nuestros movimientos han estado luchando, que son necesarios para detener el caos climático y el colapso de la biodiversidad. Al promover una falsa narrative de “triple win” que favorece a todos (pesonas, planeta, rentabilidad) despolitiza las cuestiones del acceso democrático y el control de la tierra, el agua, los recursos y los territorios al promover una falsa narrativa de “triple ganancia” (personas, planeta, beneficios), que nos impide preguntarnos quién está pagando el precio y quién está cosechando los beneficios de estas intervenciones.

Debemos frenar el auge del nuevo complejo financiero-empresarial-verde. Los pueblos que viven en, con y de la tierra y los territorios, las comunidades del Sur global y las clases trabajadoras de todo el mundo han soportado el coste de nuestro destructivo sistema económico capitalista/neoliberal actual. Para evitar que esto se repita, deben tener poder y control en la transición. Concretamente, esto significa que debemos exigir el fin de la deuda, el cumplimiento de las promesas de financiación pública para el clima y la biodiversidad, el pleno respeto de los derechos humanos de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas, y que la reparación se lleve a cabo a través de canales populares y democráticos.

Destacados 2

Hacer frente a la “financiación azul”

En la última década, las estrategias internacionales de conservación de los océanos han cambiado radicalmente. Cada vez más, los proyectos de conservación se basan en obtener beneficios a través de los mercados financieros y, por tanto, su objetivo es proporcionar a los inversores rendimientos lucrativos. Muchos se refieren a esto como la “financiación azul”, que cuenta con un creciente apoyo internacional, y se considera un modo forma fundamental de salvar un imaginado déficit de financiación para salvar la biodiversidad marina. Lo que puede entenderse como la financiarización de la conservación ha dado lugar a los llamados instrumentos financieros innovadores, como los bonos azules y los canjes de deuda por océano.

Los bonos azules se basan en una serie anterior de los llamados bonos “verdes” o “sociales”. La premisa básica es captar capital en el mercado internacional de bonos, pero con la condición de que el dinero se gaste en resultados verdes y/o prosociales. La pregunta obvia es quién define lo que es verde y social, y quién comprueba que el dinero se ha gastado en intervenciones verdes y sociales. Esta cuestión es muy controvertida. En 2018, con ayuda del Banco Mundial, el Gobierno de las Seychelles emitió el primer bono azul del mundo. Se describió como un bono destinado a apoyar la conservación de los océanos y el desarrollo de la economía azul. En realidad, es un ejemplo de lo que se conoce como “financiación mixta”, en la que los fondos públicos (es decir, la ayuda al desarrollo) se utilizan para facilitar las inversiones del sector privado.

Un canje de deuda consiste básicamente en que un acreedor (la organización que ha prestado dinero al gobierno de un país en desarrollo) acepte renunciar a una parte de lo que se le adeuda. El ahorro que esto supone para el país en desarrollo se destina a la conservación. Esto parece sencillo. Sin embargo, los mecanismos pueden ser muy complejos y cada canje de deuda por naturaleza es único en su estructura.

Se considera que la financiación azul está empezando. Sin embargo, ya hay organizaciones de conservación estadounidenses, encabezadas por The Nature Conservancy, que han refinanciado más de 2.500 millones de dólares de canjes de deuda por océanos en sólo cinco países. También se está buscando un bono azul para la Iniciativa de la Gran Muralla Azul de la ONU.

A pesar del apoyo internacional a la financiación azúl, que está estrechamente alineada con las aspiraciones globales del objetivo de biodiversidad 30×30, hay varias razones por las que los bonos azules y los canjes de deuda plantean riesgos para los pequeños productores de alimentos. Pueden ser transacciones financieras opacas que manipulan las deudas de los países del Sur, dando lugar a una transferencia de riqueza y poder a organizaciones conservacionistas estadounidenses que no rinden cuentas, y que ahora trabajan en estrecha colaboración con empresas de inversión y el sector bancario. Afianzan aún más la visión temeraria de que salvar la naturaleza debe producir beneficios interminables para el sector privado.

La falta de financiación no es la causa principal de las crisis climática y de biodiversidad, que son crisis de opulencia y de especulación a corto plazo,  problemas existenciales impulsados por unos mercados financieros mundiales escasamente regulados. Así pues, las soluciones duraderas que promuevan los medios de vida y la soberanía alimentaria deben surgir del cambio político y cultural, no de la manipulación de la deuda.

Más información sobre financiación azul aquí.


[1] I. Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático II. El convenio sobre la diversidad biológica III. La convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación.

[2] Un ejemplo en Destacados 2, Boletín núm. 46.

Boletín núm. 56 – Editorial

Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl  

Ilustración: Luisa Rivera, www.luisarivera.cl

La movilización de grandes cantidades de financiación privada para suplir la falta de financiación pública se está convirtiendo en un objetivo nuevo en los debates sobre la financiación del clima y la biodiversidad. Pero este empuje implica niveles alarmantes de mercantilización y financiarización de la naturaleza, provoca un nuevo acaparamiento territorial y socava la justicia medioambiental. Los créditos de carbono, los mercados de compensación de biodiversidad, los canjes de deuda por naturaleza, y demás mecanismos de «economía verde» no sólo son erróneos, sino peligrosos.

Esta edición explora algunos de los mecanismos variados y desconcertantes que financiarizan océanos, suelos, algas y bosques, y cuya deficiencia fundamental es un enfoque que da prioridad al beneficio sobre una verdadera gestión medioambiental, y a los dividendos para los inversores, a menudo en detrimento de las comunidades locales. Estos mecanismos conducen con frecuencia al desposeimiento de los pueblos indígenas y los pequeños productores, que se ven obligados a abandonar sus tierras y mares para dejar paso a lucrativos proyectos de conservación. Los beneficios prometidos por estos mecanismos financieros rara vez llegan a quienes soportan la peor parte de sus impactos.

Los testimonios recogidos aquí muestran claramente el contraataque de los movimientos de los pueblos indígenas, pescadores, campesinos, -en las diversas plataformas de la ONU y en sus propios territorios. Nuestros movimientos exigen financiación pública para el clima y la biodiversidad, condonación de la deuda, reparación, respeto por los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas y otras comunidades, y una verdadera rendición de cuentas y regulación de las empresas transnacionales que se han beneficiado durante mucho tiempo de la explotación medioambiental.

Sabemos que la fantasía de la ideología neoliberal y sus fracasos han quedado al descubierto. Por eso debemos luchar colectivamente contra su proliferación en la naturaleza y en nuestros territorios.

Amigos de la Terra Internacional, ETC Group, Transnational Institute

Voces desde el campo

Voces desde el campo

El corredor afroalimentario en el norte del Cauca, Colombia

Julio Cesar Rodriguez Castrillon, Corporación Colombia Joven, Norte del Cauca, Villa Rica Cauca

El corredor afroalimentario es una apuesta social comunitaria que se ha generado desde la articulación de varias organizaciones, con el enfoque de promover y fortalecer una dinámica organizativa alternativa para llegar a la soberanía alimentaria y el disfrute del derecho humano a la alimentación. Este sueño lo siento muy esperanzador ya que desde estas acciones se le devuelve la dignidad a las personas agricultoras y a su vez es una estrategia para que el trabajo del campesinado afronortecaucano, que es parte fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales, sea visibilizado y reconocido. Estoy convencido que el norte del Cauca debe redirigir su modelo de desarrollo actual, enfocado en los monocultivos como la caña de azúcar que se usa en las bebidas ultra-procesadas, hacia el fortalecimiento y la conservación de la finca tradicional y econativa, la conservación de las semillas criollas y nativas, el fomento de la economía solidaria y la creación de circuitos cortos de comercialización. El mercado afroalimentario sea una de las mejores estrategias para que las personas agricultoras sin necesidad de intermediarios vendan sus productos a precios justos, al tiempo que las comunidades disfruten de una alimentación saludable en base de alimentos reales y las tradiciones culinarias afrocolombianas. Creo que la labor de las organizaciones sociales es fundamental para que esta apuesta de vida sea también vista como una estrategia de dar solución al proyecto de hambre cero del gobierno nacional, incidiendo así en reclamar los espacios adecuados a través de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025    

Voces de nuestros aliados

Stefano De Angelis, Federación Sindical Mundial (FSM), www.wftucentral.org

En 2016, la FSM participó en el proceso Nyéléni Europa. De hecho, creemos que los aspectos importantes de la alimentación y la nutrición deberían incluir a los trabajadores, que a menudo participan directamente tanto en la recolección como en la transformación de los productos agrícolas.El sindicato también trata a diario con un gran número de trabajadores que compran alimentos de bajo coste debido a sus bajos salarios, sin ser conscientes del perjuicio que se causan a sí mismos y a los pequeños productores de alimentos. Esto demuestra la importancia de una mayor implicación e intercambio de conocimientos con los trabajadores (y las asociaciones de consumidores) sobre la cuestión de la producción de buenos alimentos y el respeto por la naturaleza.La batalla por la soberanía alimentaria debe articularse en un frente unido que coordine a agricultores, trabajadores y consumidores. Esto es vital para superar rápidamente las particularidades de cada lucha que nos separan y debilitan frente a un enemigo infinitamente más fuerte.

A nivel europeo, el desarrollo del movimiento por la Soberanía Alimentaria debe pasar de un enfoque más académico y de investigación a la construcción de una plataforma capaz de formular demandas que puedan ser planteadas tanto a nivel europeo como regional. Dicho esto, somos conscientes de que una plataforma de este tipo requiere mucha coordinación y recursos.Los logros en el ámbito de los derechos se consiguen generalmente a través de batallas locales y de un trabajo directo de incidencia con los responsables de la toma de decisiones. Por eso sería útil organizar más asambleas, iniciativas callejeras y acciones sobre temas polémicos como el reparto injusto de las subvenciones, el peligro de los nuevos transgénicos, los elevados costes a los que se enfrentan los pequeños productores, etc. El sindicato, si se le anima a ello, puede ayudar en estos temas.

Cuadros

Cuadro 1

¿Qué son los productos “alimentarios” ultraprocesados?  

Los “alimentos” o más bien “productos comestibles” ultraprocesados -comúnmente conocidos como “comida basura”- son fórmulas industriales a base de sustancias derivadas de alimentos naturales y aditivos, que hacen estos productos más apetecibles y mejoran su vida útil. Suelen tener un alto contenido en azúcares libres, almidones refinados, grasas saturadas y grasas trans, y sodio. La cantidad excesiva de estos denominados “ingredientes críticos”, combinada con un contenido en nutrientes típicamente bajo (“calorías vacías”) y la adición de aditivos, como colorantes, emulgentes y potenciadores del sabor, hacen que los productos ultraprocesados sean perjudiciales para nuestra salud.  Al mismo tiempo, las características sensoriales que presentan estos productos (que pueden llegar a producir adicción) y sus escasas cualidades saciantes (debido a la eliminación de fibras), combinadas con un envasado colorido y un marketing agresivo, desencadenan un consumo excesivo de estos productos – y un desplazamiento paralelo de los alimentos reales en nuestras dietas.  

NOVA es un sistema de clasificación que se ha desarrollado para agrupar los distintos alimentos y ayudar a distinguir los productos comestibles ultraprocesados de los alimentos reales, incluidos los procesados.

Grupo 1 – Alimentos no procesados o mínimamente procesados: Se trata de alimentos naturales, como frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, leche y carne, sin alterar o mínimamente procesados, por ejemplo, pelados, cortados, triturados, secados, congelados, cocinados, pasteurizados o fermentados sin alcohol. No se añade sal, azúcar, aceites ni otros aditivos.

Grupo 2 – Ingredientes culinarios procesados: Obtenidos directamente de los alimentos del grupo 1 o de la naturaleza, son sustancias utilizadas para cocinar y condimentar las comidas. Incluyen azúcar, sal, aceites y grasas. 

Grupo 3 – Alimentos procesados: Estos productos alimenticios se elaboran añadiendo ingredientes culinarios (alimentos del grupo 2) a alimentos naturales o mínimamente procesados (alimentos del grupo 1) con el objetivo de hacerlos más duraderos y agradables. Algunos ejemplos son los quesos frescos, los panes recién horneados y las verduras y legumbres embotelladas/en conserva (en agua salada/marinada).

Grupo 4 – Productos ultraprocesados: Se trata de formulaciones industriales de sustancias comestibles derivadas de alimentos de bajo coste del grupo 1 y otras sustancias orgánicas. Entre ellos se encuentran ingredientes que no se encuentran en cocinas normales (es decir, de uso puramente industrial), como aislados de proteínas, así como aditivos cosméticos, como colorantes y aromatizantes, que dan al producto un aspecto y un sabor más apetecibles. Los productos se someten a múltiples etapas de transformación en las que intervienen diferentes industrias, de ahí que sean “ultraprocesados”. Algunos ejemplos son las patatas fritas envasadas y otros aperitivos dulces o salados, chocolates, helados, caramelos, bebidas azucaradas, cereales de desayuno azucarados y aromatizados, sopas instantáneas y platos preparados de pasta y carne.

Referencias:  Global Food Research Program, 2023. Ultra-processed foods: a global threat to public health. (Alimentos ultraprocesados: una amenaza mundial para la salud pública)

Monteiro et al. 2019. Ultra-processed foods: What they are and how to identify them (Alimentos ultraprocesados: qué son y cómo identificarlos), en Public Health Nutrition.

Cuadro 2

Abastecimiento directo de pequeños productores de alimentos para programas de ayuda alimentaria en EE.UU.

En los últimos años, en Estados Unidos han aumentado los programas que conectan las explotaciones agrícolas locales con aliados en la ayuda alimentaria, como bancos de alimentos, despensas y esfuerzos de base para combatir el hambre. Estas iniciativas son conocidas como Farm to Food Assistance (F2FA), y ofrecen una estrategia prometedora para abordar, con alimentos reales en lugar de ultraprocesados, la inseguridad alimentaria de los 44 millones de estadounidenses que la sufren. También desempeñan un papel en la revitalización de las economías alimentarias locales y regionales, que son fundamentales para un sistema alimentario equitativo y dirigido por la comunidad. La Encuesta “Nacional  Farm to Food Assistance”[1] realizada en 2022 por el Wallace Center destaca el impacto positivo de estos programas en los agricultores y las comunidades.

A pesar de estas iniciativas F2FA, sigue siendo necesario replantear el modo de abordar la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza en Estados Unidos.  Con todo, son esfuerzos de transición que desafían el dominio del sistema alimentario industrial empresarial a través de la redistribución de fondos públicos. Por ejemplo, el Programa de Acuerdos Cooperativos de Asistencia para la Compra Local de Alimentos (LFPA por sus siglas en inglés) del USDA fomenta los partenariados entre agencias estatales, gobiernos tribales, bancos de alimentos, despensas y agricultores para abastecer y distribuir alimentos, beneficiando a productores locales socialmente desfavorecidos y a comunidades desatendidas con un presupuesto de 900 millones de dólares.

Iowa y Nuevo México[2] destacan en el programa LFPA por sus enfoques fuertemente colaborativos, estratégicos y centrados en la equidad. En su primer año, estos 2 Estados consiguieron cerca de 4 millones de dólares en nuevas ventas para los agricultores, lo que les permitió proporcionar alimentos nutritivos a las comunidades necesitadas.

Cuadro 3

Proteínas cultivadas en laboratorio

Las proteínas cultivadas en laboratorio suponen una amenaza directa para la soberanía alimentaria. Es un mercado nuevo dirigido a proteger los intereses financieros de las corporaciones y cimentar una concentración de poder aún mayor. Además, estos alimentos ultraprocesados y a menudo modificados genéticamente tienen enormes impactos económicos, sociales, medioambientales y culturales. Esta tecnología no debería beneficiarse de fondos públicos. Los responsables políticos deben apoyar más bien al sector agrícola, para garantizar la existencia de numerosos agricultores en las tierras. Las instituciones de la UE deben garantizar una evaluación exhaustiva e independiente de las consecuencias potencialmente destructivas de las proteínas cultivadas en laboratorio, antes de permitir que acaben en los platos de la gente. Descubra lo que está en juego tanto para los agricultores como para los ciudadanos en el vídeo de ECVC sobre las proteínas de laboratorio y la hoja informativa que lo acompaña:

Video, Hoja informativa, página web de ECVC.

Cuadro 4

Ley de desperdicio alimentario y el derecho a la alimentación en España

Estar en una situación de exclusión social supone hoy en día ver limitada tu capacidad de elección incluso en tus hábitos alimentarios. La población en general está condicionada por múltiples factores, pero quienes se encuentran en situación de pobreza viven diariamente la falta de perspectiva de derechos en el acceso a la alimentación. Un derecho básico como el alimento se subordina a múltiples condicionantes, condicionantes que serán necesarios para acceder a una canasta de productos considerados “básicos” que lejos de nutrir estómagos, lo que hace es seguir alimentando los intereses de las multinacionales y seguir alimentando un sistema alimentario desigual que coloca en el centro el mercado y no las necesidades y derechos de todas las personas.

Un ejemplo más de todo esto es que en el España se está tramitando una ley para el desperdicio alimentario que hará oficial el vínculo entre personas empobrecidas y restos de comida. Esta ley obligará a que todo producto sobrante sea consumido de forma prioritaria por personas en situación de vulnerabilidad. Esto sería algo positivo si incluyeran diferenciar los productos por su valor nutricional y pusieran en el centro la salud de estas personas, pero en lugar de esto, colocan el foco en resolver el problema del desperdicio alimentario de las grandes empresas, sin reducirlo realmente, sitúan a las personas empobrecidas como objeto y limitan cualquier posibilidad de elección en su alimentación.

Además, en esta nueva fórmula, sostenida por fondos públicos, la atención no será gestionada por entidades públicas, sino que será gestionada por Cruz Roja, una entidad privada, materializando así la privatización de la ayuda social, al menos en lo que se refiere a la parte alimentaria. La ayuda se gestionará a través de tarjetas digitales para realizar compras en grandes supermercados, compras limitadas únicamente a ciertos productos que serán decididos por la gran superficie cuando ya pasen a ser considerados “desperdicio”.

Frente a todo esto, ya hay iniciativas organizadas desde la población para poder apoyar con alimentos sanos y agroecológicos a las más vulnerables. Desde la perspectiva de Alimentación Sostenida por la Comunidad, personas productoras y consumidoras están organizando grupos de apoyo para poder sostener una alimentación sana para las personas en situación de pobreza. Esto da esperanza, pero también produce tristeza porque de nuevo un derecho básico como la alimentación no será sostenido desde la responsabilidad de las instituciones.

Cuadro 5

Desafíos de la alimentación: Lucha contra la dieta corporativa en América Latina

En las últimas décadas, hemos sido testigos de la consolidación de un sistema agroalimentario que perpetua la pobreza y las desigualdades, favorece los intereses económicos de grandes industrias y debilita los ecosistemas, y que, en lugar de favorecer una alimentación real, ha propiciado la disminución de la biodiversidad y la imposición de la dieta corporativa. Este régimen, basado en el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU), ha desencadenado un preocupante incremento de casos de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT). Datos recientes revelan que desde 1975, la obesidad ha experimentado un aumento de casi el triple y actualmente es responsable de 4 millones de muertes al año a nivel mundial. En la Región de las Américas, las ENT causan 5,5 millones de fallecimientos anuales, equivalente al 80% de todas las muertes. Cada año, 2,2 millones de personas entre los 30 y los 69 años de edad en la región mueren prematuramente debido a estas enfermedades.

En este contexto, donde la realización del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) y la Soberanía Alimentaria (SOBAL) se ha visto constantemente vulnerada, la sociedad civil ha liderado luchas que buscan regular la extendida disponibilidad de los PCBU y su consecuente aumento desmedido en el consumo que ha desplazado los patrones de alimentación tradicionales donde prevalecían los alimentos reales, con mínimo procesamiento y las preparaciones caseras. La lucha por regular esta industria incluye la implementación de etiquetados claros de advertencia sobre los contenidos nocivos para la salud y la aplicación de impuestos sobre los PCBU – avances normativos que han sido recomendados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, estas iniciativas enfrentan una feroz interferencia por parte de las corporaciones de la industria alimentaria, que buscan por encima de cualquier otro objetivo proteger sus intereses comerciales. Como resultado, a menudo distorsionan o bloquean medidas regulatorias destinadas a proteger la salud pública y promover una alimentación adecuada. La lucha por un sistema alimentario más justo y saludable se encuentra así en un constante enfrentamiento entre los esfuerzos de la sociedad civil y los intereses comerciales que perpetúan un modelo insostenible y perjudicial para la salud humana y planetaria.

Para saber más sobre las luchas contra la dieta corporativa en AL véase: Alianza por la salud alimentaria (México), FIAN Colombia, Proyecto Squatters y Colectivo Duda (Argentina).

Cuadro 6

Lucha contra el aumento de los productos alimentarios ultraprocesados en India

India es conocida por ser el país mundial de la diabetes: uno de cada cuatro adultos es diabético o prediabético y uno de cada cuatro es obeso. El consumo de comida basura aumenta exponencialmente, lo que hace que las dietas sean poco saludables y es un factor importante en esta epidemia. Aunque el Gobierno de India ha establecido normativas sobre publicidad y etiquetado para hacer frente a la agresiva comercialización de este tipo de alimentos, estas son ineficaces por su propio diseño. En este contexto, un grupo de reflexión independiente sobre salud pública, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), analizó los anuncios y cuestionó a los famosos que los promocionaban. Recopiló todas las pruebas científicas y las difundió por toda India. En 2022 el Gobierno de la India hizo público un diseño de política que puntuaba con estrellas en la parte frontal de los paquetes de comida basura, que indicaban que los alimentos preenvasados podían ser desde “menos sanos” hasta “más sanos”. Los habitantes de la India enviaron miles de cartas exigiendo que, en lugar de estrellas, se colocaran etiquetas de advertencia en la parte delantera de los paquetes.  De este modo, la gente podría identificar más fácilmente los productos alimentarios poco saludables por su alto contenido en azúcar/sal o grasas. NAPi también movilizó a varias organizaciones de la sociedad civil y académicas para que emitieran una declaración de posición, exigiendo una etiqueta de advertencia en los envases de los alimentos con alto contenido en azúcar/sal o grasas. Los medios de comunicación apoyaron sin reservas esta labor. Los grupos de la sociedad civil también presentaron varias denuncias ante la autoridad de protección del consumidor. En 2023, la NAPi lanzó el informe “The Junk Push” (El empuje de la comida basura), que ponía de relieve la agresividad con que se anuncia la comida basura. Hubo artículos de opinión de expertos en los diarios y reseñas en revistas especializadas.

#EndTheJunkPush, más información: https://www.napiindia.in/


[1] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2023/12/2023-Wallace-Center-F2FA-Infographic_Final.pdf

[2] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/Iowa-LFPA-Spotlight.pdf y https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/New-Mexico-LFPA-Spotlight.pdf

Destacados

Destacados 1

La imposición de los productos comestibles ultraprocesados y qué necesitamos para recuperar la capacidad de elegir lo que comemos

El aumento de los UPP en nuestra dieta no es una cuestión de elección individual, como quiere hacernos creer la industria alimentaria. Se nos obliga a desear estos productos. Los UPP son fórmulas industriales creadas con el fin de ser altamente palatables (sabrosas) e incluso adictivas, especialmente si se introducen a una edad temprana. La industria alimentaria invierte miles de millones en marketing y ventas, utilizando dibujos animados y personajes famosos, obsequios y colocación estratégica en tiendas. Las tiendas pequeñas reciben frigoríficos y carritos publicitarios, y los programas de comidas escolares y ayudas públicas son otros mercados lucrativos.

Numerosas investigaciones demuestran que los UPP perjudican nuestra salud y son una de las principales causas de muertes prematuras.[1]  Cabe citar un mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades no transmisibles (ENT), como enfermedades cardiovasculares (corazón), diabetes y cáncer, y también una mayor vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. A pesar de que las autoridades sanitarias internacionales y regionales han reconocido que esta asociación existe, es ferozmente rebatida por la industria alimentaria, que dedica grandes inversiones a investigación y medios de comunicación públicos para restar importancia a los efectos negativos de su producto más rentable.

Las desigualdades sociales son un factor importante que impulsa el consumo de productos ultraprocesados así como las enfermedades no-transmisibles asociadas a ellos. Especialmente en los países de renta alta y en las zonas urbanas, estos productos suelen ser más fácilmente accesibles que los alimentos frescos y mínimamente procesados, tanto físicamente como por su precio. Esto se debe fundamentalmente a que lo que se paga por ellos no refleja sus costes reales de producción. Aunque la industria de los UPP nos presenta una “apariencia de diversidad” en sus productos, están basados en gran medida en un puñado de cultivos de alto rendimiento y bajo coste: maíz, trigo, soja, azúcar y aceite (de palma). Los costes de las graves repercusiones para el medio ambiente  de los monocultivos y las cadenas comerciales mundiales asociadas a ellos, no se contabilizan. Entre ellos figuran la deforestación, la contaminación del agua, el aire y el suelo con agrotóxicos, el uso excesivo de agua, la pérdida de biodiversidad, las emisiones de CO2 derivadas de la producción, el transporte y el envasado, y los residuos plásticos.

A esto se añaden los inmensos costes sociales: desplazamiento de poblaciones rurales (y de sus formas alternativas de producción e intercambio), dependencia y pago de precios bajos a los productores de alimentos, así como explotación en condiciones de trabajo y salarios de toda la cadena alimentaria industrial. La producción y distribución a escala masiva, así como los beneficios fiscales que obtienen las empresas, contribuyen aún más al coste artificialmente bajo de los UPP.  

Para recuperar el control sobre lo que comemos y tener realmente la capacidad de elegir, debemos frenar el poder empresarial sobre todo el sistema alimentario. Se necesitan urgentemente medidas reguladoras de los UPP, como las etiquetas de advertencia y las normas de comercialización, que constituyen un imperativo de salud pública. Al mismo tiempo, también tenemos que trabajar en alternativas viables. Para que haya diversidad en nuestros platos necesitamos diversidad en nuestros campos; para tener alimentos sanos, necesitamos suelos sanos. Esto requiere políticas públicas para la transición hacia la agroecología, así como apoyo a los mercados de agricultores, cooperativas y otros sistemas de distribución e intercambio basados en la proximidad y la solidaridad. Además, debemos abordar las desigualdades estructurales que impiden el acceso a alimentos reales, entre otras cosas garantizando salarios e ingresos dignos.

Destacados 2

Los alimentos ultraprocesados suponen una enorme amenaza para los sistemas alimentarios africanos y las transiciones agroecológicas

Los sistemas alimentarios están cambiando rápidamente en África, imitando la tendencia mundial de aumento del consumo de alimentos ultraprocesados. Esto se constata en las zonas urbanas y rurales, comenzando en las zonas urbanas costeras y extendiéndose a las regiones interiores. Los alimentos que se consumen en las zonas urbanas son en gran medida comprados, con una cantidad creciente de alimentos ultraprocesados. En las zonas rurales, menos de la mitad de los alimentos son comprados y la mayor parte de ellos siguen estando mínimamente procesados.  Las importaciones de alimentos ultraprocesados también aumentan rápidamente: entre 1995 y 2010, las importaciones de refrescos en la Comunidad de Desarrollo del África Austral aumentaron en un 1200%, mientras que las de snacks aumentaron en un 750%. 

El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en África está vinculado a la evolución de las condiciones socioeconómicas y político-económicas, y a las desigualdades estructurales que contribuyen a que estos productos sean más accesibles, asequibles y deseables tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La privatización de las empresas paraestatales relacionadas con la alimentación y la liberalización de la inversión extranjera directa (IED) han facilitado enormemente la entrada de ultraprocesados en África. La inversión en éstos (cervecerías, destilerías, refrescos, productos azucareros) representa el 22% de toda la IED en el sistema alimentario y duplica a la inversión en explotaciones agrícolas y plantaciones.  Los alimentos ultraprocesados son fabricados y suministrados tanto por pequeñas como por grandes empresas, incluso empresas alimentarias transnacionales como Nestlé, Unilever y Danone. El crecimiento de los supermercados en el continente, llenos de procesados, ha sido exponencial. Sin embargo, también son vendidos por vendedores ambulantes locales y pueden encontrarse en pequeños supermercados de barrio de todo el continente.

A medida que se extiende y generaliza el consumo de alimentos ultraprocesados en África, éstos desplazan inevitablemente a los alimentos tradicionales sanos y nutritivos, a la diversidad dietética y agrícola y a los sistemas agrícolas locales. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la pandemia de obesidad que se está instalando en la región y con otras enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta, como la diabetes tipo 2 y el cáncer. El aumento del sobrepeso y la obesidad se produce en paralelo con altas tasas de desnutrición y carencia de micronutrientes.

En el discurso actual sobre la soberanía alimentaria existe una brecha crítica en cuanto al conocimiento de las interacciones de los consumidores con los sistemas alimentarios. A pesar de que existen vínculos evidentes con las luchas por una transición agroecológica justa del sistema alimentario, el discurso actual tiende a estar sesgado hacia las zonas rurales, y su relevancia para las poblaciones urbanas, los trabajadores agrícolas, los trabajadores industriales de la alimentación y otros actores a lo largo del continuo rural-urbano, es limitada. Hay que profundizar el discurso, abordando los factores estructurales que limitan el acceso a dietas saludables y perpetúan la pobreza, las desigualdades, el hambre y la desnutrición en un ciclo interminable en el continente.

Más información en la serie de fichas informativas del African Centre for Biodiversity (Centro Africano para la Biodiversidad) sobre los alimentos ultraprocesados en África.


[1] Alianza por la Salud Alimentaria, 2022, Planeta Ultraprocesado: Los riesgos para la salud y el medio ambiento de los productos ultraprocesados,  y Ibid. Ver también: Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses.

Boletín núm. 55 – Editorial

Alimentos ultraprocesados, una “dieta corporativa”

Illustraciones: Nikau Hindin, Obesity and Junk Food, 2009, @nikaugabrielle

En los últimos 60 años se ha producido un aumento exponencial de la producción y el consumo de “alimentos” -o mejor dicho, productos comestibles- ultraprocesados (UPP por sus siglas en inglés), como patatas fritas envasadas, galletas, bebidas azucaradas y comidas preparadas. Gracias a la expansión del sistema alimentario industrial, y de las estructuras mundiales de abastecimiento y venta al por menor, y a la concentración y el poder de las empresas dentro de este sistema, los UPP están sustituyendo a los alimentos frescos y mínimamente procesados y a las comidas caseras en nuestras dietas.  Los hábitos alimentarios se van haciendo cada vez más homogéneos y las tradiciones culinarias están desapareciendo. Este cambio comenzó en los países de renta alta y ya ha llegado a todos los países, representando en algunos de ellos más del 50% de lo que la gente come.[1]  

Esta edición del boletín de Nyéléni explora el modo en que la “dieta corporativa” basada en los UPP se está imponiendo en diferentes regiones del mundo y lo que esto implica para la salud y la soberanía alimentaria de las personas. Además, ofrece ejemplos de resistencia, desde la recuperación de cultivos tradicionales hasta la lucha por medidas reguladoras eficaces. Lo que está claro es que para recuperar la soberanía sobre nuestra mesa debemos mirar más allá de nuestras cocinas y reformar el sistema alimentario en su conjunto.

FIAN Internacional y AFSA

 


[1] Global Food Research Program, 2023. Ultra-processed foods: a global threat to public health.

Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

IPEF: Negociaciones secretas sobre el futuro de la economía indo-pacífica

Mientras siguen evolucionando los acuerdos comerciales internacionales, el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) se negocia entre múltiples naciones de la región Asia-Pacífico. Liderado por Estados Unidos, sus miembros son Australia, Brunéi Darussalam, Fiyi, India, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. A pesar de sus pretensiones de cooperación económica transregional, sus críticos sostienen que el IPEF está diseñado para promover los intereses de las empresas estadounidenses y proporcionarles una vía para influir en la regulación nacional en sectores críticos como la agricultura, el trabajo, el medio ambiente, la industria manufacturera, los servicios y la tecnología digital. Un importante punto de controversia en torno al IPEF (como en otros acuerdos de comercio e inversión) son sus negociaciones secretas, que excluyen el escrutinio público y democrático, los controles y los contrapesos.

Joseph Purugganan, de Focus on the Global South, resumió las preocupaciones de la sociedad civil[1] al afirmar: “El consenso era evidente: El IPEF, aunque se promocione como un nuevo modelo para el comercio, parece estar fuertemente sesgado hacia las megacorporaciones y los gigantes tecnológicos. La falta de transparencia en sus negociaciones y las prisas por finalizarlo, agravadas por la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China en Asia-Pacífico, hacen saltar las alarmas. Se insta a los gobiernos a que reflexionen detenidamente, a que antepongan el bienestar de sus ciudadanos a las ganancias empresariales y a que se aseguren de que el IPEF, en esencia, se ajusta a las aspiraciones y los derechos de aquellos a quienes puede afectar.”

Voces del campo 2

Exclusión y discriminación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

Melissa Gómez Gil, MAELA, Colombia

En el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO se evidenció la exclusión y discriminación de las poblaciones y comunidades históricamente marginadas, como la juventud, las mujeres, las comunidades rurales. Allí se generaron espacios para el diálogo y el compartir de experiencias pero sin las herramientas y mecanismo de interpretación. Las condiciones de alojamiento y alimentación no eran las adecuadas para personas que salimos de nuestros territorios, quizás la primera vez, a un país que triplica el valor de la moneda nacional.

Sentimos como se vulneraba nuestro derecho a la alimentación ofreciéndonos sus migajas porque piensan que estamos acostumbradas a un sistema violento de desigualdad social y claramente esto replica el estado de desigualdad en el que vivimos en nuestros territorios y la xenofobia que se vive en los países de “primer mundo”. Quizás la experiencia para algunas fue interesante por el simple hecho de estar en Roma o estar en la sede principal de la FAO, pero lo cierto es que para la juventud del movimiento social fue una experiencia traumática sin garantías ni condiciones dignas para participar.

Voces desde el campo 3

Tsunami digital:  Una tecnología que no se debate con los pueblos, crea exclusión y dependencia

Los siguientes testimonios se obtuvieron durante los dos años de debate, entre diversas organizaciones campesinas, indígenas, comunidades locales y de agricultores familiares, en torno a la digitalización de los sistemas alimentarios, impulsado por el “Data Work Stream” inaugurado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 2021.

La digitalización en la agricultura y la alimentación se percibe como un motor de beneficios, más que como una serie de herramientas y procesos que pueden facilitar el trabajo en el campo y beneficiar a la mayoría de los agricultores no industriales. Somos conscientes de que esta tecnología no ha sido desarrollada por los pueblos para los pueblos, sino que proviene del mundo empresarial y pretende crear dependencia y exclusión, al igual que otras innovaciones agrícolas a lo largo de la historia.  -Declaración conjunta sobre datos; Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM)  

“Ahora el agricultor se ve obligado a producir alimentos de otra manera, que no es ni convencional ni  tradicional, sino que depende de la tecnología”. Moayyad Bsharad, Región LVC-MENA, trabajador de la tierra.

La selección de ciertos datos, y la ignorancia de otros, se utiliza a veces para justificar un objetivo político o lucrativo. Un ejemplo de objetivo político nos llega de los territorios palestinos ocupados de Gaza. -Declaración conjunta del CSIPM sobre datos

 “Mediante la recopilación de datos sobre los sistemas alimentarios de Gaza y su análisis por parte del ocupante que ostenta el poder, la ocupación israelí pudo calcular una media de calorías que no mata de hambre a la gente, pero hace que nunca se sienta bien alimentada. Mediante esta utilización de los alimentos como armas, basada en datos calculados con gran precisión, la ocupación israelí pretendía ejercer una presión directa sobre la población de Gaza mediante una forma de castigo colectivo para llevarla a abandonar determinadas decisiones políticas que había tomado”. Mariam Mohammad, Coalición de la Sociedad Civil Libanesa / Red Árabe para la Soberanía Alimentaria


[1]  https://focusweb.org/press-release-indo-pacific-economic-framework-ipef-under-scrutiny-civil-society-raise-alarms-on-its-potential-consequences/

Cuadros

Cuadro 1

Digitalización de los sistemas alimentarios: los Grandes Datos (“Big Data”) no nos van a alimentar

Durante su 51ª sesión, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), realizó recomendaciones con respecto a la recopilación de datos para la seguridad alimentaria. Desde 2021, el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM por sus siglas en inglés) insistió en que la recopilación de datos no va a resolver los problemas históricos y estructurales que están en la base del hambre y la malnutrición. El CSIPM introdujo en las negociaciones aspectos como la gobernanza de la digitalización, los conflictos de intereses (ya que los principales promotores de la “recolección de datos” son los tecno-titanes del mundo), la importancia de otros sistemas de conocimiento, los impactos medioambientales de las herramientas digitales y la necesidad de evaluar la digitalización de los sistemas alimentarios.  Durante la sesión plenaria del 24 de octubre[1] Patti Naylor, miembro de la National Family Farm Coalition y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Datos del CSIPM, dijo:

Estas recomendaciones políticas se quedan cortas en muchos aspectos. No se abordan los peligros para la seguridad alimentaria y el medio ambiente en el futuro, ni tampoco la vigilancia y las violaciones de la privacidad o el control monopolístico de los procesos digitales que permiten el control empresarial del sistema alimentario mundial. El documento insiste en que los “datos” son la herramienta para lograr la seguridad alimentaria, mientras que ya se están recopilando enormes cantidades de datos que no impulsan las políticas necesarias. La extracción de datos se une a la explotación del trabajo humano y a la extracción de recursos naturales. A medida que la gravedad de los riesgos se hace más evidente, deben continuar estos debates en torno a los datos y las tecnologías digitales.

Cuadro 2

Financiación para el desarrollo: una perspectiva sistémica[2]

Las luchas por la soberanía alimentaria están totalmente vinculadas a las normas que rigen la economía mundial. No solo por el modo en que la especulación financiera y la inestabilidad afectan a los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes;  cómo el endeudamiento insostenible y los acuerdos comerciales injustos, arraigados en la dinámica colonial, han hecho a tantos países dependientes de las importaciones de alimentos y la exportación de productos básicos; o cómo la desregulación de las finanzas mundiales ha ido expulsando a los agricultores y las comunidades rurales de sus tierras a medida que eran adquiridas por actores financieros en busca de inversiones rentables.

Aquí es donde entra en juego el proceso de Financiación para el Desarrollo (FpD) de la ONU como espacio para avanzar en los cambios sistémicos que necesitamos ver con urgencia. Ese proceso es único, ya que es el único espacio democrático en el que se aborda la gobernanza económica mundial, al tiempo que siguen siendo centrales las cuestiones del cambio climático, las desigualdades y los derechos humanos.

Las raíces históricas de la Financiación para el Desarrollo se encuentran en el descontento activo de los países del Sur por los defectos estructurales del diseño de la arquitectura financiera internacional y las desigualdades que la definen.

Está cobrando impulso la cooperación internacional para hacer frente a múltiples crisis. En los últimos meses, el proceso de Financiación para el Desarrollo de la ONU ha recobrado impulso gracias a dos importantes avances: La aprobación por consenso de una resolución presentada por el Grupo Africano para un proceso intergubernamental sobre cooperación fiscal en las Naciones Unidas, y el impulso que está cobrando la cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar previsiblemente en 2025.

Los problemas de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, planteados por los países en desarrollo desde el inicio del proceso de la FpD, suponen un coste anual de cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos para los gobiernos de todo el mundo. Décadas de desregulación económica, recortes del impuesto de sociedades y vacaciones fiscales para atraer a inversores extranjeros han propiciado una fiebre mundial por la tierra y la concentración del poder empresarial en los sistemas alimentarios. Estos son recursos que podrían invertirse, por ejemplo,  en compras públicas a productores agroecológicos, o en infraestructuras rurales resilientes al clima y descentralizadas para apoyar los sistemas alimentarios locales.

La cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en 2025, podría ser un momento clave para la movilización mundial y la presión pública en favor de la justicia de la deuda. Apoyar las demandas de cancelación de la deuda y la reforma de la arquitectura de la deuda mundial también sería relevante para los movimientos de soberanía alimentaria, ya que muchos países atrapados en la deuda se han visto obligados a configurar sus economías en torno a exportaciones agroindustriales a gran escala destructivas, con el fin de ganar los dólares necesarios para el pago de la deuda.

En línea con el nuevo proceso Nyéléni y el próximo Foro Global Nyéléni, las estrategias para crear sistemas alimentarios justos y ecológicos sólo pueden reforzarse mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que exijan una transformación sistémica de la arquitectura financiera internacional.

Cuadro 3

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025

Voces de nuestros aliados

Dražen Šimleša, RIPESS Int. www.ripess.org

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS Int.) no concibe una economía social y solidaria (ESS) real y viva sin soberanía alimentaria y viceversa: nuestros destinatarios son inseparables y se apoyan mutuamente. Partimos de la posición de que hoy en día las poli-crisis están arraigadas en las reglas y el diseño del sistema económico actual. Por eso apoyamos el potencial transformador en la lucha global por un mundo mejor. El ámbito en el que es más visible este sistema económico y político obsesionado por el crecimiento y destructivo, es nuestro sector alimentario. Podemos verlo desde la posición de los pequeños agricultores y las mujeres en las zonas rurales, pasando por la situación del suelo y la biodiversidad, hasta la salud pública y la monopolización del sector alimentario. Por eso es importante trabajar en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología en aras de una economía social y solidaria. Nuestros movimientos son para nosotros como corrientes de un mismo río, como partes de un mismo ecosistema.

En la circunscripción de la economía social y solidaria ya estamos trabajando en muchos puntos de cruce y áreas que se solapan. Nuestros miembros están activos en la promoción y puesta en marcha de sistemas alimentarios territoriales, granjas/tiendas agrícolas colectivas (pequeñas cooperativas locales), producción y procesamiento de alimentos colectivos/compartidos, compras públicas territoriales, salvaguarda de los bienes comunes (tierra, agua, semillas, etc.), solidaridad entre productor y consumidor con riesgos y beneficios compartidos, y mejora general de la salud. En estos campos, entre otros, podemos ver la conexión entre la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria.

Nuestra aportación puede apreciarse destacando los programas, proyectos y actividades estrechamente relacionados mencionados más arriba.

Seguiremos trabajando en torno a la solidaridad en el seno de nuestras sociedades y en la necesaria transformación de la economía capitalista neoliberal que está poniendo en peligro al planeta, a los pequeños productores de alimentos, a las mujeres, a las minorías y a todos los demás grupos que no se rigen por el programa del beneficio-por-encima-de-todo. RIPESS Int. también puede proporcionar apoyo para la creación de capacidad y conocimiento con actividades educativas y formaciones sobre economía social y solidaria y soberanía alimentaria.


[1] https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-datos-del-mscpi-en-la-plenaria-cfs51/

[2]  Para más información, consulte el artículo de Flora Sonkin e Iolanda Fresnillo.