Destacados

Destacados 1

Hay que acabar con la narrativa de la «economía verde”

Los tiempos que vivimos son tiempos de lucha de la Madre Tierra por mantener la vida ante el capitalismo financiarizado. Un sistema en el que nuestra Tierra y toda la vida que hay en ella -en el subsuelo, en bosques y mares, así como el cuidado y la salud en nuestros hogares y comunidades- se está convirtiendo en mercancía para el beneficio de las empresas transnacionales y la industria financiera.[1] Esta lógica está impregnando las tres convenciones de «Río» de las Naciones Unidas que se establecieron para frenar la amenaza existencial que suponen para la humanidad el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación.

Los movimientos de justicia reclaman desde hace tiempo que los países históricamente industrializados y las clases adineradas dentro de ellos, como principales responsables de la crisis climática, proporcionen los recursos necesarios para ayudar a resolverla. La financiación es una parte crucial de la exigencia de reparación y pago de la deuda climática. Sin embargo, a pesar de que la investigación ha demostrado que se necesitan billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático, la financiación real, pública y democrática movilizada no llega a los 100.000 millones de dólares americanos. En su lugar ha entrado en escena la financiación privada depredadora con una serie de nuevos y confusos instrumentos financieros como los pagos por servicios ecosistémicos, los bancos de carbono, los créditos de carbono, las compensaciones basadas en la naturaleza y los canjes de deuda por naturaleza. Algunos bancos esperan que el mercado voluntario del carbono, en el que los agentes financieros pueden comprar, vender, comerciar y especular con el carbono, alcance el billón de dólares en 2027, lo que reportará ingentes beneficios a los inversores.

Mientras tanto, el nuevo marco mundial para la biodiversidad ha reclamado la movilización de 200.000 millones de dólares de financiación para la biodiversidad de aquí a 2030, y algunos abogan por los mercados de compensación de biodiversidad. Igual que la actual financiación del clima basada en el mercado, se basarán en una «financiación mixta» en la que el dinero público se utiliza para » reducir el riesgo» de las inversiones (garantizar unos beneficios «adecuados» a los agentes financieros privados). Nuevos mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza permiten a los países vender de hecho sus territorios protegidos a los bancos y a la gran industria de la conservación a cambio de una reestructuración de la deuda. Se les denomina «innovadores», pero la única innovación es extraer más beneficios de un planeta moribundo cuando las inversiones en industrias extractivas están siendo cuestionadas, y entregar el control de cada vez más territorios terrestres y oceánicos a inversores financieros privados sin supervisión democrática. Iniciativas como el compromiso 30X30 de la ONU, de conservar el 30% de la superficie de la Tierra para 2030[2], se están aplicando de modos que impulsan la desposesión de las comunidades y crean nuevas formas de especulación empresarial.

La normalización y expansión de estos planteamientos, que muchos consideran beneficiosos, plantea un serio peligro para las personas y el planeta.

  • Primero: el sector financiero busca, por encima de todo la rentabilidad de las inversiones. Esto implica en muchos casos la expulsion de las comunidades locales de sus tierras, caladeros y territorios para destinarlos a lucrativos proyectos de carbono y conservación. Algunas veces las prácticas tradicionales de los pueblos locales que almacenan carbono y protegen la biodiversidad son monetizadas, y la mayor parte de los beneficios que se generan van a parar a manos de los inversores. A menudo se recurre a la violencia para imponer el despojo: procedente de milicias privadas de conservación o de policías y ejércitos de Estados que se alían con los especuladores de las empresas transnacionales.
  • Esto refuerza el poder y el alcance de los mismos actores responsables de la destrucción de la Tierra y de las injusticias contra los derechos humanos a través de sus enormes y continuas inversiones en minería, agronegocio y combustibles fósiles. Fomenta la idea de que estas empresas pueden seguir obteniendo beneficios mientras alegan «salvar» el planeta. No hace nada para detener la crisis de control empresarial, extracción, beneficios y consumo excesivo que está impulsando las crisis.
  • Al cambiar la narrativa hacia la «economía verde», la aleja de las disposiciones vinculantes y los cambios políticos por los que nuestros movimientos han estado luchando, que son necesarios para detener el caos climático y el colapso de la biodiversidad. Al promover una falsa narrative de “triple win” que favorece a todos (pesonas, planeta, rentabilidad) despolitiza las cuestiones del acceso democrático y el control de la tierra, el agua, los recursos y los territorios al promover una falsa narrativa de «triple ganancia» (personas, planeta, beneficios), que nos impide preguntarnos quién está pagando el precio y quién está cosechando los beneficios de estas intervenciones.

Debemos frenar el auge del nuevo complejo financiero-empresarial-verde. Los pueblos que viven en, con y de la tierra y los territorios, las comunidades del Sur global y las clases trabajadoras de todo el mundo han soportado el coste de nuestro destructivo sistema económico capitalista/neoliberal actual. Para evitar que esto se repita, deben tener poder y control en la transición. Concretamente, esto significa que debemos exigir el fin de la deuda, el cumplimiento de las promesas de financiación pública para el clima y la biodiversidad, el pleno respeto de los derechos humanos de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas, y que la reparación se lleve a cabo a través de canales populares y democráticos.

Destacados 2

Hacer frente a la «financiación azul”

En la última década, las estrategias internacionales de conservación de los océanos han cambiado radicalmente. Cada vez más, los proyectos de conservación se basan en obtener beneficios a través de los mercados financieros y, por tanto, su objetivo es proporcionar a los inversores rendimientos lucrativos. Muchos se refieren a esto como la «financiación azul», que cuenta con un creciente apoyo internacional, y se considera un modo forma fundamental de salvar un imaginado déficit de financiación para salvar la biodiversidad marina. Lo que puede entenderse como la financiarización de la conservación ha dado lugar a los llamados instrumentos financieros innovadores, como los bonos azules y los canjes de deuda por océano.

Los bonos azules se basan en una serie anterior de los llamados bonos «verdes» o «sociales». La premisa básica es captar capital en el mercado internacional de bonos, pero con la condición de que el dinero se gaste en resultados verdes y/o prosociales. La pregunta obvia es quién define lo que es verde y social, y quién comprueba que el dinero se ha gastado en intervenciones verdes y sociales. Esta cuestión es muy controvertida. En 2018, con ayuda del Banco Mundial, el Gobierno de las Seychelles emitió el primer bono azul del mundo. Se describió como un bono destinado a apoyar la conservación de los océanos y el desarrollo de la economía azul. En realidad, es un ejemplo de lo que se conoce como «financiación mixta», en la que los fondos públicos (es decir, la ayuda al desarrollo) se utilizan para facilitar las inversiones del sector privado.

Un canje de deuda consiste básicamente en que un acreedor (la organización que ha prestado dinero al gobierno de un país en desarrollo) acepte renunciar a una parte de lo que se le adeuda. El ahorro que esto supone para el país en desarrollo se destina a la conservación. Esto parece sencillo. Sin embargo, los mecanismos pueden ser muy complejos y cada canje de deuda por naturaleza es único en su estructura.

Se considera que la financiación azul está empezando. Sin embargo, ya hay organizaciones de conservación estadounidenses, encabezadas por The Nature Conservancy, que han refinanciado más de 2.500 millones de dólares de canjes de deuda por océanos en sólo cinco países. También se está buscando un bono azul para la Iniciativa de la Gran Muralla Azul de la ONU.

A pesar del apoyo internacional a la financiación azúl, que está estrechamente alineada con las aspiraciones globales del objetivo de biodiversidad 30×30, hay varias razones por las que los bonos azules y los canjes de deuda plantean riesgos para los pequeños productores de alimentos. Pueden ser transacciones financieras opacas que manipulan las deudas de los países del Sur, dando lugar a una transferencia de riqueza y poder a organizaciones conservacionistas estadounidenses que no rinden cuentas, y que ahora trabajan en estrecha colaboración con empresas de inversión y el sector bancario. Afianzan aún más la visión temeraria de que salvar la naturaleza debe producir beneficios interminables para el sector privado.

La falta de financiación no es la causa principal de las crisis climática y de biodiversidad, que son crisis de opulencia y de especulación a corto plazo,  problemas existenciales impulsados por unos mercados financieros mundiales escasamente regulados. Así pues, las soluciones duraderas que promuevan los medios de vida y la soberanía alimentaria deben surgir del cambio político y cultural, no de la manipulación de la deuda.

Más información sobre financiación azul aquí.


[1] I. Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático II. El convenio sobre la diversidad biológica III. La convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación.

[2] Un ejemplo en Destacados 2, Boletín núm. 46.

Boletín núm. 56 – Editorial

Cuestionando la financiación del acaparamiento verde y azúl  

Ilustración: Luisa Rivera, www.luisarivera.cl

La movilización de grandes cantidades de financiación privada para suplir la falta de financiación pública se está convirtiendo en un objetivo nuevo en los debates sobre la financiación del clima y la biodiversidad. Pero este empuje implica niveles alarmantes de mercantilización y financiarización de la naturaleza, provoca un nuevo acaparamiento territorial y socava la justicia medioambiental. Los créditos de carbono, los mercados de compensación de biodiversidad, los canjes de deuda por naturaleza, y demás mecanismos de «economía verde» no sólo son erróneos, sino peligrosos.

Esta edición explora algunos de los mecanismos variados y desconcertantes que financiarizan océanos, suelos, algas y bosques, y cuya deficiencia fundamental es un enfoque que da prioridad al beneficio sobre una verdadera gestión medioambiental, y a los dividendos para los inversores, a menudo en detrimento de las comunidades locales. Estos mecanismos conducen con frecuencia al desposeimiento de los pueblos indígenas y los pequeños productores, que se ven obligados a abandonar sus tierras y mares para dejar paso a lucrativos proyectos de conservación. Los beneficios prometidos por estos mecanismos financieros rara vez llegan a quienes soportan la peor parte de sus impactos.

Los testimonios recogidos aquí muestran claramente el contraataque de los movimientos de los pueblos indígenas, pescadores, campesinos, -en las diversas plataformas de la ONU y en sus propios territorios. Nuestros movimientos exigen financiación pública para el clima y la biodiversidad, condonación de la deuda, reparación, respeto por los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas y otras comunidades, y una verdadera rendición de cuentas y regulación de las empresas transnacionales que se han beneficiado durante mucho tiempo de la explotación medioambiental.

Sabemos que la fantasía de la ideología neoliberal y sus fracasos han quedado al descubierto. Por eso debemos luchar colectivamente contra su proliferación en la naturaleza y en nuestros territorios.

Amigos de la Terra Internacional, ETC Group, Transnational Institute

Voces desde el campo

Voces desde el campo

El corredor afroalimentario en el norte del Cauca, Colombia

Julio Cesar Rodriguez Castrillon, Corporación Colombia Joven, Norte del Cauca, Villa Rica Cauca

El corredor afroalimentario es una apuesta social comunitaria que se ha generado desde la articulación de varias organizaciones, con el enfoque de promover y fortalecer una dinámica organizativa alternativa para llegar a la soberanía alimentaria y el disfrute del derecho humano a la alimentación. Este sueño lo siento muy esperanzador ya que desde estas acciones se le devuelve la dignidad a las personas agricultoras y a su vez es una estrategia para que el trabajo del campesinado afronortecaucano, que es parte fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales, sea visibilizado y reconocido. Estoy convencido que el norte del Cauca debe redirigir su modelo de desarrollo actual, enfocado en los monocultivos como la caña de azúcar que se usa en las bebidas ultra-procesadas, hacia el fortalecimiento y la conservación de la finca tradicional y econativa, la conservación de las semillas criollas y nativas, el fomento de la economía solidaria y la creación de circuitos cortos de comercialización. El mercado afroalimentario sea una de las mejores estrategias para que las personas agricultoras sin necesidad de intermediarios vendan sus productos a precios justos, al tiempo que las comunidades disfruten de una alimentación saludable en base de alimentos reales y las tradiciones culinarias afrocolombianas. Creo que la labor de las organizaciones sociales es fundamental para que esta apuesta de vida sea también vista como una estrategia de dar solución al proyecto de hambre cero del gobierno nacional, incidiendo así en reclamar los espacios adecuados a través de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025    

Voces de nuestros aliados

Stefano De Angelis, Federación Sindical Mundial (FSM), www.wftucentral.org

En 2016, la FSM participó en el proceso Nyéléni Europa. De hecho, creemos que los aspectos importantes de la alimentación y la nutrición deberían incluir a los trabajadores, que a menudo participan directamente tanto en la recolección como en la transformación de los productos agrícolas.El sindicato también trata a diario con un gran número de trabajadores que compran alimentos de bajo coste debido a sus bajos salarios, sin ser conscientes del perjuicio que se causan a sí mismos y a los pequeños productores de alimentos. Esto demuestra la importancia de una mayor implicación e intercambio de conocimientos con los trabajadores (y las asociaciones de consumidores) sobre la cuestión de la producción de buenos alimentos y el respeto por la naturaleza.La batalla por la soberanía alimentaria debe articularse en un frente unido que coordine a agricultores, trabajadores y consumidores. Esto es vital para superar rápidamente las particularidades de cada lucha que nos separan y debilitan frente a un enemigo infinitamente más fuerte.

A nivel europeo, el desarrollo del movimiento por la Soberanía Alimentaria debe pasar de un enfoque más académico y de investigación a la construcción de una plataforma capaz de formular demandas que puedan ser planteadas tanto a nivel europeo como regional. Dicho esto, somos conscientes de que una plataforma de este tipo requiere mucha coordinación y recursos.Los logros en el ámbito de los derechos se consiguen generalmente a través de batallas locales y de un trabajo directo de incidencia con los responsables de la toma de decisiones. Por eso sería útil organizar más asambleas, iniciativas callejeras y acciones sobre temas polémicos como el reparto injusto de las subvenciones, el peligro de los nuevos transgénicos, los elevados costes a los que se enfrentan los pequeños productores, etc. El sindicato, si se le anima a ello, puede ayudar en estos temas.

Cuadros

Cuadro 1

¿Qué son los productos «alimentarios» ultraprocesados?  

Los «alimentos» o más bien «productos comestibles» ultraprocesados -comúnmente conocidos como «comida basura»- son fórmulas industriales a base de sustancias derivadas de alimentos naturales y aditivos, que hacen estos productos más apetecibles y mejoran su vida útil. Suelen tener un alto contenido en azúcares libres, almidones refinados, grasas saturadas y grasas trans, y sodio. La cantidad excesiva de estos denominados «ingredientes críticos», combinada con un contenido en nutrientes típicamente bajo («calorías vacías») y la adición de aditivos, como colorantes, emulgentes y potenciadores del sabor, hacen que los productos ultraprocesados sean perjudiciales para nuestra salud.  Al mismo tiempo, las características sensoriales que presentan estos productos (que pueden llegar a producir adicción) y sus escasas cualidades saciantes (debido a la eliminación de fibras), combinadas con un envasado colorido y un marketing agresivo, desencadenan un consumo excesivo de estos productos – y un desplazamiento paralelo de los alimentos reales en nuestras dietas.  

NOVA es un sistema de clasificación que se ha desarrollado para agrupar los distintos alimentos y ayudar a distinguir los productos comestibles ultraprocesados de los alimentos reales, incluidos los procesados.

Grupo 1 – Alimentos no procesados o mínimamente procesados: Se trata de alimentos naturales, como frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, leche y carne, sin alterar o mínimamente procesados, por ejemplo, pelados, cortados, triturados, secados, congelados, cocinados, pasteurizados o fermentados sin alcohol. No se añade sal, azúcar, aceites ni otros aditivos.

Grupo 2 – Ingredientes culinarios procesados: Obtenidos directamente de los alimentos del grupo 1 o de la naturaleza, son sustancias utilizadas para cocinar y condimentar las comidas. Incluyen azúcar, sal, aceites y grasas. 

Grupo 3 – Alimentos procesados: Estos productos alimenticios se elaboran añadiendo ingredientes culinarios (alimentos del grupo 2) a alimentos naturales o mínimamente procesados (alimentos del grupo 1) con el objetivo de hacerlos más duraderos y agradables. Algunos ejemplos son los quesos frescos, los panes recién horneados y las verduras y legumbres embotelladas/en conserva (en agua salada/marinada).

Grupo 4 – Productos ultraprocesados: Se trata de formulaciones industriales de sustancias comestibles derivadas de alimentos de bajo coste del grupo 1 y otras sustancias orgánicas. Entre ellos se encuentran ingredientes que no se encuentran en cocinas normales (es decir, de uso puramente industrial), como aislados de proteínas, así como aditivos cosméticos, como colorantes y aromatizantes, que dan al producto un aspecto y un sabor más apetecibles. Los productos se someten a múltiples etapas de transformación en las que intervienen diferentes industrias, de ahí que sean «ultraprocesados». Algunos ejemplos son las patatas fritas envasadas y otros aperitivos dulces o salados, chocolates, helados, caramelos, bebidas azucaradas, cereales de desayuno azucarados y aromatizados, sopas instantáneas y platos preparados de pasta y carne.

Referencias:  Global Food Research Program, 2023. Ultra-processed foods: a global threat to public health. (Alimentos ultraprocesados: una amenaza mundial para la salud pública)

Monteiro et al. 2019. Ultra-processed foods: What they are and how to identify them (Alimentos ultraprocesados: qué son y cómo identificarlos), en Public Health Nutrition.

Cuadro 2

Abastecimiento directo de pequeños productores de alimentos para programas de ayuda alimentaria en EE.UU.

En los últimos años, en Estados Unidos han aumentado los programas que conectan las explotaciones agrícolas locales con aliados en la ayuda alimentaria, como bancos de alimentos, despensas y esfuerzos de base para combatir el hambre. Estas iniciativas son conocidas como Farm to Food Assistance (F2FA), y ofrecen una estrategia prometedora para abordar, con alimentos reales en lugar de ultraprocesados, la inseguridad alimentaria de los 44 millones de estadounidenses que la sufren. También desempeñan un papel en la revitalización de las economías alimentarias locales y regionales, que son fundamentales para un sistema alimentario equitativo y dirigido por la comunidad. La Encuesta “Nacional  Farm to Food Assistance”[1] realizada en 2022 por el Wallace Center destaca el impacto positivo de estos programas en los agricultores y las comunidades.

A pesar de estas iniciativas F2FA, sigue siendo necesario replantear el modo de abordar la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza en Estados Unidos.  Con todo, son esfuerzos de transición que desafían el dominio del sistema alimentario industrial empresarial a través de la redistribución de fondos públicos. Por ejemplo, el Programa de Acuerdos Cooperativos de Asistencia para la Compra Local de Alimentos (LFPA por sus siglas en inglés) del USDA fomenta los partenariados entre agencias estatales, gobiernos tribales, bancos de alimentos, despensas y agricultores para abastecer y distribuir alimentos, beneficiando a productores locales socialmente desfavorecidos y a comunidades desatendidas con un presupuesto de 900 millones de dólares.

Iowa y Nuevo México[2] destacan en el programa LFPA por sus enfoques fuertemente colaborativos, estratégicos y centrados en la equidad. En su primer año, estos 2 Estados consiguieron cerca de 4 millones de dólares en nuevas ventas para los agricultores, lo que les permitió proporcionar alimentos nutritivos a las comunidades necesitadas.

Cuadro 3

Proteínas cultivadas en laboratorio

Las proteínas cultivadas en laboratorio suponen una amenaza directa para la soberanía alimentaria. Es un mercado nuevo dirigido a proteger los intereses financieros de las corporaciones y cimentar una concentración de poder aún mayor. Además, estos alimentos ultraprocesados y a menudo modificados genéticamente tienen enormes impactos económicos, sociales, medioambientales y culturales. Esta tecnología no debería beneficiarse de fondos públicos. Los responsables políticos deben apoyar más bien al sector agrícola, para garantizar la existencia de numerosos agricultores en las tierras. Las instituciones de la UE deben garantizar una evaluación exhaustiva e independiente de las consecuencias potencialmente destructivas de las proteínas cultivadas en laboratorio, antes de permitir que acaben en los platos de la gente. Descubra lo que está en juego tanto para los agricultores como para los ciudadanos en el vídeo de ECVC sobre las proteínas de laboratorio y la hoja informativa que lo acompaña:

Video, Hoja informativa, página web de ECVC.

Cuadro 4

Ley de desperdicio alimentario y el derecho a la alimentación en España

Estar en una situación de exclusión social supone hoy en día ver limitada tu capacidad de elección incluso en tus hábitos alimentarios. La población en general está condicionada por múltiples factores, pero quienes se encuentran en situación de pobreza viven diariamente la falta de perspectiva de derechos en el acceso a la alimentación. Un derecho básico como el alimento se subordina a múltiples condicionantes, condicionantes que serán necesarios para acceder a una canasta de productos considerados “básicos” que lejos de nutrir estómagos, lo que hace es seguir alimentando los intereses de las multinacionales y seguir alimentando un sistema alimentario desigual que coloca en el centro el mercado y no las necesidades y derechos de todas las personas.

Un ejemplo más de todo esto es que en el España se está tramitando una ley para el desperdicio alimentario que hará oficial el vínculo entre personas empobrecidas y restos de comida. Esta ley obligará a que todo producto sobrante sea consumido de forma prioritaria por personas en situación de vulnerabilidad. Esto sería algo positivo si incluyeran diferenciar los productos por su valor nutricional y pusieran en el centro la salud de estas personas, pero en lugar de esto, colocan el foco en resolver el problema del desperdicio alimentario de las grandes empresas, sin reducirlo realmente, sitúan a las personas empobrecidas como objeto y limitan cualquier posibilidad de elección en su alimentación.

Además, en esta nueva fórmula, sostenida por fondos públicos, la atención no será gestionada por entidades públicas, sino que será gestionada por Cruz Roja, una entidad privada, materializando así la privatización de la ayuda social, al menos en lo que se refiere a la parte alimentaria. La ayuda se gestionará a través de tarjetas digitales para realizar compras en grandes supermercados, compras limitadas únicamente a ciertos productos que serán decididos por la gran superficie cuando ya pasen a ser considerados “desperdicio”.

Frente a todo esto, ya hay iniciativas organizadas desde la población para poder apoyar con alimentos sanos y agroecológicos a las más vulnerables. Desde la perspectiva de Alimentación Sostenida por la Comunidad, personas productoras y consumidoras están organizando grupos de apoyo para poder sostener una alimentación sana para las personas en situación de pobreza. Esto da esperanza, pero también produce tristeza porque de nuevo un derecho básico como la alimentación no será sostenido desde la responsabilidad de las instituciones.

Cuadro 5

Desafíos de la alimentación: Lucha contra la dieta corporativa en América Latina

En las últimas décadas, hemos sido testigos de la consolidación de un sistema agroalimentario que perpetua la pobreza y las desigualdades, favorece los intereses económicos de grandes industrias y debilita los ecosistemas, y que, en lugar de favorecer una alimentación real, ha propiciado la disminución de la biodiversidad y la imposición de la dieta corporativa. Este régimen, basado en el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU), ha desencadenado un preocupante incremento de casos de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT). Datos recientes revelan que desde 1975, la obesidad ha experimentado un aumento de casi el triple y actualmente es responsable de 4 millones de muertes al año a nivel mundial. En la Región de las Américas, las ENT causan 5,5 millones de fallecimientos anuales, equivalente al 80% de todas las muertes. Cada año, 2,2 millones de personas entre los 30 y los 69 años de edad en la región mueren prematuramente debido a estas enfermedades.

En este contexto, donde la realización del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) y la Soberanía Alimentaria (SOBAL) se ha visto constantemente vulnerada, la sociedad civil ha liderado luchas que buscan regular la extendida disponibilidad de los PCBU y su consecuente aumento desmedido en el consumo que ha desplazado los patrones de alimentación tradicionales donde prevalecían los alimentos reales, con mínimo procesamiento y las preparaciones caseras. La lucha por regular esta industria incluye la implementación de etiquetados claros de advertencia sobre los contenidos nocivos para la salud y la aplicación de impuestos sobre los PCBU – avances normativos que han sido recomendados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, estas iniciativas enfrentan una feroz interferencia por parte de las corporaciones de la industria alimentaria, que buscan por encima de cualquier otro objetivo proteger sus intereses comerciales. Como resultado, a menudo distorsionan o bloquean medidas regulatorias destinadas a proteger la salud pública y promover una alimentación adecuada. La lucha por un sistema alimentario más justo y saludable se encuentra así en un constante enfrentamiento entre los esfuerzos de la sociedad civil y los intereses comerciales que perpetúan un modelo insostenible y perjudicial para la salud humana y planetaria.

Para saber más sobre las luchas contra la dieta corporativa en AL véase: Alianza por la salud alimentaria (México), FIAN Colombia, Proyecto Squatters y Colectivo Duda (Argentina).

Cuadro 6

Lucha contra el aumento de los productos alimentarios ultraprocesados en India

India es conocida por ser el país mundial de la diabetes: uno de cada cuatro adultos es diabético o prediabético y uno de cada cuatro es obeso. El consumo de comida basura aumenta exponencialmente, lo que hace que las dietas sean poco saludables y es un factor importante en esta epidemia. Aunque el Gobierno de India ha establecido normativas sobre publicidad y etiquetado para hacer frente a la agresiva comercialización de este tipo de alimentos, estas son ineficaces por su propio diseño. En este contexto, un grupo de reflexión independiente sobre salud pública, Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), analizó los anuncios y cuestionó a los famosos que los promocionaban. Recopiló todas las pruebas científicas y las difundió por toda India. En 2022 el Gobierno de la India hizo público un diseño de política que puntuaba con estrellas en la parte frontal de los paquetes de comida basura, que indicaban que los alimentos preenvasados podían ser desde «menos sanos» hasta «más sanos». Los habitantes de la India enviaron miles de cartas exigiendo que, en lugar de estrellas, se colocaran etiquetas de advertencia en la parte delantera de los paquetes.  De este modo, la gente podría identificar más fácilmente los productos alimentarios poco saludables por su alto contenido en azúcar/sal o grasas. NAPi también movilizó a varias organizaciones de la sociedad civil y académicas para que emitieran una declaración de posición, exigiendo una etiqueta de advertencia en los envases de los alimentos con alto contenido en azúcar/sal o grasas. Los medios de comunicación apoyaron sin reservas esta labor. Los grupos de la sociedad civil también presentaron varias denuncias ante la autoridad de protección del consumidor. En 2023, la NAPi lanzó el informe «The Junk Push» (El empuje de la comida basura), que ponía de relieve la agresividad con que se anuncia la comida basura. Hubo artículos de opinión de expertos en los diarios y reseñas en revistas especializadas.

#EndTheJunkPush, más información: https://www.napiindia.in/


[1] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2023/12/2023-Wallace-Center-F2FA-Infographic_Final.pdf

[2] https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/Iowa-LFPA-Spotlight.pdf y https://foodsystemsleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2024/03/New-Mexico-LFPA-Spotlight.pdf

Destacados

Destacados 1

La imposición de los productos comestibles ultraprocesados y qué necesitamos para recuperar la capacidad de elegir lo que comemos

El aumento de los UPP en nuestra dieta no es una cuestión de elección individual, como quiere hacernos creer la industria alimentaria. Se nos obliga a desear estos productos. Los UPP son fórmulas industriales creadas con el fin de ser altamente palatables (sabrosas) e incluso adictivas, especialmente si se introducen a una edad temprana. La industria alimentaria invierte miles de millones en marketing y ventas, utilizando dibujos animados y personajes famosos, obsequios y colocación estratégica en tiendas. Las tiendas pequeñas reciben frigoríficos y carritos publicitarios, y los programas de comidas escolares y ayudas públicas son otros mercados lucrativos.

Numerosas investigaciones demuestran que los UPP perjudican nuestra salud y son una de las principales causas de muertes prematuras.[1]  Cabe citar un mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades no transmisibles (ENT), como enfermedades cardiovasculares (corazón), diabetes y cáncer, y también una mayor vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. A pesar de que las autoridades sanitarias internacionales y regionales han reconocido que esta asociación existe, es ferozmente rebatida por la industria alimentaria, que dedica grandes inversiones a investigación y medios de comunicación públicos para restar importancia a los efectos negativos de su producto más rentable.

Las desigualdades sociales son un factor importante que impulsa el consumo de productos ultraprocesados así como las enfermedades no-transmisibles asociadas a ellos. Especialmente en los países de renta alta y en las zonas urbanas, estos productos suelen ser más fácilmente accesibles que los alimentos frescos y mínimamente procesados, tanto físicamente como por su precio. Esto se debe fundamentalmente a que lo que se paga por ellos no refleja sus costes reales de producción. Aunque la industria de los UPP nos presenta una «apariencia de diversidad» en sus productos, están basados en gran medida en un puñado de cultivos de alto rendimiento y bajo coste: maíz, trigo, soja, azúcar y aceite (de palma). Los costes de las graves repercusiones para el medio ambiente  de los monocultivos y las cadenas comerciales mundiales asociadas a ellos, no se contabilizan. Entre ellos figuran la deforestación, la contaminación del agua, el aire y el suelo con agrotóxicos, el uso excesivo de agua, la pérdida de biodiversidad, las emisiones de CO2 derivadas de la producción, el transporte y el envasado, y los residuos plásticos.

A esto se añaden los inmensos costes sociales: desplazamiento de poblaciones rurales (y de sus formas alternativas de producción e intercambio), dependencia y pago de precios bajos a los productores de alimentos, así como explotación en condiciones de trabajo y salarios de toda la cadena alimentaria industrial. La producción y distribución a escala masiva, así como los beneficios fiscales que obtienen las empresas, contribuyen aún más al coste artificialmente bajo de los UPP.  

Para recuperar el control sobre lo que comemos y tener realmente la capacidad de elegir, debemos frenar el poder empresarial sobre todo el sistema alimentario. Se necesitan urgentemente medidas reguladoras de los UPP, como las etiquetas de advertencia y las normas de comercialización, que constituyen un imperativo de salud pública. Al mismo tiempo, también tenemos que trabajar en alternativas viables. Para que haya diversidad en nuestros platos necesitamos diversidad en nuestros campos; para tener alimentos sanos, necesitamos suelos sanos. Esto requiere políticas públicas para la transición hacia la agroecología, así como apoyo a los mercados de agricultores, cooperativas y otros sistemas de distribución e intercambio basados en la proximidad y la solidaridad. Además, debemos abordar las desigualdades estructurales que impiden el acceso a alimentos reales, entre otras cosas garantizando salarios e ingresos dignos.

Destacados 2

Los alimentos ultraprocesados suponen una enorme amenaza para los sistemas alimentarios africanos y las transiciones agroecológicas

Los sistemas alimentarios están cambiando rápidamente en África, imitando la tendencia mundial de aumento del consumo de alimentos ultraprocesados. Esto se constata en las zonas urbanas y rurales, comenzando en las zonas urbanas costeras y extendiéndose a las regiones interiores. Los alimentos que se consumen en las zonas urbanas son en gran medida comprados, con una cantidad creciente de alimentos ultraprocesados. En las zonas rurales, menos de la mitad de los alimentos son comprados y la mayor parte de ellos siguen estando mínimamente procesados.  Las importaciones de alimentos ultraprocesados también aumentan rápidamente: entre 1995 y 2010, las importaciones de refrescos en la Comunidad de Desarrollo del África Austral aumentaron en un 1200%, mientras que las de snacks aumentaron en un 750%. 

El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en África está vinculado a la evolución de las condiciones socioeconómicas y político-económicas, y a las desigualdades estructurales que contribuyen a que estos productos sean más accesibles, asequibles y deseables tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La privatización de las empresas paraestatales relacionadas con la alimentación y la liberalización de la inversión extranjera directa (IED) han facilitado enormemente la entrada de ultraprocesados en África. La inversión en éstos (cervecerías, destilerías, refrescos, productos azucareros) representa el 22% de toda la IED en el sistema alimentario y duplica a la inversión en explotaciones agrícolas y plantaciones.  Los alimentos ultraprocesados son fabricados y suministrados tanto por pequeñas como por grandes empresas, incluso empresas alimentarias transnacionales como Nestlé, Unilever y Danone. El crecimiento de los supermercados en el continente, llenos de procesados, ha sido exponencial. Sin embargo, también son vendidos por vendedores ambulantes locales y pueden encontrarse en pequeños supermercados de barrio de todo el continente.

A medida que se extiende y generaliza el consumo de alimentos ultraprocesados en África, éstos desplazan inevitablemente a los alimentos tradicionales sanos y nutritivos, a la diversidad dietética y agrícola y a los sistemas agrícolas locales. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la pandemia de obesidad que se está instalando en la región y con otras enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta, como la diabetes tipo 2 y el cáncer. El aumento del sobrepeso y la obesidad se produce en paralelo con altas tasas de desnutrición y carencia de micronutrientes.

En el discurso actual sobre la soberanía alimentaria existe una brecha crítica en cuanto al conocimiento de las interacciones de los consumidores con los sistemas alimentarios. A pesar de que existen vínculos evidentes con las luchas por una transición agroecológica justa del sistema alimentario, el discurso actual tiende a estar sesgado hacia las zonas rurales, y su relevancia para las poblaciones urbanas, los trabajadores agrícolas, los trabajadores industriales de la alimentación y otros actores a lo largo del continuo rural-urbano, es limitada. Hay que profundizar el discurso, abordando los factores estructurales que limitan el acceso a dietas saludables y perpetúan la pobreza, las desigualdades, el hambre y la desnutrición en un ciclo interminable en el continente.

Más información en la serie de fichas informativas del African Centre for Biodiversity (Centro Africano para la Biodiversidad) sobre los alimentos ultraprocesados en África.


[1] Alianza por la Salud Alimentaria, 2022, Planeta Ultraprocesado: Los riesgos para la salud y el medio ambiento de los productos ultraprocesados,  y Ibid. Ver también: Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses.

Boletín núm. 55 – Editorial

Alimentos ultraprocesados, una «dieta corporativa»

Illustraciones: Nikau Hindin, Obesity and Junk Food, 2009, @nikaugabrielle

En los últimos 60 años se ha producido un aumento exponencial de la producción y el consumo de «alimentos» -o mejor dicho, productos comestibles- ultraprocesados (UPP por sus siglas en inglés), como patatas fritas envasadas, galletas, bebidas azucaradas y comidas preparadas. Gracias a la expansión del sistema alimentario industrial, y de las estructuras mundiales de abastecimiento y venta al por menor, y a la concentración y el poder de las empresas dentro de este sistema, los UPP están sustituyendo a los alimentos frescos y mínimamente procesados y a las comidas caseras en nuestras dietas.  Los hábitos alimentarios se van haciendo cada vez más homogéneos y las tradiciones culinarias están desapareciendo. Este cambio comenzó en los países de renta alta y ya ha llegado a todos los países, representando en algunos de ellos más del 50% de lo que la gente come.[1]  

Esta edición del boletín de Nyéléni explora el modo en que la «dieta corporativa» basada en los UPP se está imponiendo en diferentes regiones del mundo y lo que esto implica para la salud y la soberanía alimentaria de las personas. Además, ofrece ejemplos de resistencia, desde la recuperación de cultivos tradicionales hasta la lucha por medidas reguladoras eficaces. Lo que está claro es que para recuperar la soberanía sobre nuestra mesa debemos mirar más allá de nuestras cocinas y reformar el sistema alimentario en su conjunto.

FIAN Internacional y AFSA

 


[1] Global Food Research Program, 2023. Ultra-processed foods: a global threat to public health.

Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

IPEF: Negociaciones secretas sobre el futuro de la economía indo-pacífica

Mientras siguen evolucionando los acuerdos comerciales internacionales, el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) se negocia entre múltiples naciones de la región Asia-Pacífico. Liderado por Estados Unidos, sus miembros son Australia, Brunéi Darussalam, Fiyi, India, Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. A pesar de sus pretensiones de cooperación económica transregional, sus críticos sostienen que el IPEF está diseñado para promover los intereses de las empresas estadounidenses y proporcionarles una vía para influir en la regulación nacional en sectores críticos como la agricultura, el trabajo, el medio ambiente, la industria manufacturera, los servicios y la tecnología digital. Un importante punto de controversia en torno al IPEF (como en otros acuerdos de comercio e inversión) son sus negociaciones secretas, que excluyen el escrutinio público y democrático, los controles y los contrapesos.

Joseph Purugganan, de Focus on the Global South, resumió las preocupaciones de la sociedad civil[1] al afirmar: «El consenso era evidente: El IPEF, aunque se promocione como un nuevo modelo para el comercio, parece estar fuertemente sesgado hacia las megacorporaciones y los gigantes tecnológicos. La falta de transparencia en sus negociaciones y las prisas por finalizarlo, agravadas por la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China en Asia-Pacífico, hacen saltar las alarmas. Se insta a los gobiernos a que reflexionen detenidamente, a que antepongan el bienestar de sus ciudadanos a las ganancias empresariales y a que se aseguren de que el IPEF, en esencia, se ajusta a las aspiraciones y los derechos de aquellos a quienes puede afectar.»

Voces del campo 2

Exclusión y discriminación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

Melissa Gómez Gil, MAELA, Colombia

En el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO se evidenció la exclusión y discriminación de las poblaciones y comunidades históricamente marginadas, como la juventud, las mujeres, las comunidades rurales. Allí se generaron espacios para el diálogo y el compartir de experiencias pero sin las herramientas y mecanismo de interpretación. Las condiciones de alojamiento y alimentación no eran las adecuadas para personas que salimos de nuestros territorios, quizás la primera vez, a un país que triplica el valor de la moneda nacional.

Sentimos como se vulneraba nuestro derecho a la alimentación ofreciéndonos sus migajas porque piensan que estamos acostumbradas a un sistema violento de desigualdad social y claramente esto replica el estado de desigualdad en el que vivimos en nuestros territorios y la xenofobia que se vive en los países de «primer mundo». Quizás la experiencia para algunas fue interesante por el simple hecho de estar en Roma o estar en la sede principal de la FAO, pero lo cierto es que para la juventud del movimiento social fue una experiencia traumática sin garantías ni condiciones dignas para participar.

Voces desde el campo 3

Tsunami digital:  Una tecnología que no se debate con los pueblos, crea exclusión y dependencia

Los siguientes testimonios se obtuvieron durante los dos años de debate, entre diversas organizaciones campesinas, indígenas, comunidades locales y de agricultores familiares, en torno a la digitalización de los sistemas alimentarios, impulsado por el «Data Work Stream» inaugurado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 2021.

La digitalización en la agricultura y la alimentación se percibe como un motor de beneficios, más que como una serie de herramientas y procesos que pueden facilitar el trabajo en el campo y beneficiar a la mayoría de los agricultores no industriales. Somos conscientes de que esta tecnología no ha sido desarrollada por los pueblos para los pueblos, sino que proviene del mundo empresarial y pretende crear dependencia y exclusión, al igual que otras innovaciones agrícolas a lo largo de la historia.  -Declaración conjunta sobre datos; Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM)  

«Ahora el agricultor se ve obligado a producir alimentos de otra manera, que no es ni convencional ni  tradicional, sino que depende de la tecnología». Moayyad Bsharad, Región LVC-MENA, trabajador de la tierra.

La selección de ciertos datos, y la ignorancia de otros, se utiliza a veces para justificar un objetivo político o lucrativo. Un ejemplo de objetivo político nos llega de los territorios palestinos ocupados de Gaza. -Declaración conjunta del CSIPM sobre datos

 «Mediante la recopilación de datos sobre los sistemas alimentarios de Gaza y su análisis por parte del ocupante que ostenta el poder, la ocupación israelí pudo calcular una media de calorías que no mata de hambre a la gente, pero hace que nunca se sienta bien alimentada. Mediante esta utilización de los alimentos como armas, basada en datos calculados con gran precisión, la ocupación israelí pretendía ejercer una presión directa sobre la población de Gaza mediante una forma de castigo colectivo para llevarla a abandonar determinadas decisiones políticas que había tomado». Mariam Mohammad, Coalición de la Sociedad Civil Libanesa / Red Árabe para la Soberanía Alimentaria


[1]  https://focusweb.org/press-release-indo-pacific-economic-framework-ipef-under-scrutiny-civil-society-raise-alarms-on-its-potential-consequences/

Cuadros

Cuadro 1

Digitalización de los sistemas alimentarios: los Grandes Datos («Big Data») no nos van a alimentar

Durante su 51ª sesión, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), realizó recomendaciones con respecto a la recopilación de datos para la seguridad alimentaria. Desde 2021, el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM por sus siglas en inglés) insistió en que la recopilación de datos no va a resolver los problemas históricos y estructurales que están en la base del hambre y la malnutrición. El CSIPM introdujo en las negociaciones aspectos como la gobernanza de la digitalización, los conflictos de intereses (ya que los principales promotores de la «recolección de datos» son los tecno-titanes del mundo), la importancia de otros sistemas de conocimiento, los impactos medioambientales de las herramientas digitales y la necesidad de evaluar la digitalización de los sistemas alimentarios.  Durante la sesión plenaria del 24 de octubre[1] Patti Naylor, miembro de la National Family Farm Coalition y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Datos del CSIPM, dijo:

Estas recomendaciones políticas se quedan cortas en muchos aspectos. No se abordan los peligros para la seguridad alimentaria y el medio ambiente en el futuro, ni tampoco la vigilancia y las violaciones de la privacidad o el control monopolístico de los procesos digitales que permiten el control empresarial del sistema alimentario mundial. El documento insiste en que los «datos» son la herramienta para lograr la seguridad alimentaria, mientras que ya se están recopilando enormes cantidades de datos que no impulsan las políticas necesarias. La extracción de datos se une a la explotación del trabajo humano y a la extracción de recursos naturales. A medida que la gravedad de los riesgos se hace más evidente, deben continuar estos debates en torno a los datos y las tecnologías digitales.

Cuadro 2

Financiación para el desarrollo: una perspectiva sistémica[2]

Las luchas por la soberanía alimentaria están totalmente vinculadas a las normas que rigen la economía mundial. No solo por el modo en que la especulación financiera y la inestabilidad afectan a los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes;  cómo el endeudamiento insostenible y los acuerdos comerciales injustos, arraigados en la dinámica colonial, han hecho a tantos países dependientes de las importaciones de alimentos y la exportación de productos básicos; o cómo la desregulación de las finanzas mundiales ha ido expulsando a los agricultores y las comunidades rurales de sus tierras a medida que eran adquiridas por actores financieros en busca de inversiones rentables.

Aquí es donde entra en juego el proceso de Financiación para el Desarrollo (FpD) de la ONU como espacio para avanzar en los cambios sistémicos que necesitamos ver con urgencia. Ese proceso es único, ya que es el único espacio democrático en el que se aborda la gobernanza económica mundial, al tiempo que siguen siendo centrales las cuestiones del cambio climático, las desigualdades y los derechos humanos.

Las raíces históricas de la Financiación para el Desarrollo se encuentran en el descontento activo de los países del Sur por los defectos estructurales del diseño de la arquitectura financiera internacional y las desigualdades que la definen.

Está cobrando impulso la cooperación internacional para hacer frente a múltiples crisis. En los últimos meses, el proceso de Financiación para el Desarrollo de la ONU ha recobrado impulso gracias a dos importantes avances: La aprobación por consenso de una resolución presentada por el Grupo Africano para un proceso intergubernamental sobre cooperación fiscal en las Naciones Unidas, y el impulso que está cobrando la cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar previsiblemente en 2025.

Los problemas de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, planteados por los países en desarrollo desde el inicio del proceso de la FpD, suponen un coste anual de cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos para los gobiernos de todo el mundo. Décadas de desregulación económica, recortes del impuesto de sociedades y vacaciones fiscales para atraer a inversores extranjeros han propiciado una fiebre mundial por la tierra y la concentración del poder empresarial en los sistemas alimentarios. Estos son recursos que podrían invertirse, por ejemplo,  en compras públicas a productores agroecológicos, o en infraestructuras rurales resilientes al clima y descentralizadas para apoyar los sistemas alimentarios locales.

La cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en 2025, podría ser un momento clave para la movilización mundial y la presión pública en favor de la justicia de la deuda. Apoyar las demandas de cancelación de la deuda y la reforma de la arquitectura de la deuda mundial también sería relevante para los movimientos de soberanía alimentaria, ya que muchos países atrapados en la deuda se han visto obligados a configurar sus economías en torno a exportaciones agroindustriales a gran escala destructivas, con el fin de ganar los dólares necesarios para el pago de la deuda.

En línea con el nuevo proceso Nyéléni y el próximo Foro Global Nyéléni, las estrategias para crear sistemas alimentarios justos y ecológicos sólo pueden reforzarse mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que exijan una transformación sistémica de la arquitectura financiera internacional.

Cuadro 3

Proceso de Nyéléni: hacia un Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria 2025

Voces de nuestros aliados

Dražen Šimleša, RIPESS Int. www.ripess.org

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS Int.) no concibe una economía social y solidaria (ESS) real y viva sin soberanía alimentaria y viceversa: nuestros destinatarios son inseparables y se apoyan mutuamente. Partimos de la posición de que hoy en día las poli-crisis están arraigadas en las reglas y el diseño del sistema económico actual. Por eso apoyamos el potencial transformador en la lucha global por un mundo mejor. El ámbito en el que es más visible este sistema económico y político obsesionado por el crecimiento y destructivo, es nuestro sector alimentario. Podemos verlo desde la posición de los pequeños agricultores y las mujeres en las zonas rurales, pasando por la situación del suelo y la biodiversidad, hasta la salud pública y la monopolización del sector alimentario. Por eso es importante trabajar en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología en aras de una economía social y solidaria. Nuestros movimientos son para nosotros como corrientes de un mismo río, como partes de un mismo ecosistema.

En la circunscripción de la economía social y solidaria ya estamos trabajando en muchos puntos de cruce y áreas que se solapan. Nuestros miembros están activos en la promoción y puesta en marcha de sistemas alimentarios territoriales, granjas/tiendas agrícolas colectivas (pequeñas cooperativas locales), producción y procesamiento de alimentos colectivos/compartidos, compras públicas territoriales, salvaguarda de los bienes comunes (tierra, agua, semillas, etc.), solidaridad entre productor y consumidor con riesgos y beneficios compartidos, y mejora general de la salud. En estos campos, entre otros, podemos ver la conexión entre la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria.

Nuestra aportación puede apreciarse destacando los programas, proyectos y actividades estrechamente relacionados mencionados más arriba.

Seguiremos trabajando en torno a la solidaridad en el seno de nuestras sociedades y en la necesaria transformación de la economía capitalista neoliberal que está poniendo en peligro al planeta, a los pequeños productores de alimentos, a las mujeres, a las minorías y a todos los demás grupos que no se rigen por el programa del beneficio-por-encima-de-todo. RIPESS Int. también puede proporcionar apoyo para la creación de capacidad y conocimiento con actividades educativas y formaciones sobre economía social y solidaria y soberanía alimentaria.


[1] https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-datos-del-mscpi-en-la-plenaria-cfs51/

[2]  Para más información, consulte el artículo de Flora Sonkin e Iolanda Fresnillo.

Destacados

Destacados 1

Alerta roja: ¡Las «SbN” y la «nature tech” (tecnología de la naturaleza) son trampas tecnológicas!

La idea de «soluciones basadas en la naturaleza» (SbN) suena positiva e inocua, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Se trata de un término muy ambiguo que se utiliza cada vez más para maquillar de verde la especulación empresarial mediante ámbitos políticos que supuestamente abordan las crisis mundiales del clima, la biodiversidad y la alimentación.

Debido a esta ambigüedad, las soluciones basadas en la naturaleza se están utilizando para promover una variedad ingente de propuestas, desde plantaciones y conservación de humedales hasta ingeniería genética de plantas y microbios del suelo.[1] Están a la orden del día los enfoques técnicos y basados en el mercado, así como el énfasis en «mejorar» la naturaleza (incluso excluyendo a los pueblos de sus tierras).

En 2022, las soluciones basadas en la naturaleza se incorporaron a una serie de acuerdos intergubernamentales, entre ellos catorce resoluciones de la quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; el Plan de Aplicación de Sharm el-Sheikh de la COP 27 de la CMNUCC; el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica; y una resolución de la COP 14 de la Convención de Ramsar sobre los Humedales.[2] Todo ello ha ido acompañado de un aluvión de propuestas empresariales de NBS:

«El número de “compromisos SbN” empresariales se ha disparado. Pero básicamente, no hay suficiente naturaleza para todos. De modo que las empresas están impulsando medios tecnológicos para «mejorar» la naturaleza, como los proyectos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS por sus siglas en inglés) y otras tecnologías de geoingeniería.» [3]

El Foro Económico Mundial (FEM) también está consolidando insidiosamente el enfoque de soluciones tecnológicas como algo fundamental para las NBS, argumentando que «las soluciones basadas en la naturaleza pueden transformarse a través de la tecnología de la naturaleza en soluciones ampliables, transparentes y fiables».[4]  Aquí el FEM está hilando una narrativa cuidadosamente redactada sobre la «tecnología de la naturaleza», que suena positiva, para promover las soluciones tecnológicas como el único camino a seguir. Esto no sólo es falso, sino que es una peligrosa distracción de las soluciones reales.

El término inglés «technofix» se entiende popularmente como una solución técnica a un problema urgente. Sin embargo, no suele ser más que un «parche» que aborda los síntomas pero no las causas profundas de un problema (porque los promotores del technofix se quedarían sin negocio).

Las soluciones tecnológicas también pueden aumentar el riesgo de impactos negativos. Por ejemplo, se han propuesto tecnologías de gestión de la radiación solar (SRM por sus siglas en inglés) para reflejar la luz solar hacia el espacio.[5] Esto podría tener repercusiones incalculables en los patrones climáticos y la producción de alimentos, pero una vez puesto en marcha podría ser difícil de detener, debido al riesgo de «frente de choque de terminación» con una rápida aceleración del cambio climático que dificultaría enormemente la adaptación,[6] incluso para los productores de alimentos.

Es alarmante que el programa de soluciones tecnológicas esté ganando terreno tan rápidamente, dada la gravedad de sus posibles consecuencias. Esto puede ser porque se considera al desarrollo tecnológico como políticamente neutral y siempre progresista -aunque no sea así[7] – y en parte porque se confía imprudentemente en que los actores empresariales van a proporcionar tecnologías para el bien público. Estos desequilibrios de poder rara vez se revelan o se contrarrestan.

Los miembros de la sociedad civil debemos cuestionar y desacreditar colectivamente el uso de soluciones tecnológicas en todos los foros políticos.

Destacados 2

El sistema mundial de comercio e inversión: formalizar el robo y la destrucción

El sistema mundial de comercio e inversión se basa en una historia de extractivismo y explotación de la naturaleza, la mano de obra y la riqueza por parte de empresas procedentes en gran medida del Norte, aunque cada vez más también del Sur. Con raíces en la era colonial, este sistema es una poderosa fuerza política y económica que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos, subvierte el multilateralismo democrático y pone en peligro el planeta.  La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 marcó un antes y un después en la arquitectura del comercio mundial, y muchos gobiernos la elogiaron por establecer un sistema de comercio multilateral basado en normas. Sin embargo, las normas de la OMC han favorecido los intereses económicos de los países ricos, y el acceso al mercado se situó con firmeza en el centro de todas las negociaciones. Sus numerosos acuerdos sobre agricultura (AoA), derechos de propiedad intelectual (Acuerdo sobre los ADPIC), industria (negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas – NAMA), normas sanitarias y de seguridad (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF), servicios (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS), inversión, contratación pública, facilitación del comercio, pesca, comercio electrónico y servicios medioambientales, están diseñados para garantizar el control de las empresas sobre los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana mediante la liberalización progresiva del comercio.

En las dos últimas décadas, ha acompañado a la OMC un nuevo género de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y asociaciones económicas que pueden ser bilaterales, plurilaterales, regionales y transregionales, por ejemplo, el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) y, más recientemente, el Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF por sus siglas en inglés). Estos acuerdos son más ambiciosos que la OMC en la medida en que permiten a las empresas extranjeras operar en los mercados nacionales, protegen la propiedad intelectual, a los inversores y modelan la normativa nacional. Las disposiciones ADPIC plus de los ALC permiten a las empresas farmacéuticas ser propietarias de los datos sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos, ampliar de facto los periodos de sus patentes y crear monopolios farmacéuticos, y retrasar considerablemente la producción y comercialización de medicamentos genéricos. También exigen a los países participantes que se adhieran y sigan las normas de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que favorecen a las empresas agroalimentarias y biotecnológicas.

Una de las disposiciones más peligrosas de estos acuerdos es la protección de los derechos de los inversores a través de los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), mediante los cuales los inversores pueden demandar a los gobiernos por las políticas públicas, las leyes y las normativas que limitan sus operaciones y beneficios, incluida, por ejemplo, la legislación fiscal, laboral, medioambiental y contra la contaminación. Los arbitrajes ISDS suponen enormes costes para los contribuyentes en concepto de honorarios de abogados, comparecencias ante los tribunales y pagos por daños, y disuaden a los gobiernos de regular en defensa del interés público.

La OMC y los TLC son facetas de la globalización impulsada por las empresas, y ponen las oportunidades de lucro de las empresas por delante de los derechos y capacidades de los pequeños productores de alimentos, los trabajadores, los pueblos indígenas y las personas. Sustituyen a los convenios multilaterales sobre derechos humanos, medio ambiente y biodiversidad, y distorsionan los conceptos de sostenibilidad, inclusión y rendición de cuentas. Los fallos estructurales de este modelo y su régimen de gobernanza son evidentes en las crisis alimentarias, financieras y de salud pública recurrentes, el colapso de las cadenas de suministro, la desposesión de los pequeños productores de alimentos y la aceleración del cambio climático. Las negociaciones se caracterizan por las asimetrías de poder entre los países, los acuerdos opacos entre bastidores y la coacción disfrazada de consenso. Hay que desmantelar este sistema e integrar la gobernanza del comercio y la inversión en los principios de soberanía alimentaria, derechos de los pueblos, dignidad, solidaridad y respeto por la naturaleza.

Destacados 3

La hidra de las mil cabezas: Cómo las empresas privatizan la toma de decisiones internacional

El poder empresarial, la industrialización de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, y la concentración del mercado en los sistemas alimentarios, siguen aumentando. Para mantener y aumentar el poder empresarialha sido fundamentalla usurpación de puestos en la mesa de toma de decisiones de diversas instituciones públicas internacionales. ¿Cómo aumentan las empresas su influencia en los organismos de la ONU responsables de cuestiones importantes relacionadas con la soberanía alimentaria?

– El 70% del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) procede de contribuciones voluntarias, incluidas las de organizaciones filantrópicas y empresariales. La FAO no revela cuánto dinero recibe del sector empresarial.

– La FAO ha intensificado su colaboración con el sector empresarial en su marco estratégico para 2022-2031. Además de con Crop-Life International, ha firmado acuerdos con la Asociación Internacional de Fertilizantes, Google y Unilever, entre otros. Fuente.

– Coca-Cola fue uno de los patrocinadores de la COP 28 sobre el clima celebrada en Sharm El Sheikh (Egipto). El director ejecutivo de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), es el responsable de supervisar la última ronda de negociaciones mundiales sobre el clima como presidente de la COP28, organizada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Fuente: aquí y aquí.

– Crop-Life International participa en grupos de expertos técnicos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Asociaciones empresariales como el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial, que agrupan a las principales empresas agroalimentarias, han establecido coaliciones para promover soluciones sostenibles que protegen los intereses de las empresas pero no hacen nada por el medio ambiente. Entre los ejemplos están los mecanismos de compensación (como «Sin pérdida neta», «Ganancia neta», «Naturaleza positiva» y «Soluciones basadas en la naturaleza»), la autoinformación, la autorregulación y la autocertificación. Fuente.

Otra forma de aumentar la influencia empresarial en las instituciones de la ONU es cambiar la forma de elaborar las políticas. En lugar de basarse en procesos intergubernamentales de negociación con reglas del juego claras, están proliferando iniciativas multilaterales de múltiples formas y con resultados políticos informales y una fuerte presencia de redes favorables a las empresas.

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021, convocada por el Secretario General de la ONU, ha sido la mayor de estas iniciativas hasta la fecha. A pesar de no contar con un plan de acción acordado por los gobiernos, se creó una estructura paralela a las instituciones existentes, (como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU):  el Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios,  con sede en la FAO y liderado conjuntamente por: el Secretario General Adjunto de la ONU; los directores de las agencias con sede en Roma (la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA); la OMS; el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este centro tiene asignado más del doble del presupuesto del CSA, mientras que este último sigue con dificultades de financiación. Los gobiernos nacionales no forman parte de la estructura de gobierno de este Centro. En otras palabras, quien decide de facto qué políticas promover es una burocracia de la ONU favorable a las empresas.

El Foro Mundial de la Alimentación(WFF por sus siglas en inglés) de la FAOes un evento de envergadura cuyo fin es poner en contacto a inversores y países. Se organiza en torno a tres pilares principales: el Foro Mundial de la Juventud, el Foro de la Ciencia y la Innovación y el Foro de Inversión Mano de la Mano. Proporciona una gran plataforma para que los agentes empresariales promuevan sus soluciones empresariales. (Véase el recuadro de lecturas complementarias).

Democratizar la toma de decisiones en torno a los sistemas alimentarios es la esencia del movimiento por la soberanía alimentaria. Debemos contrarrestar la apropiación empresarial de las Naciones Unidas. Partiendo de nuestra visión sobre la soberanía alimentaria y popular y los derechos humanos, debemos seguir desarrollando nuestras propuestas y estrategias para una gobernanza alimentaria mundial inclusiva y la democratización de las Naciones Unidas en un sentido más amplio.


[1] https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/geoingenieria_en_las_negociaciones_sobre_el_clima.pdf

[2] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en

[3]  Cita de la declaración colectiva ¡No a las soluciones los despojos basados en la naturaleza!

[4]  https://www.weforum.org/agenda/2022/12/nature-based-solutions-are-essential-for-tackling-the-climate-and-biodiversity-crises/

[5]  https://es.geoengineeringmonitor.org/cat/radiacion-solar/

[6]  https://www.geoengineeringmonitor.org/2022/03/high-risk-geoengineering-technologies-wont-reverse-climate-breakdown/

[7] https://etcgroup.org/es/content/la-politica-de-la-tecnologia

[8] https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-del-grupo-de-trabajo-de-datos-del-mscpi-en-la-plenaria-cfs51/

[9]  https://focusweb.org/press-release-indo-pacific-economic-framework-ipef-under-scrutiny-civil-society-raise-alarms-on-its-potential-consequences/

Boletín núm. 54 – Editorial

Cómo las plataformas multilaterales y otras plataformas internacionales afectan a la soberanía alimentaria 

 Ilustración: Andrea Medina para el Grupo ETC, facebook.com/andreammedinagraphic/

Para muchos gobiernos y responsables políticos, los alimentos ya no se consideran un derecho sino una mercancía. La gobernanza alimentaria mundial sirve cada vez más a los intereses empresariales, mediante acuerdos favorables al mercado y a las empresas que se han normalizado en un amplio abanico de instituciones multilaterales. Se comercia con los medios de vida de las personas y la naturaleza a través de acuerdos económicos y financieros que benefician a las empresas y a las élites de distintos sectores y países, pero que amenazan las condiciones necesarias para la soberanía alimentaria de los pueblos. Esta amenaza se ve ahora agravada por los enfoques basados en soluciones tecnológicas empresariales a las crisis del cambio climático y la biodiversidad.

En este número del boletín Nyéléni, describimos el modo en que las tendencias de las plataformas multilaterales y otras plataformas internacionales están repercutiendo en la soberanía alimentaria, que será decisivo para el futuro de la alimentación y la autodeterminación de los pueblos. Desgranamos los diferentes procesos en los que se están perpetuando intercambios injustos y promoviendo conceptos opacos.

 Mientras los foros de comercio e inversión siguen promoviendo los sistemas alimentarios industriales y las cadenas de suministro mundiales, proliferan las llamadas «soluciones basadas en la naturaleza» (NBS, por sus siglas en inglés), que ocultan nuevas formas de mercantilizar la naturaleza, los territorios y los medios de vida.  Cuando a cambio de una remuneración monetaria se asigna a la tierra, el suelo, el agua, los bosques y la biodiversidad una tarea imposible, como es compensar la contaminación causada por industrias de otros lugares,  se abre un nuevo frente de cercamiento de los bienes comunes, que se hace posible,  se mide y se controla con las nuevas tecnologías. Todas estas situaciones se caracterizan por la apropiación empresarial de los programas políticos y económicos, extendiéndose e incrustándose en las instituciones multilaterales a través del multilateralismo. Un buen ejemplo de ello es la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021 y la posterior creación de un Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de la ONU, que pretende apropiarse del proceso de debates sobre gobernanza alimentaria.  El debate en torno a los datos sobre seguridad alimentaria y nutrición en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es un ejemplo más, impulsado nada menos que por la Fundación Bill y Melinda Gates.  Está claro que debemos movilizarnos colectivamente y resistir en una escala aún mayor y más coordinada que nunca para hacer frente a estas tendencias y revertirlas en toda una serie de foros multilaterales y de «negociación». 

Grupo ETC, FIAN Internacional, Focus on the Global South