Destacados

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Racismo y capitalismo

Nuestro sistema alimentario moderno ha co-evolucionado con 30 años de globalización neoliberal, que ha privatizado los bienes públicos y desregulado todas las formas de capital corporativo en el mundo. Esto ha provocado los niveles más altos de desigualdad global de la historia. Los impactantes costes sociales y medioambientales de esta transición han golpeado con mayor fuerza a las personas de raza negra, lo que se refleja en los niveles récord de hambre y migraciones masivas de agricultores empobrecidos del Sur Global, y los espeluznantes niveles de inseguridad alimentaria, enfermedades relacionadas con la alimentación, desempleo, encarcelamientos y violencia en las comunidades negras desatendidas del Norte Global.

El movimiento alimentario en Estados Unidos ha emergido como respuesta a los fracasos del sistema alimentario global. Personas y organizaciones de todos los rincones están trabajando para contrarrestar las externalidades intrínsecas del «régimen alimentario corporativo». Comprensiblemente, se centran en uno o dos componentes específicos, como el acceso a alimentos sanos, los nichos de mercado, la agricultura urbana, etc., en lugar de abarcar el sistema como un todo. Sin embargo, las estructuras que determinan el contexto de estas prometedoras alternativas se mantienen bajo el sólido control de las normas e instituciones del régimen alimentario corporativo.

La globalización neoliberal también ha paralizado nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas del sistema alimentario, al destruir gran parte de nuestro espacio público. No sólo han destruido las funciones públicas de sanidad, educación y bienestar; las redes sociales de nuestras comunidades se han debilitado, exacerbando la violencia, intensificando las tensiones raciales, y profundizando aún más las diferencias culturales. La gente se enfrenta a los desafíos y problemas del hambre, la violencia, la pobreza y el cambio climático en un entorno en que las instituciones sociales y políticas han sido reestructuradas para servir a los mercados en lugar de a las comunidades locales.

Principalmente, el movimiento por la justicia alimentaria ha dado un paso adelante (con el apoyo del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro) para ofrecer servicios y reforzar las acciones comunitarias sobre nuestros sistemas alimentarios. De forma consciente o no, el movimiento alimentario comunitario, con sus proyectos prácticos y participativos para conseguir un sistema alimentario justo, sostenible y sano, está reconstruyendo de muchas formas nuestros espacios públicos desde la base. Esto es simplemente porque resulta imposible trabajar en uno sin reconstruir los demás.

Sin embargo, como han descubierto numerosas organizaciones, no podemos reconstruir la esfera pública sin resolver los asuntos que nos dividen. Para muchas comunidades, esto significa trabajar con el racismo dentro del sistema alimentario. El movimiento alimentario en sí mismo no es inmune a las injusticias estructurales que pretende superar. Dada la omnipresencia de los privilegios de los blancos y la opresión interna que existen en nuestra sociedad, el racismo en el seno del sistema alimentario puede resurgir, y de hecho lo está haciendo, dentro del propio movimiento alimentario, incluso aunque los actores tengan la mejor de las intenciones. Descubrir cómo, dónde y por qué se manifiesta el racismo en el sistema alimentario, reconocerlo dentro de nuestro movimiento, de nuestras organizaciones y de nosotros mismos, no supone un trabajo extra para transformar nuestro sistema alimentario; éste es, de hecho, el trabajo.

El trabajo también es conocer cómo funciona el capitalismo, porque resulta inconcebible cambiar las estructuras subyacentes del sistema alimentario capitalista sin conocer cómo funciona el sistema en primer lugar. Y aun así, muchas personas que intentan cambiar el sistema alimentario tienen muy poca idea sobre los fundamentos capitalistas.

Afortunadamente, esto está cambiando a medida que los y las activistas del movimiento alimentario profundizan para entender por completo el sistema que subyace a los problemas a los que se enfrentan. Muchas personas del Sur Global, sobre todo campesinos, pescadores y pastores, no pueden permitirse conocer las fuerzas socioeconómicas que están destruyendo su sustento. Las comunidades de color desabastecidas del Norte Global (como resultado de las olas recientes e históricas de colonización, desposesión y explotación) forman la espina dorsal del movimiento de justicia alimentaria. Para saber por qué las personas de color tienen dos veces más posibilidades de padecer inseguridad alimentaria y enfermedades relacionadas con la alimentación (incluso viviendo en las prósperas democracias del norte), es necesario conocer la intersección entre capitalismo y racismo.

Los y las activistas del movimiento alimentario están comenzando a darse cuenta que el sistema alimentario no se puede modificar sin atender al sistema económico que lo engloba. Para hacernos una idea completa de la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos y lo que se necesitará para conseguir un nuevo sistema alimentario que esté en consonancia con el medio ambiente y con las necesidades de las personas, debemos conocer y enfrentarnos a los fundamentos sociales, económicos y políticos que han creado (y mantienen) el sistema alimentario que queremos cambiar.

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¿Reforma o transformación?

La crisis alimentaria global ha situado al movimiento alimentario de Estados Unidos en una encrucijada política. Actualmente, una sexta parte de la población mundial pasa hambre, igual que una sexta parte de la población estadounidense padece «inseguridad alimentaria». Estos graves niveles de hambre e inseguridad poseen causas comunes: la economía política de un régimen alimentario corporativo y global.

Debido a su posición política, entre los llamamientos reformistas por la seguridad alimentaria y las demandas radicales por la soberanía alimentaria, la justicia alimentaria tiene un papel fundamental para influir en la dirección que tomen los cambios de los sistemas alimentarios. El modo en que se traten los problemas raciales y de clase influirá en la dirección política que tomen las alianzas organizativas del movimiento por la justicia alimentaria: hacia una reforma o hacia una transformación.

Al reconocer que el sistema alimentario industrial de la actualidad es insostenible, el movimiento alimentario estadounidense reclama unos alimentos de calidad, con sostenibilidad medioambiental y con seguridad, y pide la reafirmación de los valores medioambientales y las relaciones comunitarias asociadas a los tiempos mejores de un pasado agrario reconstruido. Todo esto forma lo que Alkon y Agyeman (2011a) consideran la «narrativa dominante del movimiento alimentario». Dicha narrativa, arraigada en una base social de consumidores predominantemente blancos y de clase media, se ha convertido en una referencia importante en los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, también tiende a invisibilizar las historias y realidades alimentarias de las personas de color y de pocos recursos.

La seguridad alimentaria de la comunidad (el movimiento de la «buena alimentación») plantea las desigualdades del sistema alimentario en términos de producción y adquisición de alimentos en lugar de centrarse en la desigualdad estructural, lo que desemboca en un mayor énfasis sobre la capacitación en alimentación, medios alternativos de acceso a los alimentos por parte de hogares con bajo nivel de ingresos, y un trabajo asociado de presión política en Washington D.C. para aumentar los modos de ayuda alimentaria y el apoyo a los sistemas alimentarios de la comunidad. El movimiento de seguridad alimentaria de la comunidad (CFS por sus siglas en inglés) lucha por normalizar el concepto de seguridad alimentaria dentro del sistema alimentario existente.

El movimiento de seguridad alimentaria busca desmantelar los mercados globales y el monopolio del poder corporativo a escala local, nacional e internacional, y está a favor de la redistribución y la protección de los bienes productivos como las semillas, el agua, la tierra, así como los servicios de procesamiento y distribución. Mientras que quienes abogan por la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre suelen preferir el acceso barato a alimentos perjudiciales como forma de solventar la escasez de alimento, esto los enfrenta a los grupos pro justicia alimentaria y pro soberanía alimentaria que desconfían de las grandes corporaciones agroalimentarias (Gottlieb and Joshi 2010, 215).

El trabajo que realiza el movimiento por la justicia alimentaria se solapa de forma considerable con el del CFS, pero tiende a ser más progresista que reformista, ya que plantea de manera específica los modos en que la gente de color de comunidades de bajo nivel adquisitivo está viéndose afectada de forma desproporcionada por el sistema alimentario industrializado. Atrapado entre la urgencia del acceso a alimentos y el imperativo de la equidad, el movimiento por la justicia alimentaria cambia, se solapa y tiende puentes con el trabajo de los movimientos comunitarios de justicia y de soberanía alimentaria, intentando resolver el racismo y el clasismo al tiempo que intentan arreglar un sistema alimentario roto.

Aunque las reformas moderadas del sistema alimentario (como el mayor número de sellos alimentarios o la reubicación de las tiendas de alimentación) son efectivamente necesarias para ayudar a las comunidades vulnerables a salir adelante de las crisis, el hecho de que estas reformas no se centren en las causas fundamentales del hambre y la inseguridad alimentaria sino que se queden en causas secundarias, no se alterará el equilibrio fundamental de poder dentro del sistema alimentario y, en algunos casos, puede incluso reforzar las desiguales relaciones de poder que ya existen. Para arreglar el sistema alimentario disfuncional que tenemos (de cualquier modo sostenible) se requiere un cambio de régimen. El cambio del sistema alimentario vendrá de la mano de una presión social potente y mantenida, que fuerce a los reformistas a hacer retroceder el neoliberalismo del sistema alimentario. Gran parte de esta presión podría venir del movimiento alimentario, si es capaz de superar sus diferencias.

Para resolver la crisis alimentaria es necesario desmantelar el racismo y el clasismo del sistema alimentario, así como transformar el régimen alimentario. El movimiento de justicia alimentaria se enfrenta al reto de forjar alianzas que apoyen unas prácticas justas y sostenibles en el terreno, y de movilizarse a la vez políticamente para conseguir unas reformas estructurales más amplias y redistributivas. Esta praxis esencial aún puede producir una narrativa nueva y potente del movimiento alimentario: la narrativa de la liberación.

Referencias:
Alkon, Alison Hope, and Julian Agyeman. 2011a. Introduction: The food movement as polyculture. In Cultivating Food Justice: Race, Class, and Sustainability, 1-20. Food, Health, and Environment; series ed. Robert Gottlieb. Cambridge, MA: MIT Press.

Gottlieb, Robert, and Anupama Joshi. 2010. Food Justice. Cambridge, MA: MIT Press.

Boletín núm. 23 – Editorial

Justicia alimentaria y soberanía alimentaria en EE.UU.

La soberanía alimentaria surgió como la contundente respuesta de La Vía Campesina a los regímenes de «libre comercio» que destruyen el sustento de las personas de todo el mundo. Numerosas comunidades del Sur Global han hecho suyo el término en su lucha frente a la propagación de los agrocombustibles, los OGM, los acaparamientos de tierras y la «privatización de todo».

Uno de los motivos por los que la soberanía alimentaria ha conseguido tanta popularidad es que la globalización neoliberal ha concentrado prácticamente la mitad de la riqueza del planeta en manos de tan sólo 80 individuos. La soberanía alimentaria es el grito de los desposeídos.

Otro motivo es que la soberanía alimentaria refleja la profunda resistencia y las luchas históricas de los pueblos contra la explotación, la opresión y la colonización. Cuando las comunidades que luchan por sus derechos descubren los principios de la soberanía alimentaria, su reacción suele ser «¡Sí! ¡Eso es lo que estamos haciendo!» En primera línea de batalla, las raíces comunes de la resistencia se reconocen rápido.

La justicia alimentaria es una de estas luchas. El radicalismo de las raíces de la justicia alimentaria en Estados Unidos está muy vinculado al movimiento de liberación negra. En la década de 1960, partiendo de la tradición histórica de cuidados entre las comunidades afroamericanas, los Panteras Negras llevaron alimentos, servicios sanitarios, vivienda y educación a sus barrios, dando a la comunidad el control sobre ellos. La alimentación era uno de los tablones en la gran plataforma de la liberación: la protección frente al hambre y frente a la brutalidad policial fueron derechos soberanos.

Las luchas actuales se enfrentan al hambre y a la violencia desde el punto donde convergen raza, clase y género, orientando la justicia alimentaria hacia sus raíces radicales de resistencia, y hacia la soberanía alimentaria. En la presente edición, compartimos perspectivas sobre la potente y enriquecedora convergencia entre la justicia alimentaria y la soberanía alimentaria.

Eric Holt-Giménez, Food First

Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

La alimentación y nutrición en nuestro Chile bajo el modelo neoliberal

MMM-Chile, www.marchamujereschile.cl

El modelo neoliberal en Chile transforma la economía bajo un sistema de privatización de bienes y servicios como la educación, la salud y la previsión social y separó drásticamente los barrios ricos de los pobres. Si usted no quiere ver la pobreza, nunca la encontrará, porque la planificación territorial moderna desarrolló grandes avenidas y túneles de acceso directo que van desde el aeropuerto hacia la gran ciudad, trasladando a las y los empresarios e inversionistas rápidamente a los barrios altos. Ese es nuestro Chile actual: altamente extractivista y con una brecha económica que nos ubica entre los siete países con mayor inequidad y mal distribución de la riqueza.

La alimentación y nutrición de la población cambió paulatina y desfavorablemente bajo este modelo neoliberal al punto de llegar a sustituir nuestra dieta equilibrada en la cocina chilena. La transformación agrícola de los campos en el proceso de contra reforma agraria produjo una concentración de la tierra para la producción de frutas y viñedos de exportación, eliminando los cultivos tradicionales, asfixiando al campesinado que ha emigrado masivamente a las ciudades y convirtiéndoles en trabajadoras y trabajadores de mano de obra barata. De ese modo se produce un doble efecto: primero, ya no se produce la diversidad de frutas, cereales y verduras que disfrutábamos en nuestra mesa y segundo, la ciudadanía ha dejado de consumir la alimentación casera que proviene principalmente del campo para recibir la alimentación chatarra que ingresó en gloria y majestad junto con las grandes corporaciones y transnacionales que atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos.

El impacto negativo del modelo sobre los campesinos y campesinas ha repercutido considerablemente en las mujeres, afectándolas directamente desde hace décadas. Lo que se caracterizó como «la feminización de la pobreza» ha producido al aumento de la migración, abandono temprano de los estudios, precarización e inestabilidad laboral, y daños crónicos a la salud por efecto del uso indiscriminado de plaguicidas en las plantaciones donde ellas trabajaban (malformaciones congénitas, abortos espontáneos, etc.). En los tiempos actuales, por efecto directo de la malnutrición de mujeres en edad fértil, es muy común observar que se diagnostica diabetes gestacional en las madres embarazadas.

La mal nutrición ha aumentado considerablemente, al punto que se presenta un alto índice de obesidad en la población adulta, con un porcentaje que alcanza el 20% de niños y niñas obesas menores de seis años. La relación natural que existía entre la ciudad y el campo se ha perdido sistemáticamente y la frase acuñada hace décadas «directamente del productor al consumidor» ya no existe.

Lamentablemente la población en general, no ha tomado conciencia que esa conexión produce un comercio justo de alimentación sana, y libre de agro tóxicos y pesticidas que no dañan su salud, en cambio la alimentación chatarra a la larga es más costosa, porque presenta excesos de carbohidratos y azúcares que le provocan efectos colaterales y causan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Voces desde el campo 2

Cuando se trata de lengua, fronteras y ganado, la nación de Mongolia es próspera (ZunduinDorj)

Munkhbolor (Bolor) Gungaa, miembro de la Alianza de Pueblos Nómadas Indígenas de Mongolia, Mongolia

Una mala gestión del control y la propiedad de la tierra por parte de los pastores nómadas en Mongolia han permitido que los inversores extranjeros arrienden gran cantidad de tierras con fines comerciales e incrementado la concentración de la propiedad agrícola y el oligopolio de terratenientes en el país.

Según el Banco Mundial, la minería ha conducido a un rápido crecimiento económico de Mongolia, pero la realidad para quienes viven cerca de las minas es muy diferente. La contaminación ha tenido un impacto sobre todos, pero quienes más han sufrido el gran empobrecimiento han sido las comunidades de pastoreo nómadas. Los pastos de sustento vital, las fuentes de agua y los campos de uso por temporadas desaparecen con las minas a campo abierto y la construcción de carreteras y vertederos y la extracción de agua que implica la industria minera [Global Development Professional Network]. La explotación minera ha producido una escasez de campos de pastoreo para animales y de fuentes de agua, obligando a los pastores a que abandonen su estilo de vida nómada y se trasladen a zonas urbanas en aras de su supervivencia. La población en la capital Ulán Bator ha aumentado con rapidez como consecuencia del éxodo forzado y masivo que ha hecho que muchas familias dedicadas al pastoreo tengan que asentarse en zonas urbanas sin su consentimiento libre, previo e informado, debido a la pérdida del sustento en sus campos habituales. La migración a centros urbanos ha tenido un impacto negativo sobre los nómadas mongoles que han perdido sus conocimientos tradicionales en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición.

Mongolia está en el corazón de Asia Central y posee un vínculo espiritual e histórico con la riqueza de la cultura nómada y su cocina «a caballo»[ La cocina a caballo» se refiere a la historia y al modo de vida de los pueblos nómadas mongoles. Se desplazaban largas distancias utilizando sus caballos y comían sus comidas en el trayecto, montando a caballo]. Los mongoles, como descendientes de Gengis Kan, ya sean quienes toman las decisiones o pastores nómadas, están bendecidos y nunca caerán de rodillas, pero se mantendrán aun con mayor esplendor sobre sus hombros. Como descendientes de las grandes reinas de la sabiduría, las mujeres mongolas y sus hijos tienen derechos históricos para vivir en sus tierras de origen y dar de comer al mundo con alimentos sostenibles y nutritivos de generación en generación. La continua explotación de sus tierras de origen afecta a las mujeres de una manera más concreta, dado que las obliga a abandonar su papel de guardianas de la seguridad alimentaria y eso también genera problemas de salud, especialmente con relación a las malformaciones de nacimiento en los recién nacidos.

Cuadros

Cuadro 1

Agricultura urbana y resistencia en Gaza

En los territorios palestinos ocupados, la agricultura urbana y la ganadería han sido siempre un componente importante para la supervivencia de la comunidad y la resistencia a la ocupación [Rami Zurayk, Anne Gough, Ahmad Sourani y Mariam Al Jaajaa, «Food Security Challenges and Innovation: The Case of Gaza (Desafíos e innovación en seguridad alimentaria: El caso de Gaza), High Level Expert Forum: Food Insecurity in Protracted Crises, Roma: 13-14 de septiembre de 2012]. En la Franja de Gaza, los pequeños pero innumerables huertos en las azoteas se han convertido en una necesidad.

La agricultura campesina tradicional en la Franja de Gaza es prácticamente imposible. Este territorio densamente poblado, que alberga una enorme población local y refugiada, está perdiendo constantemente sus terrenos productivos por muchas razones. Con una población actual aproximada de 1,8 millones de personas, la tierra suele perderse debido a las necesidades de expansión de los asentamientos humanos y a la contaminación de los terrenos generada por el funcionamiento deficiente o la inexistencia de sistemas de aguas residuales. El conflicto y los controles de seguridad han perjudicado gravemente o incluso restringido el acceso a terrenos arables. La destrucción causada por la operación «Plomo Fundido» de 2009 y la expansión de una «zona de amortiguación de seguridad» a lo largo de la frontera sudeste con Israel, tuvo como resultado que un 46% de los terrenos agrícolas de la Franja de Gaza quedasen inaccesibles o fuera de producción [FAO y OCHA, «Farming without Land, Fishing without Water: Gaza’s Agricultural Sector Struggles to Survive» (Cultivar sin tierra y pescar sin agua: la lucha por la supervivencia del sector agrícola de Gaza), Mayo de 2010]. La zona de amortiguación contiene un 30% de las tierras arables de Gaza, y anteriormente se utilizaban para diversos cultivos de secano y pastos para el ganado; muchos productores arriesgan su vida intentando acceder a estas tierras, que necesitan desesperadamente. Las recientes ofensivas de Israel en 2012 y 2014 han perjudicado aún más los terrenos arables y la infraestructura agrícola, así como los equipos y otros inputs, ya que Israel les ha impuesto sanciones a la exportación e importación [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), Informe sobre la situación de Gaza 88, 16 de abril de 2015].

Con estas limitaciones a la producción tradicional de alimentos, la agricultura en Gaza se ha vuelto más urbana que rural, ya que cada vez resulta más necesario acceder a alimentos seguros y nutritivos, realizar actividades de generación de ingresos, y mejorar la calidad del medio ambiente, los huertos en azoteas han pasado a ser una necesidad crítica y necesaria, así como un modo de resistencia de las personas de Gaza. Las azoteas son algunos de los pocos espacios abiertos que quedan en muchas partes de Gaza, y muchas familias dependen de estos huertos para obtener alimentos básicos, por lo que crían animales pequeños y cultivan alimentos como tomates, pepinos y pimientos. Cuando hay escasez en los mercados, o en épocas de conflicto en que no es seguro salir al mercado o incluso a la calle, muchas familias y vecindarios dependen de lo que pueden obtener de sus azoteas.

El Comité Palestino de Ayuda Agrícola (PARC) ha encabezado las tareas de apoyo y mejora de la agricultura urbana en Gaza, ofreciendo cursos de formación y apoyo a las familias para la creación de huertos domésticos y en azoteas. Numerosas organizaciones internacionales, al reconocer la necesidad crítica de una producción de alimentos en entornos urbanos que satisfaga las necesidades alimentarias, sanitarias y nutricionales, están ahora brindando apoyo técnico para ayudar a las familias de Gaza a cultivar huertos domésticos y comunitarios.

Tras cada ataque israelí que ha sufrido Gaza, a medida que se reconstruyen viviendas y vidas, los huertos también continúan resurgiendo. Los tejados verdes que marcan el paisaje abarrotado de Gaza representan la tenacidad y la resiliencia de la comunidad, y son un claro testimonio de la profundidad de las luchas por la soberanía alimentaria; aquello que los organismos y los estados externos le niegan al pueblo, el pueblo se lo provee por y a sí mismo[[Para más información, ver: Ahmed Sourani, «The Relief and Reconstruction Plans in Gaza Strip: Between the Resilient Development Strategy and Feed to Survive Strategy» (Planes de ayuda y reconstrucción en la Franja de Gaza: entre la estrategia de desarrollo resiliente y la estrategia de alimentación de supervivencia), Informe de trabajo de la ONU, 1 de abril de 2015].

Cuadro 2

Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación y sus afectaciones a través de los conflictos de interés

La soberanía alimentaria en la población es uno de los elementos que se encuentra en mayor riesgo, especialmente en México. Para lograr una soberanía alimentaria entre la población se requiere de voluntad política gubernamental, es decir, el Estado está obligado a establecer los mecanismos necesarios para la garantía de este derecho de la población, no sólo desde el consumo sino desde las políticas agrícolas en el campo.

Uno de los elementos que está mermando fuertemente a la población son las violaciones de los derechos humanos, los conflictos de interés y las malas políticas públicas que «arrebatan» a la ciudadanía el poder de decisión en cuanto a qué consumir y la calidad de alimentos que se ofrece a las familias. En las últimas décadas se ha favorecido fuertemente los intereses del sector privado sobre la salud pública a costa de un grave deterioro de salud en la población.

Mucho ha sido debido a la publicidad engañosa, falta de etiquetados adecuados y orientadores para la población o que permitan conocer la procedencia de alimentos básicos como el maíz. Existe un devastador abandono de las políticas agropecuarias a favor de las y los pequeños productores, dando prioridad a las prácticas agroindustriales.
En México las políticas en el campo han sido gravemente transgredidas, sin embargo, la sociedad civil sigue resistiendo a través de demandas imperativas para el pleno ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos.

Algunos ejemplos han sido las exigencias de la Alianza por la Salud Alimentaria con el impuesto al refresco e implementación de bebederos de agua potable en las escuelas. Se logró aprobar un impuesto sobre las bebidas azucaradas y la instalación de bebederos en todas las escuelas del país. Ambas iniciativas fueron grandes pasos para la mejorade la salud pública, pero aún se requiere mucho más (presupuesto, seguimiento, evaluaciones apropiadas) y que sean implementadas en su totalidad libres de conflicto de interés.


Otro gran avance para la salud pública fue el lograr detener el cultivo masivo de maíz transgénico en el país. Esto se logró a través de una Demanda Colectiva Ciudadana para la defensa del maíz nativo. Así mismo han surgido iniciativas para la defensa de los territorios y la vida, como las Jornadas nacionales por la defensa de la tierra, el trabajo, el agua y la vida y la Alianza Mexicana contra el Fracking por mencionar algunas luchas sociales importantes [ http://www.hoyquecomierontushijos.org/, http://elpoderdelconsumidor.org/, https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Nacional-Defensa-de-la-tierra-agua-y-vida/478188112283948, http://mexicovsgmo.org/, http://alianzasalud.org.mx/, http://nofrackingmexico.org/ ].

Es de carácter imperativo establecer políticas libres de conflicto de interés, basadas en los derechos humanos (especialmente el derecho a la salud, a la alimentación y al agua), que favorezcan a las y los pequeños productores y así lograr hacer accesible a las y los consumidores alimentos nutritivos, frescos y libres de agroquímicos.

Cuadro 3

Construyendo sistemas alternativos de alimentación a través de la agricultura sostenida por la comunidad

URGENCI es la red global de la agricultura sostenida por la comunidad (CSA por sus siglas en inglés) en todo el mundo. Como tal, somos parte del movimiento por la soberanía alimentaria y el proceso Nyéléni Europa. La red se constituyó sobre los principios de la repartición de riesgos y beneficios, y de solidaridad entre productores y consumidores. Hoy en día cuenta con más de un millón de miembros.

Nuestros objetivos clave son: reforzar el papel de los pequeños productores en la cadena alimentaria, relocalizar cadenas alimentarias y la agricultura campesina, y garantizar la solidaridad y que el compromiso con los agricultores siga siendo el eje fundamental de las cadenas de suministro cortas.

Desde la perspectiva del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, un aspecto esencial de las CSA es la participación de miembros marginados de la comunidad a través de una gran variedad de mecanismos. Un ejemplo interesante es la Comunidad Agrícola de Cloughjordan, la famosa ecoaldea irlandesa. Allí se da una escala móvil de pago, en la que los ancianos, los desempleados y los estudiantes pagan menos que quienes tienen trabajo. Y como el sistema se basa en la confianza, se disponen los vegetales de manera que cada uno retira lo que necesita. Esto hace que la gente realmente se plantee cuánta comida necesita, asegura una igualdad en el acceso y desalienta cualquier posible desperdicio. La propia naturaleza de la CSA implica que todo lo que se produce es orgánico – a pesar de que no necesariamente tiene que estar certificado – y que el productor local asegura la máxima frescura del producto en la cadena de consumo. Estos dos factores son clave para la conservación del alto valor nutricional de los alimentos, porque no hay productos químicos y pasa del lugar de cultivo al plato del comensal en un tiempo récord.

Las CSA cubren una amplia gama de productos, y las tendencias actuales apuntan a CSA que generen múltiples productos. La carne siempre es de ganado alimentado con pasto, animales que pastan y pollos criados al aire libre. Otras producciones varían en función del país y siempre es estacional. En algunos casos en Europa se dan acuerdos entre CSA de distintos países, por ejemplo, en el sudeste de Francia, cerca de Toulouse, algunas CSA reciben mensualmente naranjas y aceite de oliva de la vecina España [Puede consultarse un listado de casos de estudio en Hungry for Rights project (2015) Community Based Food System: a collection of case studies and recommendations from Cyprus, France, Italy, Lithuania, Senegal and UK-Scotland].

En China, lugar en que se celebrará la próxima conferencia URGENCI, hay ya más de 500 CSA, a las que pertenecen más de 750.000 familias. Los agricultores allí, como en muchos otros países, son generalmente jóvenes, población neo-rural cualificada, que regresa al campo para estar más cerca y cuidar de sus parientes que envejecen, y para garantizar a sus comunidades el acceso a un alimento sano y cultivado localmente. Usan los terrenos asignados por el Estado y también alquilan tierras comunales complementarias, de esta manera están construyendo sistemas alimentarios como alternativa ante el modelo industrial del agronegocio. Los chinos y otras CSA proporcionan a millones de personas a escala global alimentos orgánicos, seguros y nutritivos cultivados localmente, respetando los principios de la agricultura ecológica. www.urgenci.net

Cuadro 4

13 pasos para una buena nutrición

1. Todas las personas, mujeres y hombres, tienen igualdad de acceso y control sobre los recursos productivos, los trabajos y los salarios.
2. Se garantiza a las mujeres la igualdad en su derecho a estudiar, trabajar y a tener pleno control sobre sus cuerpos y vidas.
3. Las familias y las comunidades garantizan las condiciones para que una mujer pueda ejercer su derecho a amamantar, como primer acto de soberanía alimentaria.
4. Los productores a pequeña escala, las comunidades y los consumidores definen las políticas públicas alimentarias y de nutrición de forma participativa.
5. La industria agroalimentaria, la producción de alimentos a gran escala y el marketing están regulados por el interés público.
6. Se da prioridad a la diversidad de la producción local, a través de los pequeños productores, en sintonía con los principios de la agricultura ecológica.
7. Consume preferentemente productos frescos locales y comida variada, productos de agricultura ecológica, comprados en mercados de productores locales o lugares similares.
8. Cocina tu propia comida, según las recetas tradicionales o creando nuevas.
9. Usa aceite, grasa, sal y azúcar en pequeñas cantidades.
10. Limita el uso de productos precocinados y evita el consumo de alimentos ultraprocesados.
11. Come regularmente, prestando atención, dedicando el tiempo necesario y, en la medida de lo posible, en compañía de familiares o amigos.
12. Sé crítico con el marketing alimentario.
13. Practica deporte habitualmente.

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El derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas sólo puede alcanzarse por completo dentro del marco de la soberanía alimentaria

No existe nada más básico para cualquier ser humano que la acción de respirar, comer y beber. Estas son actividades fundamentales que se encargan de proporcionar a nuestro cuerpo el agua, los nutrientes y el oxígeno que necesita, que están presentes en los alimentos que comemos y bebemos, así como en el aire que respiramos. Sin ellos no podemos crecer, nos debilitamos, enfermamos y morimos. Las luchas de los pueblos contra la explotación, la discriminación, el hambre y la malnutrición conquistaron el derecho humano a una alimentación y una nutrición adecuadas para todos, entre otros derechos, dentro del contexto de la soberanía alimentaria y de los pueblos.

Alimentarse y alimentar a nuestras familias y a los demás son acciones que reflejan del modo más profundo posible la riqueza y la complejidad de la vida humana en sociedad. Las formas en que nos alimentamos provienen de nuestra propia naturaleza, aunque también son productos de la historia, de las luchas y de las vidas de nuestros antepasados. Son un reflejo de la disponibilidad de los alimentos y del agua en nuestro entorno local, de las relaciones de poder, así como de las capacidades económicas y físicas para acceder a la comida.

Los debates sobre la alimentación son inseparables de los debates sobre la nutrición y la salud en el contexto de los derechos de las mujeres y la soberanía alimentaria. Estos debates deberían aludir a la diversidad, la cantidad, la composición nutricional, la calidad y el tipo de producción de los alimentos; quién produce qué, cómo y dónde, y quién toma estas decisiones; el acceso a los recursos productivos y el control de éstos, así como el acceso físico y económico a los alimentos y al agua; los métodos de preparación; la información sobre la diversidad y la distribución nutricional equilibrada que se recomienda para las dietas; la definición de hábitos alimentarios saludables, y el riesgo de consumir productos tales como alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y alimentos genéticamente modificados, entre otros.

Asimismo, definir qué es una dieta adecuada no puede limitarse a una ración nutricionalmente equilibrada compuesta de alimentos básicos. La alimentación y la nutrición suponen la creatividad, el amor, el cuidado, la socialización, la cultura y la espiritualidad. Por lo tanto, una dieta adecuada es aquella que engloba todas estas dimensiones y que contribuye al desarrollo de seres humanos sanos, conscientes de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos de su país y del mundo, así como de sus responsabilidades medioambientales y de la calidad de vida de sus descendientes.

Para el ser humano, alimentarse es mucho más que el acto instintivo de cazar y recolectar, que nace exclusivamente del hambre. Va mucho más allá de la mera ingesta de nutrientes presentes en la naturaleza, que pasan a nuestra digestión y se transforman en cuerpo y en vida. A lo largo de su evolución, la especie humana ha desarrollado intrincadas relaciones con los procesos alimentarios, convirtiéndolos en profundos rituales que vinculan al ser humano con la propia naturaleza, y que van impregnados de las características culturales de cada comunidad y cada familia. Cuando comemos platos típicos de nuestra infancia y nuestra cultura con amigos y familiares, las personas nos sentimos renovadas en nuestra dignidad humana, afianzamos nuestra identidad, y muchos otros aspectos a otros niveles que van más allá del mero fortalecimiento de la salud física y mental.

El desarrollo de todos los seres humanos depende del apoyo de los padres, los familiares, la comunidad y la sociedad desde el momento en que nos conciben. Este apoyo se manifiesta por medio de la comida, el amor, el cariño, los cuidados, la estimulación, la educación y la seguridad, entre otros. Resulta imposible separar el valor individualizado de cada uno de estos factores. Las prácticas óptimas de alimentación para bebés y niños pequeños, como la lactancia exclusiva hasta los seis meses de edad y la continuación de la lactancia hasta los dos años o más, junto con una introducción oportuna de alimentos complementarios adecuados, son esenciales e incorporan todos estos elementos. En este sentido, resulta fundamental reforzar la responsabilidad colectiva, en primer lugar a nivel de estado, para garantizar a las mujeres en período de lactancia unas condiciones adecuadas que les permitan amamantar a sus hijos de forma óptima, sin que ello suponga imponerles cargas adicionales. En un entorno facilitador con dichas características, se protegen y se respetan los derechos de las mujeres y los niños, y la lactancia puede ejercerse como un primer acto de soberanía alimentaria.

Para impulsar la soberanía alimentaria, de forma que pueda ejercerse por completo el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas para todos, es necesario hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres. El impacto de la violencia estructural contra las mujeres y niñas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en cuanto a la nutrición tanto de ellas mismas como de sus hijos, han sido invisibilizados por la perspectiva hegemónica de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los casos de malnutrición entre mujeres y niños pueden atribuirse, principalmente, a la omnipresente discriminación por motivos de género en cuanto al acceso a la educación y la información, la carga desproporcionada de responsabilidades domésticas, el matrimonio infantil y los embarazos adolescentes. Las familias, y sobre todo las madres –como principales encargadas del cuidado de los demás– también son el blanco de campañas de marketing malintencionado de alimentos poco saludables, como pueden ser los sustitutos de la leche materna o los alimentos con altos contenidos en grasa y en azúcares; en consecuencia, reciben mensajes inadecuados y confusos sobre el mejor modo de alimentar a sus familias. Por último, las políticas y los programas de seguridad alimentaria no resuelven estos problemas estructurales de forma eficaz, y en nombre del «fomento de la igualdad de género» acaban ejerciendo aún más presión sobre las mujeres, al asignarles responsabilidades adicionales que, no obstante, deberían compartirse de forma colectiva.

Esta concepción holística de la alimentación y la nutrición nos lleva a entender que el hambre y las distintas formas de malnutrición no son procesos «naturales», sino que son, en realidad, el resultado de la exclusión y explotación social y económica, principalmente en cuanto a lo siguiente:

1. El acaparamiento de tierras y de otros recursos naturales, así como del conocimiento humano y de las prácticas, la mano de obra, la capacidad productiva y reproductiva y los modos de vida.
2. Los salarios bajos y poco igualitarios, las malas condiciones laborales y otras violaciones de los derechos de los trabajadores.
3. La expansión indiscriminada (y el respaldo público) del modelo de producción del agronegocio, que reduce la diversidad y la calidad de los alimentos y envenena el suelo, el agua, a los trabajadores, a las comunidades agrarias y fomenta el calentamiento global.
4. La acumulación de tierras y riquezas en manos de unos pocos.
5. La violencia estructural contra mujeres y niñas, incluidas la violación de su derecho a la educación, la limitación de su autonomía y el control sobre sus vidas y cuerpos.
6. Las prácticas de marketing no reguladas que fomentan el consumo de productos alimentarios procesados como sustitutos de la leche materna, productos genéticamente modificados, productos nutracéuticos, suplementos nutricionales y productos alimenticios enriquecidos, así como su distribución, que es cada vez mayor.

Las luchas para defender el derecho humano a la alimentación y a la nutrición no sólo pretenden satisfacer el hambre y las necesidades nutricionales, sino nutrirnos a nosotros mismos y a los demás, familia, amigos e incluso extraños, para afianzarnos en nosotros mismos e influir los unos en los otros como seres humanos en nuestras dimensiones física, intelectual, psicológica y espiritual. No en vano todas las festividades familiares y comunitarias, así como numerosos rituales espirituales, implican actos de preparación y comunión con la comida. Al hacerlo, nos afianzamos en nuestra identidad y diversidad cultural, en el contexto de la universalidad del ser humano, y alcanzamos nuestra soberanía alimentaria.

Destacados 2

El control corporativo de los espacios políticos sobre alimentación y nutrición

Las políticas de desregulación de las últimas décadas han provocado una inmensa concentración de poder corporativo en los sistemas alimentarios globales [Véase la Declaración de Berna y EcoNexus (2013) ‘Agropolio: unas pocas corporaciones controlan la producción mundial de alimentos’ (en inglés)] y han consolidado la influencia de las corporaciones sobre el diseño de políticas públicas, a nivel tanto nacional como internacional, desmantelando así la capacidad de las comunidades y las familias de transformar la naturaleza y los alimentos en bienestar nutricional y salud. Bajo el paraguas de las asociaciones público-privadas (APP) y de las iniciativas de múltiples interesados, las corporaciones privadas están asumiendo un papel cada vez más destacado en el diseño de políticas públicas, por lo que están asumiendo las funciones de los gobiernos electos, dinamitando el núcleo mismo de la gobernanza democrática. Esta nueva tendencia tiene graves repercusiones para la soberanía alimentaria. De hecho, las políticas e intervenciones centradas en la alimentación y la nutrición están cada vez más orientadas a la búsqueda de beneficios económicos de las empresas y sus accionistas, en lugar de centrarse en las necesidades fisiológicas y nutricionales de la población general y, más específicamente, de las comunidades afectadas por el hambre y la malnutrición, que están quedando aún más marginadas.

El Foro Económico Mundial publicó en 2010 el informe final de su iniciativa Global Redesign Initiative (GRI) [Véase el documento «Readers’ Guide to the Global Redesign Initiative» (en inglés) de la Universidad de Massachusetts, que resume las propuestas clave del WEF], en la que propone una reestructuración radical de la gobernanza global, enfocada hacia una organización de múltiples partes interesadas en donde las corporaciones participen en las negociaciones y los procesos de toma de decisiones junto con los representantes gubernamentales. Aunque esto pueda sonar ilusorio, es por desgracia una realidad: las cuestiones sanitarias y de nutrición están en la primera línea de la absorción de poder que están efectuando las corporaciones de los espacios de gobernanza pública. Según la propuesta de la GRI, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sería sustituida por una «Iniciativa de reforma global de la alimentación, la agricultura y la nutrición» que funcionaría bajo una supervisión conjunta tanto estatal como no estatal.

En 2008, el Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN del nombre en inglés), el organismo de coordinación de políticas y programas sobre nutrición de la ONU, quedo prácticamente paralizado dado que aplicaba una política relativamente fuerte de asociación con el sector privado, y los colectivos de la sociedad civil se resistían a incluir al sector privado como interlocutor. Al mismo tiempo, los mismos agentes que habían presionado (sin éxito) a favor de la participación del sector privado en el SCN –y que posteriormente fueron los primeros en desacreditarlo y agotar todas sus vías de financiación–, comenzaron a promover una nueva iniciativa de alcance global, denominada «Scaling up Nutrition» (SUN). Al contrario que el SCN, que debe rendir cuentas a los gobiernos, la SUN abre las puertas al sector privado para que pueda implicarse a fondo en la nutrición, en consonancia con la visión de la GRI. Entre los miembros de la SUN (incluidos los de su grupo directivo) hay grandes corporaciones trasnacionales de alimentos y bebidas, así como agronegocios [Entre las compañías que participan en SUN están PepsiCo, Mars, Unilever, Syngenta y BASF], algunos de los cuales ya han estado implicados en violaciones de derechos humanos y son conocidos por su reticencia ante las normativas en materia de salud pública.

La participación de las corporaciones privadas en la gestión pública de la alimentación y la nutrición, mediante APP como la SUN, supone una amenaza real para la soberanía alimentaria. Introduce un sesgo a favor de soluciones técnicas, artificiales y basadas en productos, como por ejemplo productos alimenticios terapéuticos y enriquecidos, cultivos genéticamente modificados y suplementos nutricionales, y desvía la atención de los determinantes sociales y las violaciones de derechos humanos que subyacen tras el hambre y la malnutrición. Además, se está haciendo oídos sordos al papel que desempeñan las corporaciones en la generación del hambre y de la desnutrición a través de campañas de marketing inadecuadas, como las de los sustitutos de leche materna o alimentos nocivos para la salud, políticas abusivas de contratación y mano de obra, acaparamiento de tierras y recursos, polución y destrucción de ecosistemas y biodiversidad, etc., y tampoco se está prestando atención a la necesidad urgente de adoptar normativas vinculantes. Lo más importante de todo, sin embargo, es que esta absorción corporativa de los espacios de gobernanza sobre alimentación y nutrición está teniendo repercusiones negativas sobre los ricos y complejos procesos socioculturales de alimentación y nutrición de comunidades individuales y familias de todo el mundo, puesto que se están fomentando unos métodos de producción insostenibles y se está agudizando el calentamiento global.

En noviembre del pasado año se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2). Durante los preparativos y durante la propia conferencia, se formó una amplia alianza entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil por la defensa de unas políticas e intervenciones en nutrición que pongan en primer lugar a las personas –en particular, a las comunidades afectadas y a los pequeños productores de alimentos– y estén basadas en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas en el marco de la soberanía alimentaria, la indivisibilidad de los derechos, y los derechos de las mujeres y los niños [Las declaraciones de la sociedad civil y los movimientos sociales antes y durante la ICN2]. Esta alianza hizo un llamamiento a los estados para que pongan en marcha un mecanismo de gobernanza coherente, que permita realizar seguimientos y garantice la responsabilidad frente a las obligaciones y los compromisos de los propios estados en materia de nutrición, al tiempo que impliquen de forma significativa a la sociedad civil, y más concretamente, a los grupos afectados por cualquier forma de malnutrición. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) debe desempeñar un papel fundamental en esto, asegurándose de que las políticas de seguridad alimentaria y nutrición sean coherentes, y se le instó a que integrase por completo la nutrición en su plan de trabajo. Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil expresaron con rotundidad su oposición a que el sector privado participe en el diseño de políticas sobre alimentación y nutrición, y exigieron la adopción de fuertes salvaguardias contra conflictos de intereses para cualquier forma de relación con el sector privado.

A principios de este año, algunos actores se propusieron lograr que la SUN tuviera un papel preponderante en el CFS, ya que el organismo está analizando la función que desempeñará en el futuro para el fomento de la nutrición. En respuesta a dichas actuaciones, el grupo de trabajo sobre nutrición del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) ha exigido que se establezca un proceso participativo, transparente e informado dentro del CFS para debatir su implicación en materia de nutrición. El mes pasado, el grupo de trabajo del Programa de Trabajo Multianual (MYPOW) tomó la decisión de que la nutrición pasará a ser un importante eje de trabajo del CFS en los próximos años, y que se establecerá un grupo de trabajo de composición abierta sobre nutrición.

Nos encontramos en un momento crítico para que la nutrición adquiera un papel aún más sólido en el CFS, y para establecer un organismo global armonizador que garantice la coherencia entre políticas en los distintos sectores, amparando el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. No obstante, para que esto ocurra el CFS debe desarrollar salvaguardias adecuadas que protejan su espacio de diseño de políticas frente a la influencia indebida de las corporaciones. Por lo tanto, resulta fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, a través de la lente de la soberanía alimentaria, pongan sobre la mesa la dimensión del poder en los debates sobre gobernanza en materia de alimentación y nutrición, aboguen por reforzar las salvaguardias frente a conflictos de intereses en el CFS y se mantengan alerta y supervisen de cerca los pasos que se vayan dando dentro del CFS y fuera de él sobre nutrición, luchando contra la captura de este espacio vital por las corporaciones y evitando que la nutrición se desvincule aún más de la alimentación, los seres humanos y la naturaleza.

Boletín núm. 22 – Editorial

Nutrición y soberanía alimentaria

Ilustración: Alapinta crew in Paris

Esta edición del boletín Nyéléni se centra en la nutrición como elemento fundamental del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, en el marco de la soberanía alimentaria. Pone en primer plano la fragmentación artificial de los alimentos y la nutrición, así como los intentos del sector privado de acaparar los espacios de desarrollo de políticas en materia de nutrición. Sus autores describen el impacto que ejerce todo esto sobre la nutrición de las personas y las iniciativas que están llevando a cabo las comunidades como medidas de resistencia y para construir sistemas alimentarios alternativos.

La nutrición humana hace referencia a la interacción entre los alimentos y el cuerpo humano, así como a la salud y al bienestar resultantes para la persona. Las mejores fuentes de nutrición continúan siendo la lactancia materna y los alimentos tradicionales, ricos y diversificados, que han desarrollado las distintas culturas a lo largo de la historia. La nutrición es sólo una de las dimensiones de la alimentación vinculada a la salud humana. El mejor modo de garantizar una nutrición adecuada es mediante dietas equilibradas, seguras y diversificadas, basadas en productos frescos locales, de producción agroecológica, y preparadas de acuerdo con las prácticas culturales. La nutrición no puede entenderse como algo ajeno a los alimentos, los modelos productivos, los sistemas alimentarios o las prácticas alimentarias.

La malnutrición en todas sus formas, incluida la obesidad, es el resultado de la pobreza, del hambre, de la carencia y la monotonía en las dietas, así como del consumo de productos ultraprocesados. La intervenciones puntuales en la nutrición pueden resultar fundamentales a la hora de revertir casos extremos y prevenir la malnutrición; sin embargo, los suplementos alimenticios o intervenciones similares no pueden sustituir el acceso regular a una dieta adecuada, sana y compuesta de productos locales, que permita controlar los recursos productivos y garantice unos sueldos adecuados, protección social, no discriminación, fomento de los derechos de las mujeres y sistemas alimentarios basados en los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria.

Flavio Luiz Schiek Valente, FIAN International

Voces desde el campo

Voces desde el campo 1

Dominion Farms, acaparamiento de tierras en Nigeria

Los agricultores del estado nigeriano de Taraba están siendo forzados a dejar las tierras que llevan trabajando desde hace generaciones, para dejar espacio a la empresa estadounidense Dominion Farms, que tiene previsto establecer una plantación de arroz de 30.000 hectáreas. El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno nigeriano y de la Nueva alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición en África, perteneciente al G8.

Las tierras que están siendo cedidas a Dominion Farms forman parte de un plan de riego público del que dependen miles de familias para subsistir y poder cubrir sus necesidades alimentarias. No se ha consultado a la población local acerca del acuerdo con Dominion Farms y, aunque la empresa ya ha comenzado a ocupar las tierras, hay una desinformación total sobre si existirán planes de compensación o reasentamiento. La población local se opone al proyecto de Dominion Farms. Quieren recuperar sus tierras para poder continuar produciendo alimentos para sus familias y para el pueblo de Nigeria (…). A continuación citamos las palabras de agricultores locales, en sus intervenciones en reuniones con ERA y CEED en la comunidad de Gassol:

 “Nos alegramos cuando supimos de la llegada de Dominion Farms, sin saber que esto respondía al interés egoísta de algunos miembros del estado, del gobierno federal y de la persona extranjera que está a cargo de Dominion Farms. Nuestra tierra es muy rica y buena. (..)Sin embargo, desde que llegó Dominion Farms con su gente, su maquinaria y sus equipos de trabajo, nos pidieron que dejásemos de trabajar la  tierra, e incluso que las abandonásemos, ya que estas tierras se han donado íntegramente al proyecto Dominion Farms. (…)” – Mallam Danladi K Jallo

“Somos una sola voz contra Dominion Farms porque nos oponemos a sus actividades. Tenemos caladeros de pesca que heredamos de nuestros antepasados en esas tierras, pero Dominion Farms ha dicho que va a rellenar de arena todos ellos para darles más espacio a sus cultivos. Cuando comenzaron a trabajar la tierra, vinieron con personal de seguridad, que había recibido la orden de Dominion Farms de desahuciar a cualquier agricultor que estuviese trabajando en sus tierras”.– Alhaji Mairiga Musa

“No apoyamos un sistema agrario y productivo extranjero del que no tenemos conocimiento. Han venido a cultivar. La única historia que oímos es que nos han quitado nuestra tierra y que se la darán a otros. No se nos ha incluido a ningún nivel del proceso. Por el futuro y por nuestros hijos, pedimos a las autoridades gubernamentales que soliciten a Dominion Farms que se marchen de nuestras tierras”. – Rebecca Sule (Mama Tina)

Environmental Rights Action (ERA), Amigos de la Tierra Nigeria, Centro de Educación y Desarrollo Medioambiental (CEED). Consulta el artículo completo y el informe (en inglés).

Voces desde el campo 2

Cuidando nuestros territorios tradicionales

Ninawá Inu Pareira Nunes, líder indígena del pueblo Huni Kui del estado de Acre, al norte de Brasil (región del Amazonas)

“Dios” creó todo lo que existe y le dio la vida. En nuestro planeta Tierra existen muchas vidas humanas, animales y vegetales, con muchísimas especificidades y diversidad de interrelaciones; sin embargo, Dios creó algo común a todos estos seres vivos: el territorio y las tradiciones.

Nosotros, los pueblos “indígenas”, tenemos numerosas costumbres, creencias y tradiciones que están directamente relacionadas con los bosques, el aire, el agua, la tierra y el sol, en una única relación cosmológica y espiritual que es a la vez profunda y respetuosa. Para nosotros, la tierra tiene un significado de sostenibilidad espiritual de las costumbres que expresan nuestra identidad, que consideramos vital y esencial para la reproducción física, espiritual y cultural de nuestras generaciones futuras.

Desde tiempos inmemoriales, nosotros  los pueblos “indígenas” desempeñamos un papel fundamental y estratégico en la protección de la Madre Tierra, al contener la deforestación, conservar los bosques y la biodiversidad, así como mantener otras riquezas de nuestros territorios, que son el sustento de nuestras y otras comunidades. Dependemos de ellos para nuestra subsistencia, independientemente de nuestra situación financiera, académica y tecnológica. Todo esto es posible gracias a nuestros conocimientos ancestrales.

Actualmente, la tecnología está forzando la introducción de cambios en nuestra tradición, para garantizar un modelo de desarrollo perverso y destructivo. Sin embargo, para nuestro pueblo Huni Kui, esto es un grave error de los gobiernos. Tenemos pruebas reales de que se puede vivir sin tecnología destructiva, se puede cuidar del medio ambiente de cada ser vivo en relación con sus especificidades, creando sostenibilidades concretas, y creemos que otras comunidades tradicionales también comparten esta idea.

Para nosotros, el territorio tradicional de los Huni Kui es una garantía 100% de nuestras vidas, que conseguimos a través de la seguridad alimentaria de formas tradicionales: obtenemos comida de los ríos, lagos y arroyos, caza de los bosques, patatas y otras verduras saludables, lo que difiere radicalmente de los modos de producción tecnológica, donde el 70% del alimento contiene agrotoxinas. Mediante nuestros rituales tradicionales, podemos curar sin intervención científica/tecnológica, a diferencia de los fármacos de laboratorio, que dicen que curan enfermedades pero provocan problemas en otras partes del cuerpo. Hemos vivido todo esto generación tras generación.

Por ello, tenemos que mantener nuestros territorios tradicionales como el entorno donde se desarrollan nuestras relaciones materiales y espirituales con la tierra y con nuestra madre, porque ellas producen todo lo que nos sustenta, de forma armoniosa con los bosques y animales, manteniendo el equilibrio medioambiental, como el aire que se respira en todo el mundo. Se puede vivir en un mundo mejor, sin destruir la naturaleza ni nuestras tradiciones. Una persona indígena sin territorio se queda sin tradiciones.

Cuadros

Cuadro 1

Cuatro leyes para los pobres en Tailandia

Subir a las redes sociales una foto de cuatro dedos con el dorso de la mano es un signo de solidaridad con la campaña Cuatro leyes para los pobres. La campaña comenzó en 2008 como respuesta a la concentración continuada de tierras en Tailandia. Según los datos de 2014, el 62% de las tierras privadas del país son propiedad de tan sólo el 10% de la población. La mayor tenencia de tierras por parte de un solo individuo es de 631.263 rai (101.000 hectáreas). Mientras que cerca de 750.000 familias rurales no poseen tierras en absoluto, el 70% de las tierras en propiedad privada son tierras ociosas.

La campaña Cuatro leyes para los pobres pretende abordar las disparidades en la propiedad de las tierras y los problemas a los que se enfrentan los pueblos marginalizados para acceder a la tierra. Los objetivos clave de la campaña son conseguir que cuatro propuestas de ley iniciadas por movimientos sociales se transformen en leyes y se implementen, para poder dar respuesta a estas cuestiones de tierra y justicia, que llevan existiendo desde hace mucho. La campaña está obteniendo mucho apoyo público a través de las redes sociales y de eventos públicos. Según la constitución de Tailandia, los ciudadanos tienen derecho a presentar una propuesta de ley ante el parlamento y que ésta se transforme en ley si recibe un mínimo de 50.000 firmas. Las cuatro propuestas de ley son las siguientes:

1. Propuesta de ley para un impuesto progresivo sobre las tierras: esta propuesta impondrá distintas tasas impositivas a las tierras (especialmente altas sobre las tierras ociosas) para fomentar un uso eficiente de las tierras y evitar la concentración de estas. A quienes sean propietarios de muchas tierras se les inducirá a utilizarlas o a vender las que tengan en exceso para evitar esta carga impositiva.

2. Propuesta de ley para un banco público de tierras: el banco público de tierras permitirá acceder a la tierra a individuos y campesinos sin tierra a través del alquiler o la compra a un interés muy bajo, para proporcionarle subsistencia y posibilidad de asentamiento. Parte de los fondos recaudados mediante el impuesto progresivo y otros soportes financieros del estado se utilizarán para poner en funcionamiento este banco público de tierras. El banco de tierras también servirá de fondo comunitario para la tenencia y la gestión colectivas de las tierras y los recursos naturales.

3. Propuesta de ley por los derechos de gestión comunitaria de las tierras y los recursos naturales: esta propuesta proporcionará reconocimiento legal de los derechos colectivos a las tierras y los recursos naturales, tanto desde la gestión como desde la propiedad. También establecerá una infraestructura legal para que las comunidades puedan iniciar litigios de acción popular contra agentes estatales y no estatales, y determinar qué roles/responsabilidades debe cumplir el estado para respaldar los derechos colectivos de las comunidades.

4. Propuesta de ley para un fondo de justicia: desde que el estado de Tailandia declaró que las tierras ocupadas y habitadas originalmente por pueblos rurales son ahora «reservas forestales», el número de personas acusadas de invadir estas tierras ha ido en aumento. Esta propuesta de ley establecerá un fondo para dar apoyo económico a las personas y comunidades que se enfrenten a estas acusaciones penales. El fondo cubrirá las costas de los procedimientos/batallas legales como fianzas, costas judiciales, etc.

Las cuatro propuestas de ley están claramente interconectadas: abordarán las desigualdades sobre el acceso a la tierra y darán respuesta a las necesidades de los pueblos rurales, tanto urgentes como de larga duración. La campaña Cuatro leyes para los pobres, una de las mayores campañas que se han realizado en Tailandia sobre los problemas relacionados con la tierra, está encabezada y apoyada por distintos movimientos sociales, organizaciones comunitarias y redes de sin tierra de diferentes regiones del país.

Cuadro 2

Red Reclaim the Fields (Reclama los campos) en Europa

Reclaim the Fields (RtF) es una constelación de personas y proyectos colectivos que desea volver a tomar el control sobre la producción de alimentos. Nuestro objetivo es crear alternativas al capitalismo mediante una producción cooperativa, colectiva, autónoma, a pequeña escala y orientada a necesidades reales; en definitiva, poner la teoría en práctica.

Un rol muy importante de la red RtF es vincular la acción práctica de los distintos grupos a nivel local con las luchas políticas globales. Un tema clave en el que estamos trabajando es la cuestión del acceso a la tierra. Actualmente, la red está distribuida por Europa e incluye una gran variedad de enfoques, dese granjas colectivas, ocupaciones de tierras o campamentos de protesta hasta proyectos de agricultura urbana, activismo anti-transgénicos, etc. Al estar conectadas dentro de una red europea, estas iniciativas locales pueden compartir ideas y experiencias, recibir más atención pública en acciones concertadas y apoyarse directamente las unas a las otras.

En la actualidad, los procesos de acaparamiento de tierras (que se están produciendo en Europa al igual que en otras partes del mundo) están poniendo cada vez más tierras bajo el control de los intereses de la acumulación de capital. Las personas y los proyectos implicados en la red RtF están oponiendo resistencia a estas prácticas de acaparamiento de tierras en muchos lugares y emplazamientos distintos, empleando diferentes estrategias. Un ejemplo muy conocido que se llevó a cabo con éxito fue la ocupación y defensa de tierras agrícolas y bosques en Notre-Dame de Landes. El plan de construcción de un aeropuerto por parte de la empresa Vinci se pudo evitar gracias a la decidida resistencia de agricultores locales y activistas. Ahora, muchos jóvenes se han mudado a esta zona, a la que llaman «la ZAD», y distintos colectivos han comenzado a dar nueva vida a las granjas abandonadas y están cultivando alimentos.

La reunión anual de la red RtF, que este año se celebró en enero en Nottingham (Reino Unido), estableció una plataforma para que los y las activistas entablasen debates teóricos y reorganizasen el trabajo por temas en distintos grupos de trabajo. Para el año próximo, se ha planificado la organización de un campamento RtF en el Reino Unido, en la zona donde hay planificada la construcción de una nueva mega-cárcel. Los campamentos RtF ofrecen todo un programa de talleres y suelen ser un lugar donde compartir ideas con un público más amplio y donde apoyar las luchas locales de la región. Además, algunos miembros de la red RtF están planificando un viaje a Grecia para vincularse con distintos proyectos. Estos ejemplos demuestran que consideramos importante crear alianzas con otros movimientos sociales, porque en el intento de (re)tomar el control sobre nuestras vidas, la agricultura es sólo uno de muchos aspectos (aunque muy importante).

Se puede encontrar más información sobre la red y los grupos implicados en la web www.reclaimedfields.org, o escribiendo un correo electrónico a contact@reclaimthefields.org.

Cuadro 3

El paradigma Bukittinggi*: hacia una revolución agraria

La reforma agraria y acuática del siglo XXI deben ser las luchas por la justicia, que democraticen las estructuras agrarias y creen nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, incorporando el espacio, el territorio, el agua y la biodiversidad. Para contrarrestar la destrucción provocada por décadas de neoliberalismo, las nuevas reformas agrarias y acuáticas deben ser revolucionarias y transformadoras, terminar con la concentración de tierras y recursos, y resistir la contrarreforma agraria. Entre los elementos de esta visión se incluyen:

Soberanía alimentaria: una reforma agraria y acuática debe fundarse sobre los principios de la soberanía alimentaria, y debe tener como pilar central el concepto de territorio. La soberanía alimentaria exige que los y las campesinas, pescadoras, pastoras, trabajadoras y pueblos indígenas puedan acceder con seguridad y controlar las tierras agrícolas, las semillas, las razas animales, los bosques, los pastos, las rutas migratorias, las zonas pesqueras, las masas de agua, los mares, costas y ecosistemas. No puede llevarse a cabo sin soberanía sobre las tierras y los recursos, y sin los derechos de los productores de alimentos a gobernar sus territorios/dominios, incluidas sus costumbres, normas y acuerdos para proteger, utilizar y compartir los dominios más allá de las fronteras geopolíticas.

Redistribución del poder: la expropiación y distribución de tierras privadas que no cumplen un objetivo social a familias sin tierra o con tierras empbrecidas que no permitan vivir de ellas, el objetivo general de la redistribución es redistribuir el poder y alterar las relaciones de poder para favorecer a los pequeños productores de alimentos, a sus organizaciones y a sus movimientos. Una distribución tal no puede realizarse mediante mecanismos de mercado. La reforma agraria debe equilibrar las prioridades de los y las campesinas, agricultoras familiares, pescadoras, pastoras, personas sin tierra, pueblos indígenas y otras comunidades rurales, haciendo hincapié en las necesidades particulares de las mujeres y de los y las jóvenes.

El derecho a los recursos, al territorio y a la autodeterminación: las reformas agrarias y acuáticas deben garantizar a los pueblos rurales el acceso seguro y el control sobre sus tierras y territorios, restituir el orgullo de la identidad y la dignidad de las mujeres y de los pueblos campesinos, indígenas, pescadores, pastores y trabajadores. Deben respetar los derechos de la Madre Tierra, las cosmovisiones de las distintas culturas, así como la autonomía local y el gobierno en igualdad de derechos para mujeres y hombres. Las comunidades de productores de alimentos deberían poder tomar decisiones sobre el uso, la gestión y la conservación de sus tierras, territorios y recursos, dando prioridad a los derechos de las mujeres, los y las jóvenes y los grupos que han sido marginados históricamente.

Defensa de la tierra y los territorios: todas las medidas posibles (legales, normativas y de acción directa) deben utilizarse para defender las tierras, el agua, los territorios, los minerales y la biodiversidad frente a las expropiaciones, las parcelaciones capitalistas, la mercantilización y la destrucción. La tierra y el territorio se deben defender como una riqueza social/colectiva, no simplemente como propiedad individual, al mismo tiempo que se respetan y se defienden los derechos de la Madre Tierra. La especulación con tierras debe estar prohibida, y se debe evitar que el estado y las corporaciones privadas puedan adquirir grandes extensiones de tierras. En esto se incluyen los títulos comunitarios/colectivos para evitar que las parcelaciones de tierras individuales puedan entrar en el mercado, la oposición a los mecanismos de mercado para gobernar las tierras, las contra-parcelaciones como ocupaciones de tierras y movilizaciones en espacios públicos y foros para conseguir respaldo popular para nuestras luchas.

Abordar la pobreza, el desempleo, el hambre y la migración económica: la reforma agraria debe crear unas condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de la mayoría y reconstruir las economías rurales, como por ejemplo, con un suministro público de servicios asequibles, accesibles y de calidad para la salud, la educación, la electricidad, el agua y el saneamiento, el transporte, el ocio, el crédito, los bancos, los mercados, etc. También debe invertir la migración económica de los pueblos rurales, permitiendo la reinserción de los y las campesinas de nuevo en sus tierras y garantizando el futuro para los y las jóvenes en el campo.

Soberanía sobre la tierra rural/urbana: una nueva visión debe abordar la realidad de las zonas urbanas respecto a la tierra, el agua, la vivienda, los alimentos y los servicios básicos. Las mismas fuerzas del capital especulativo que impulsan el acaparamiento de tierras en zonas rurales son las responsables de la especulación inmobiliaria que provoca desahucios masivos de los desfavorecidos de zonas urbanas. Una alianza fuerte rural/urbana para resistir frente a enemigos comunes requiere la reconstrucción de la interdependencia entre productores y consumidores, así como la revisión de los conceptos de justicia social, económica, política y medioambiental.

Modelos de producción, distribución y consumo: deben estar alejados de todo afán explotador, deben ser responsables desde el punto de vista medioambiental y deben desacelerar el cambio climático. La política energética es especialmente importante, ya que la tierra, los bosques, los ríos, los mares y los fondos marinos están siendo capturados para alimentar unas industrias y unos estilos de vida que consumen mucha energía. Los modelos de producción deberían empoderar y enriquecer a los pequeños productores de alimentos, no forzarlos a entrar en deudas-trampa o cadenas de valor sobre las que no tienen ningún control. Los modelos de producción y distribución deberían basarse en la soberanía alimentaria y la agroecología, y apoyar la recuperación de las semillas y razas autóctonas, la captación de aguas, las energías renovables generadas localmente, la reavivación de alimentos tradicionales y la reconstrucción de los sistemas alimentarios locales.

Paz, justicia y dignidad: la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la defensa de la tierra y los territorios son las luchas por la paz, la justicia, la dignidad y la vida. Una nueva reforma agraria debe movilizar fuerzas para poner fin a las ocupaciones de tierras y territorios por parte de estados, ejércitos y corporaciones, debe oponerse a la guerra y la militarización de nuestros sistemas económicos, y debe cuestionar la criminalización a la que están siendo sometidas nuestras luchas.

Para leer la síntesis completa de Bukit Tinggi, incluidos los pasos para poner en marcha la «visión», consultar Keeping Land Local, capítulo 9 (en inglés).

* La reunión internacional «Reforma agraria y la defensa de la tierra y el territorio en el siglo XXI, el reto y el futuro» fue organizada por La Vía Campesina y la Campaña global por la reforma agraria (GCAR) para debatir la coyuntura global e identificar elementos clave para una estrategia común por la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra y los territorios. Más de 150 representantes de organizaciones campesinas, de pescadores, de pueblos indígenas, de jóvenes, de mujeres, de trabajadores/as sin tierra, de derechos humanos y de investigación participaron en la reunión, que se celebró en Bukit Tinggi (Sumatra Occidental, Indonesia) del 10 al 13 de julio de 2012.

Destacados

Destacados 1

Recursos naturales y soberanía alimentaria

La defensa y la lucha por nuestros derechos a la tierra, el agua, las semillas, las razas, los caladeros, los bosques, los océanos y todos los recursos naturales que necesitamos para poder alimentarnos con dignidad, tanto nosotros mismos como nuestras comunidades, están en el centro de la Soberanía Alimentaria.

Pero ¿cómo podemos defender nuestros derechos a los recursos y luchar por ellos, frente a potentes inversores nacionales y trasnacionales, regímenes injustos de comercio e inversiones, mercantilización de los recursos naturales, la descarada coopción de los estados por capital trasnacional, o frente a la militarización, la violencia y la criminalización de quienes defienden sus derechos a los recursos? ¿Cuál es el rol de la policía y de los tribunales en estos casos?
Estas preguntas no tienen una respuesta sencilla. El contexto importa, y mucho. Lo que funciona en un lugar o una situación no tiene por qué funcionar necesariamente en otras. Sin embargo, tenemos algunas ideas que pensamos que son útiles para compartirlas, reflexionar sobre ellas y continuar desarrollándolas.

La ley es uno de los medios por excelencia de ejercicio del poder. Cualquier movimiento popular que intente cambiar las relaciones de poder no podrá evitar enfrentarse a cuestiones legales para desafiar leyes, políticas y prácticas injustas e ilegítimas, así como para crear órdenes normativos y legales alternativos que resultan fundamentales para iniciar/consolidar contrapoderes. Para los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria, la cuestión no es si se deben seguir o no estrategias legales, sino qué estrategias legales seguir.

El marco de los derechos humanos desempeña aquí un papel fundamental, especialmente a la hora de cuestionar los marcos legales internacionales que no respetan a los pobres de las zonas rurales (ya se trate de regímenes comerciales, de inversión, medioambientales o de seguridad) ni defienden a las comunidades locales frente a los abusos de actores internacionales. Un derecho humano es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación por sexo, origen, raza, lugar de residencia, religión o cualquier otro estado. Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles e interrelacionados, y su objetivo es proteger la dignidad humana. Tienen su origen en las necesidades y aspiraciones de la gente corriente, expresan valores éticos y morales universales, y empoderan a cada ser humano, a sus comunidades y a sus pueblos, para ejercer sus derechos y demandas legales ante sus gobiernos y ante los de otros países. La resistencia a la opresión se encuentra en el núcleo de los derechos humanos. Los derechos humanos se dirigen de forma explícita a los desequilibrios de poder y cuestionan la legitimidad de los poderosos.


Las formas de emplear el marco de los derechos humanos son muy diversas y dependen de factores contextuales. Algunos grupos activistas y movimientos sociales emplean los derechos humanos y la legislación nacional en estrategias defensivas para proteger a sus miembros de abusos graves como la persecución, el acoso, las detenciones arbitrarias, los desahucios forzados violentos y la destrucción de cultivos, animales e infraestructuras agrícolas. En tales situaciones, recurrir a los derechos humanos o a los derechos fundamentales recogidos por las constituciones nacionales puede salvar vidas y ofrecer vías de acción que reciban el apoyo de otros sectores de la sociedad frente a la represión gubernamental.

Otros grupos y movimientos emplean los derechos humanos y constitucionales, así como políticas nacionales y leyes que apoyan estos derechos, para concienciar a sus miembros sobre sus derechos, y así poder devolverles la confianza en sí mismos, la dignidad y el convencimiento de que es legítimo resistir a la opresión. La concienciación es crucial para movilizar y organizar a las personas para que defiendan sus derechos. En otras ocasiones, una estrategia legal forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es cambiar el modo en que se presentan los conflictos sobre los recursos y cómo percibe la sociedad estos conflictos. Combinan acciones directas y acciones de desobediencia legal (como ocupar tierras o entorpecer la construcción de los así llamados «proyectos de desarrollo») junto con la presentación de casos ante tribunales o autoridades legales.

Los derechos humanos también se pueden ejercer para desafiar políticas y leyes ilegítimas como los marcos legales de muchos países que favorecen a las grandes empresas, así como para apoyar las propuestas alternativas de los pueblos sobre políticas y leyes, abriendo espacios para un diálogo político centrado en las vidas de los pueblos.

Sin duda, los tratados de derechos humanos, las constituciones nacionales, las leyes y las políticas que apoyan los derechos de las personas no son de aplicación automática. Tienen siempre que ser reclamados por los pueblos. Hasta ahora, las movilizaciones populares sobre el terreno siguen siendo la forma más importante de responsabilidad en materia de derechos humanos. Los instrumentos internacionales de «leyes blandas» sobre derechos humanos, como las Directrices sobre gobernación responsable de la tenencia de tierras, caladeros de pesca y bosques, pueden entrar en vigor cuando los movimientos sociales se las apropien, las reclamen, las supervisen y las implementen por su cuenta. Los instrumentos de «leyes blandas» pueden convertirse en herramientas poderosas para transmitir el desacuerdo y la resistencia frente a regímenes legales destructivos (como el comercio y las inversiones) y sentar las bases de un diseño de políticas alternativo.

Destacados 2

Iniciativas para el respeto y la defensa del agua

El 28 de julio de 2010, en un movimiento inesperado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso la Resolución sobre el derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución de la ONU 64/292). Esta resolución, copatrocinada por 74 estados, destaca la importancia del derecho a un agua potable y un saneamiento seguros y limpios, como derecho humano esencial para el disfrute completo de la vida y de todos los derechos humanos. Tras la presión ejercida por la sociedad civil y los movimientos globales de justicia por el agua, su adopción se aceleró a raíz de la institucionalización del derecho humano al agua y el saneamiento dentro de las constituciones de algunos países de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay y El Salvador.

Al menos 165 estados han firmado diversas declaraciones que reconocen el derecho al agua, entre ellos miembros del Movimiento de los Países No Alineados y el Consejo Europeo. La creación del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento fue otro paso en positivo hacia el respeto y la defensa del agua. La primera Relatora Especial, Catarina de Albuquerque, desarrolló distintas herramientas para implementar este derecho.
Los agentes estatales, la sociedad civil y las comunidades también han iniciado acciones para defender, proteger y conservar el agua como un derecho, un bien público y un bien colectivo. Un ejemplo de ello es asignar y gestionar de forma pública y comunitaria los servicios de suministro de agua, para contrarrestar la mercantilización y privatización de éste y promover opciones viables, medioambientalmente sostenibles y que favorezcan a los pobres, para las poblaciones del mundo que carecen de acceso al agua.

Entre estas acciones se encuentran las asociaciones público-públicas (PuP), las asociaciones público-comunitarias y las asociaciones comunitario-comunitarias, que son asociaciones sin ánimo de lucro y de beneficio mutuo entre operadores públicos de gestión de aguas, comunidades locales, sindicatos y otros grupos socio-económicos. Estas asociaciones democráticas tienen por objetivo «vincular a los operadores públicos de gestión de aguas y a distintos grupos, de manera no lucrativa, para fortalecer la gestión y la capacidad técnica».

En contraposición con las asociaciones público-privadas (PPP), las PuP presenta un modo innovador y práctico de compartir los conocimientos técnicos y experiencia de los gestores públicos de aguas para difundir buenas prácticas e ideas sobre gestión de aguas, como por ejemplo garantizar el suministro de agua a comunidades urbanas empobrecidas, respetar los derechos de los trabajadores, adoptar estándares laborales fundamentales y permitir la participación de los consumidores en la determinación de precios del agua. Las PuP también piden que se proporcione el apoyo social y político necesario para esta cooperación mutua.

Otro modelo innovador es la protección de cuencas aguas arriba y aguas abajo. En Filipinas, distintas organizaciones cívicas y servicios públicos de aguas han permitido que las comunidades locales puedan gestionar y mantener fuentes de agua para las ciudades. Los servicios públicos invierten directamente en prácticas agrícolas agroecológicas y en la subsistencia de las comunidades, siguiendo la idea de que «un buen medio ambiente producirá una buena agua». Estos modelos de protección de cuencas y de suministro de servicios de aguas son muy diversos entre sí, puesto que dependen de las condiciones concretas de cada zona en particular. Y lo que es más importante, estos modelos promueven una nueva visión de la gestión del agua[[Para conocer más ejemplos, consultar la publicación de Buenaventura Dargantes, Mary Ann Manahan, Daniel Moss y V. Suresh: « Water, Commons, Water Citizenship and Water Security » (Agua, bienes colectivos, ciudadanía del agua y seguridad del agua, publicado en inglés) que restablece el agua como un bien colectivo y convierte la gobernabilidad del agua en un factor de democratización y justicia social y ecológica.

Los derechos sobre el agua (es decir, cómo usar, asignar y gestionar los recursos hídricos) afectan a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento, y también a una nueva visión de la gestión del agua. De forma global, los derechos sobre el agua se han utilizado como herramienta política para detener el acaparamiento de aguas por parte de las grandes corporaciones, así como para cuestionar la minería, la fractura hidráulica y otros instrumentos destructivos. Los grupos ciudadanos, los gobiernos locales y las comunidades afectadas se han organizado y han hecho campaña para proteger sus aguas de forma que sean potables, se utilicen para el riego y la agricultura y respeten su identidad. Entre estas acciones están, por ejemplo: la «Guerra del Agua» de Cochabamba, en 2000, que expulsó de Bolivia a Aguas del Turnari (una empresa mixta que incluía a Bechtel); Dow Chemical frente a Quebec y Lone Pine en Canadá, que protegen el agua frente a los pesticidas y la fractura hidráulica; El Salvador frente a Pac Rim, y el reciente caso de Infinito Gold frente a Costa Rica; y las comunidades de Plachimada (India) frente a Coca-Cola y Nestlé, que realizan una sobreextracción del agua y agotan las aguas subterráneas.

Boletín núm. 21 – Editorial

Derechos a los recursos naturales

leaf – An earth that nurishes Illustration@ Anna and Elena Balbusso

Mientras que el mundo va tambaleándose de crisis en crisis, el valor de la tierra, del agua, de los bosques, de los minerales y de otros recursos naturales como fuentes de creación de riqueza continúa en aumento. Quienes poseen vínculos muy arraigados con la tierra, el agua y los territorios, creen que la vida es la mayor riqueza y el mayor valor de la naturaleza, y las crisis nos demuestran que los seres humanos debemos vivir en simbiosis con la naturaleza. Para muchos, sin embargo, los recursos naturales son cosas que pueden parcelarse, empaquetarse, cambiarse, comprarse, venderse y comercializarse en mercados muy alejados de su ubicación original.

La expresión de los derechos a los recursos naturales refleja estas diferencias. Las corporaciones, las instituciones financieras y muchos gobiernos promueven la existencia de derechos comercializables mediante títulos de propiedad de tierras, derechos de comercialización de aguas, intercambio de emisiones, etc.

La mayoría de los gobiernos reconocen a quienes pueden pagar más como los titulares de derechos sobre tierras, agua, minerales y bosques. Para los y las campesinas, pescadoras, trabajadoras, pueblos indígenas y personas pobres, de zonas tanto urbanas como rurales, los derechos a los recursos y a la autodeterminación son reivindicaciones legítimas sobre tierras y ecosistemas que están muy arraigadas en el respeto a la naturaleza. La materialización de estos derechos es un requisito necesario para construir sistemas democráticos y de justo gobierno, que garanticen la paz y la armonía con la naturaleza.

Los artículos de esta edición reflejan las luchas de los distintos pueblos del mundo para garantizar y defender sus derechos a los recursos naturales y los derechos de la naturaleza. Las secciones 1 y 2 de Destacados ofrecen información valiosa sobre las herramientas que pueden emplearse para reforzar nuestras luchas, que deben incluir la defensa y la reivindicación de las nociones de derechos frente a la cooptación del mercado.

Shalmali Guttal, Focus on the Global South