Los boletines Nyéléni en español

El Boletín internacional Nyéléni es la voz del movimiento internacional por la Soberanía Alimentaria. Su objetivo principal es reforzar las bases del movimiento, proporcionando material accesible sobre temas clave y creando un espacio para que las personas y las organizaciones que participan en la lucha intercambien sus experiencias y compartan información.

Boletín núm. 9 – Editorial

Boletín núm. 09 - Acaparamiento de tierras

Acaparamiento de tierras

Ilustración: Anna Loveday-Brow

«Como estemos parados y plantados sobre nuestra tierra, determina la fuerza de los latidos del corazón de nuestros hijos y hijas.» Poolly Koutchak, Unalakleet, Alaska

En abril, el Banco Mundial está organizando de nuevo su conferencia anual sobre la tierra y la pobreza. Será un gran evento que reunirá a la burocracia internacional, representantes de gobiernos, académicos importantes, algunas ONGs y el sector privado. Bajo el título La gobernanza de la tierra es un entorno cambiante, debatirán, entre otros temas,
cómo abordar los desafíos de la gobernanza surgidos de la gran inversión agrícola.
Hablando en plata, cómo puede continuar el sector privado con la apropiación de las tierras y las aguas de los pueblos mientras pretenden que ayudan a los pobres.
También en abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevará a cabo un proceso de consulta sobre el mejor uso de los recursos naturales para impulsar los estándares de vida en países en desarrollo. El FMI busca volver a evaluar su asesoramiento político sobre el uso de recursos naturales en el desarrollo debido a la creciente importancia de los
recursos naturales en muchas economías. A pesar de las desastrosas consecuencias, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) continúan ejerciendo un mandato de facto en la gobernanza internacional de las tierras y los recursos naturales. Este es un papel totalmente ilegítimo. Un pequeño grupo de países ricos que defienden intereses
empresariales y financieros particulares junto con sus tecnócratas que piensan que pueden tomar decisiones sobre nuestras tierras y territorios.

Pero ya empiezan a desafiar este papel dominante: el 9 de marzo, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) completó las negociaciones intergubernamentales de las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Con
el éxito de estas negociaciones tras un proceso participativo de casi tres años, el CSA ha demostrado tener la capacidad de reunir negociaciones multilaterales con una participación social amplia para debatir y proponer soluciones a uno de los problemas más urgentes de nuestra época. Las directrices contienen puntos valiosos que ofrecerán ayuda en los esfuerzos de las organizaciones para asegurar el cuidado y el uso de los recursos
naturales para producir alimentos y ayudar a eliminar el hambre abordando las causas principales. El CSA es un nuevo espacio internacional con más normas democráticas que permite que las organizaciones populares desafíen las fórmulas y resoluciones de las IFI.

Éste es el primer paso para democratizar los procesos de toma de decisiones relacionadas con la alimentación y la agricultura a nivel internacional.
Abril también es el mes de las luchas campesinas internacionales. La Vía Campesina ha hecho un llamamiento a todos sus miembros y aliados, movimientos de pescadores, organizaciones de trabajadores agrícolas, grupos medioambientales, organizaciones de mujeres y movimientos de justicia social para ofrecer una resistencia popular masiva hacia el acaparamiento de tierras, el control corporativo sobre la tierra y los recursos naturales, y para defender la agricultura familiar a pequeña escala y la producción alimentaria como el modelo más sostenible social, económica y medioambientalmente en cuanto al uso de recursos y al asegurar el derecho a la alimentación a todos y todas. ¡Pasemos a la acción!

Sofia Monsalve, FIAN Internacional

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Acaparamiento de tierras, núm. 9

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Cuadros

Boletín núm. 17 - Juventud y agricultura

Cuadro 1

Formación agroecológica para la soberanía alimentaria

“Luchamos por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer”. Paulo Freire

Alimentando el pensamiento crítico

La inmensa mayoría de los jóvenes procedentes del medio rural se ven marginados en todos los aspectos del sistema educativo, y las escasas oportunidades de las que disponen para estudiar se dan en instituciones que reproducen la perspectiva transnacional de la agricultura, un modelo que va en contra de los intereses de las familias de pequeños agricultores. Mientras que las principales universidades continúan expidiendo títulos de lo que denominan “técnicos” o “ingenieros” que se dedican a promover el negocio agrícola, desde 2006 La Vía Campesina ha desarrollado experiencias únicas en formación agroecológica para hombres y mujeres jóvenes, campesinas y campesinos, indígenas, trabajadores rurales y otras personas excluidas por la sociedad, con el fin de que una nueva generación de activistas de la soberanía alimentaria pueda construir satisfactoriamente el sistema alimentario que necesitamos desesperadamente. Estos espacios son el resultado directo de la lucha social, surgidos tras esfuerzos ingentes y movilizaciones en defensa de una educación que dignifique el medio de vida rural, y se basan en una educación popular centrada en los principios filosóficos y pedagógicos que detallamos a continuación:

Principios filosóficos:

La educación a través y para la transformación social; la educación a través y para la diversidad; la educación a través y para el trabajo y la cooperación, y la educación a través y para la sublevación.                                            

Principios teóricos:

Práctica/Teoría/Práctica: la educación popular se basa en el diálogo entre la acción, la reflexión y la acción meditada. La verdadera formación tiene lugar cuando la sociedad experimenta una transformación.

Educación/Aprendizaje: Existe una relación dialéctica y horizontal entre los educadores y los aprendientes, en la que ambos enseñan y aprenden a partir de un diálogo sin jerarquías.

Diálogo de Saberes: solo a través de la diversidad de ideas, perspectivas y propuestas, pueden las personas llegar a entender el mundo que las rodea.

Investigación contextualizada, participativa y basada en la acción: Las investigaciones llevadas a cabo se relacionan de manera directa con las necesidades de los estudiantes, sus familias y comunidades, así como con la lucha por la soberanía alimentaria.

La cosecha

Los espacios de formación agroecológica mencionados anteriormente, que tienen lugar en el marco de La Vía Campesina están empezando a cosechar sus primeros frutos: nuevas experiencias pedagógicas, distintos métodos de diálogo democrático y, lo más importante, hombres y mujeres jóvenes que entienden la soberanía alimentaria como la plataforma necesaria para transformar su realidad. Y, mientras que otros muchos espacios de formación tienen que consolidarse todavía, ya hay cientos de actividades educativas permanentes que se desarrollan en la base de los movimientos sociales rurales. A través de todo el mundo, la juventud formula y responde a la pregunta: ¿qué hemos de hacer para alcanzar la soberanía alimentaria?

Agroecología en acción

Boletín núm. 20 - Agroecología y clima

Agroecología en acción 1

Reproducción e intercambio de semillas    

Las prácticas históricas de reproducción de semillas en los predios y de intercambio con los vecinos y vecinas constituyen estrategias clave para la soberanía alimentaria y la agroecología, que hacen posible la construcción, el desarrollo y el mantenimiento de sistemas alimentarios diversificados, complejos, autónomos y más resistentes.

La reproducción de semillas permite contar con las cantidades que cada familia o predio necesita, así como plantar en el momento que consideren más apropiado, lo que posibilita integrar en el sistema productivo la dinámica familiar y las condiciones del tiempo. Además, como dice Blanca, integrante de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay: “Cuando producís tu propia semilla, la semilla viene «garantida», porque sabes lo que estás plantando y cuál va a ser su comportamiento.” Como la semilla se ha desarrollado en los predios en un diálogo constante con los/as productores/as y el ambiente, su manejo resulta más sencillo y está mejor adaptada a las condiciones locales, lo que la vuelve más resistente y menos dependiente de insumos.  Las semillas así producidas se pueden plantar con diversos fines: se pueden utilizar para producir alimentos para la familia y la comunidad, para los animales y como abono verde.

Como dice Pablo, también integrante de la Red en el departamento de Tacuarembó, Uruguay: “El intercambio es fundamental porque si un año la pierdes sabes que el vecino o vecina la tiene. De esa forma, la comunidad nunca la pierde del todo. Por eso el trabajo en grupo y en red es fundamental.” En el caso de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la existencia de 24 grupos locales ha posibilitado recuperar, reproducir e intercambiar semillas en condiciones diversas, enriqueciendo los sistemas productivos agroecológicos.

La autonomía no se construye a nivel individual, sino a nivel grupal-comunitario y en el intercambio con otros grupos y comunidades. La práctica del intercambio alimenta además las relaciones entre vecinos y vecinas y el tejido social tanto comunitario, como regional y nacional. Por eso para la Red es tan importante la organización de diversas formas de encuentro a lo largo del año: encuentros de grupos, de referentes grupales a nivel nacional, encuentros regionales; y cada dos años un encuentro nacional de todos y todas los integrantes. Estos encuentros siempre van acompañados de una fiesta o celebración donde se intercambian semillas y saberes.

Lo más importante para dar continuidad a este proceso de co-evolución con las semillas es la permanencia de la gente en el campo. Por ello es fundamental la lucha y la resistencia para que la gente pueda vivir y producir en el campo, en su territorio.

Agroecología en acción 2

Agroecología como modelo de producción

Ramrati Devi es una pequeña agricultora de Gorakhpur, Uttar Pradesh. Su marido fue agricultor, pero como muchos otros agricultores de la India, abandonó su trabajo debido a los bajos rendimientos que generaron pérdidas cosecha tras cosecha. Entonces, Ramrati decidió tomar las riendas. Se convirtió en miembro del Frente de Pequeños Agricultores y Agricultores Marginales, o Laghu Seemant Krishak Morcha, de Uttar Pradesh. Allí aprendió las prácticas de la agroecología. Con las técnicas de la agricultura ecológica ha conseguido cambiar las cosas para su familia. Unas prácticas sencillas, como realizar cultivos múltiples en su explotación de un acre, han producido grandes rendimientos y una gran variedad de alimentos. Cultiva hasta treinta y dos variedades distintas de cultivos, como trigo, mostaza, caña de azúcar, ajo, cilantro, espinacas y patatas, para el consumo diario de su familia.  Los doce miembros de su familia dependen de los alimentos de su explotación.  Ramrati es ahora un modelo a seguir y predica los beneficios de las prácticas agroecológicas.

Además de hacer hincapié en la sostenibilidad del entorno y la inclusión social mediante marcos participativos, los modelos agroecológicos han producido unos resultados económicos impresionantes en cuanto a rendimiento, productividad, nutrición y eficiencia. También contribuyen de forma considerable a la soberanía y la seguridad alimentaria. Los modelos agroecológicos están redefiniendo la relación entre agricultores, agricultura y naturaleza, donde en lugar de máquinas, las familias campesinas trabajan con alegría; en lugar de insumos externos muy costosos, sólo se utilizan insumos de la propia explotación como biopesticidas y biofertilizantes; donde el monocultivo es sustituido por la biodiversidad; y donde las agricultoras tienen un estatus igual al de sus compañeros agricultores, para quienes la siembra, el desherbado, las escardas y las cosechas son sus fortalezas.

La agroecología se está convirtiendo con rapidez en un paradigma agrícola dominante para los pequeños agricultores sin recursos de todo el mundo. Los agricultores están adoptando esta técnica no sólo para su supervivencia, sino también para resistir al modelo agrícola corporativo impulsado mediante la revolución verde, y después, mediante la revolución genética. En esta época de aumento de costes de producción, de adeudamiento y de suicidios a gran escala, los agricultores tienen que decidirse por cambiar sus prácticas agrícolas hacia un modelo holístico y ecológico.  La diversidad de los modelos agroecológicos que se están realizando en la India les ofrece esta opción en forma de Agricultura Natural, Agricultura de Presupuesto Cero, Permacultura, Agricultura Ecológica, Rishi Kheti. No obstante, la agricultura ecológica basada en la agroecología es distinta del modelo agrícola ecológico neoliberal que están fomentando las mismas corporaciones que prosperaron con las tecnologías de la revolución verde, haciendo que el agricultor sea dependiente de insumos externos no sostenibles y costosos.

Es necesario que muchos más agricultores como Ramrati Devi difundan el paradigma agroecológico para vencer a la agricultura neoliberal capitalista y centrada en la exportación, que ha puesto en peligro la supervivencia de millones de agricultores pequeños y marginales en la India y en todo el mundo.

Cuadros

Boletín núm. 20 - Agroecología y clima

Cuadro 1

Agricultura climáticamente inteligente: el principal eje impulsor de la Economía Verde[1]

Una iniciativa original de la FAO y apoyada por el Banco Mundial, la agricultura climáticamente inteligente (ACI) afirma que “alcanzar la seguridad alimentaria y responder a los retos del cambio climático son dos objetivos que deben alcanzarse juntos” y “es por eso que la agricultura, la pesca y la silvicultura en los países en vías de desarrollo deben someterse a una considerable transformación[2]”.

A nivel superficial, la ACI puede parecer una iniciativa positiva. Pero si observamos los detalles de lo que se considera como ACI, nos damos cuenta de que es, en esencia, un proyecto para cambiar de nombre la agricultura industrial, denominándola “climáticamente inteligente”. La ACI intenta borrar de forma deliberada los límites entre la soberanía alimentaria agroecológica controlada  por campesinos y la agricultura controlada por corporaciones. Por ejemplo, no reconoce que es el sistema alimentario corporativo el que crea las emisiones de dióxido de carbono, ni reconoce la necesidad urgente de separarse por completo de este sistema para orientarse hacia una agroecología basada en el campesinado para resolver la crisis climática.

La ACI pone la agricultura en manos del agronegocio, e incluso le premia por ello. Varios de los principales agronegocios como Monsanto (OGM), Yara (fertilizante) y Walmart (gigante minorista) están todos apoyando la ACI. Monsanto está afirmando que la agricultura genéticamente modificada es climáticamente inteligente porque ayuda a la agricultura de no laboreo y a la tolerancia a la sequía. Sin embargo, como ya sabemos por experiencia desde hace décadas, los OGM aumentan el uso de agrotóxicos, promueven una agricultura corporativa y, además, no ha producido ni una sola característica útil para la adaptación al cambio climático.

Asimismo, la ACI apoya a que la agricultura forme parte de los programas de compensación de carbono, que supondrá otro factor más para la expropiación de terrenos a los pequeños productores de alimentos, sobre todo en el Sur Global. Además, carga injustamente a quienes son más vulnerables a la crisis climática[3], pero que menos han contribuido a ella, con su mitigación, ampliando también el mercado del carbono y su uso para especulación financiera[4].

La ACI intenta enmascarar y ocultar la necesidad de una reforma agraria auténtica. También oculta y miente sobre el problema de la escasez de tierras y de recursos naturales.  La tierra y los recursos naturales son muy escasos únicamente para los campesinos y los pequeños agricultores a causa de los acaparamientos que llevan a cabo las corporaciones[5].  Muchos gobiernos consideran interesante la ACI y están tomando parte en sus iniciativas. Movilicémonos para detenerles.

[1] Ver el Boletín Nyéléni número 10, de junio de 2012, sobre la Economía verde.

[2] http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/72610/en

[3] Carta abierta de la sociedad civil sobre la alianza global por la agricultura climaticamente inteligente, septiembre 2014

[4] y [5] Via Campesina (septiembre 2014) Desenmascarando la Agricultura Climáticamente Inteligente

Voces desde el campo

Boletín núm. 24 - Bosques y los comunales

Voces desde el campo 1

Las prácticas de recolección reflejan la estrategia de la comunidad por un uso sostenible de la tierra

Somneuk Buddwarn, comunidad Ban-Thap-Heua-Parak-Moo, distrito de Nayok, provincia de Trang, Tailandia

La comunidad Ban-Thap-Heua-Parak-Moo se sitúa en el sur de Tailandia y la mayoría de los residentes locales son familias de granjeros de pequeña escala. La práctica de recoger productos silvestres del bosque es un recurso importante de cara a la supervivencia alimentaria y supone un ingreso complementario. Según la estación, los productos más comunes que se pueden encontrar en el bosque son la pakria (un tipo de alubia), distintos tipos de setas, miel y brotes de bambú.

Las prácticas de recolección reflejan la estrategia de la comunidad por un uso sostenible de la tierra y su gobernanza, y los habitantes tienen que respetar y acatar las regulaciones y normas a la hora de recoger los productos silvestres del bosque. En esta comunidad, el territorio se gobierna a través de la propiedad colectiva. La mayoría del territorio se dedica al cultivo de multicereales sin usar productos químicos y se destina al consumo local y a los mercados. El monocultivo no se tolera en los residentes locales y grandes extensiones se destinan al cultivo de árboles que los autóctonos puede utilizar para sus casas o para cubrir otras necesidad y evitar así la explotación ilegal de los bosques locales.

Según Somneuk, la sostenibilidad social y ecológica es relevante en el uso de la tierra y el bosque, y durante muchas décadas las comunidades locales en la zona han demostrado que la gente puede vivir en armonía con los bosques y la naturaleza. Pero les preocupan las percepciones negativas que los funcionarios estatales tienen, pues creen que los habitantes del pueblo no pueden coexistir con el bosque y la naturaleza.

Escudándose en este prejuicio, el gobierno trata de separar a las comunidades locales de la naturaleza, tal y como resulta evidente en el plan modelo del bosque nacional que el gobierno militar introdujo poco después del golpe de Estado de 2014. El plan permite a las autoridades gubernamentales que confisquen las tierras de los habitantes locales y que desahucien a dichos habitantes sin necesidad de un proceso justo. Un reto urgente para el pueblo de Ban-Thap-Heua-Parak-Moo es que los funcionarios estatales se den cuenta y sean conscientes de qué entienden las comunidades locales por sostenibilidad y que su estilo de vida es armonioso con la naturaleza.

Voces desde el campo 2

«No significa no»


Jefe Joseph Chio Johnson, del Consejo de Mayores, clan Jogbah, distrito número 4, condado de Grand Bassa, Liberia

Durante los últimos tres años mi pueblo y yo nos hemos reunido con la empresa Equatorial Palm Oil (EPO) para debatir su plan de hacerse con nuestro terreno y convertirlo en una plantación de aceite de palma. Nos hemos reunido más de veinticinco veces y todas y cada una de las veces hemos dicho ‘No’ a su petición de nuestra tierra. Nos reunimos con su Excelencia la presidenta Ellen Johnson Sirleaf en 2014 y le rogamos que le dijese a la empresa que nos dejase en paz.

La empresa ha proseguido con las reuniones e insiste en que entreguemos nuestra tierra. El 3 de noviembre de 2015 les dijimos que no queríamos reunirnos más con ellos: para nosotros ‘No significa no’. La empresa dice que quiere ayudarnos a que nos ‘desarrollemos’. Pero cuando paso por su plantación veo que la gente allí no vive ni trabaja en mejores condiciones que nosotros. Veo cómo sus hijos lavan la ropa sucia en el arroyo y veo cómo sus mujeres cogen agua del arroyo cercano para cocinar con ella. La mayoría de la gente vive en cabañas de paja; algunos viven en casa con tejado de metal.
Estoy contento de que todavía tengamos nuestra tierra. Nosotros cultivamos nuestra propia comida. Con nuestra tierra siempre tendremos nuestra libertad y nuestra dignidad. No quiero su desarrollo, el que dejaría a mi pueblo y a mí sin tierra.

Fotos y más información (incluida una petición para ayudar al clan Jogbah para proteger su territorio) disponibles aquí.

Voces desde el campo 3

Ley Montoro, ¿sentencia para la vida en los pueblos?

Daniel Boyano Sotillo, Colectivo El Huerto del Pozo, España

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Montoro, en vigor desde el 1 de enero de 2014 sin el diálogo y consenso previo con las Administraciones afectadas, tendrá un efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales en España.

La crisis rural actual ahora se agudiza con esta ley que fomenta el expolio y expropiación encubierta del patrimonio de los Ayuntamientos, las Entidades Locales Menores, los Concejos Abiertos* y Juntas Vecinales, verdaderos ejemplos de democracia real. Los Concejos Abiertos por ejemplo son formas de organización social para administrar los recursos naturales utilizados de vecinos y vecinas. Estos consejos no se parecen ni al Estado ni al mercado, sino que han regulado de manera comunitaria, asamblearia y directa los sistemas de recursos durante largos periodos.

Debido a esta nueva ley, los montes públicos, los bienes comunales, forestales, aguas, sus potencialidades cinegéticas, micológicas y madereras serán administrados por las Diputaciones Provinciales a través de Consorcios de Gestión que ya se están articulando en los entornos de las Grandes Empresas constructoras y de servicios en busca exclusivamente del beneficio económico. Son 4 millones de Has rurales a nivel nacional por las que el Gobierno calcula recaudar 21.000 millones de Euros. Asimismo se estima que esta ley destruirá el tejido económico local, como traerá consigo 200.000 empleos menos en el conjunto de España rural.

Por todo ello, porque se lo debemos a nuestros antepasados, a la sociedad, a la naturaleza, y por nuestros propios valores morales; la sociedad civil organizada debe luchar contra este autoritarismo. Consideramos también que se debe garantizar la continuidad de las Entidades Locales Menores y su patrimonio, así como los Concejos Abiertos, Juntas Vecinales, y las Mancomunidades voluntarias de servicios, que garantizan la participación de la sociedad mediante democracia directa.

*Más sobre el Consejo Abierto aquí.
– Firma contra la Ley Montoro aquí.
– Campaña Este pueblo no se vende, aquí.

Voces desde el campo 4

Los habitantes del pueblo respetan unas normas colectivas

La señora Kusuma Kampin, comunidad Huaykontha, distrito de Lom Sak, provincia de Phetchabun, Tailandia

«Sabemos qué, cuándo y cómo recolectar del bosque. En general recogemos distintos tipos de setas durante la temporada de lluvias, brotes de bambú al principio de la temporada de lluvia y gusanos de bambú y vegetales locales en verano», explica Kusuma cuando se le pregunta por las prácticas de recogida de productos del bosque local.
Recoger productos forestales es todavía una fuente importante de alimento y supervivencia para los lugareños de la comunidad Huaykontha. Se trata eminentemente de alimento y de un pequeño ingreso en la economía familiar. No hay «reglas» escritas con relación a las prácticas de recolección, pero todos los lugareños tienen que respetar ciertas normas colectivas, por ejemplo: no recoger todos los brotes de bambú y dejar por lo menos uno para que siga creciendo; hacer agujeros en el bambú para extraer los gusanos, pero no cortarlo.

Huaykontha está situada en una zona polémica en la que los funcionarios del gobierno han acusado a los lugareños de invasión ilegal y tener asentamientos en el bosque, pero los autóctonos alegan que llevan viviendo allí desde mucho tiempo antes de que dicho terreno se declarase reserva. Desde el golpe de estado militar de mayo de 2014, los lugareños han sido sometidos cada vez más a amenazas e intimidación por parte de los funcionarios estatales. Estos han tratado de limitar el acceso de los lugareños a la tierra y a su explotación, especialmente de las tierras agrícolas, y han introducido duras penas para la recolección de productos silvestres del bosque. Sin embargo, debido a la alta cohesión de la comunidad y a las medidas de precaución (incluyendo una vigilancia regular del desplazamiento de los funcionarios en la zona), los autóctonos pueden seguir llevando a cabo sus prácticas tradicionales.

La llegada de foráneos para recolectar productos silvestres del bosque también supone una preocupación para la comunidad Huaykontha. Los foráneos recolectan con un objetivo comercial y lo hacen de una forma destructiva que degrada y agota el bosque, y además proporcionan a los funcionarios estatales la justificación para acusar a los residentes de las comunidades de destruir el bosque e imponer así las duras penas. Según Kusuma, «esta gente viene y va, pero nosotros vivimos en la comunidad, sus prácticas nos ocasionan muchos problemas. El papel del Estado debería ser el de proteger y apoyar el estilo de vida y la supervivencia de los lugareños, pero no lo hacen. Siempre creen que nosotros somos los criminales. Nunca tratan de entender que nuestro modo de vida es sostenible, ese es el problema».

Voces desde el campo 5

Aprendí a ser el portavoz del bosque

Jean François Mombia Atuku, Coordinador General RIAO, República Democrática del Congo

Pasé mi más tierna infancia en el río Congo. Me encantaba coger mi canoa y pasar de una orilla a otra. Y como los niños del bosque, conocía los árboles y las distintas plantas. Conocía hasta el más nimio detalle del río.

Me encantaba el río, pero también el bosque; por eso quiero defenderlo ante las amenazas que plantean las empresas de todo tipo que trabajan con las más absoluta impunidad en mi país, la República Democrática del Congo. Aprendí a hablar en nombre del bosque cuando trabajaba para las comunidades Pygmy en el pueblo de Boteka.
En todas las provincias bañadas por el Congo existe una gran presión sobre los recursos naturales, y las comunidades se enfrentan a amenazas serias a la hora de poner alimentos sobre la mesa de sus casas. Las empresas destruyen los bosques y los campos y especies muy nutritivas, como las orugas, van camino de extinguirse. Aún así estas orugas son la base de la alimentación de estas comunidades y desempeñan un papel cultural relevante en sus vidas.

La gente en nuestros pueblos vive principalmente de la agricultura, pero en los últimos años, se ha vuelto muy difícil la práctica de la agricultura dado que se ha robado mucha tierra a nuestras comunidades para entregársela a multinacionales como Unilever y Feronia. Tenemos que recuperar esta tierra o será aún más difícil alimentar a nuestra gente. La lucha de RIAO y de sus miembros es muy importante para parar las desigualdades y poner fin al colonialismo en los campos de la RDC.

Voces desde el campo 6

Los bosques no se reducen a plantar y talar, hay más

Vincent Magnet, Nature sur un Plateau, Limousin, Francia

Me llamo Vincent, tengo 40 años y trabajo como voluntario en una asociación local, Nature sur le Plateau. Esta trabaja en la meseta de Millevaches, una colina de granito de tamaño medio. Tiene pocos habitantes y está situada en el centro de Francia. Nuestro territorio tiene mucho bosque (54%).

Los bosques de árboles han reemplazado a los páramos como resultado del éxodo rural. Estos bosques de árboles toman dos formas: árboles caducifolios han brotado rápidamente y se han plantado monocultivos de vastas masas de árboles perennes (coníferas). Actualmente, se está llevando a cabo un masivo desmonte en ambos casos.

Existe un desconocimiento general sobre los bosques de árboles y los bosques en general, así como sobre la manera en que gestionarlos adecuadamente. Nuestra asociación propuso a los funcionarios locales que se asignase a la asociación una zona de cuatro hectáreas de bosque de coníferas públicas durante un periodo largo de tiempo. De esta menare se podría gestionar de distintas maneras y, a través de ellas, mostrar a la población local que los bosques de árboles no se reducen únicamente a plantar y cosechar.

Existen muchos argumentos a favor de tener bosques de árboles continuos, mixtos (caducifolios y perennes) sin que se produzca una tala sistemática total:

• Desde un punto de vista ecológico, al talar árboles viejos de aquí y de allí mantenemos el bosque como está y preservamos su biodiversidad. El pequeño espacio libre que se genera en el bosque lo rellenan rápidamente los árboles jóvenes que crecen por debajo. Se ha demostrado que los bosques perennes mixtos y estratificados son mucho más resilientes ante los distintos riesgos are (tormentas, plagas, sequías, enfermedades).

• Desde un punto de vista económico, siempre resulta más rentable cortar talar árboles viejos y de mayor calidad. El volumen de árbol incrementa a un ritmo superior en la segunda mitad de su vida y el material es de mejor calidad. Sin la tala completa, los bosques no tienen que volver a crecer desde cero cada vez, por lo que se produce madera de forma continua y permanente.

• Por último, desde un punto de vista social, el colectivo de asesoramiento de bosques de árboles crea muchos puestos de trabajo que se aceptan bien y además también se pagan bien. La creación de empleo en las industrias locales vinculadas a la Madera también puede generar rápidamente auténtica riqueza local mientras se preserva la calidad y la diversidad de los ecosistemas forestales.

Cuadros

Boletín núm. 24 - Bosques y los comunales

Cuadro 1

¿Por qué son los comunales relevantes para la soberanía alimentaria?

Los comunales hacen referencia a formas de riqueza, capacidades, espacios y recursos que se usan, manejan y gobiernan de forma colectiva para el beneficio de muchos. En ellos se incluyen, por ejemplo, tierras de cultivo, humedales, bosques, pastos, laderas de colinas, arroyos, ríos, lagos, la costa y recursos vinculados. Las tierras de cultivo y de pasto pueden gestionarse de forma comunitaria, a pesar de los derechos de las familias a parcelas específicas de terreno, que se reconocen y se respetan como tales. También hay derechos de pasto para pastores. De forma semejante, los pescadores a pequeña escala no poseen zonas litorales, pesca o lechos marinos, pero estos bienes comunales son cruciales para su supervivencia. Los comunales a menudo están determinados culturalmente, y en muchas comunidades se contemplan las semillas, los alimentos silvestres y las hierbas, los peces, los animales y el conocimiento tradicional como bienes comunales. En cualquier parte del mundo, las comunidades agrícolas, silvícolas, pescadoras, marinas, nómadas e indígenas han desarrollado y puesto en práctica sistemas de compartir, regir de forma colectiva sus bienes comunales naturales y regenerarlos.

Los bienes comunales son fundamentales para la soberanía alimentaria. Los comunales no comprenden únicamente «recursos» físicos, sino que son igualmente relevantes las relaciones sociopolíticas entre las distintas comunidades productoras de comida y el valioso conocimiento sobre los hábitats, los recursos genéticos, las rutas migratorias (para peces y ganado), la capacidad de adaptación ante los desastres y los imprevistos, etc. Como salvadoras de semillas y bibliotecas andantes de conocimiento sobre la biodiversidad local y los sistemas alimentarios, a menudo las mujeres están conectadas más íntimamente a los bienes comunales que los hombres. Cuando los comunales se destruyen o se privatizan, la población local pierde el acceso a los entornos relevantes para buscar comida, cosechar, pastar, cazar, pescar y regenerar la biodiversidad. Los pueblos indígenas bien pierden por complete sus dominios ancestrales o tienen que seguir unas restricciones severas en relación a qué pueden recolectar de los bosques, los campos y el agua.

Los bienes comunales se ven amenazados constantemente por la minería, la extracción de petróleo y gas, la agricultura industrial, las presas y los regímenes de propiedad privada (también conocidos como «enclosures» [recintos/cercados]). Los bosques, pastos y humedales se convierten en monocultivos industriales o en propiedades de lujo; las fuentes de agua se desvían para alimentar el turismo, la energía y las industrias manufactureras; y el comercio-tratos de inversión proporcionan a las empresas el acceso a la biodiversidad y al conocimiento, permitiendo la biopiratería y socavando la autonomía de los pueblos indígenas y de las mujeres. Los recursos naturales se mercantilizan y se privatizan, se desmantelan las arraigadas prácticas locales del uso de los recursos de la comunidad y su gobernanza, y se niega el acceso de las comunidades a los propios ecosistemas que ellas mismas han alimentado y que las mantienen.

Hoy en día, las amenazas de los comunales se ven exponencialmente aumentadas por las crisis alimentaria, financiera y climática. Los estados, las empresas y las instituciones financieras las esgrimen como oportunidades, buscan aumentar su control sobre la riqueza natural. El mayor riesgo lo corren las tierras, los bosques, el agua, así como los recursos genéticos y el conocimiento, que tienen un gran valor a la hora de producir comida, regenerar la biodiversidad, garantizar la fertilidad del suelo y preservar la vida. Defender los comunales es una estrategia crucial para construir la soberanía alimentaria.

Cuadro 2

Productos forestales en Camboya

Las comunidades rurales en la provincia de Pursat, Camboya, se han organizado para proteger sus bosques, tierras de cultivo, arroyos, estanques y tierras comunales de las plantaciones de la agricultura industrial, las presas y la extracción de madera llevada a cabo en los últimos veinte años. Protegerlos es crucial para proteger la biodiversidad de la que dependen sus vidas y su subsistencia.

Aunque cultivan arroz y vegetales, y crían aves de corral y ganado, gran parte de su comida, de sus plantas y hierbas medicinales, y de sus utensilios domésticos provienen de los bosques locales, de las masas de agua y de los bienes comunales. La dieta tradicional rural está muy vinculada a los productos temporada y muy ligada a las prácticas culturales que se concibieron para proteger el entorno local y reforzar la solidaridad de la comunidad. Las inundaciones estacionales y los cambios medioambientales generan distintos tipos de peces, vegetales, frutos, setas, brotes y hierbas, que están disponibles a lo largo del año. La pesca, la recolección de frutos silvestres, setas, brotes de bambú, hierbas y atrapar insectos comestibles y arañas sigue siendo un recurso común para cubrir las necesidad alimentarias de la familia. Los productos silvícolas también son importantes para su empleo en el hogar y para los ingresos del mismo, por ejemplo, el bambú, el mimbre, la miel, la resina y el azúcar de palma.

En algunas zonas, los residentes locales identificaron 18 tipos de frutos silvestres, cuatro clases de resina, 13 tipos de setas, 36 clases de raíces/hierbas/vides, y 14 tipos de flores/brotes/hojas silvestres. Además, también identificaron seis variedades de árboles de madera dura de gran valor y 13 variedades de árboles ordinarios que pueblan los bosques en sus áreas. Según la gente local, todas las variedades de árboles naturales, plantas y hierbas o céspedes (como el bambú) son esenciales para nutrir el ecosistema y son fundamentales para mantener y regenerar la biodiversidad.

Destacados

Boletín núm. 24 - Bosques y los comunales

Destacados 1

La importancia de los bosques, hierbas silvestres, las plantas y los bienes comunes en la soberanía alimentaria de los pueblos y las comunidades

Los Pueblos Indígenas hemos vivido en armonía con la Madre Tierra desde hace miles de años, dependiendo de ella para nuestro alimento, refugio y medicinas, pues somos partes integrales de ella y no sus dueños. La tierra está poblada de árboles de toda clase que le dan vida y fuerza. La tierra es raíz y fuente de nuestra cultura, es nuestra madre que es la guardiana y la que custodia de todo lo que existe. Por eso es la importancia de los bosques, hierbas silvestres y las plantas que son bienes comunes para nuestros Pueblos y comunidades teniendo en cuenta sus cuidados por medio de nuestros Conocimientos Tradicionales.

Los Bosques son una farmacía

Los bosques nos proporcionan las hierbas y plantas que nos sirven para curar enfermedades, plantas que desde tiempos inmemoriales han ocupado un lugar excepcional en la vida de los pueblos., teniendo en cuenta que más del 25% de los medicamentos modernos proceden de plantas de los bosques tropicales.


Hábitat para plantas y animales

Las selvas y bosques tropicales tomaron entre 60 y 100 millones de años para evolucionar y se cree que son el ecosistema más antiguo y más complejo en la tierra, albergando más de 30 millones de especies de plantas y animales. Eso es la mitad de la fauna de la Tierra y por lo menos dos tercios de sus especies vegetales, mas sin embargo nos ha proporcionado todo lo necesario para mantener el mundo. Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida teniendo en cuenta su función protectora, reguladora y productiva para nuestra Soberanía Alimentaria.

Regulan nuestro Clima

Las selvas y bosques tropicales, almacenan agua como una gran esponja. Los árboles de la selva extraen agua del suelo del bosque y lo liberan de nuevo a la atmósfera en forma de niebla y nubes. Es bien sabido que los árboles absorben el dióxido de carbono que exhalamos, y proporcionan el oxígeno que necesitamos para respirar. La deforestación es de hecho considerada como el segundo de los principales impulsores del cambio climático, que en gran medida afecta negativamente nuestras vidas en los territorios, como por ejemplo, la pérdida de biodiversidad o la escasez de agua, provocando un desplazamiento forzoso de nuestras poblaciones hacia otras regiones de nuestro país y por consiguiente la perdida de nuestros derechos.

Para los Pueblos Indígenas y comunidades locales somos conscientes de que nadie quiere lo que no aprende a reconocer, para proteger su espacio ambiental el hombre tiene que quererlo y para quererlo tiene que conocerlo. Nosotros, nuestras comunidades, tenemos toda la libertad de usar lo que la madre tierra nos brinda, sin pero sobrepasar lo necesario y al mismo tiempo cuidando de ella. En nuestros mares debemos pescar lo necesario, en nuestros bosques debemos cortar lo necesario, por eso sabemos la importancia de nuestra tierra, territorio y recursos naturales – nuestros bienes comunes – por sin ellos no somos nada y no hay Soberanía Alimentaria para el mundo.

La Madre Tierra contiene nuestra memoria, ella acoge a nuestros antepasados y requiere por lo tanto también que nosotros la honremos y le devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brinda. Por es importante transferir a nuestras generaciones futuras nuestros Conocimientos Tradicionales en el cuidado de la Madre Tierra para que nuestros Pueblos sigan percibiendo sus beneficios.

Taina Hedman, Consejo internacional de tratados indios

Destacados 2

Soberanía alimentaria maorí

El papel que los mares, los peces, la vida marina y las costas desempeñan para los maoríes [Los maoríes son un conjunto de diferentes grupos tribales con identidades distintas] de Aotearoa/Nueva Zelanda está interrelacionado y es esencial tanto para nuestra cultura como para la economía y la identidad, y no puede desvincularse de ella. Como muchos pueblos indígenas en todo el mundo, los maoríes sienten una gran conexión histórica y contemporánea con todo lo que les rodea. Nuestros antepasados nos han transmitido nuestras historias y han pervivido gracias a la tradición oral de los cuentacuentos.
Tangaroa es nuestro dios del océano, al que reconocemos en las oraciones que pronunciamos antes de acometer cualquier tarea relacionada con el mar. Los regalos que nos proporciona el océano son numerosos y variados – el pescado nos proporciona sustento, nutrientes y supone un activo económico; la conchas son un material para nuestras herramientas, instrumentos musicales y ornamentación; históricamente, la vida marina como las ballenas, las rayas marinas y los delfines han proporcionado a los viajeros de los océanos las rutas y son también sus guardianes. Como otros pueblos indígenas hemos comerciado entre nosotros y con otros visitantes y éramos los responsables de mantener nuestra propia soberanía alimentaria.


Impactos en la soberanía alimentaria de los maoríes

Desde 1840 la soberanía alimentaria de los maoríes se vio afectada por distintas leyes y prácticas que la colonización británica trajo consigo. Aunque la Ley de la preplaya y los fondos marinos de 2004 (en inglés) ya no existe, tuvo un impacto sobre la soberanía alimentaria de los maoríes al cambiar nuestros derechos a las prácticas culturales como la recolección de conchas. Los maoríes tuvimos que demostrar continuamente que habíamos usado una parte de dichos espacios desde 1840. Uno de nuestros retos fue que la recolección de conchas solo se contemplaba en ocasiones concretas como reuniones formales o luto y no como una actividad del día a día. Las prácticas sostenibles de los maoríes también contemplaban que los crustáceos solo se cogían en determinados periodos del año, para facilitar que creciesen nuevas poblaciones. La recolección de moluscos no sería continuada y era muy difícil cumplir con los requisitos de la Ley de la preplaya y los fondos marinos. Desde 2011 este ley quedó derogada por la Ley de la zona marina y costera (Takutai Moana) 2011 (en inglés). Se cree que esta ley equilibrará los intereses consuetudinarios de los maoríes con los intereses de todos los ciudadanos de Nueva Zelanda. Según esta ley, los maoríes debemos solicitar que se reconozcan nuestros intereses consuetudinarios y tenemos hasta 2017 para presentar dicha solicitud. El reto es ver cómo se compensan los intereses de todos.


Los mercados locales maoríes: la morrallas

El sector pesquero es un sector relevante dentro de la economía maorí actual y es una parte esencial de la manera en cómo nos sentimos conectados con nuestro medioambiente. Actualmente estamos en la temporada de pesca de morralla (en inglés) y por tradición sabemos que cuando algunos árboles están en floración la morralla es abundante. Como cosecha estacional, la morralla es muy codiciada y proporciona un recurso bienvenido a la hora de alimentar a nuestras familias y de estimular a corto plazo el flujo de efectivo localmente. Sin embargo, las tensiones en auge han surgido en los lugares en que algunos maoríes consideran que este recurso únicamente debería dedicarse al sustento familiar, mientras que otros prefieren apostar por ampliar cada vez más y vender en los mercados locales. El impacto aquí se produce en que los recursos de morralla se agotan rápidamente. La soberanía alimentaria maorí tiene por tanto una fuerte conexión con la economía local maorí y cuando se mira a escala nacional tiene el potencial de recuperar parte de la soberanía alimentaria maorí de la que disfrutamos hace muchos años – pero esta lleva aparejados unos compromisos que tienen que afrontarse si un recurso estacional como la morralla tiene que ser gestionada de manera sostenible en el futuro.

El futuro de la soberanía alimentaria maorí

La soberanía alimentaria maorí actual se ha desarrollado de una de individuos locales o grupos, que han mantenido y desarrollado los enfoques tradicionales con relación a la soberanía alimentaria, a una de empresas grandes de propiedad maorí. En ambos ejemplos existe una absoluta vinculación entre las tradiciones maoríes y los valores como kaitiakitanga (administración) y mauri (fuerza vital), que proporcionan un asesoramiento y reglas que ayudan a mantener los recursos naturales. Somos conscientes de que no podemos confiar únicamente en recursos estacionales y nos hemos dirigido hacia maneras de sacar partido a mayores escales de la producción alimentaria.
Estamos volviéndonos más innovadores y buscamos oportunidades para aumentar el desarrollo sostenible. Una oportunidad es el Partenariado de crecimiento económico Crown-Maori ‘He Kai Kei Aku Ringa‘ (comida en la punta de mis dedos) entre el Gobierno y los negocios maoríes que pueden emplearse como vehículo para reforzar el desarrollo sostenible maorí en relación a los recursos naturales. Esta colaboración implicará a todas las capas de la sociedad para mostrarles el proceso y enseñarles cómo alcanzar nuestros objetivos, desde las bases hasta los gobiernos nacionales y foros internacionales. Un foro internacional útil podría ser el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que puede vincularse con los mercados locales a través del Mecanismo de la Sociedad Civil.

Anaru Fraser, International Council of Indian Treaties

Voces desde el campo

Boletín núm. 25 - Gobernanza corporativa de los sistemas alimentarios

Voces desde el campo 1

Los pescadores dicen no a la iniciativa de pesca costera

Foro Mundial de Pueblos Pesqueros (WFFP) y Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF)

La FAO, el Banco Mundial, Conservation International y otros actores lanzaron en junio de 2015 la Iniciativa de Pesca Costera (CFI, por sus siglas en inglés), un programa de gran alcance que pretende reformar las políticas pesqueras de todo el mundo. Durante un período de 4 años, se distribuirán 235 millones de dólares a una serie de proyectos en países de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.

Nosotros, como representantes de más de 20 millones de pescadores, deseamos expresar nuestra firme oposición a la CFI, que contradice directamente la implementación de las Directrices para garantizar las pesquerías sostenibles de pequeña escala (VGSSF), suscritas recientemente.[1]

El documento del programa marco (PFD)[2] de la CFI se ha desarrollado y escrito en un proceso vertical, en el que ha participado de forma exclusiva un conjunto de personas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), uno de los principales patrocinadores de la iniciativa. La CFI contraviene el principio básico de participación de las VGSSF, según el cual las comunidades pesqueras afectadas de pequeña escala deberían participar en los procesos antes de que se tome cualquier decisión. Se nos redujo al nivel de «otras partes interesadas», junto con representantes del sector privado, académicos, etc. aunque representamos al colectivo más afectado por la CFI.

En consecuencia, nos quedó claro que los programas para los países objetivo de la CFI se centran en implementar pesquerías basadas en derechos. Este enfoque no respeta los sistemas existentes de gobernanza y de administración local, y no reconoce que los problemas de las pesquerías provienen, sobre todo, de una administración o una gobernanza insuficientes, atribuyendo la ineficiencia a la falta de propiedad privada.[3] El proceso de privatización generado por las pesquerías basadas en derechos beneficia claramente a una pequeña élite, dejando desposeída a la mayoría.

La introducción de las pesquerías basadas en derechos en los países objetivo y en cualquier otro lugar colisionaría directamente con el contenido progresivo de las VGSSF, que subraya la necesidad de un enfoque que respete los derechos humanos como herramienta clave para reducir la pobreza. En este contexto, la CFI introduce políticas que dan una prioridad clara a los intereses del sector privado o a actores poco preocupados por el medio ambiente.

Por lo tanto, hemos rechazado la invitación a participar como miembros en el comité directivo de la CFI. De haber aceptado esta invitación, cuando el contenido de la CFI ya está más que definido, habríamos legitimado las políticas de pesquerías basadas en derechos, contra las que llevamos años luchando. Habría sido un duro golpe para la implementación de las VGSSF, por las que continuamos trabajando.

Voces desde el campo 2

Wilmar: no hay tierra en venta[4]

Amigos de la Tierra Estados Unidos y Nigeria

La palma aceitera es autóctona de África occidental,  y el aceite de palma, en su forma más pura, es un producto básico en la dieta de los pueblos de África occidental. Sin embargo, lo que no es autóctono y está causando estragos en la provincia tropical nigeriana de Cross River State, es la expansión a escala industrial de plantaciones de palma aceitera, por parte de la mayor comercializadora de aceite de palma del mundo, Wilmar International. Desde 2010, Wilmar ha adquirido 30.000 hectáreas de tierra para plantaciones de palma aceitera en el sudeste nigeriano, con lo que ha ampliado su banco de tierras en Nigeria a cientos de miles de hectáreas.

Nigeria es uno de los diez países africanos que han firmado la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, la estrategia de los países del G8 para movilizar la inversión extranjera de gran escala al sector agrícola de África. Como socio de la Nueva Alianza, Wilmar podrá tener «garantizada la adquisición de tierras», podrá beneficiarse de «salarios medio-bajos», y podrá recibir moratorias fiscales en un proceso diseñado para «facilitar los negocios en Nigeria». Sin embargo, la Nueva Alianza puede ser más perjudicial que positiva para los productores de alimentos de pequeña escala, ya que está aumentando el riesgo de acaparamientos de tierras, al tiempo que se están socavando los derechos sobre las tierras y la tenencia agraria.

En su informe “Explotación y promesas vanas: El acaparamiento de tierras en Nigeria por Wilmar”[5] (en inglés), Amigos de la Tierra revela que la reciente adquisición de Wilmar en Cross River State ha dejado sin recursos a los pueblos locales, y supone una amenaza para las zonas de selva protegida que albergan gran parte de la enorme biodiversidad de África. Un agricultor que se ha visto desplazado por las operaciones de Wilmar en Nigeria afirma: “Al quitarnos nuestras granjas, Wilmar está declarando nuestra muerte”.

Por lo tanto, Wilmar International y sus subsidiarias de Nigeria deberían hacer lo siguiente, entre otros aspectos:

  • Detener sus planes de expansión de forma inmediata;
  • Publicar todos los mapas de concesiones, las evaluaciones de impacto socio-ambiental, las políticas de contratación, y las actas de las consultas a las comunidades;
  • Revisar a fondo y ajustar sus protocolos para conseguir un consentimiento libre, previo e informado que respete las prácticas recomendadas internacionales; y reiniciar un proceso de consulta abierta a todas las personas afectadas.

Por otro lado, el gobierno nigeriano debería alentar e incentivar la producción agrícola de pequeña escala, y comprometerse a un proceso de reforma de sus sistemas de tenencia agraria, que respete las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

En palabras de Amigos de la Tierra de Nigeria y el Centro de desarrollo de recursos de la selva, «Si Wilmar no mejora sus operaciones, más le valdrá hacer las maletas y marcharse».

Voces desde el campo 3

Captura corporativa de ciudades en honduras: una amenaza especial para las mujeres

Andrea Nuila e Ismael Moreno[6]

Las ciudades chárter son pequeños estados dentro de un estado: son territorios que el estado deja libres, y que se ponen en manos de un tercero. En el período legislativo de 2010-2013, el Congreso Nacional de Honduras, formado por una mayoría de juristas que apoyaron el golpe de estado de 2009, aprobaron la ley de ciudades chárter. La oposición ciudadana consideró este acto como una traición al país, y forzó al Tribunal Supremo a declarar inconstitucional esta ley en octubre de 2012. Aun así, se aprobó una nueva versión de la ley en 2013.

Para la élite política y empresarial, las ciudades chárter no son un concepto extraño. Son una forma ampliada de la industria maquiladora, que se impuso desde la década de los 90: auténticos paraísos fiscales donde se practica el tráfico de personas, con políticas que ignoran el código laboral y donde se despide a los trabajadores de forma arbitraria.

La denominada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ley de ciudades chárter) permite que partes del territorio se entreguen a uno o varios países o corporaciones transnacionales y sean administradas por ellos, con lo que se crean ciudades autónomas orientadas a facilitar la inversión privada.

Una ciudad chárter dentro del territorio de un país cuyo sistema económico, social y político ha fracasado aumentará las desigualdades y ampliará los desequilibrios hasta extremos insostenibles. En especial, las mujeres y las organizaciones feministas han alzado la voz y mostrado su preocupación por el impacto negativo que tales «zonas especiales» generarán de forma inevitable contra el cuerpo y la vida de las mujeres a nivel nacional. 

Es importante recalcar que las mujeres de Honduras ya viven en una sociedad patriarcal extremadamente violenta (donde una mujer es asesinada cada 16 horas). Esta violencia se ve reforzada por la impunidad, la criminalización de quienes defienden los derechos de las mujeres, y la discriminación institucional que sufren las mujeres. En las zonas rurales, donde se están planeando la mayoría de las ciudades chárter, existen tasas muy altas de violencia contra las mujeres, un número cada vez mayor de desahucios, así como un acceso limitado a servicios sanitarios y a recursos naturales.

Las mujeres campesinas, indígenas y afro-descendientes serán sin duda los grupos más afectados por la construcción de este tipo de ciudades. Según la líder garifuna Miriam Miranda, con la construcción de las ciudades chárter, el gobierno hondureño está poniendo en peligro el 70% del territorio garifuna (comunidades afro-descendientes).

Un estado ausente y la posibilidad de que las ciudades chárter suministren servicios públicos, decidan las normas y puedan elegir las normativas fiscales no harán sino poner a las mujeres en una situación aún más vulnerable.

Voces desde el campo 4

Desmaterialización de las semillas: el caso de “DivSeek”

La Vía Campesina[7]

Tras una semana de arduos debates en la sede de la FAO en Roma, el 9 de octubre de 2015, el Órgano Rector del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (el Tratado de semillas) se encontró entre la espada y la pared en su sexta sesión: o bien aceptaba la irregularidad de sus «arreglos sobre gobernanza» como hechos consumados, o bien se hundía en una crisis abierta. 

Par evitar una ruptura inmediata, se declaró válido lo siguiente:

  • El compromiso de la Secretaría con el programa DivSeek, que organiza la biopiratería a nivel mundial. DivSeek pretende secuenciar los genomas de todas las variedades de recursos fitogenéticos almacenados en los bancos de genes, con el fin de publicar de forma electrónica información genética sobre las semillas, confiadas voluntariamente a los bancos de genes que son responsabilidad del Tratado de semillas. Esto permitirá reclamar la propiedad de todas las plantas que contengan dichas secuencias y que tengan alguna característica relacionada. Todo ello, sin incluir prohibición alguna de patentar ni compartir los beneficios, lo que vulnera las propias normas del Tratado.
  • Una resolución que deja a los agricultores sin ninguna posibilidad de defenderse frente a esta violación de sus derechos, que aun así quedan estipulados en el Tratado. Las patentes sobre información genética publicadas por DivSeek prohibirán a los agricultores continuar produciendo las semillas que entregaron, desinteresadamente, a los bancos de los que es responsable el Tratado.
  • La renovación del contrato de su Secretaría general, que se realizó en secreto, lo que supone una vulneración de su propio reglamento interno.

Desde la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992, la industria de las semillas ha acumulado deudas astronómicas, al acceder a la enorme reserva de semillas campesinas producidas en campos de todo el mundo, sin haber compartido los beneficios obtenidos. En Omán, en 2013, el Órgano Rector del Tratado instó a la industria de las semillas a buscar una solución justa. Hasta el momento, no se ha conseguido progreso alguno. Más bien al contrario, pues con DivSeek, la industria organiza un pillaje aún mayor, al dejar que todas las semillas, de forma desmaterializada, escapen del control del Tratado y puedan patentarse sin ningún tipo de restricción.

La Vía Campesina espera una reacción potente de todos los gobiernos, que en Roma fueron testigos de estos desvíos inaceptables de los objetivos del Tratado, para que éste pueda recuperar el rumbo que le corresponde. La Vía Campesina desea que la próxima consulta sobre los derechos de los agricultores (artículo 9 del Tratado), que organiza Indonesia en 2016, dé la máxima prioridad a estos derechos, para garantizar la soberanía alimentaria frente al robo de semillas perpetrado con los derechos de propiedad de la industria.

[1] Disponible aquí.

[2] Disponible aquí.

[3] Consultar también “El acaparamiento global de los océanos” (en inglés) aquí.

[4] Basado en el resumen “Explotación y promesas vanas: el acaparamiento de tierras de Wilmar en Nigeria» (en inglés).

[5] Disponible aquí.

[6] Texto basado en “Una ciudad chárter en medio de una sociedad harapienta» (en inglés), publicado en el “Right to Food Journal 2015” de FIAN, vol. 10.

[7] Nota de prensa disponible aquí.

Cuadros

Boletín núm. 25 - Gobernanza corporativa de los sistemas alimentarios

Cuadro 1

La gobernanza de múltiples partes interesadas: cómo las corporaciones capturan la gobernanza global[1]

En 2009, el Foro Económico Mundial (FEM) reunió a un grupo de expertos de nivel internacional para formular un nuevo sistema de gobernanza global, la denominada Iniciativa de Rediseño Global (GRI, por sus siglas en inglés), un sistema de gobernanza de múltiples partes interesadas que reemplazaría parcialmente los procesos intergubernamentales de toma de decisiones.[2] El programa GRI estableció, en 2010, 40 Consejos de la Agenda Global y organismos del sector industrial, que formaron el marco del FEM para un sistema de gobernanza de este tipo.

El concepto de «múltiples partes interesadas» que utiliza el FEM significa, en primer lugar, que las estructuras de las múltiples partes interesadas no tienen por qué desempeñar funciones iguales; en segundo lugar, la corporación está en el centro del proceso; y en tercer lugar, la lista de múltiples partes interesadas del FEM son sobre todo aquellas que tienen vínculos comerciales con la corporación.

Las propuestas realizadas por el FEM respecto a una gobernanza por múltiples partes interesadas nos recuerda que debemos observar bajo una nueva luz las normas de participación en asuntos internacionales. Según mi análisis, existen cuatro opciones para frenar la tendencia hacia una gobernanza por múltiples partes interesadas, que está provocando que se actúe fuera del multilateralismo:

  1. Ilegalizar la participación de las CTN en la elaboración de políticas y en la implementación de programas a nivel internacional, como ocurre con el convenio del tabaco;
  2. Reconstruir el sistema de las Naciones Unidas, otorgando el mismo carácter obligatorio y vinculante a la toma de decisiones sobre aspectos económicos, medioambientales y sociales que a la toma de decisiones del Consejo de Seguridad;
  3. Reconocer legalmente el estatus de facto que poseen la sociedad civil y las CTN en la toma de decisiones globales, y diseñar una nueva institución que incorpore un equilibrio político adecuado entre estos sectores, y reemplace el sistema de la ONU existente, basado en los gobiernos;
  4. Los gobiernos deberían adoptar un nuevo Convenio de Viena que especifique las normas que deberían acatarse para el funcionamiento de una gobernanza de múltiples partes interesadas, de manera complementaria al multilateralismo.

Ya es hora de que un margen más amplio de grupos sociales, especialmente aquellos que se ven más afectados por la globalización, se replanteen cómo debería funcionar la gobernanza global.

Cuadro 2

Las múltiples partes interesadas: una trampa para la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos[3]

Una de las principales estrategias para potenciar una agenda agrícola pro-corporativa, que deja sin poder a los pequeños agricultores, ha sido abogar por la inclusión de múltiples partes interesadas en asuntos de alimentación y nutrición. Uno de los programas piloto que más apoyo ha recibido por esta tendencia hacia una participación de múltiples partes corporativas, y que ha sido promovido por la Iniciativa de Rediseño Global (GRI), es la Iniciativa de Rediseño de la Alimentación, la Agricultura y la Nutrición Mundiales (GFANRI), establecida en 2010.

La GFANRI ha integrado varias iniciativas, como la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN), la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la Nueva Alianza del G8 para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria (HLTF) de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y la iniciativa Scale Up Nutrition (SUN).

Estos organismos de múltiples partes interesadas defienden políticas basadas en la creencia de que liberalizar el comercio internacional puede garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición tanto a nivel nacional como internacional, sin necesidad de una gobernanza específica nacional o internacional, y sus objetivos son:

  1. Restringir la autoridad política de la FAO a proporcionar asistencia técnica agrícola;
  2. Desmantelar el Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); y
  3. Cerrar la Comisión Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN), el organismo de armonización de la nutrición mundial de la ONU.

Durante 2015, esta estrategia se potenció aún más: los aliados más próximos de la iniciativa SUN intentaron aumentar su visibilidad y su papel dentro del CSA, y la Secretaría General de la ONU anunció que nominaría al nuevo coordinador de la iniciativa SUN. La tendencia general ha sido la de transferir, de forma progresiva, la gobernanza de los espacios intergubernamentales a los espacios de múltiples partes interesadas, bajo la influencia (o incluso la dirección) de los intereses y la agenda del sector privado corporativo.

Los pueblos del mundo deben hacer un llamamiento a los estados para que rechacen la captura corporativa y la «lógica de las múltiples partes interesadas», ratifiquen la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, como paso fundamental para resolver cualquier tipo de desigualdad, opresión y discriminación, y democraticen las sociedades tanto a nivel nacional como internacional.

Cuadro 3

Caminando para Desmantelar el Poder Corporativo

La Campaña global para Desmantelar el Poder Corporativo, Detener la Impunidad y por la Soberanía de los Pueblos fue lanzada durante la Conferencia Río+20, en 2012, por una red de más de 100 organizaciones, movimientos y comunidades afectadas de todo el mundo, en respuesta a la agenda corportativa de la ONU para profundizar la privatización, la mercantilización y la finaciarización de la Naturaleza.

La Campaña ha construído un Tratado de los Pueblos que articula las opiniones, estrategias y propuestas de una diversidad de actores sociales para el desmatelamiento del poder corporativo.

El Tratado de los Pueblos está dividido en dos secciones. La primera presenta alternativas sociales, políticas y económicas que se han implementado exitosamente para liberar las políticas y los territorios de la avaricia y el poder corporativos.

La segunda parte presenta propuestas concretas y profundas para un sistema legalmente vinculante que lleve a las CTN a la justicia por sus violaciones a los derechos humanos. Fue presentada previo al voto histórico en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG, por su sigla en inglés), ya en funcionamiento, para elaborar un Tratado de la ONU que regule a las CTN y otros negocios

El Tratado de la ONU es una oprtunidad para establecer, bajo el derecho internacional, obligaciones a las CTN respecto a todos los derechos humanos y para crear un tribunal internacional que de acceso a la justicia y a la reparación a las víctimas, que juzgue la responsabilidad de las CTN y les imponga sanciones por sus delitos ambientales. También es una oportunidad para desafiar la captura corporativa de la ONU.

Mientras las CTN sean el objeto del Tratado no estarán, como criminales, en posición de definir los instrumentos juridicos o sanciones que estarían dispuestas a aceptar, como ha sucedido con las directrices voluntarias y las herramientas de responsabilidad social corporativa, que ayudaron a definir al ser invitadas como «partes interesadas» (stakeholders) por una ONU cada vez más dominada por los intereses de dichas corporaciones.

El reconocimiento de los Derechos Campesinos – que ahora es parte del lenguage y objeto de la agenda de la ONU y que también necesita ser protegido de la captura corporativa– es una inspiración para los movimientos que trabajamos para controlar las CTN y detener su impunidad. La convergencia de ambas luchas nos da más poder para desmantelar el poder corporativo y construir la soberanía pueblos en un mundo sostenible y libre de todas forma de explotación.

[1] Este texto es un breve resumen del artículo de Harris Gleckman, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016”.

[2] Consultar también el Boletín Nyéléni n.º 22.

[3] Este texto es un breve resumen del artículo de Flavio Valente, publicado en el informe del TNI “Estado del poder 2016″.

Destacados

Boletín núm. 25 - Gobernanza corporativa de los sistemas alimentarios

Identificar los patrones: delitos y abusos de las CTN[1]

Las corporaciones transnacionales (CTN) se han convertido en actores clave de la aceleración del comercio global durante las últimas décadas, redefiniendo modos de producción y patrones de consumo, así como generando consecuencias sociales y medioambientales. Existe un número de casos, cada vez mayor, de CTN y otras empresas comerciales que están limitando a niveles muy graves el respeto de los derechos. Estos actores de la sociedad se han visto implicados en delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, y han incumplido también derechos civiles y políticos. A pesar del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, las CTN han impedido la realización completa del derecho de las personas y las comunidades a unos alimentos y una nutrición adecuados, sobre todo para las personas más desfavorecidas y marginadas.

Amenazas y delitos de las CTN contra el derecho a los alimentos y la nutrición

Las CTN y otras empresas comerciales tienen el potencial de afectar de forma negativa a la soberanía alimentaria de los pueblos. Las industrias extractivas, los agronegocios, los programas para la compensación de las emisiones de CO2, el turismo y los megaproyectos son algunas de las principales causas del desalojo y el desplazamiento forzado de personas fuera de tierras públicas, bosques, tierras de pastoreo y rutas de movilidad, que estas personas utilizan para recopilar o producir alimentos.[2] Además de negar el acceso de las personas a los recursos productivos, las actividades corporativas también tienen un impacto negativo sobre el acceso a los recursos naturales y dañan unos ecosistemas que resultan cruciales para que las comunidades puedan alimentarse. La dispersión de agroquímicos no solo destruye los cultivos y envenena a los animales, sino que también afecta a la salud de quienes trabajan en el campo y de quienes consumen estos alimentos.

El derecho humano a unos alimentos y una nutrición adecuados se pone en peligro aún más por las prácticas laborales de las CTN, que requieren la subcontratación de mano de obra barata. Las y los trabajadores agrícolas, por ejemplo, son víctimas de formas modernas de esclavitud, trabajos forzados, impago de salarios, detenciones ilegales e inseguridad en sus condiciones laborales. Además de lo anterior, las trabajadoras rurales sufren una discriminación muy grave, con pagas desiguales, marginación social y abusos sexuales. Las y los defensores de los derechos humanos y  sindicalistas que alzan la voz contra estas injusticias son criminalizados y sufren abusos físicos y psicológicos por parte de fuerzas armadas privadas, además de no poder acceder a unos procesos legales correctos.

Las prácticas comerciales de las CTN también afectan gravemente al derecho de las personas a los alimentos. El dumping de sus productos en los mercados de pequeños agricultores impide la subsistencia económica de las comunidades agrarias, que no pueden competir con los precios de los productos importados. Para mantener unos costes bajos y un alto nivel de beneficio, estos productos pueden ser inseguros y provocar enfermedades físicas y mentales en los consumidores, tales como la diabetes, la obesidad o la depresión.[3] Los sustitutos de la leche materna, altamente industrializados y con unos niveles muy altos de azúcares añadidos, son un ejemplo de estos productos nocivos.

Asimismo, el acceso a unos alimentos y una nutrición adecuados se ve perjudicado por los cárteles de fijación de precios, cárteles de compradores u otros, donde las compañías manipulan los precios agrícolas y alimentarios, lo que encarece los productos alimentarios básicos e imposibilita que innumerables familias puedan acceder a ellos.[4] Las condiciones crediticias abusivas que se imponen a los pequeños agricultores, así como la especulación con terrenos y otros recursos naturales (que provocan una volatilidad de los precios de los alimentos), contribuyen aún más al empobrecimiento y las altas tasas de suicidios entre pequeños agricultores, en países tan diversos como India, Bélgica o Francia. Por último, la complicidad de las CTN con los estados en los bloqueos alimentarios durante conflictos armados tiene consecuencias letales, ya que se impide que poblaciones enteras puedan acceder a alimentos, como ocurre con algunas comunidades de Colombia.

Los obstáculos para detener la impunidad

Desgraciadamente, las víctimas de estos delitos contra los derechos humanos a menudo quedan sin subsanaciones legales efectivas. Mientras tanto, un gran número de CTN continúan operando con amplia impunidad. Se han observado una serie de obstáculos estructurales para detener la impunidad y conseguir que se compense legalmente a las víctimas. Entre estos obstáculos está la falta de regulación, supervisión, investigación y sanción a las empresas en los países donde se producen los daños, debido a la incapacidad o la falta de voluntad de los propios estados.

Muchos estados carecen de mecanismos penales, civiles y administrativos eficaces para responsabilizar a las compañías nacionales y transnacionales por delitos y abusos contra los derechos humanos. Por otra parte, en los lugares donde estos mecanismos sí están disponibles, la aplicación de decisiones judiciales protectoras a menudo se ve perjudicada por la influencia desleal que ejercen estas corporaciones sobre las autoridades responsables de esta implementación.

Dada la reticencia de los estados de origen y los estados anfitriones a regular la actividad de las CTN y de otras empresas de tipo transnacional, y su negativa a proporcionar subsanaciones eficaces a las víctimas de los abusos corporativos de los derechos humanos, se ha impulsado la elaboración de distintos marcos reguladores internacionales. Sin embargo, estos marcos no incluyen estándares internacionales claros ni vinculantes sobre los deberes de los estados frente a los delitos y abusos de las CTN y otras compañías comerciales, y pasan por alto sus obligaciones tanto territoriales como extraterritoriales para con los derechos humanos.

Cómo están fracasando los Estados

Los estados no han sido capaces de regular, supervisar, juzgar ni ejecutar las decisiones judiciales respecto a los abusos perpetrados por las CTN con el fin de garantizar la responsabilidad de las compañías implicadas, y de permitir que las personas y las comunidades puedan acceder a subsanaciones efectivas. Los abusos de influencia y la falta de cooperación de los estados donde se encuentran las compañías matrices de las CTN impiden que los estados puedan cumplir su obligación de proteger los derechos humanos y ejecutar las decisiones judiciales de forma eficaz.

Asimismo, los estados de origen de las CTN (o aquellos donde se encuentran las entidades legales que las controlan) incumplen muy a menudo sus obligaciones extraterritoriales de proteger y respetar los derechos humanos,  ejerciendo influencia en los procesos de redacción de leyes para que estas sean favorables a las inversiones de sus «compañías nacionales», que vulneran los derechos humanos fuera de sus fronteras nacionales.

Un obstáculo más a la hora de detener la impunidad y conseguir subsanaciones para las víctimas emana de la complejidad de las cadenas globales de suministro, donde la fabricación y los servicios se subcontratan a niveles distintos. Actualmente, resulta difícil determinar la responsabilidad de las distintas entidades legales implicadas en abusos de los derechos humanos, como puede ser el caso de las relaciones de tipo matriz-filiales, relaciones contractuales, relaciones de cadena de suministro o vinculación empresarial con compañías directamente implicadas en algún caso de abuso.[5]

Por último, pero no por ello menos importante, la inclusión de cláusulas de arbitraje en los acuerdos de comercio e inversión, como la solución de controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés),[6] ha permitido que las compañías puedan denunciar a los estados si éstos últimos deciden suspender la implementación de un acuerdo de comercio o inversión para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Los tribunales de arbitraje (mecanismos privados de justicia que excluyen la aplicación de los derechos humanos y el acceso a los sistemas de justicia tradicionales) están impidiendo que los estados cumplan sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, lo que está provocando violaciones sistemáticas de estos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y a la nutrición.[7]

Dada la impunidad de las corporaciones y el hecho de que los estados estén incumpliendo su obligación de respetar los derechos humanos internacionales, la sociedad civil está reclamando con más fuerza que nunca un instrumento (tratado) internacional vinculante.[8] Un grupo de trabajo intergubernamental a nivel de las Naciones Unidas lleva desde 2014 elaborando un instrumento que regule la actividad de las CTN y otras compañías comerciales respecto a los derechos humanos. Con suerte, este instrumento obligará a los estados a regular y sancionar las actividades de las CTN y otras compañías dentro de sus territorios o en otros países en los que puedan tener jurisdicción.[9] Con un tratado así, tanto las personas defensoras de los derechos humanos como los grupos de la sociedad civil pretenden poner fin a la impunidad corporativa y garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan recibir las subsanaciones adecuadas.

[1] Ana-Maria Suárez Franco y Daniel Fyfe. Este artículo se publicó por primera vez en FIAN “Right to Food Journal 2015”, vol. 10.

[2] Ilustrado por casos como el de Mubende y Benet en Uganda, el Hatillo en Colombia, Guarani Kaiowá en Brazil, y Sawhoyamaya en Paraguay. Más información aquí.

[3] Cedeno, Marcos Arana y  Xaviera Cabada. “Las políticas de nutrición, víctimas de las multinacionales y los conflictos de intereses: la epidemia de obesidad y diabetes en México” (en inglés) en Right to Food and Nutrition Watch 2015, Para casos de depresión relacionada con los pesticidas, consultar aquí.

[4] Para más información, De Schutter, Oliver, “Especulación con los productos alimentarios y los precios de los alimentos” (en inglés), septiembre de 2010.

[5] Este fue el caso del desastre de Rana Plaza en Bangladesh. Más información aquí.

[6] Por ejemplo, en el caso del acuerdo de comercio de la Asociación Trans-Pacífico (TTP). Más información aquí.

[7] Por ejemplo, el caso de Chevron contra la ciudadanía de Ecuador sobre la supuesta contaminación petrolera. Más información aquí.

[8] Por ejemplo, la Alianza del tratado, formada por un grupo cada vez mayor de organizaciones pro-derechos humanos, plataformas, movimientos sociales y comunidades afectadas. Más información aquí.

[9] Principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales, 2011, Principio 9, “Ámbito de jurisdicción”. Más información aquí.